ESCÁNDALO FIFA: Justicia de EEUU apunta a los bancos

Las autoridades estadounidenses amenazan con castigar a varios bancos por no haber denunciado las actividades sospechosas en cuentas relacionadas con la FIFA, objeto de numerosas acusaciones de corrupción. Los bancos estadounidenses JPMorgan, Bank of America y Citigroup, los suizos Credit Suisse y UBS, así como los británicos HSBC y Standard Chartered son algunos de los que mantienen conversaciones con las autoridades estadounidenses en el marco de la investigación por corrupción contra la FIFA, ha revelado este lunes el diario Financial Times. En el caso de los bancos suizos, los investigadores estadouidenses quieren información sobre la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) sin las trabas de las leyes sobre secreto bancario, afirma el diario, que cita fuentes próximas al sumario. La fiscal general estadounidense, Loretta Lynch. En sus actas de acusación desveladas en mayo, la justicia estadounidense cifraba en 150 millones de dólares los sobornos que circularon en la cumbre del fútbol mundial desde los años 1990. La fiscal general (ministra de Justicia) estadounidense, Loretta Lynch, habló recientemente de 200 millones de dólares desde 1991.

Lo que Ciudadanos oculta sobre su contrato único

Una de las mayores propuestas del partido Ciudadanos para disminuir el escandalosamente alto desempleo en España ha sido su propuesta del contrato único, poniendo a Dinamarca como su modelo. Su candidato para la Presidencia del gobierno español, el Sr. Albert Rivera, en un debate en El País, subrayó que “creemos que un modelo de contrato único, como el danés, que tiene un 6% de paro, nos parece el mejor ejemplo”. Lo mismo dijo en su debate este lunes en La Sexta. Y su asesor económico, el Sr. Luis Garicano, profesor de la London School of Economics, ha repetido en muchísimas ocasiones que el modelo de contrato único aplicado en Dinamarca es el camino a seguir para reducir el elevado desempleo. En realidad, el modelo danés del contrato único se ha convertido en el punto de referencia obligatorio del pensamiento liberal publicado en la revista Nada es Gratis, fundada por el Sr Garicano y financiada, hasta hace poco, por el IBEX-35, la élite financiera y empresarial del país. El hecho de que el modelo de Ciudadanos sea un país escandinavo, conocido –como los demás países del Norte de Europa- por su sensibilidad social hace más atractiva su oferta.

Ahora bien, la propuesta de Ciudadanos, supuestamente inspirada por el modelo danés, es parte de una gran manipulación, pues no dice toda la verdad sobre este modelo. Se callan lo que es más importante, es decir, la enorme protección que el sistema danés da a la persona afectada por el contrato único. Veamos los datos. El contrato único, oferta estrella de Ciudadanos, consiste en disminuir la protección jurídica al empleado, de manera que, con él, es relativamente fácil para un empresario despedir al trabajador, confiriendo así máxima flexibilidad al mercado de trabajo. Y de ahí el entusiasmo de los liberales que, por lo general, siempre favorecen al empresariado. Ahora bien, dicho contrato no se presenta de esta manera, sino que se muestra como un contrato indefinido –que en realidad no lo es- pues puede despedirse al trabajador en cualquier momento pagándole mucho menos de lo que ahora se paga a los indefinidos. Así es en Dinamarca, y así será en España.

¿Cómo se aplica el contrato único en Dinamarca?

El lector se preguntará ¿cómo es posible que en Dinamarca, un país escandinavo, que ha sido gobernado por las izquierdas desde la mayoría del tiempo (desde que terminó la II Guerra Mundial, hasta ahora) ofrezca tal tipo de contrato? Y la respuesta a esta pregunta es lo que Ciudadanos, el Sr. Rivera y el Sr. Garicano se callan.

El sistema danés se caracteriza por una gran flexibilidad, pero también por una máxima seguridad, de ahí que se conozca como flexiseguridad. Ciudadanos se olvida de la segunda parte: de la enorme seguridad y protección social que recibe el trabajador. Enfatiza la flexibilidad pero se olvida de la seguridad que aporta el modelo danés. En realidad, más que olvidarse es probable que lo oculten, pues es imposible que, al menos el Sr. Garicano, no conozca lo que no dice. Dinamarca es uno de los países que ofrece mayor protección social al trabajador y al ciudadano, en contraste con España, que es uno de los países de la Unión Europea que ofrece menos protección social al trabajador y al ciudadano. Es imposible que el Sr. Rovira y el Sr. Garicano no sepan esto. Ofrecer máxima flexibilidad con tan poca seguridad como ocurre en España es desproteger y dañar enormemente al trabajador a costa de beneficiar al empresario, lo cual explica el entusiasmo por este tipo de contrato por parte de los representantes del IBEX-35, los mayores proponentes del Sr. Rivera y de su partido.

De nuevo, veamos los datos y comparemos las políticas laborales y sociales de Dinamarca y las de España, país donde Ciudadanos quiere aplicar la máxima flexibilidad.

1.   Dinamarca es uno de los países de la Unión Europea (UE) con mayor porcentaje de la población empleada. España es uno de los países de la UE con menor porcentaje de la población empleada. Esto se debe a muchos factores, entre los cuales el contrato único pinta muy poco. Mucho más importante que el contrato único es el gran desarrollo de los servicios públicos del Estado del Bienestar (sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, entre otros) que emplean un porcentaje muy elevado de la población adulta, y que además facilitan la integración de la mujer al mercado de trabajo, como es el caso de la amplia existencia de las escuelas de infancia y de los servicios domiciliarios. España, por el contrario, es uno de los países de la UE con menor porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar. El desarrollo de los servicios de apoyo a las familias y a las mujeres, citados anteriormente, están entre los menos desarrollados y financiados en la UE. Ciudadanos, por cierto, no favorece una expansión ni del sector ni del empleo públicos, ofreciendo poco apoyo al desarrollo de los servicios que apoyen a las mujeres a integrarse al mercado del trabajo. En lugar de expandir los poco desarrollados servicios públicos del Estado del Bienestar, quiere aumentar su privatización e incluir sistemas de copagos.

El contexto económico y político de Dinamarca está en el polo opuesto al español

2.   Dinamarca tiene uno de los salarios más altos en la UE. España tiene uno de los salarios más bajos. De nuevo, ello no tiene nada que ver con el contrato único. Tiene que ver con la fuerza y la cobertura de los sindicatos por parte del mundo laboral. Los sindicatos tienen mucho más poder y sus contratos tienen mayor poder normativo que los contratos en España. En realidad, los sindicatos tienen mayor peso político y social que en España, siendo ellos los que gestionan toda la aportación financiera del desempleo y los programas de formación orientados al desempleado. Ciudadanos, cuya simpatía por los sindicatos es limitadísima, apoyó (y no piensa revertir) la reforma laboral del partido gobernante, PP, que ha sido la más responsable del deterioro del mercado de trabajo español, incluyendo la bajada de los salarios y el debilitamiento de los sindicatos.

3.   Dinamarca tiene uno de los seguros públicos de desempleo más extensos y generosos en la UE, mientras que España tiene uno de los más bajos. Autores de la revista Nada es Gratis niegan que ello sea así, refiriéndose al supuestamente elevado porcentaje del salario que el seguro de desempleo representa, ignorando que ello influya en un grupo muy pequeño de los asalariados y que, como he indicado antes, los salarios son muy bajos en España, con lo cual, aunque la tasa de desempleo sea relativamente alta, la cantidad es muy pequeña.

El apoyo al trabajador en Dinamarca

4.   Dinamarca tiene en uno de los programas más activos que hoy se conozcan en la UE (junto con Suecia) en reeducación y reinserción del trabajador, gastándose un 0,21% del PIB en ellos. España es uno de los países con menos programas activos para ayudar a la reinserción de los desempleados, con uno de los gastos menores (un 0,07% del PIB). Ciudadanos, retóricamente, hace mención a la necesidad de programas de inserción (mucho menos ambiciosos que el danés), sin especificar el grado de compromiso del Estado o de los agentes sociales en tales programas. En realidad, el sistema danés está gestionado por los sindicatos (así como el seguro de desempleo), siendo tales instituciones protagonistas en esta reinserción.

Pero incluso tan importante como los programas de reeducación del pasado son los programas de ayuda a la flexibilidad, como encontrarle al trabajador, en caso de que deba desplazarse a otro lugar, hogar y escuelas para los niños, consecuencia de la articulación de estos programas con los servicios públicos del Estado del Bienestar. Ciudadanos ni siquiera toca este componente. En realidad, su falta de sensibilidad hacia los enormes déficits de financiación de los servicios públicos del Estado del Bienestar le hacen poco creíble en su propuesta de reinserción.

La extensa cobertura social en Dinamarca

5.   Dinamarca tiene un elevado gasto público, incluyendo gasto público social (España tiene el más bajo de la UE-15), que cubre las transferencias públicas y servicios públicos del Estado del Bienestar, que tiene carácter universal, siguiendo la tradición socialdemócrata (España es uno de los países con menos gasto público social de la UE-15). Y su política fiscal es de las más progresistas que, junto con la expansión del Estado del Bienestar y el elevado porcentaje de la población que trabaja, incluyendo los servicios del Estado del Bienestar (España es de los países que menos tiene), explica que Dinamarca sea de los países menos desiguales en la UE-15. Las políticas fiscales regresivas (cuya regresividad aumentará con las propuestas fiscales de Ciudadanos) y el enorme deterioro del mercado laboral (resultado de las reformas laborales que el Sr. Garicano y Ciudadanos aprobaron) han contribuido a que España sea uno de los países con mayores desigualdades en la Unión Europea.

Pues bien, de todo el modelo danés, lo único que Ciudadanos adopta es el contrato único, que significa facilitar el despido del trabajador para aumentar la flexibilidad y con ello reducir el desempleo. Repito, es el modelo de la flexiseguridad, sin seguridad. En realidad, las propuestas de Ciudadanos reducirían todavía más la muy menguante protección social que da seguridad al trabajador, aumentando la precariedad, la reducción salarial y el crecimiento de las desigualdades. La evidencia científica acumulada sobre ello es contundente. Si en realidad Ciudadanos quiere disminuir el desempleo, tendría que inspirarse en todos los otros componentes de la flexiseguridad que ni cita, ni por lo visto, el Sr. Rivera conoce. Sus propuestas, sin embargo, van en sentido contrario. Su declaración sobre blindar los derechos sociales (con escasa descripción de cómo hacerlo) entra en conflicto con su compromiso de mantener tanto la austeridad de gasto público (incluyendo el gasto público social) como la disciplina fiscal, sin eliminar el cambio Constitucional que obliga al Estado a dar prioridad al pago de la deuda pública sobre todo lo demás. Sus medidas son regresivas, como el aumento de la privatización de la sanidad, de la educación y de las pensiones, favoreciendo el aseguramiento privado en cada uno de estos sectores, con ayudas fiscales para conseguir tal privatización. ¿Cómo puede Ciudadanos llegar a este nivel de incoherencia entre su supuesta inspiración por el modelo danés y sus propuestas tan distintas y opuestas a las seguidas en aquel modelo?

articulo de: Vicenç Navarro Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Desmontando la Sanidad pública: todo atado y bien atado

En esta campaña electoral los candidatos no hablan de la salud. Y deberían. El PP para informar de lo que ha hecho con los servicios sanitarios y los demás para pedir explicaciones. La sanidad pública es un pilar básico del Estado de bienestar; desde que el PP accedió al poder ha sufrido el mayor ataque de su historia. En estos cuatro años han aplicado con rigor una estrategia destinada a desmantelar el sistema sanitario público para crear espacios de negocio a las empresas afines y a las grandes multinacionales del sector.

La primera medida en esta dirección la adoptó el PP nada más llegar al poder central. En abril de 2012 (tres meses después de la toma de posesión) publicó en el BOE el funesto RDL 16/2012 -lo que hace sospechar que ese texto ya estaba escrito cuando Rajoy prometía en los mítines que no tocaría la sanidad ni las pensiones-. Esta norma introdujo copagos en sanidad, excluyó medicamentos de la financiación  y excluyó personas de la sanidad pública: a los inmigrantes y a las personas que tienen estancias en el extranjero superiores a 90 días. Este apartheid sanitario es una decisión injusta, inhumana, peligrosa e inútil: no produce ningún ahorro económico y provoca, sin embargo, un enorme sufrimiento personal y colectivo -además de significar un riesgo para la salud pública-. Esta ley se encontró, desde el principio, con la oposición de muchos profesionales -que hicimos objeción de conciencia-, y de todos los grupos políticos (excepto Ciudadanos). El gobierno central se aplicó con rigor en este retorno al pasado. Nos llevó a un tiempo preconstitucional: las personas ya no tenemos derecho a la atención sanitaria por nuestra condición de ciudadanos sino en cuanto estemosasegurados. El derecho a la sanidad vuelve a estar condicionado por la cotización previa.

Mientras tanto las CCAA en su poder continuaron con las políticas ya iniciadas  años atrás: recortes y privatizaciones al por mayor. La disminución del gasto sanitario en las CCAA ha llegado al 21% y ha pasado del 6.8% del PIB en 2008 a representar el 5.9% en 2013. En 2015 el sistema sanitario público tiene 55.000 trabajadores menos (con menos salario, peores condiciones laborales y mayor precariedad -10.300 médicos/as y 6.500 enfermeros/as han huído al extranjero-), mientras  las empresas sanitarias han conseguido mantener e incluso aumentar sus beneficios a costa de los presupuestos públicos. Numerosas áreas relacionadas con la sanidad (limpieza, cocina, mantenimiento, logística, tecnología, etc) han pasado a manos privadas (en concesiones para años, lo que hace más difícil su rescate) y, además, ya sabemos -lo cuenta con detalle un informe de la FADSP- que la construcción de  nuevos hospitales mediante la colaboración público-privada incrementó el coste, el nivel de endeudamiento y favoreció la corrupción; muchos de estos centros tienen problemas legales y los nuevos gobiernos de las CCAA  estudian fórmulas para rescatarlos.

Todas estas medidas no son consecuencia de la crisis, no son equivocaciones ni decisiones tomadas en contra de su voluntad: obedecen a una estrategia diseñada por el PP (en connivencia con los grandes lobbys sanitarios) durante los años de oposición y aplicada ahora con todo rigor en busca de un objetivo: conseguir que la salud sea un negocio y no un derecho de los ciudadanos. Por eso, en su último mes de mandato, el gobierno de Rajoy ha aprobado (procurando pasar desapercibido) tres iniciativas de una enorme importancia en la política sanitaria y que pueden condicionar el futuro del sistema público. Han aprobado la desgravación fiscal para los seguros privados (una medida muy demandada por el sector), han firmado un acuerdo con Farmaindustria para garantizar el gasto farmacéutico ligándolo al incremento del PIB y han recurrido y paralizado la decisión del nuevo gobierno valenciano de devolver el derecho a la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Lo que pretenden con estas decisiones es dejar el futuro atado y bien atado -tal como hizo Franco-, para que los próximos gobernantes no tengan más remedio que seguir el camino trazado. Habrá que buscar fórmulas para evitar ese destino. La salud de nuestros hijos y de nuestros nietos depende de ello.

deuda pública

España (como si no fuese pobre) condonará 1.709 millones de euros  (1.879.9 millones de dolares) a Cuba por los intereses generados por el retraso drl paho de su deuda que asciense a 7.731,3 millones de euros (8.500illomes de dolares)

¿En qué situación se encuentra la sanidad pública española tras estos años de recortes y gobiernos de la derecha?

 ¿En qué situación se encuentra la sanidad pública española tras estos años de recortes y gobiernos de la derecha? 

Ana Castaño | Nuestra sanidad pública, desde hace un tiempo ha venido perdiendo su excelencia de manera progresiva, llegando a la situación actual, a la que califico de desastrosa sin ninguna duda, y esto lo podemos confirmar utilizando el barómetro Sanitario del CIS, por cierto nada sospechoso, que mide la proporción de ciudadanos que consideran que ha habido un deterioro en los diferentes niveles de atención, por poner un ejemplo: en el año 2009, el porcentaje en Atención especializada de insatisfacción era de un 9,7% pasando en 2014 a un 37,3%. Esto es un buen reflejo de cómo los recortes, en donde ha habido una disminución del personal sanitario que es difícil de cuantificar, ya que esto incluiría también el aumento de contratos precarios, ha afectado de forma directa a la atención sanitaría que recibimos. No sólo se trata de recortes, tenemos el grave problema de la externalización de servicios de mantenimiento que son esenciales para un adecuado cuidado y una pésima gestión en todo lo relativo a la Salud Pública, listas de espera o el colapso en las urgencias. Como se ha venido escuchando en las convocatorias de la Marea Blanca, nuestra sanidad se desangra.

Financiar la sanidad pública sigue siendo el caballo de batalla de todos los gobiernos. A su juicio, ¿cuál sería la partida presupuestaria óptima para garantizar una cobertura universal?

La financiación debe ser suficiente y permitir dotaciones orientadas a reformar e innovar las estructuras del sistema de Salud. Es necesaria la voluntad política que apueste por no disminuir el % del PIB que se asigna a gasto sanitario, que no ha dejado de disminuir en esta legislatura. Somos conscientes que estamos en un momento difícil, en donde los efectos de la crisis continúan, aunque se nos diga lo contrario, por lo que no vamos a decir cifras imposibles sino realistas, viables, por eso una partida presupuestaría válida sería incrementar en torno a 9 mil millones de euros en el primer año, justo lo que se ha ido perdiendo, suficiente para garantizar la cobertura Universal. De todos modos, en el corto plazo deberíamos ir dando prioridad a hablar de euros por habitante y no dejarlo todo a expensas de un PIB que mide muchas cosas pero no se encuentra en relación con las necesidades de la población, que debería ser el indicador principal de ajuste de la financiación.

La sanidad pública es una competencia transferida a las CCAA. Ustedes defienden la necesidad de revertir los procesos de privatización llevados a cabo en algunas autonomías, especialmente en Madrid, Valencia y Galicia, entre otras. ¿Cómo se puede actuar desde la administración central para devolver a la gestión pública los servicios privatizados, entre ellos, por poner un ejemplo, las donaciones de sangre?

Desde La administración central hay una cuestión fundamental que se puede llevar a cabo desde el minuto cero: La derogación de la ley 15/97 de 1997 impediría nuevas privatizaciones en la sanidad pública sobre la habilitación de nuevas formas de gestión en el SNS, que es el punto de partida para la ruta de la privatización. Derogar esta ley impediría nuevas privatizaciones y en relación a los procesos que ya están en marcha, tienen que ser revisados uno por uno y asegurar que cumplen los compromisos reflejados en el contrato, es decir, auditorias como un mecanismo de transparencia. Precisamente en lo referente a las Donaciones de sangre, cuyos trabajadores están padeciendo el abuso de la privatización, no se están cumpliendo los acuerdos pactados, con lo que se podría valorar la posibilidad jurídica de revertir el recurso privatizado sin necesidad de recompensar por lucro cesante.

¿Eliminará Podemos los copagos en la sanidad pública?

Sí, es uno de nuestros compromisos. Blindar los derechos sociales como uno de los cinco ejes constitucionales que planteamos desde Podemos, exige que la salud adquiera el status de un derecho fundamental, lo que terminaría con la exclusión, la falta de equidad y las diferencias en el acceso a la atención sanitaria. En esta línea, eliminaríamos los copagos de forma progresiva para evitar que haya personas que no realizan sus tratamientos adecuadamente por falta de medios económicos, lo que llamamos pobreza farmacéutica, y que puede acarrear descompensaciones importantes de un cuadro clínico. La disminución (hasta su eliminación) de los copagos debe hacerse priorizando aquellos que mayor daño hacen a la salud de la población y que más repercuten sobre el gasto directo que los usuarios hacen.

También plantean ampliar la cartera de medicamentos financiados por la sanidad pública. ¿De qué medicamentos estamos hablando?

Nos preocupa es la medicalización excesiva, somos uno de los países de la UE con mayor consumo de fármacos

De aquellos medicamentos que han demostrado un beneficio terapéutico, que no necesariamente han de ser los de coste más elevado. Hay que hacer una revisión muy seria sobre el coste y la eficiencia de los medicamentos, teniendo en cuenta la repercusión en la calidad de vida. Las decisiones de qué medicamentos se van a incluir o no ha de ser una decisión basada en criterios técnicos y procedimientos solventes, rigurosos y transparentes, no una decisión política resultante del equilibrio inestable de querer contentar a diversos grupos de presión. Apostamos por una política responsable de genéricos y por el desarrollo de la investigación en nuevas moléculas. Otro asunto importante que nos preocupa es la medicalización excesiva, somos uno de los países de la UE con mayor consumo de fármacos, y no olvidemos que existen los efectos adversos que pueden ser dañinos. Queremos revisar esta tendencia medicalizadora frente al malestar con propuestas que permitan otros modos de actuación.

¿Y qué opina de las empresas farmacéuticas? ¿Ve necesario algún tipo de legislación que salvaguarde el derecho de los pacientes por encima de los intereses de estas empresas como ha sido el caso de los tratamientos contra la hepatitis B?

No estamos en contra de las empresas farmacéuticas pero si nos parece razonable que den cuenta, en todo momento, del proceso de fabricación de un fármaco, para que el margen de beneficio no sea un “hacer caja” sino un beneficio lícito. Si se está comprometido con la Democracia, no se debe temer a los procesos de  transparencia y rendición de cuentas. Defendemos la justicia como forma de distribución, tanto para las cargas como para los beneficios. Cuando existen conflictos entre intereses privados y públicos, un Estado debe de tomar las decisiones que sean favorables a la ciudadanía y no a las corporaciones. 

¿Qué se puede hacer en materia de atención primaria tan devaluada en los últimos años?

La atención primaria es el pivote central del Sistema y hay que mimarla porque su labor es fundamental para una atención integrada y coordinada. Todos los partidos dicen que es el eje principal del sistema pero a la hora de financiar se sigue repartiendo el dinero con los ojos en el hospital. Uno de los desafíos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años es la atención a la cronicidad, en donde la gestión del cuidado en la proximidad es una pieza clave. Hay que invertir en el desarrollo y la innovación de la Atención Primaria para que el paso por el hospital sea algo puntual y resolutivo. Una Atención Primaria con competencias, liderazgo y apoyo a l@s profesionales que durante años han ido sosteniendo una parte fundamental del sistema con una infrafinanciación vergonzante.

¿Ve necesario impulsar el desarrollo de la medicina preventiva que muchos facultativos ven como una política apropiada incluso para ahorrar costes al sistema público de salud?

Una de las resoluciones más votadas en nuestra Asamblea Constitutiva de Vista Alegre, justo hace un año, resaltaba la importancia de la Salud en todas las políticas públicas, porque efectivamente es mejor prevenir que curar, es decir una sociedad que genere salud como un valor. La actuación sobre los determinantes sociales es prioritaria, porque además de generar desigualdades y aumentar la brecha social, repercute directamente en el Estado de salud de los ciudadanos así como los determinantes medioambientales, donde vemos cómo el incremento de la contaminación incide en el estado de salud. El cambio climático ha empezado a cambiar los modos de enfermar. Estamos empeñados en recuperar La salud pública y traerla de nuevo a la escena sanitaría. Prevenir, sí, pero no quedándonos solo en la medicina preventiva, sino caminando cascada arriba hacia los demás determinantes sociales de salud. El cambio climático ha empezado a cambiar los modos de enfermar

El debate sobre la muerte digna ha entrado de lleno en la precampaña electoral. ¿Cuál es su posición al respecto? Y en cuanto a terminología, ¿eutanasia o muerte digna?

Nuestra posición es muy clara, Derecho a una Muerte Digna. Pensamos que al igual que el Estado del Bienestar procura el buen vivir, también debe ocuparse del buen morir. No es una cuestión ideológica la que está en juego sino la aplicación de un derecho. En cuanto a la terminología nos decantamos por muerte digna porque la palabra Eutanasia, aunque significa la buena muerte, produce más equívoco.

¿Cree necesario poner coto al conocido como ‘turismo sanitario?

El “turismo sanitario” fue la coartada para que Ana Mato implementara el Apartheid sanitario es decir la exclusión, fue la coartada para implementar por Ana Mato. El usuario del turismo sanitario no tiene nada que ver con el inmigrante en situación irregular y no son equiparables. La principal diferencia es que en el turismo se trata de personas con recursos, de ciudadanía europea y que vienen con el único fin de recibir tratamiento aquí. Para estas situaciones existen mecanismos en vigor y convenios bilaterales para que la atención se facture a los países de origen y no supongan una carga económica para nuestro sistema. Hay un pequeño detalle, no hay manera de encontrar en las publicaciones oficiales del Ministerio de Sanidad, cual ha sido el supuesto ahorro de aplicar este decreto.

Como doctora en Psiquiatría, háblenos de la situación de los centros públicos de salud mental. ¿En qué situación se encuentran?

La situación es muy crítica, lo que a mí me apena profundamente porque estuve muy implicada en sus inicios y ahora se les está dejando morir, al no dotarlos adecuadamente, reducir plantilla y modificar su dependencia administrativa. Los dispositivos de salud mental comunitaria precisan de equipos multidisciplinares y del trabajo en red en los distritos con diferentes agentes. El abordaje socio comunitario del sufrimiento psíquico es fundamental para que el Sujeto encuentre un modo de estar en el mundo. He de decir que, al igual que en el resto de la Sanidad Pública, la atención se sostiene por el gran esfuerzo y el compromiso de todos los profesionales.

Y por último, ¿Qué amenaza supone el TTIP para los sistemas de salud públicos, en concreto en España? ¿Y qué se puede hacer al respecto?

El TTIP es una clara amenaza para la sostenibilidad de nuestro sistema de salud porque toma a la salud como un nicho de negocio y da prerrogativas a las farmacéuticas y a las grandes corporaciones privadas. Esto tendría un impacto directo en el acceso a los medicamentos y en la Salud Pública. Si a esto sumamos las políticas de privatización que se han llevado a cabo durante estos años, en el sector sanitario, con cargo a la financiación pública, la corrupción está servida: tráfico de influencias, opacidad en la gestión económica, puertas giratorias.

La posición es No al TTIP, informando y movilizando a la Sociedad Civil del engaño que encierra este tratado. Desde Podemos, en el Europarlamento, nuestros representantes están muy activos denunciando y presionando para que se paren estos acuerdos.