Hecha la ley, hecha la trampa
Con este torrente monetario es como se lleva funcionando siete años y es en gran medida como se ha estado inyectando liquidez en la Zona Euro.
Sin embargo, los problemas de financiación en los dominios del BCE no han terminado por respaldar a los bancos con miles de millones.
Sí es cierto que en términos generales, la batería de rescates bancarios, quiebras y problemas de liquidez de las entidades se ha resuelto de esta manera, pero ni mucho menos se ha dado solución a la cuestión de la financiación de los estados, especialmente los del sur de Europa, que han ido observando a lo largo de los sucesivos años cómo su deuda no paraba de crecer e incluso con algún riesgo de impago.
Y es que los estatutos del BCE
prohíben que el propio organismo preste a los estados.
Esta decisión política provoca, como veremos, que los estados necesiten financiarse a precios de mercado, encareciendo en gran medida su obtención de liquidez.
El BCE por tanto sólo puede prestar a entidades bancarias que reciban la aprobación de Frankfurt y cuya solvencia no esté en entredicho. Sin embargo, el Banco Central Europeo sí que ha financiado indirectamente con miles de millones a los estados.
En una estrategia encaminada a limpiar de activos tóxicos las entidades y a dotar de liquidez y estabilidad a los estados con problemas, la autoridad bancaria europea ha utilizado insistentemente dos políticas.
La primera, financiar a bajo interés a los bancos privados para que estos comprasen deuda pública de los estados, produciéndose un supuesto win-win bancario y estatal.
Los mayores beneficiados de esto eran claramente las entidades, ya que con la compra de deuda pública conseguían activos de gran calidad a un interés bastante superior que el que les imponía el BCE, obteniendo así unos beneficios aceptables.
De hecho, así es como se han ejecutado los rescates en Grecia, Irlanda o España, utilizando de intermediarios a los bancos.
La segunda práctica ha sido la del “banco malo” – en España llamado SAREB –, esto es crear una entidad pública – para el caso español es una entidad público-privada – que comprase todos los activos peligrosos del sistema bancario con dinero procedente de Frankfurt.
Esto ha saneado las cuentas de los bancos pero a costa de pasarle la deuda al estado, que dado que no puede vender los activos – comprados con sobrecoste – por su nula calidad, ha de responder ante el interés del BCE. Para ambas soluciones ha habido un claro ganador y perdedor, personificados en la banca y las cuentas públicas respectivamente.
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