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- diciembre 9º, 2017
No es el doble poder de 1917, hace cien años, en Rusia donde, como interpretaban algunos, los consejos obreros (o soviets) y el aparato oficial del Estado del gobierno provisional ruso, coexistieron el uno con el otro compitiendo por la legitimidad.
En Catalunya es todo más pacífico, más de estar por casa, con heroicidades por ahora de tono menor y sin que amenace una revolución social. Pero sí puede haber una revolución política.
La independencia de Catalunya es una perspectiva ante la cual algunos políticos de izquierda en España parecen implorarnos, “Catalanes no nos dejen solos con los españoles”, en vez de aprovechar el impulso catalán para poner el cuestión la monarquía o por lo menos el gobierno del PP, partido post-franquista.
En Catalunya, hay por un lado unos dos millones o dos millones y medio (con mayor incidencia en los jóvenes) de separatistas en edad de votar, que quieren votar SÍ en el referéndum del primero de octubre, ahora amparados por dos leyes aprobadas y promulgadas por el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat (el gobierno regional) los días 6 y 7 de septiembre de 2017.
En el referéndum se preguntará si Catalunya debe ser una república independiente de España. La respuesta es “sí” o “no”. No hay otra alternativa.
Los separatistas, en términos de fuerza parlamentaria, disponen del grupo de Junts per Sí (de Esquerra Republicana y del Partido Democrático de Catalunya, la antigua Convergència) más la CUP (izquierda radical).
Suman 72 votos en un Parlamento de 135 diputados. Representan el catalanismo burgués y también el catalanismo popular. En contra están tres partidos.
No están por un voto de NO sino por negar la legitimidad del referéndum y acatar su prohibición por el gobierno de Madrid. Esos tres partidos son el PP, PSC (socialistas) y Ciudadanos, que suman en conjunto 52 votos en el Parlament de Catalunya.
En un muy simplificado análisis social, ellos representan las clases más altas (el Círculo de Economía por ejemplo), gozan de bastante apoyo del diario burgués La Vanguardia y el diario popular El Periódico (los dos mayores de Cataluña), y también representan muchos habitantes del cinturón obrero de Barcelona y a clases medias españolistas o federalistas.
En medio, CSQP, un grupo en cuyo origen hay miembros del antiguo PSUC (partido comunista) y del nuevo partido Podemos, con 11 diputados, que no consigue mantener su unidad.
Las últimas encuestas de opinión indicaban en julio 2017 una voluntad de participar en el referéndum de más del 50 por ciento y hasta del 65 por ciento, y en todos casos con mayorías al SÍ a la independencia.
Una obvia razón de la prohibición del referéndum por el gobierno de Madrid y de las querellas penales que implicarían eventualmente cárcel para el presidente y vicepresidente del gobierno de la Generalitat, Puigdemont y Junqueras, y para la presidenta del Parlament, Forcadell, son esas encuestas.
Hay que prohibir el referéndum porque es probable que ganara la opción del SÍ a la independencia. Otra razón es que, incluso aunque ganara el NO, se habría sentado un precedente de ejercicio del derecho de autodeterminación si se tolera la celebración del referéndum el primero de octubre.
La disensión interna de CSQP (“Catalunya sí que es pot”) se reflejó en el Parlamento los días 6 y 7 de septiembre, con un portavoz, Joan Coscubiela, alineado con los 52 diputados de PP, PSC y Ciudadanos contra el referéndum del primero de octubre, y Albano Dante Fachín y otros diputados partidarios de que se celebre el referéndum, aunque algunos de ellos votarían No.
Joan Coscubiela se pronunció fervientemente contra el referéndum de independencia, es decir, desea que el poder del gobierno de Madrid se alíe con PP, PSC y Ciudadanos para imponer la prohibición de referéndum contra la mayoría del Parlament. No es tan sorprendente.
Joan Coscubiela procede del PSUC (de origen stalinista) que nunca se pronunció por la autodeterminación de Letonia, Lituania, Estonia, ni tampoco de Hungría en 1956.
En todo caso, hubo otra izquierda marxista en Catalunya, anti-stalinista, la de Andreu Nin que fue destrozada en 1937.
Años más tarde, el PSUC con el diputado Solé Tura votó en 1978 contra la inclusión del derecho de autodeterminación en la Constitución española. Joan Coscubiela lleva la marca del PSUC. Otros diputados del mismo origen (Nuet, Martinez Castells) han evolucionado mejor.
Llamó la atención la performance de la economista y diputada Angels Martínez Castells del grupo CSQP y que también procede del PSUC.
Cuando ya se había aprobado el día 6 de septiembre la ley de referéndum de independencia (por 72 votos favorables y 11 abstenciones) y los otros diputados se ausentaron, los del PP dejaron en sus escaños banderas españolas y banderas catalanas.
Ante este hecho, Àngels Martínez, que ya tiene 68 años, diputada de CSQP, subió las escaleras lenta y laboriosamente y retiró una por una las cinco o seis banderas españolas, en una decisión unilateral que quedó filmada para siempre y de las que pasan a la historia.
Las dobló y las entregó a una joven diputada de las CUP. Se acababa de aprobar en el Parlament de Catalunya la ley del referéndum de independencia. Un hecho histórico que merecía una celebración simbólica.
Las semanas próximas serán pródigas en Catalunya en otros espectáculos. Pero el tema de fondo es que hay dos legitimidades y dos poderes.
En otras épocas de la historia de España eso se resolvería con una intervención militar.
La situación ahora parece ser distinta.
9/09/2017
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