Artur Mas ya tiene cerrado su pacto:

Papá Noel llegará a Barcelona cargado de regalos. Al menos, de regalos para los independentistas: la plataforma Junts Pel Sí (JxS) y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) ya tienen prácticamente ultimado un acuerdo total para desencallar la situación, permitir un Gobierno en la Generalitat y comenzar su ‘corta marcha’ hacia la independencia, que habrá de estar rematada en un plazo de 18 meses, según las previsiones.

En las dos últimas semanas, las conversaciones entre las dos formaciones se aceleraron: primero, dos de las cuatro mesas cerraron ya acuerdos estables. Luego, visto el derrotero que habían seguido las negociaciones, las mesas quedaron reducidas a una sola, con el objetivo de cuadrar números y facilitar la recta final de las mismas. En esa fase, era fundamental hilar fino para evitar poner sobre la mesa acuerdos inasumibles económicamente, lo que podría hacer descarrilar el proceso. El punto fundamental en esta fase era la aplicación de un “plan de choque social” como condición indispensable para seguir negociando.

El escollo más importante, sin embargo, era el del papel de Artur Mas. Tanto Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) como Esquerra Republicana (ERC) cerraron filas en torno al ‘president’ y lo consideraron moneda no intercambiable. El posicionamiento del núcleo duro de la CUP hizo que en la anterior asamblea de esta organización, celebrada el 29 de noviembre, una gran mayoría de las bases votaran en contra de apoyar a Artur Mas como presidente de la Generalitat por su vinculación con episodios de corrupción. Este posicionamiento ponía en peligro el propio desarrollo del proceso independentista, y todas las organizaciones que respaldaban a JxS se afanaron en bombardear constantemente con la tesis de que si no había independencia, será por culpa de los radicales.

A estos, no obstante, les produce verdadera alergia la vinculación de Artur Mas con casos de corrupción, ya que, afirman, hay “cinco causas” abiertas contra el entorno de CDC por corrupción. “Y cualquier independentista no puede cerrar los ojos a esta realidad”, aseguran las fuentes. Con esta filosofía, la CUP puso en la mesa negociadora varias opciones para dar luz verde a la formación de un Gobierno, la mayoría de ellas sin Artur Mas al frente del mismo. Pero había la posibilidad de formar una especie de Gobierno colegiado con un ‘president’ con competencias recortadas. En torno a esta idea han ido tejiendo estructuras gubernamentales para facilitar la investidura y, según fuentes solventes, ya se ha encontrado la fórmula que puede desencallar la situación y permitir que el nuevo Gobierno se pueda investir sin problemas, aunque antes habrá de exponerse a la aprobación de la asamblea de la CUP, que tendrá lugar el 27 de diciembre.

Un ‘comité ejecutivo’

Según fuentes consultadas por El Confidencial, el Gobierno estaría presidido por Artur Mas, aunque con competencias muy limitadas. El líder convergente sería un jefe de Ejecutivo más sobre el papel que a la hora de tomar decisiones, ya que prácticamente no tomaría ninguna. Sin embargo, sí tendría sobre sus hombros la responsabilidad de llevar las riendas de la proyección internacional del proceso. Su principal cometido sería viajar por el mundo, como una suerte de ‘embajador volante’, y reunirse con mandatarios diversos para ‘vender’ el proyecto de la independencia de Cataluña.

El cerebro del Gobierno catalán sería, entonces, una especie de ‘comité ejecutivo’ que tomaría las decisiones de forma colegiada y en el que estarían, como mínimo, el líder de ERC, Oriol Junqueras, la actual vicepresidenta del Govern, Neus Munté, y el cabeza de lista de Junts Pel Sí, Raül Romeva. En este sanedrín, Artur Mas sería poco más que un convidado de piedra que estaría obligado a aceptar las decisiones que se tomasen en esa ejecutiva.

El nuevo organigrama no deja de ser una variante de los que se habían barajado hasta ahora, aunque con la salvedad de que Mas tendría una especial relevancia porque sería el encargado de dar la cara ante el mundo, responsabilidad que hasta ahora se había atribuido únicamente a Romeva como responsable de esa área. “Se trata de no escenificar su ‘entierro político’, sino de dejarle una salida digna. Con ese reparto, todos contentos, ya que Mas tendría su Presidencia oficial mientras que sus poderes quedarían muy reducidos. Pero él también podría salvar la cara por su cometido internacional”, explican las fuentes.

Esta semana, la CUP también ha intentado aproximaciones a la formación Catalunya Sí que es Pot (CSQEP), que integra, entre otros, a ICV y Podemos. La intención es “ensanchar la base social de los independentistas” y preparar alianzas de cara a un futuro próximo. Los independentistas son conscientes de que algunos integrantes de la formación que lidera Lluís Rabell se encuentran relativamente cerca de sus posicionamientos pero nunca apoyarían un Gobierno presidido por Artur Mas.

Sin embargo, tras los últimos acuerdos en mesa de negociación a los que han llegado JxS y la CUP, las premisas del nuevo Govern deberían ser plenamente asumibles por CSQEP, ya que la base fundamental de la política del mismo es el plan de choque social impuesto por la CUP. Los radicales reclaman, pues, el apoyo para implementar ese plan de choque arrancado a Artur Mas y que coincide con los posicionamientos de los ecosocialistas y los podemitas. “Si ICV y Podemos aceptan, la legitimación del proceso recibirá un espaldarazo final y la independencia será imparable”, aseguran las fuentes.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 1 1.

28/09/1976, España firmó en Nueva York el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 1 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

Maniobras de la CNMC para beneficiar a los lobbies interesados en el sector postal

"Con la publicación de unas cifras confusas y descontextualizadas que ocultan más que explican, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ofrece una interpretación totalmente engañosa del mercado postal”, denuncia CCOO.

Hace escasos días, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho público un informe derivado de la encuesta “Panel de Hogares”, en el que el regulador de la competencia, “lejos de señalar los auténticos problemas que aquejan al servicio postal público ratifica, por un lado, lo ya conocido, como es la caída de la carta ordinaria entre particulares, aunque celebra, por otro, los buenos resultados que obtiene Correos como líder en el mercado de la paquetería, también entre particulares”. Mensajes que, en opinión de CCOO, “ocultan la falta de iniciativa postal del Gobierno para afrontar un cambio de modelo en la primera empresa del sector público del país”.

“Que el negocio de la carta entre particulares se encuentra en franco retroceso no es ninguna novedad toda vez que las nuevas tecnologías de la comunicación lo están arrinconando” aunque, a pesar de ello, el operador público siga gestionando un volumen de tráfico postal de 3.500 millones de envíos anuales, algo que el informe “oculta intencionadamente, para dar una imagen de vacío de actividad que sólo puede beneficiar a los lobbies privados interesados en el sector”, señala el sindicato en un comunicado.

Pero lo que, a juicio de CCOO, resulta una “visión excesivamente parcial” para un organismo independiente como es la CNMC, es que se trate de presentar a Correos como líder del mercado de paquetería porque, según su encuesta, maneja el 58% de los envíos de paquetería entre particulares, cuando la propia CNMC ha cifrado en un exiguo 11% la cuota de mercado de Correos en el conjunto del mercado de paquetería. El menor entre los grandes operadores postales europeos que son, por cierto, los que mantienen el restante 89% del mercado logístico en nuestro país.

Por otro lado, "la encuesta citada no ayuda a que la opinión pública obtenga una visión clara sobre la utilización por parte de los usuarios del servicio postal" cuando establece que el 53% de los ciudadanos no ha visitado una oficina postal en los últimos seis meses en lugar de afirmar que otro 50% sí lo ha hecho, o que sólo el 18% dice conocer al principal competidor de Correos, Unipost, "ocultando que este operador no dirige su negocio tanto a los ciudadanos de modo particular como a las empresas, lo que lógicamente hace más difícil su identificación".

PLAY

Play againPLAY AGAIN

CCOO entiende que, “más allá de cifras interesadas, la viabilidad futura de Correos sigue pasando por mantener el mercado de la carta que aún continúa formando parte, a pesar del modo desregulado en que el Gobierno ha impulsado la facturación electrónica, del grueso de su actividad postal y de sus ingresos. Y de la apuesta, que debe ser respaldada políticamente al tratarse de una empresa pública, para que Correos se sitúe junto a los grandes operadores postales europeos, diversificando su actividad en mayor grado que lo ha venido haciendo hasta ahora, apostando por la logística, el negocio más rentable de la paquetería y el impulso de sus servicios financieros”, concluye.

la locura del C's

Girauta (C's) ataca a Ada Colau por vivir "de subvenciones" y aliarse con los "amigos" de ETA

 

El cabeza de lista de Ciudadanos (C's) por Barcelona al Congreso afirma que la ultraderechista francesa Marine Le Pen "ha aplaudido muchas veces" al líder de Podemos, Pablo Iglesias, en sus intervenciones en el Parlamento Europeo.

El cabeza de lista de Ciudadanos (C's) por Barcelona al Congreso, Juan Carlos Girauta, ha atacado este lunes a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por carecer de "estudios" y haber "vivido siempre de las subvenciones públicas", y ha acusado a Podemos de coaligarse en Navarra con los "amigos" de ETA.

En la rueda de prensa dentro del ciclo de candidatos catalanes organizada por la Agencia Efe, Girauta ha denunciado el "lenguaje guerracivilista" empleado este fin de semana por Colau, que  instó a Albert Rivera a "lavarse la boca" por hacer suyo el eslogan "sí se puede".

Colau también comparó a Girauta, que en 2003 y 2004 concurrió en listas electorales del PP, con las "ratas que abandonan el barco y se buscan nuevas siglas". El candidato de C's por Barcelona ha alegado que las tres veces que se presentó por el PP no aspiraba a "ningún cargo" porque de hecho concurrió en posiciones sin posibilidades de obtener escaño.

Además, se ha mostrado "muy orgulloso" de haberse presentado por el PP "en una época en que no existía C's" y los populares sufrían atentados de ETA, mientras que ahora Podemos pacta en Navarra con EH Bildu, los "amigos de los asesinos", para compartir candidatura al Senado.

Pablo Iglesias, "aplaudido" por Le Pen

Los ataques de Girauta no han ido dirigidos únicamente hacia Ada Colau. El candidato de Ciudadanos ha afirmado que la ultraderechista francesa y eurodiputada Marine Le Pen "ha aplaudido muchas veces" al líder de Podemos, Pablo Iglesias, en sus intervenciones en el Parlamento Europeo.

Girauta, que era eurodiputado por C's hasta que fue elegido cabeza de lista de la formación naranja al Congreso por Barcelona, ha señalado que el "discurso antieuropeo, antiglobalización y proteccionista" de Podemos "gusta a los populistas de todo tipo" en el Parlamento Europeo, incluido al Frente Nacional francés.

"Que se sepa: cuando Pablo Iglesias ha hablado muchas veces en el Parlamento Europeo, ha sido aplaudido con entusiasmo por Marine Le Pen", ha asegurado Girauta. Pese a los reproches, Girauta ha explicado que mantiene una "relación muy correcta" con Iglesias, de quien ha destacado que es "mucho más respetuoso personalmente" que Colau.

"A Iglesias no lo considero un tonto, sino una persona muy inteligente", ha apuntado Girauta, si bien ha advertido al candidato de Podemos a la Moncloa de que, al defender un referéndum en Catalunya como condición para un acuerdo de investidura, "se autoexcluye del juego político de los grandes".

"Si hay una cosa en la que coincidimos los otros tres partidos españoles es que no habrá un referéndum de autodeterminación en Catalunya", ha resaltado Girauta, que ha recordado que eso sólo sería posible con una reforma de la Constitución en esta dirección. Ha valorado que "seguramente" Iglesias plantea el referéndum "para que lo escuche Pedro Sánchez y para que suene bien la música en los oídos de los catalanes, porque cree que la mayoría de catalanes está encantada con esta idea".

El gasto en programas de armamento

 El gasto en programas de armamento (I)

El próximo Gobierno heredará una deuda de 21.400 millones en armamento

Los Programas Especiales de Armamento se crearon en 1997 para modernizar los recursos del Estado y costarán a España, en total, 30.076 millones de euros

Una petición de información de eldiario.es permite conocer el coste de unos programas hechos para “necesidades de defensa de hace 20 años”, según el analista Bernardo Navazo

Cuatro grandes empresas especializadas para fabricar estos dispositivos se llevarán 97 de cada 100 euros

España debe 21.389 millones de euros a empresas de armas por los 22 programas (dos sin adjudicar todavía) de armamento que se han comprometido desde 1997. Según datos oficiales a los que ha tenido acceso eldiario.es, si durante los próximos tres años el Ministerio de Defensa dedicara su presupuesto entero (5.700 millones de euros sin modificaciones) a pagar estos importes, todavía quedarían por abonar 4.300 millones de euros.

Tras varios años de informes, análisis, comparecencias, modificaciones y publicaciones, por fin se revela cuánto debe el Gobierno, a día de hoy, a la industria de defensa por los programas de armamento. Gracias a una petición de información de eldiario.es a través del Portal de Transparencia, es posible conocer los detalles de cada uno de los programas y qué ha comprado el Gobierno con ellos.

Los Programas Especiales de Armamento se iniciaron en 1997 con el objetivo de modernizar y profesionalizar las Fuerzas Armadas mediante la adquisición de grandes vehículos militares, armas y municiones. Una política que se extendió en la mayoría de países europeos tras el final de la Guerra Fría.

A día de hoy, el coste total de todas las adquisiciones que ha realizado el Ministerio a través de estos programas se sitúa en 30.000 millones de euros. Equivale al 3% del PIB español.

Comprar armas para defendernos de la URSS

Tras más de dos décadas de programas de armamento, ¿qué ha comprado el Gobierno con ellos? Carros de combate, aviones, submarinos, buques de guerra, misiles o helicópteros. “Hemos recibido dispositivos para cubrir peligros de Defensa de hace 20 años”, critica Bernardo Navazo, analista de defensa.

Uno de los ejemplos de esta situación son los cazas Eurofighter, que cuando se adquirieron en 1997 solo eran operativos para ataques aire-aire. “Estaban preparados para un ataque aéreo a la Unión Soviética”, explica Pere Ortega, investigador especializado en los programas de armamento y presidente del Centro Delàs de Estudios por la Paz. El programa de estos aviones será el más costoso de todos, con un precio final de 10.600 millones de euros. Todavía quedan por abonar a la industria 5.800 millones.

Aunque no son los únicos artefactos con dudosa utilidad estratégica, según los analistas. En 1998 se adquirieron 235 carros de combate Leopard. Son tanques alemanes adaptados al Ejército de Tierra con capacidad para cuatro tripulantes y un peso total de 60 toneladas. Ortega se pregunta para qué quiere España estos blindados “si no puede ser invadida por Tierra”.

El Ministerio de Defensa esgrime que algunos materiales comprados "tienen una función más directa" en las operaciones de las Fuerzas Armadas y otros tienen "capacidades más disuasorias". "Todos responden a una capacidad necesaria para escenarios muy diversos", explican fuentes del Ministerio.

Coste final y pagos pendientes de los 22 programas de armamento

Dos programas están todavía sin adjudicar. Datos en millones de euros

Fuente: Ministerio de Defensa

Antonio Fonfría, investigador universitario y colaborador del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, admite que los Leopard “no se encuentran a la vanguardia de lo que hoy se llamaría como prioritario” pero matiza que la concepción y fabricación de estos programas lleva aparejado “un amplio periodo de tiempo” donde las necesidades estratégicas pueden cambiar. De los 2.500 millones de euros comprometidos para estos carros de combate, todavía quedan por pagar 1.500.

“Lo que se hizo fue una política de industria de defensa más que una política real de defensa, es como empezar la casa por el tejado”, apunta Irene Lozano, ex diputada de UPyD y miembro de la comisión de Defensa en el Congreso la última legislatura.

Euforia y opacidad

“Está claro que la mayoría de estos programas tienen su origen cuando nos vinimos arriba en la burbuja”, explica Navazo, analista de Defensa. El 84% de los compromisos con la industria se hicieron entre 1997 y 2004, durante las legislaturas del Gobierno de Aznar, aunque se iniciaron cuando Felipe González era presidente del Ejecutivo. La entrada de España en la OTAN fue determinante para la promoción de estas adquisiciones.

Constantino Méndez, ex secretario de Estado de Defensa, denunció en el Congreso de los Diputados que algunos programas fueron firmados a final de la legislatura popular, en 2004 y con el Gobierno en funciones. Cuatro submarinos S-80, vehículos Pizarro, helicópteros Tigre y un buque de proyección estratégica. Coste final de esos compromisos: 4.900 millones de euros. Quedan por pagar: 3.900 millones.

“Todo esto se firmó en un cuarto”, cuenta Navazo, que critica que la decisión de aprobar estos programas “la tomó muy poca gente con muy poco control externo”. Una apreciación en la que coincide con el anterior secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, que concluyó en su evaluación de los programas que la “concentración de las contrataciones en el tiempo” dificultaron la aplicación de una “buena técnica contractual y un buen control financiero”.

Desde el Ministerio defienden que cada adquisición se hizo "en función de las necesidades operativas que entonces expresaba cada ejército".

Disfrazar los planes de pago de “urgente necesidad”

Desde su llegada al Gobierno, Mariano Rajoy enarboló la bandera de los recortes y la austeridad. El Congreso aprobó en sus primeros presupuestos, los de 2012, un recorte en el ministerio que dirige Pedro Morenés del 14%. Sin embargo, el gasto en Defensa al final de ese año aumentó en un 44% sobre lo previsto y, finalmente, superó en un 9,22% el total de 2011.

Una medida hecha posible a través de créditos extraordinarios y ampliaciones presupuestarias, modificaciones a golpe de decreto que consiguen aumentar, por la puerta de atrás, el dinero que el Congreso destinó al Ministerio de Defensa. El uso sistemático de este recurso durante la legislatura de Rajoy,desvelado por medios como El BOE nuestro de cada día, se han destinado en su mayoría a pagar las deudas con la industria por los programas de armamento.

Avión Eurofighter de la base aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla EFE

Un informe de UPyD, promovido por la actual candidata socialista Irene Lozano, denunció el uso de los créditos extraordinarios para hacer frente a estos pagos. Según explican, este gasto por decreto es “inconstitucional, opaco y engañoso”. Mientras que entre 2002 y 2011, la variación entre lo que se presupuesta y lo que finalmente gastó Defensa oscila entre el 12% y el 16%, con Rajoy estas desviaciones se han situado entre el 33% y el 44%, tal y como desveló eldiario.es.

“Si tienes un calendario de pagos perfectamente definido, no puedes justificar un crédito extraordinario por urgente y extraordinaria necesidad”, avisa Navazo, analista de Defensa y autor del informe. Las ampliaciones del presupuesto de Defensa durante la legislatura de Rajoy suman 8.717 millones por encima de lo que se aprobó. Ni a través de ese mecanismo ha conseguido reducir de forma significativa la deuda con la industria.

Cuatro empresas se llevan 97 de cada 100 euros

“El modelo industrial sobre el que se fundamenta la provisión de armamento y material en España descansa sobre tres empresas principales, proveedoras históricas de los grandes sistemas de armas del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire”. Así se pronunció Constantino Méndez, ex secretario de Estado de Defensa, en una comparecencia sobre los programas de armamento en el Congreso. Se refería a Navantia, Santa Bárbara Sistemas y EADS Casa (Airbus), las tres empresas, junto con ITP, que se han llevado 97 de cada 100 euros de los programas de armamento.

“No hay que entender a estas empresas como entes independientes de las fuerzas armadas”, explica Navazo. Precisamente, las tres comparten un pasado como empresas públicas. Navantia, antes Izar, es la primera empresa de construcción naval militar en España. Actualmente es 100% pública y propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Es la adjudicataria de todos los buques fragatas y submarinos adquiridos a través de los programas de armamento. Los pagos comprometidos suman 6.522 millones de euros.

Santa Bárbara Sistemas es la rama industrial del Ejército de Tierra. Nació como empresa en 1960 al reagruparse varias fábricas industriales del ejército franquista. Fue de propiedad pública hasta que fue privatizada por el Gobierno de Aznar en 2001 y vendida al grupo europeo General Dynamics. Especializado en grandes vehículos blindados, es la adjudicataria de los carros de combate Leopard y Pizarro y los misiles antitanque Spike por 3.856 millones de euros.

Nacida como Construcciones Aeronáuticas, S.A. en 1923, inaugurando dos fábricas de aviones durante esa década: una en Getafe y otra en Cádiz. Tras el final de la Guerra Civil, estrecha sus lazos con el Estado franquista, que adquiere el 33% de la empresa en 1943 y amplia su participación hasta ser propiedad casi estatal en los años posteriores. Al igual, que Santa Bárbara, fue privatizada en 1999, durante el Gobierno de Aznar, para pasar a formar parte del Grupo Interés EconómicoAirbus y pasa a denominarse EADS CASA. Ahora es la principal empresa española en el sector aeroespacial. Sus compromisos con defensa suman casi 19.000 millones de euros junto con Industria de Turbo Propulsores, S.A. (ITP).

Nuevo Gobierno, ¿nueva solución?

Este año se adjudicarán dos nuevos programas de armamento, según los datos suministrados por el Ministerio de Defensa. De cuantías menores, el Gobierno se comprometerá a la compra de fragatas F-110 y vehículos acorazados VCR 8x8. Unas adquisiciones de las que se tendrá que abstener el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, según adelantó el BOE nuestro de cada día, por su relación con empresas que se podrían presentar al concurso.

Sin embargo, esta podría ser la última vez que Morenés se tuviera dar un paso atrás en unas compras de ese calibre. Las próximas elecciones del 20-D traerán un nuevo arco parlamentario. Por primera vez, dos fuerzas políticas que no han participado en la adquisición de los programas de armamento tendrán una voz importante en el Congreso, según vaticinan las encuestas.

Hasta ahora, la solución del PP durante la legislatura ha sido renegociar la deuda con las empresas (menos dispositivos a más coste) y hacer frente a los pagos mediante créditos extraordinarios. En los programas electorales de las cuatro principales formaciones para el 20-D, solo Podemos y C’s proponen medidas específicas para los programas de armamento. PP no hace mención en su programa y el PSOE no se refiere explícitamente a estas grandes contrataciones.

Un modelo alemán de tanque Leopard 2 similar a los comprados por España

“Aunque sea indemnizando a las empresas, España saldría beneficiada”, propone Pere Ortega, del Centro Delàs de Estudios por la Paz, sobre la posibilidad de cancelar parte de los programas que todavía no han sido entregados. Aunque otros analistas como Navazo coinciden en la existencia de esta posibilidad, los programas electorales de C’s y Podemos de lo máximo que hablan es de una renegociación con la industria. Para Fonfría, investigador y colaborador del Ministerio de Defensa, la cancelación “no suele ser una solución por los costes financieros en los que se incurre”.

A la espera de que se celebren las elecciones, la deuda puede ser insostenible según el actual programa de pagos.  “Como se ha hecho en otros países, lo fundamental es que te sientas a negociar con la industria ya que el Estado es el principal cliente”, advierte Lozano. Hasta entonces, España seguirá pagando la deuda a las empresas de armas hasta 2030.