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Pablo Iglesias,
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El gasto en programas de armamento
El gasto en programas de armamento (I)
El próximo Gobierno heredará una deuda de 21.400
millones en armamento
Los Programas Especiales de Armamento se
crearon en 1997 para modernizar los recursos del Estado y costarán a España, en
total, 30.076 millones de euros
Una petición de información de
eldiario.es permite conocer el coste de unos programas hechos para “necesidades
de defensa de hace 20 años”, según el analista Bernardo Navazo
Cuatro grandes empresas especializadas
para fabricar estos dispositivos se llevarán 97 de cada 100 euros
España debe 21.389 millones de euros a empresas de armas por los 22
programas (dos sin adjudicar todavía) de armamento que se han comprometido
desde 1997. Según datos oficiales a los que ha tenido acceso eldiario.es, si
durante los próximos tres años el Ministerio de Defensa dedicara su presupuesto
entero (5.700 millones de euros sin modificaciones) a pagar estos importes,
todavía quedarían por abonar 4.300 millones de euros.
Tras varios años de informes, análisis, comparecencias, modificaciones y
publicaciones, por fin se revela cuánto debe el Gobierno, a día de hoy, a la
industria de defensa por los programas de armamento. Gracias a una
petición de información de eldiario.es a través del Portal de Transparencia, es
posible conocer los detalles de cada uno de los programas y qué ha comprado el
Gobierno con ellos.
Los Programas Especiales de Armamento se iniciaron en 1997 con el objetivo
de modernizar y profesionalizar las Fuerzas Armadas mediante la adquisición de
grandes vehículos militares, armas y municiones. Una política que se extendió
en la mayoría de países europeos tras el final de la Guerra Fría.
A día de hoy, el coste total de todas las adquisiciones que ha realizado el
Ministerio a través de estos programas se sitúa en 30.000 millones de
euros. Equivale al 3% del PIB español.
Comprar armas para defendernos de la URSS
Tras más de dos décadas de programas de armamento, ¿qué ha comprado el Gobierno
con ellos? Carros de combate, aviones, submarinos, buques de guerra, misiles o
helicópteros. “Hemos recibido dispositivos para cubrir peligros de
Defensa de hace 20 años”, critica Bernardo Navazo, analista de defensa.
Uno de los ejemplos de esta situación son los cazas Eurofighter, que cuando
se adquirieron en 1997 solo eran operativos para ataques aire-aire. “Estaban
preparados para un ataque aéreo a la Unión Soviética”, explica Pere Ortega,
investigador especializado en los programas de armamento y presidente del
Centro Delàs de Estudios por la Paz. El programa de estos aviones será
el más costoso de todos, con un precio final de 10.600 millones de euros.
Todavía quedan por abonar a la industria 5.800 millones.
Aunque no son los únicos artefactos con dudosa utilidad estratégica, según
los analistas. En 1998 se adquirieron 235 carros de combate Leopard. Son
tanques alemanes adaptados al Ejército de Tierra con capacidad para cuatro
tripulantes y un peso total de 60 toneladas. Ortega se pregunta para qué quiere
España estos blindados “si no puede ser invadida por Tierra”.
El Ministerio de Defensa esgrime que algunos materiales comprados
"tienen una función más directa" en las operaciones de las Fuerzas
Armadas y otros tienen "capacidades más disuasorias". "Todos
responden a una capacidad necesaria para escenarios muy diversos",
explican fuentes del Ministerio.
Coste final y pagos
pendientes de los 22 programas de armamento
Dos programas están todavía sin adjudicar. Datos en
millones de euros
Fuente: Ministerio de Defensa
Antonio Fonfría, investigador universitario y colaborador del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional, admite que los Leopard “no
se encuentran a la vanguardia de lo que hoy se llamaría como prioritario” pero
matiza que la concepción y fabricación de estos programas lleva aparejado “un
amplio periodo de tiempo” donde las necesidades estratégicas pueden cambiar. De
los 2.500 millones de euros comprometidos para estos carros de combate, todavía
quedan por pagar 1.500.
“Lo que se hizo fue una política de industria de defensa más que una
política real de defensa, es como empezar la casa por el tejado”, apunta Irene
Lozano, ex diputada de UPyD y miembro de la comisión de Defensa en el Congreso
la última legislatura.
Euforia y opacidad
“Está claro que la mayoría de estos programas tienen su origen cuando nos
vinimos arriba en la burbuja”, explica Navazo, analista de Defensa. El
84% de los compromisos con la industria se hicieron entre 1997 y 2004, durante
las legislaturas del Gobierno de Aznar, aunque se iniciaron cuando Felipe
González era presidente del Ejecutivo. La entrada de España en la OTAN fue
determinante para la promoción de estas adquisiciones.
Constantino Méndez, ex secretario de Estado de Defensa, denunció en el Congreso de los
Diputados que algunos programas fueron firmados a final de la legislatura
popular, en 2004 y con el Gobierno en funciones. Cuatro submarinos
S-80, vehículos Pizarro, helicópteros Tigre y un buque de proyección
estratégica. Coste final de esos compromisos: 4.900 millones de euros. Quedan
por pagar: 3.900 millones.
“Todo esto se firmó en un cuarto”, cuenta Navazo, que critica que la
decisión de aprobar estos programas “la tomó muy poca gente con muy poco
control externo”. Una apreciación en la que coincide con el anterior
secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, que concluyó en su
evaluación de los programas que la “concentración de las contrataciones en el
tiempo” dificultaron la aplicación de una “buena técnica contractual y un buen
control financiero”.
Desde el Ministerio defienden que cada adquisición se hizo "en función
de las necesidades operativas que entonces expresaba cada ejército".
Disfrazar los planes de pago de “urgente necesidad”
Desde su llegada al Gobierno, Mariano Rajoy enarboló la bandera de los
recortes y la austeridad. El Congreso aprobó en sus primeros presupuestos, los
de 2012, un recorte en el ministerio que dirige Pedro Morenés del 14%. Sin
embargo, el gasto en Defensa al final de ese año aumentó en un 44% sobre lo
previsto y, finalmente, superó en un 9,22% el total de 2011.
Una medida hecha posible a través de créditos extraordinarios y
ampliaciones presupuestarias, modificaciones a golpe de decreto que
consiguen aumentar, por la puerta de atrás, el dinero que el Congreso destinó
al Ministerio de Defensa. El uso sistemático de este recurso durante la
legislatura de Rajoy,desvelado por medios como El BOE
nuestro de cada día, se han destinado en su mayoría a pagar las
deudas con la industria por los programas de armamento.
Avión Eurofighter de la base aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla EFE
Un informe de UPyD, promovido por la actual
candidata socialista Irene Lozano, denunció el uso de los créditos
extraordinarios para hacer frente a estos pagos. Según explican, este
gasto por decreto es “inconstitucional, opaco y engañoso”. Mientras que
entre 2002 y 2011, la variación entre lo que se presupuesta y lo que finalmente
gastó Defensa oscila entre el 12% y el 16%, con Rajoy estas desviaciones se han
situado entre el 33% y el 44%, tal y como desveló eldiario.es.
“Si tienes un calendario de pagos perfectamente definido, no puedes
justificar un crédito extraordinario por urgente y extraordinaria necesidad”,
avisa Navazo, analista de Defensa y autor del informe. Las ampliaciones
del presupuesto de Defensa durante la legislatura de Rajoy suman 8.717 millones
por encima de lo que se aprobó. Ni a través de ese mecanismo ha conseguido
reducir de forma significativa la deuda con la industria.
Cuatro empresas se llevan 97 de cada 100 euros
“El modelo industrial sobre el que se fundamenta la provisión de armamento
y material en España descansa sobre tres empresas principales, proveedoras
históricas de los grandes sistemas de armas del Ejército de Tierra, la Armada y
el Ejército del Aire”. Así se pronunció Constantino Méndez,
ex secretario de Estado de Defensa, en una comparecencia sobre los programas de
armamento en el Congreso. Se refería a Navantia, Santa
Bárbara Sistemas y EADS Casa (Airbus), las tres empresas, junto con
ITP, que se han llevado 97 de cada 100 euros de los programas de
armamento.
“No hay que entender a estas empresas como entes independientes de las
fuerzas armadas”, explica Navazo. Precisamente, las tres comparten un pasado
como empresas públicas. Navantia, antes Izar, es la primera empresa
de construcción naval militar en España. Actualmente es 100% pública y
propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Es la
adjudicataria de todos los buques fragatas y submarinos adquiridos a través de
los programas de armamento. Los pagos comprometidos suman 6.522
millones de euros.
Santa Bárbara Sistemas es la rama industrial del Ejército de Tierra.
Nació como empresa en 1960 al reagruparse varias fábricas industriales del
ejército franquista. Fue de propiedad pública hasta que fue privatizada por el Gobierno de
Aznar en 2001 y vendida al grupo europeo General Dynamics.
Especializado en grandes vehículos blindados, es la adjudicataria de
los carros de combate Leopard y Pizarro y los misiles antitanque Spike por
3.856 millones de euros.
Nacida como Construcciones Aeronáuticas, S.A. en 1923, inaugurando dos
fábricas de aviones durante esa década: una en Getafe y otra en Cádiz. Tras el
final de la Guerra Civil, estrecha sus lazos con el Estado franquista, que
adquiere el 33% de la empresa en 1943 y amplia su participación hasta ser
propiedad casi estatal en los años posteriores. Al igual, que Santa Bárbara,
fue privatizada en 1999, durante el Gobierno de Aznar, para pasar a formar
parte del Grupo Interés EconómicoAirbus y pasa a denominarse EADS CASA.
Ahora es la principal empresa española en el sector aeroespacial. Sus
compromisos con defensa suman casi 19.000 millones de euros junto con
Industria de Turbo Propulsores, S.A. (ITP).
Nuevo Gobierno, ¿nueva solución?
Este año se adjudicarán dos nuevos programas de armamento, según los datos
suministrados por el Ministerio de Defensa. De cuantías menores, el Gobierno se
comprometerá a la compra de fragatas F-110 y vehículos acorazados VCR 8x8. Unas
adquisiciones de las que se tendrá que abstener el actual ministro de Defensa,
Pedro Morenés, según adelantó el BOE nuestro de
cada día, por su relación con empresas que se podrían presentar
al concurso.
Sin embargo, esta podría ser la última vez que Morenés se tuviera dar un
paso atrás en unas compras de ese calibre. Las próximas elecciones del 20-D
traerán un nuevo arco parlamentario. Por primera vez, dos fuerzas
políticas que no han participado en la adquisición de los programas de
armamento tendrán una voz importante en el Congreso, según vaticinan las
encuestas.
Hasta ahora, la solución del PP durante la legislatura ha sido renegociar
la deuda con las empresas (menos dispositivos a más coste) y hacer frente a los
pagos mediante créditos extraordinarios. En los programas electorales de las
cuatro principales formaciones para el 20-D, solo Podemos y C’s
proponen medidas específicas para los programas de armamento. PP no hace
mención en su programa y el PSOE no se refiere explícitamente a estas grandes
contrataciones.
Un modelo alemán de tanque Leopard 2 similar a los comprados por España
“Aunque sea indemnizando a las empresas, España saldría beneficiada”, propone Pere Ortega,
del Centro Delàs de Estudios por la Paz, sobre la posibilidad de cancelar parte
de los programas que todavía no han sido entregados. Aunque otros analistas
como Navazo coinciden en la existencia de esta posibilidad, los programas
electorales de C’s y Podemos de lo máximo que hablan es de una renegociación
con la industria. Para Fonfría, investigador y colaborador del Ministerio de
Defensa, la cancelación “no suele ser una solución por los costes financieros
en los que se incurre”.
A la espera de que se
celebren las elecciones, la deuda puede ser insostenible según el actual
programa de pagos. “Como se ha hecho en otros países, lo
fundamental es que te sientas a negociar con la industria ya que el Estado es
el principal cliente”, advierte Lozano. Hasta entonces, España seguirá
pagando la deuda a las empresas de armas hasta 2030.
El PP niega usurpación de votos
El PP niega usurpación de votos del psiquiátrico, pero no que sus concejales hayan tramitado solicitudes en correos
El PP califica de montaje la denuncia por usurpación de voto de internos del psiquiátricos,
La Junta electoral
de Mérida deberá dictaminar en las próximas horas en torno a uno de los
incidentes más sonados de la campaña electoral extremeña. ¿Hubo cargos del PP recogiendo solicitudes de voto en
la oficina de correos para internos del psiquiátrico en la tarde noche del
pasado viernes? ¿ Entre esos cargos había concejales
de Mérida? ¿Tenían poderes notariales para cada uno de las
solicitudes requeridas?
Esos
son algunos de los dilemas que la Junta Electoral debe aclarar en las próximas
horas, tras la denuncia presentada ante la Junta Electoral por el PSOE.
A
pesar de que la secretaria general del PP de Mérida Raquel
Bravo ha señalado que no existe denuncia, lo cierto es que
existe un escrito de la representante legal del PSOE ante la Junta Electoral,
firmado en la noche del jueves 14 de mayo, en el que se detallan una serie de
hechos y se pide aclaración de los mismos a la Junta Electoral.
Concejales en correos
En
el relato de los hechos que figuran en la denuncia del PSOE se incluye la
existencia de una llamada en la que se les advierte que “ tres
miembros de la candidatura del Partido Popular de Mérida se
encuentran en la Oficina de Correos de la ciudad registrando decenas de votos
por correo procedentes, al parecer, de personas residentes en la residencia
Rosalba, Residencia de mayores de Calamonte y Centro Socio-Sanitario de Mérida
(antiguo Hospital Psiquiátrico)”.
En
una nota de prensa de réplica del PP no hay ninguna a alusión a esos hechos,
aunque se afirma que no existe denuncia formal de los mismos.
Desde
las filas socialistas y de toda la oposición emeritense se están pidiendo
explicaciones ante unos hechos que consideran de extrema gravedad, hasta el
punto de que si se confirma su veracidad la oposición reclama al PP local que
no se presenta a las elecciones.
En
respuesta a esa petición de aclaraciones, el PP ha distribuido un comunicado en
el que asegura que sus concejales no han estado en el hospital psiquiátrico
recogiendo votos.
Para
el candidato del PP a la alcaldía, Pedro Acedo "todo es un montaje, una
difamación" por lo que, a partir de ahora, "nada de lo que dice el
candidato socialista es creíble" y ha insistido en que el PSOE "no ha
denunciado, todo es mentira".
También
el candidato a la alcaldía Pedro Acedo ha asegurado que "nadie
del PP de Mérida, ni de Calamonte, ha ido al Hospital", para
añadir que "el 90% de esos enfermos están impedidos judicialmente para
ejercer su derecho al voto".
En
el comunicado se adjunta un escrito firmado por la directora del Centro
Sociosanitario A.D.A. de Mérida, dependiente del SEPAD, en el que indica que
"no se tiene constancia de la visita durante el último año de Raquel Bravo
(vice alcaldesa de Mérida a la que algunos testigos sitúan en la oficina de
correos el pasado viernes recogiendo esas solicitudes de votos) para ningún
asunto personal ni laboral". En realidad, en ninguna parte de la denuncia
se alude a visita de Raquel Bravo al psiquiátrico.
El
embrollo en torno a este asunto puede tener una explicación razonablemente sencilla. Medio centenar de usuarios de
correos estaban en la cola, algunos esperaron hasta una hora, mientras una
decena de personas (supuestamente cargos del PP) tramitaban solicitudes de voto
por correo. ¿Esas solicitudes de voto corresponderían a personas mayores de
centros públicos y privados de la ciudad, entre otros el psiquiátrico, como
sospecha el PSOE?
Declaraciones de testigos
Las
declaraciones de esos testigos, algunos de los cuales ya han sido interrogados
por la policía nacional, y también las grabaciones de las cámaras de vídeo del
centro pueden arrojar más detalles en torno a este incidente que ha calentado
sobre manera la campaña electoral en Mérida.
Y
para añadir más leña al fuego, el secretario regional del PP Fernando Manzano,que este viernes estaba de campaña
por Mérida, cargó contra el PSOE asegurando que esas denuncias en torno al voto
por correo ha sido "una práctica habitual del PSOE que cuando gobernaban
ordenaban y controlaban el voto en todos los centros del SEPAD".
El
PSOE anuncuió durante la mañana del viernes que además de esa denuncia ante la
junta electoral va a seguir estudiando con expertos jurídicos nuevas acciones.
También
el portavoz de IU Alvaro Vázquez señala que su formación llevará a cabo las
medidas legales pertinentes, una vez que se terminen las diligencias iniciadas
por parte de la Policía Nacional y la Junta Electoral competente. "La negativa de Raquel Bravo a reconocer su
participación en los hechos en contra de las declaraciones realizadas por
testigos presenciales, nos empuja a pensar que las sospechas sobre la
posible involucración de los candidatos del PP en un delito de fraude electoral
son más que probables", afirma Vázquez al tiempo que muestra su extrañeza
de que "Raquel Bravo y Daniel Serrano hayan actuado motu propio para llevar
a cabo una iniciativa semejante, al tiempo que entendemos que, o bien forma
parte de la voluntad general del PP, o bien surge a iniciativa de su líder y
candidato local, Pedro Acedo. Asimismo, desde IU-Mérida, trasladamos la
gravedad y la complicidad sobre estos hechos a cualquier formación política que
en el futuro se plantee apoyar al PP, y a todos aquellos emeritenses que se
decidan a apoyar con su voto a una candidatura formada por personas que
protagonizan un comportamiento semejante".
El PSOE espera la decisión de la Junta Electoral en torno su
denuncia contra concejales del PP
Un periodista del 'Daily Telegraph' asegura que la UE no ayudará a "aniquilar a los catalanes"
El jefe de
información económica internacional del diario afirma que España podría ser
expulsada de la Uníón si impidiera la adhesión de Catalunya
Señala que existe
una "agenda oculta" en Bruselas para ayudar a fortalecer a las
regiones en contraposición a las naciones estado tradicionales
Viernes, 12 de
octubre del 2012 - 19:38h.
EL PERIÓDICO / Barcelona
El
debate independentista surgido tras la Diada en
España apasiona a los medios internacionales, que día sí día también
tercian en el asunto. Uno de los últimos en hacerlo es Ambrose
Evans-Pritchard, jefe de información económica internacional del diario
británico The Daily Telegraph ,
que considera que "se equivoca gravemente quien crea que la Unión Europea ayudará a
aniquilar a los catalanes".
Más información La
CNN advierte de que España perderá el 20% de su economía si Catalunya se
independiza
El
periodista se declara "en estado de shock" tras las últimas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel
García-Margallo, que califica de "indignantes" y lamenta
que el Gobierno central no entienda. "Lo que no entienden ni Madrid
ni el ministro es que ellos ya no tienen la sartén por el mango", apunta.
Evans-Pritchard aborda concretamente la posible adhesión a la UE de una
Catalunya independiente. "Decir que 'nosotros utilizaremos el derecho
de veto acogiéndonos a los tratados de la Unión para bloquear una
posible adhesión de Catalunya' es no entender nada. Ellos, simplemente, no
pueden hacerlo", asegura.
En
el artículo, Evans-Pritchard insiste en que España no podría impedir la
adhesión. Si lo hiciera, apunta, correría el riesgo de ser expulsada de
la UE. "Si España impidiera la adhesión, España misma estaría violando los
tratados de la Unión; y la propia España podría ser expulsada. No digo que esto
vaya a ocurrir. Pero, en cualquier caso, me sorprende el nivel de incompetencia
y la voluntad que demuestra Madrid de llevar todo esto a una confrontación
absoluta", añade.
La "gran estupidez" del Gobierno
El
periodista considera "una gran estupidez" ignorar que el
pasado Onze de Setembre salieron a la calle un millón y medio de
personas y estima "muy preocupante" el punto en el que se
encuentra el debate en España. "Se está llevando a extremos
amenazadores con declaraciones como las de García-Margallo, pero también con
las de algunos militares: extremistas, de acuerdo; pero todo esto no
deja de ser significativo". Y se remonta a las vísperas de la guerra
civil. "La manera como lo presentan desde Madrid, incluida la carta del Rey,
que los catalanes persiguen quimeras, que quieren alterar el statu quo,
... no tiene sentido. Están creando una especie de 1936. Es
muy sorprendente".
La "agenda oculta"
Para
terminar, el periodista se pregunta cómo reaccionará la Unión Europea. Y
responde: "En Bruselas creo que intentarán evitar por todos los
medios tenerse que pronunciar sobre toda esta cuestión. Pero si al final
resulta totalmente inevitable, lo harán. Y si el Estado español piensa que
Bruselas se pondrá a su lado para evitar que los catalanes ejerzan el derecho
de autodeterminación, estará cometiendo otro error de juicio".
Finalmente,
habla de la existencia de "una agenda oculta de la Unión,
"no en la Comisión pero sí en otras partes de la maquinaria, que intenta
promover un fortalecimiento del poder de las regiones en oposición a las
naciones estado tradicionales, que en la práctica son un freno hacia la
construcción de una estructura más federal, de supraestado de la
Unión". E insiste: "Si en la Moncloa piensan que Europa les
ayudará a aniquilar a los catalanes, están muy equivocados. Mucho".
A tú et pagarà la teva pensió ...
A tú et pagarà la teva pensió ,
les persones que en aquell moment estiguin activas ,o sigui q treballin ... no
hi ha cap fons de pension ( guardiola ), i amés , a catalunya la relació de
gent activa q pensionista es millor q la mitjana espanyola . Tranquil q les
pensions les tindriem assegurades ( millor q espanya segur ). Perqué no hi han
diners ... si catalunya per cobrir totes les despeses bàsiques necessiten 1000
, però en reben de l'estat 700 = - 300 ( s,ha de retallar)però jo dic , com pot
ser q em donin 700 i tenir q retallar si jo els n'hi dono 1500 amb impostos i
no patiria !!! Si creus q recaptan tots els impostos , gestionan tots impostos
i adaptar les lleis i les normes a la realitat i necessitats del teu pais
,aniries millor ... Tu també vols la independència de catalunya .
Premio Nobel de Economía en 1992, Gary Stanley Becker, asegura que la independencia de Cataluña del resto de España no supondría un desastre económico para la región española. La globalización y la apertura de los mercados internacionales permite a Estados pequeños mantener un comercio productivo y rentable con el resto del mundo.
Premio Nobel de Economía en 1992, Gary Stanley Becker, asegura que la independencia de Cataluña del resto de España no supondría un desastre económico para la región española. La globalización y la apertura de los mercados internacionales permite a Estados pequeños mantener un comercio productivo y rentable con el resto del mundo.
Becker asegura en su blog personal que "el movimiento
hacia el libre comercio y la globalización vivida durante los últimos 60 años
han reducido las ventajas de tener un gran mercado doméstico para vender bienes
y servicios".
Para el Nobel, los pequeños Estados pueden vender sus bienes y
servicios a otros países casi con tanta facilidad como un país grande puede
venderlos en su mercado doméstico: "los pequeños Estados pueden hacerlo
bien con pequeños mercados domésticos, adquiriendo ventaja gracias a la
globalización de la economía vendiendo sus productos a consumidores y empresas
de otros países".
Becker pone el ejemplo de la antigua Checoslovaquia, donde el
futuro de su economía parecía muy oscuro cuando en 1993 se produjo la división
del país entre la Rapública Checa y Eslovaquia. Algo similar ocurrió con
Yugoslavia. Al final se ha visto como la
ruptura de estos Estados no ha supuesto, ni mucho menos, un desastre para sus
economías.
Además, Becker asegura que en los países pequeños los grupos de
interés político tienden a ser más reducidos. "Esto es la consecuencia la
homogeneidad que caracteriza a los países pequeños".
Becker concluye su artículo señalando que "el crecimiento
de la competitividad de los pequeños Estados en el mercado global es en buena parte gracias al
crecimiento del número de países, desde 1950 (100 países) hasta ahora que son
casi 200. Y el número de países independientes sigue creciendo".
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