R.I.P. de los derechos sociales

De la R.G.I. Al R.I.P. de los derechos sociales

De la universalización de la renta mínima a la muerte política de la Renta de Garantía de Ingresos

Ibon Cabo

Rebelión

Hace más de 25 años, el departamento de justicia, empleo y asuntos sociales tuvo que afrontar un arduo debate con la vice consejera de economía para la implantación de este derecho subjetivo. Sin embargo, en la actualidad el lehendakari Urkullu ha reconocido (con la boca pequeña), los eventuales éxitos de este recurso, especialmente en la época de crisis en la que cohabitamos. Incluso Itxaso Atutxa le otorga el papel de situar a Euskadi en la vanguardia de Europa en la lucha contra la exclusión (1). A pesar de este cambio de postura, el actual gobierno, se ha apoyado en el PP `para poder ligar la subida de su cuantía al IPC en vez de al salario mínimo inter profesional como establece la ley. ¿Porque este doble lenguaje y esta forma de medir diferente?Un poquito de historia
La Renta de Garantía de Ingresos ( RGI) se pone en marcha en la CAV tras un arduo proceso de trabajo entre el gobierno vasco de entonces y los diversos municipios que demandaban públicamente mayores medidas de protección para los más desfavorecidos-as. Los objetivos eran claros, por un lado, cubrir las necesidades básicas y por otro facilitar la inclusión laboral (2). El objetivo inicial, como el propio Manolo Vigo de Eusko Alkartasuna reconocía era lograr que nadie, que ninguna persona, se quedara sin protección de sus necesidades básicas.
En aquel momento la viceconsejera Idoia Zenarruzabeitia se mostró activamente contraria a esta medida pues podía “perpetuar” el paro de sectores socialmente excluidos. Aún así y tras muchos avatares con ayuntamientos que se resistían a compartir datos, se puso en marcha en una CAV con un índice de pobreza muy por debajo del actual y con una tasa de inmigración lejos de la actual. En el sistema previsto entonces, Lanbide tenia el papel de hacer un diagnóstico inicial sobre exclusión social, no de gestionarla.
Llegó el PSE y Patxi López, quién se presenta para capitanear la izquierda estatal en 2017, redujo la RGI un 7%, aplicando el recorte más significativo que hasta la fecha ha sufrido la Renta de Garantía de Ingresos. Además tras solicitar las transferencias de empleo para el gobierno vasco (3), otorgó a Lanbide la capacidad de gestión integral de la RGI, mezclando lo que coloquial mente se define como “Churras con Merinas” y haciendo depender de este organismos, casos de parados de larga duración, con personas discapacitadas, con jóvenes en busca de su primer empleo, pensionistas en busca de su complemento, con desahuciados-as... es decir, creo un totum revolutum que atascó el sistema y le privó de la capacidad de cumplir aquello para lo que se creó . Finalmente, endureció los requisitos de acceso convirtiéndose en el primer gobierno teóricamente social demócrata, que alejaba la distancia entre la RGI y la Renta universal hasta límites insospechados.
Volvió el Partido Nacionalista Vasco al gobierno y se comprometió en sucesivas ocasiones a reformar Lanbide y mantener e incrementar las prestaciones sociales (4). Si bien hizo frente a la falsa amenaza yihadista de la derecha española, que a través de una plataforma políticamente semificticia en Vitoria, trató de impulsar la crítica más despiadada hacia la RGI y ligar el fraude en la misma a la población inmigrante; se quedó ahí y volvió al punto donde surgieron las primeras discrepancias: la izquierda quiere ligar la RGI al umbral de pobreza y al SMI porque de esa manera, se asegura que la limitación de las bolsas de pobreza y exclusión al máximo, mientras que la derecha, considera que esta prestación debe ser los más pequeña posible, en teoría para incentivar el empleo, pero en la práctica para que la capacidad de las personas en situación de exclusión de volver a tener una vida equilibrada sea la mínima posible.
Ante la vulneración política del origen de la RGI y de su reformulación actual
Sin embargo, la RGI es por ley un derecho subjetivo por lo que cualquier persona que este en condiciones de demandarla y que cumpla los requisitos debe acceder a ello. Para ello el gobierno vasco, independientemente del número de demandantes o del presupuesto que tuviera, debe dotarse con la cantidad suficiente para asumirla, vía impositiva o a través de la deuda pública.
Por ello, si asumiera la subida del ejecutivo central del 7%, tendría que dotarse de los instrumentos financieros necesarios para complementar esta subida. Así pues, situado el PNV entre la espada y la pared del equilibrio presupuestario y el mantenimiento de los derechos sociales, apostó a caballo ganador y trató de colar un gol a la izquierda a través del acuerdo de estabilidad presupuestaria firmado con quién de inicio trató de frenar el desarrollo de la RGI e impulsó alrededor de ella un discurso xenófobo y racista: el PP.
Y con ello la R.G.I. Descansa en paz y desaparece su formulación originaria donde se trataba de alcanzar el SMI y superar el umbral de pobreza para que la gente normal pudiera dormir bajo techo, comer tres veces al día y llevar al menos ropa de segunda mano. Unido a la votación en contra de la subida del complemento de pensiones, los derechos sociales sufren una merma en una década como nunca antes habían sufrido ni en la peor de las recesiones.
Pero no es en el parlamento donde se puede recuperar el origen político de esta norma, sino la calle y las sedes de los partidos políticos, donde los-as militantes, seguro, conocen personas que sufren esta situación de injusta exclusión y cuya única vía de ingresos es la RGI. No es una cuestión de partidos, es una cuestión de personas y todas somos capaces de hacer rectificar hasta el más seguro de los Lehendakaris, sobre todo porque cuando la muleta en la que uno se apoya esta fabricada en Madrid, normalmente termina echa trizas, pues lo que suele parecer Roble Americano, no suele ser más que serrín de pino con olor a cuerno quemado.
Nadie quiere ser perceptor de la RGI, el efecto llamada es falso y solo esta en la mente de algunos directores de medios de comunicación que luego llenan sus portadas de artículos sobre la integración. Pero como parecen sordos a las demandas de la gente, comencemos a movernos desde otros ámbitos antes de que sea demasiado tarde, pues como decían en un famoso cómic, solo hay que temer una cosa, que el cielo se caiga sobre nuestras cabezas. Para todo lo demás basta con hacer un poquito de historia y recordar de donde vienen algunos derechos sociales para no terminar poniéndoles una esquela en el periódico.
Notas:
1. http://www.eaj-pnv.eus/documentos/itxaso-atutxa-2016-09-12-amorebieta-etxano_18305.html
2. http://www.alkartasunafundazioa.eus/2017/02/23/charla-2/?lang=es Manolo Vigo
3. http://elpais.com/elpais/2009/05/21/actualidad/1242893828_850215.html
4. http://www.elmundo.es/pais-vasco/2017/01/18/587f67e1e2704e124a8b4605.html
Ibon Cabo (militante de Eusko Alkartasuna)

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

La fractura socialista

La fractura socialista

Antonio Antón

Rebelión

El poder establecido pretende garantizar la gobernabilidad de la derecha y neutralizar la amplia dinámica ciudadana de cambio. En su discurso desacredita a esta última como ilusa y ‘perdedora’. Aparte de a Unidos Podemos y sus aliados, también la adjudica a Pedro Sánchez, exsecretario general del PSOE. Como se sabe, pugna en las primarias socialistas con Susana Díaz, Presidenta de la Junta de Andalucía y que tiene un discurso vacío pero, eso sí, presentado como ‘ganador’ y con responsabilidad de Estado.Su problema, que no puede esconder, es la posibilidad de que Sánchez tenga un aval significativo entre la militancia socialista y trastoque el equilibrio de la triple alianza. El proyecto de éste consiste en hacer creíble su propuesta de abandonar la colaboración con el PP y girar a la izquierda. El temor que infunde al entramado económico-político es al riesgo de caminar hacia un pacto de progreso con Unidos Podemos y aliados, con un plan transformador, un programa negociado de cambio y un amplio consenso social. Los poderes fácticos de dentro y fuera de su partido lo defenestraron cuando solo atisbaba esa opción. De momento, lo desacreditan con el mismo paquete descalificador de irreal, minoritario y perdedor. Aparte queda la opción de Patxi López, con la función de dividir el voto sanchista y favorecer (y compartir) la victoria del aparato socialista en torno a Susana Díaz.
Veremos ahora en las primarias el apoyo militante a Sánchez y si gana y se abre la posibilidad de un cambio gubernamental inmediato (o nuevas elecciones generales). Lo más probable es la agudización de la fractura interna que puede terminar con el disciplinamiento (o abandono) de gente crítica si pierde, o con la ruptura, al menos del grupo parlamentario, si gana. Es decir, en cualquier escenario parece no existir capacidad para la necesaria disponibilidad del conjunto del Partido Socialista hacia un Gobierno alternativo de progreso pactado con Unidos Podemos y convergencias. Se cumpliría el diseño del entramado económico-político para impedir el cambio gubernamental de progreso. En todo caso, su firme actitud frente al PP ayuda a romper el discurso monolítico de la inevitabilidad del apoyo socialista a la gobernabilidad de la derecha y la imposibilidad del cambio, así como cuestiona la legitimidad entre las bases socialistas del supuesto carácter ‘ganador’ de todo el plan normalizador de la Comisión gestora.
El horizonte del cambio institucional está, sobre todo y sin que se produzcan acontecimientos relevantes impredecibles, en el ciclo electoral de los años 2019-2020. Mientras tanto, la tarea política de las fuerzas del cambio consiste en influir, gestionar y condicionar las políticas, representar y activar a la ciudadanía, y sumar apoyos sociales para el cambio político. Y lo que se está dilucidando es si ese proyecto, aparte de justo y democrático, es realista y susceptible de canalizar las aspiraciones de una mayoría popular y expresar una mayoría institucional, en los grandes Ayuntamiento, en Comunidades Autónomas significativas y en el Gobierno. Queda camino, y la pugna es dura y prolongada.
Pero, además, ese discurso interesado en no reconocer las bases sociales en que se incardina ese proceso de cambio y que trata de impedirlo, supone una deformación de la realidad. El plan de estabilización política del PP y los de arriba no corresponde a la opinión de las mayorías sociales. Ese enmascaramiento ideológico tiene la función de frenar a las fuerzas del cambio. No obstante, trae consecuencias importantes de pérdida de credibilidad ciudadana en esa clase gobernante.
Particularmente, la dirección del Partido Socialista está sometida a la contradicción entre, por un lado, su necesaria retórica de cambio –aunque sea limitado o en aspectos secundarios-, a efectos de su legitimidad social, pareciendo ser útil a la sociedad y, por otro lado, su garantía de gobernabilidad del PP, así como su compromiso con el continuismo estratégico y de poder del entramado político-económico. Su actual giro derechista y su estilo poco democrático profundizan la desafección popular (según las últimas encuestas electorales, pierde un millón y medio de votantes desde el 26-J, la mayoría hacia la abstención pero una porción significativa a Unidos Podemos y sus aliados y otra hacia Ciudadanos).
El debate también es ‘científico’ y atañe a los expertos en ciencias sociales y comunicación. En esta época de post-verdad o simple positivismo engañoso, hay que ser riguroso en el análisis, en la interpretación de la realidad social y sus dinámicas. Los condicionamientos son numerosos. Pero el realismo es premisa básica para una estrategia de cambio operativa y, al mismo tiempo, ambiciosa. Además, cuanta más verdad se quiere esconder, más instrumentalización de los medios, más degradación ética y democrática y más necesidad hay de explicación racional y demostrativa de los diagnósticos y convicciones propias. Al final, la realidad de la gente, su experiencia y sus opiniones, vuelven al escenario social y político. El cambio es justo y posible.
La estabilización es frágil
Tras la etapa de indignación cívica y protesta social contra la gestión regresiva y autoritaria de la crisis sistémica, socioeconómica, institucional y territorial (2010-2014), y el prolongado ciclo electoral de más de dos años (2014-2016), se ha iniciado una nueva etapa política. El resultado de ese proceso y nuevo punto de partida ha sido un nuevo equilibrio institucional, derivado del desgaste del bipartidismo y la consolidación de una nueva representación política alternativa, con suficientes bases sociales e institucionales para porfiar en el cambio. Frente a ello se ha configurado una estrategia de normalización política y cultural que dé estabilidad al continuismo económico, institucional y territorial, aislando la dinámica y las fuerzas del cambio.
Mientras, en la UE, el poder liberal conservador dominante (con gran parte de las direcciones socialdemócratas) mantiene el rumbo de la austeridad y se desencadenan procesos disgregadores y xenófobos de la mano del populismo autoritario de extrema derecha; todo ello con las dificultades de las fuerzas progresistas y de izquierda para avanzar hacia una Europa más justa y democrática.
Son ciertos algunos factores que tienden a la estabilización política. Principalmente, son dos. Primero, la persistencia de una base electoral conservadora, acomodada y envejecida, en torno a un tercio de la población, con ventajas comparativas por la evolución económica y laboral. Segundo, la colaboración de la mayoría de la dirección socialista y su garantía de gobernabilidad del pacto de las derechas (PP y C’s), continuación de su determinación de frustrar la posibilidad de un Gobierno de progreso.
Sin embargo, ninguno de los dos aspectos es determinante. Hay un bloqueo institucional pero una disputa por la legitimidad social del cambio. La situación presenta algunas mejorías macroeconómicas pero sin revertir derechos perdidos, sociales y laborales, y con prolongadas, segmentadas y diversas consecuencias para la mayoría social. Me centro principalmente en los aspectos sociales y políticos, dejando al margen el factor desestabilizador del proceso independentista en Cataluña y el inmovilismo gubernamental ante las mayoritarias demandas democráticas de mayor capacidad decisoria y autogobierno.
La base social acomodaticia que ampara la representatividad de la derecha es significativa, pero sigue siendo minoritaria entre la población, aun contando con una parte de votantes de Ciudadanos, cuyo compromiso era con el ‘cambio sensato’ y cierta regeneración democrática. Y el aparato socialista cuenta con escasa legitimidad entre su militancia y su electorado para su aval a la gobernabilidad del Gobierno del PP, está muy alejado de su compromiso de ‘cambio seguro’ e incluso de una oposición verdaderamente útil para la mayoría ciudadana. Aunque ahora en las primarias necesita un distanciamiento relativo para evitar un desplazamiento militante hacia Sánchez.
Para taponar esas grietas, el bloque de poder liberal-conservador debe apostar por una fuerte presión política hacia la dirección del Partido Socialista, un gran despliegue mediático para persuadir o neutralizar a la gente descontenta y, sobre todo, un aislamiento de las fuerzas del cambio como componente transformador basado en la justicia social y la democratización. Hasta ahora han tenido un relativo éxito en el objetivo central de impedir la formación de un Gobierno de progreso, compartido y negociado con Unidos Podemos y sus aliados. No solo se ha confirmado la negativa de la dirección socialista, desde el principio tras el 20-D, a iniciar un proceso de transformación real y de colaboración con las fuerzas del cambio, sino que, a pesar de los apoyos recibidos en ayuntamientos y Comunidades Autónomas para desalojar al PP, ha acentuado su sectarismo contra Unidos Podemos y sus aliados, confirmando su actual aval a la estabilidad del Ejecutivo de Rajoy.
Todavía persiste la disputa sobre el relato de las causas y responsabilidades por el fracaso de un Gobierno de progreso en España y la conformación de cierta frustración en parte del electorado de ambos. El propio Pedro Sánchez, en su entrevista con Évole, periodista de la Sexta, tras su defenestración a primeros de octubre como Secretario General del PSOE, se encargó de dar verosimilitud a la versión de Unidos Podemos y convergencias: los poderosos de dentro y de fuera del PSOE lo vetaron. No se debía a la supuesta intransigencia o sectarismo de la dirección de Podemos, versión machacona de la dirección socialista y los principales medios, sino a la determinación estratégica del núcleo dirigente socialista, con el acuerdo de Ciudadanos, de garantizar el continuismo económico y territorial, neutralizar un cambio real de políticas, aunque fuese limitado, y marginar a Unidos Podemos y sus aliados.
Por tanto, la campaña sectaria desatada contra la dirección de Podemos, especialmente contra su Secretario General, Pablo Iglesias, no estaba justificada y solo tenía un significado destructivo para las fuerzas del cambio, que hizo cierta mella en una pequeña parte de su electorado que se abstuvo en el 26-J.
Tampoco es justa la versión intermedia, supuestamente equilibrada, del reparto por igual de responsabilidades a los dirigentes de ambas formaciones. Sánchez fue honesto en ello al señalar al entramado económico-político y la dependencia del aparato socialista como culpable de ese veto a un Gobierno compartido de progreso. Y habría que añadir la responsabilidad de la propia dirección socialista por su aceptación e impotencia para plegarse a esa estrategia de impedir el cambio político en España y profundizar la división de las fuerzas de progreso, con toda su repercusión para el futuro de España y la Unión Europea.
Es difícil que el Partido Socialista pueda ya desempeñar un papel dirigente en un cambio político e institucional de progreso. Los poderosos y su propio aparato pueden imponer su repliegue representativo y la subordinación a las derechas, en aras de defender los intereses continuistas de los poderes fácticos. Ello aplazaría el desalojo de las derechas y sería fuente de mayor frustración y desafección entre su base social.
Esa posible dinámica supone una responsabilidad especial para las fuerzas del cambio que, de momento, están lejos de conseguir, por sí mismas, los apoyos sociales suficientes para asegurarlo. Para desalojar a las derechas de las grandes instituciones públicas e iniciar un auténtico cambio, sigue siendo imperiosa la colaboración con otras fuerzas políticas de progreso, en especial un renovado Partido Socialista (o parte de él) con el que converger.
El crecimiento de las fuerzas del cambio
Según las tendencias electorales, el PSOE va acentuando su crisis de legitimidad ciudadana. Desde el año 2008 ha perdido a cinco millones de desafectos críticos de su gestión neoliberal y prepotente. Desde el 26-J, según las últimas encuestas, se añaden más de otro millón que irían mayoritariamente a la abstención. A ese segmento progresista y de izquierdas hay que acumular el millón de votantes en el 20-D de Izquierda Unida y Podemos y sus aliados que se abstuvieron. Si consideramos otro millón entre personas abstencionistas, nuevos electores jóvenes y algunos sectores nacionalistas de izquierdas o demócratas centristas hartos de la corrupción, tenemos una suma de unos tres millones de posibles votantes a las fuerzas del cambio de cultura democrático-progresista. El grueso se autoubica en la escala ideológica de izquierda-derecha (entre 1 y 10), en los segmentos 4 (izquierda moderada) y 5 (centro progresista).
Esos sectores recalan hoy, sobre todo, en la abstención. Tienen cierta orfandad representativa. Fundamentalmente, se pueden inclinar y están en disputa entre, por un lado, Unidos Podemos y convergencias y, por otro lado, un nuevo Partido Socialista que pudiera detener su hemorragia y adquirir mayor credibilidad, reto cuyo resultado está por ver. Sin descartar otras posibles vías o intentos de agrupamiento político para representar esa franja intermedia entre ambos bloques o, simplemente, sin capacidad para superar el cierto desapego y la falta de confianza hacia las fuerzas del cambio.
Hoy por hoy, con las actuales variables, ese campo de tres millones de electores, con actitudes progresistas y de izquierda, es el más susceptible de transformación e influencia de las fuerzas del cambio para ensanchar sus apoyos electorales, aspirar a medio plazo (2019-2010), al menos, a unos siete millones de votantes y una media del 30% de representación electoral. Ello les posibilitaría un papel determinante en las principales instituciones territoriales y gubernamentales y, desde una posición unitaria, hegemonizar la dinámica de un cambio de progreso. Aunque todavía el ‘ganar’ deberá ser compartido y negociado con otras fuerzas progresistas, sean del ámbito nacionalista o socialista.
No obstante, esa cristalización electoral y su reflejo en la composición y representatividad institucional, depende del largo camino de los dos próximos años: la experiencia popular en la polarización socioeconómica, la diferenciación cultural frente al conservadurismo y la participación cívica en el conflicto social y político, así como por la adecuación estratégica y la credibilidad de los discursos y liderazgos de las fuerzas progresistas, alternativas y de izquierda.
En definitiva, aparte de la colaboración socialista para la continuidad del Gobierno de Rajoy, en algunos segmentos de la ciudadanía, cuantificados en un tercio, se consolida su consentimiento a esta inercia de estabilidad institucional. Pero la tendencia cívica dominante sigue siendo la del descontento popular por los efectos de la crisis socioeconómica y las políticas de austeridad, la reafirmación en los valores democráticos y de justicia social y el apoyo a una opción de progreso. Por tanto, hay bases sociales suficientes susceptibles de seguir apoyando un proyecto de cambio sustantivo.
La pugna ideológica y cultural es generalizada y continuada y tiene implicaciones políticas. A pesar de la presión política y mediática por la normalización, la persistencia mayoritaria de esa mentalidad crítica y progresiva impide la hegemonía de la dinámica restauradora del entramado de poder económico-político. Su pretensión es el cierre al cambio institucional de progreso, la incorporación plena del Partido Socialista al continuismo estratégico y la neutralización de la dinámica y las fuerzas del cambio. Pero ese plan normalizador no tiene la hegemonía sociopolítica y cultural entre la ciudadanía. La normalización no tiene suficiente consenso social y la tendencia de cambio no se ha consolidado en el ámbito institucional. La pugna continúa.
Antonio Antón. Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
@antonioantonUAM

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

caída y principio del fin del régimen del 78; ¿Quién dice que es anticonstitucional el referéndum catalán?

¿Quién dice que es anticonstitucional el referéndum catalán?

Martí Caussa

Viento Sur

En pocos días han aparecido dos manifiestos de signo opuesto sobre la constitucionalidad del referéndum, los dos firmados por centenares de juristas. Lo cual pone otra vez de manifiesto que no hay una única interpretación posible, sino que es una cuestión eminentemente política.

Esta es una cuestión en la que VIENTO SUR ha insistido en otros artículos. Por ejemplo, en esta entrevista a Javier Pérez Royo: “El gobierno [de Rajoy] se ha obstinado en que esto es un problema jurídico, pero no, esto es un problema político y aquí se está haciendo política. Ellos hacen política a través del Tribunal Constitucional y de la fiscalía. Han decidido que esto es un asunto cerrado: la Constitución es la que es, y a quien dé un paso más allá le envían el Tribunal Constitucional o la fiscalía, y se acabó lo que se daba. Punto. Esta es su estrategia y llevamos así desde la sentencia del 2010 [contra el Estatuto].”

Intentar convertir los problemas políticos en jurídicos no es nada nuevo, como recordaba el profesor Jorge Cagiao en una entrevista: “los diferentes actores, políticos, jueces, profesores de derecho, han manipulado, en el sentido de que han trabajado, la materia jurídica para llevarla a su terreno...Esto no es nuevo. Lo que yo digo lo decía Hans Kelsen hace casi 100 años, cuando decía que hay muchos académicos que no hacen una descripción objetiva del derecho sino política jurídica. Es decir, tratar de influir no en los políticos, porque no lo necesitan, sino en la opinión pública”.

Los dos manifiestos aparecidos esta semana avalan la tesis de que estamos ante una cuestión política.

Un manifiesto, firmado por más de 500 juristas, no sólo afirma que el referéndum es constitucional, sino que “una negativa continuada del Estado legitimaría otras vías para que la ciudadanía de Catalunya expresara cómo quiere decidir su futuro”.

Otro manifiesto, firmado por 200 juristas, no cita explícitamente la palabra referéndum, pero considera que no hay otra vía que la establecida por el Tribunal Constitucional que, como se comentaba antes, es una de los principales obstáculos para permitir un referéndum: “Cuestionar los fundamentos del Estado de Derecho, despreciando los órganos encargados de aplicar las leyes, mediante sus resoluciones de carácter jurisdiccional así como aquellas del máximo intérprete de la Constitución, no es en ningún caso una opción lícita ni legítima”.

Pero si se acepta que el referéndum es una cuestión política, la única alternativa democrática es resolverlo políticamente. Insistir en la vía judicial, como hacen el gobierno del PP y la mayoría del Parlamento, llevará inevitablemente a la represión contra la mayoría del pueblo de Catalunya. La vía pactada necesitaría de un gobierno y un Parlamento con voluntad política de negociarlo. En ausencia de ello las alternativas para las fuerzas soberanistas son sumisión o hacer el referéndum desde la legalidad catalana y aceptar el choque con la legalidad española.

Esta semana se ha dado un paso más en esta dirección.

Por un lado se ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo condenando a Francesc Homs a un año y un mes de inhabilitación por organizar la consulta del 9N, que se añade a las que condenaron a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el mismo motivo. La consecuencia ha sido aumentar la indignación en la opinión soberanista. Para muestra lo que escribe Antoni Bassas en el diario Ara: “sentencias como la de ayer contra un cargo electo que puso unas urnas sin valor vinculante son humillantes. Porque el 9N fue un día honorable y porque nosotros no participamos en ningún delito. Nosotros no somos delincuentes. Somos un país”.

Por otro lado el Parlament aprobó una partida de los presupuestos destinada a la organización del referéndum, sabiendo que esto implica ignorar las advertencias del Tribunal Constitucional, que se presentará un nuevo recurso ante el mismo y que las consecuencias serán, con toda probabilidad, nuevas condenas.

Ante este incremento de las tensiones sigue habiendo voces que, en público y en privado, pronostican que en el último momento el gobierno de Junts pel Sí se echará para atrás y en lugar del referéndum convocará nuevas elecciones. A estos pronósticos se refería Vicent Partal en un editorial de VilaWeb: “… si la insinuación pretende que, en realidad, la mayoría independentista no quiere convocar el referéndum y que, sin necesidad de presión exterior, no se votará, entonces creo que quien dice esto tiene un desconocimiento profundo de la realidad política del país y, todavía más, de la realidad social. Puede ocurrir que hagamos el referéndum. Puedo admitir la probabilidad de que el estado español encuentre una manera violenta de impedirlo. Pero lo que creo absolutamente imposible es que esta mayoría parlamentaria y este gobierno, voluntariamente, no hagan el referéndum. No por las amenazas de la CUP. Simplemente porque la ola de indignación popular que se levantaría si esto ocurriera acabaría de un plumazo con toda la generación de políticos independentistas que ahora están en el parlamento y el gobierno. Y todos ellos lo saben.”

Hay razones para pensar que, años atrás, Artur Mas decidió cabalgar el tigre del independentismo para obtener réditos electorales y acabar domándolo; pero si ahora Puigdemont y el PDECat decidieran descabalgar, lo más probable es que acabaran devorados; y tienen inteligencia política para no hacerlo. En el otro lado, Rajoy pudo pensar que el látigo del Tribunal Constitucional domaría el tigre independentista, pero el resultado es que lo esta enardeciendo; y no tiene la inteligencia política de admitirlo; por eso piensa en armas represivas cada vez más potentes. Quizá consiga matar el tigre o debilitarlo muy seriamente. O quizá no. 

Quizá el desenlace sea su caída y el principio del fin del régimen del 78. En uno y otro caso las consecuencias serán muy importantes, para Catalunya y para el conjunto del estado español.

Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article12388#sthash.N3OOJoBL.dpuf 

corrupción bancaria: Nueve sindicatos suman fuerzas contra los despidos y el acoso laboral en el BBVA

El banco logró unos beneficios de 3.475 millones de euros en 2016

Nueve sindicatos suman fuerzas contra los despidos y el acoso laboral en el BBVA

Enric Llopis

Rebelión

En su página Web el BBVA alerta a las pequeñas y medianas empresas que operen con el banco sobre los despidos “mal gestionados”. Señala errores como no guardar las formas, basarse en hechos no probados, tomarse la rescisión del contrato como algo personal, presionar al trabajador que abandona la empresa con “malas artes”, el uso de una enfermedad como excusa, no respetar a los asesores legales y no informar primero al trabajador. Es la ética de los negocios. El 23 de marzo nueve sindicatos –Comisiones Obreras, UGT, CGT, ACB, CIC, ELA, LAB, SCAT y SEC- convocaron concentraciones ante las siete delegaciones territoriales de la entidad financiera, con la consigna “No más despidos. No hay razones”. Denuncian hasta 50 despidos –en forma de “goteo”- en los últimos meses, por lo que el banco considera “baja productividad, intencionada y voluntaria”. Señalan asimismo estrategias de presión y amedrentamiento, mientras se allana el camino a la banca digital.En octubre de 2016 el consejero delegado del BBVA, Carlos Torres Vila, quien percibió ese año una suma de 4,4 millones de euros (un 16% más que en 2015) marcó la senda. Recordó que el banco había clausurado 436 oficinas en Cataluña, a lo que se agregaría otro centenar en el estado español. Además, con jerga alambicada anunció recortes de plantilla: la “salida” de unas 2.000 personas de la “Actividad Bancaria España” del BBVA (entidad en la que trabajan más de 27.000 empleados), de las que 1.556 corresponden a un “plan de eficiencia” tras la compra de Catalunya Caixa en abril de 2015. Es lo que Torres Vila denominó “prioridad estratégica en el control de costes”. El BBVA logró en 2016 unos beneficios netos de 3.475 millones de euros, un 31,5% superiores a los de 2015. Los ingresos del presidente de la entidad, Francisco González, ascendieron a 4,9 millones de euros, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En las sedes centrales del banco en Madrid, Bilbao, A Coruña, Terrassa, Sevilla, Las Palmas y Valencia se desplegaron ayer acciones reivindicativas. LMJ, de 47 años, trabaja de gestor comercial en una sucursal del BBVA en la provincia de Valencia. Lleva 17 años en la entidad. Además de manifestarse contra los despidos, “la plantilla está atemorizada porque los objetivos son inalcanzables; y por los objetivos nos miden, es la carta de presentación de los comerciales”, afirma. Por ejemplo el banco fomenta actualmente las plataformas digitales y las quiere “para ya”, sin apenas maduración, de manera que los clientes adquieran el máximo de productos financieros mediante las nuevas herramientas. Si a las 14,30 horas (cuando el banco cierra las puertas al público), LMJ no ha vendido seguros, fondos de inversión o cuentas de ahorro, es como si no hubiera trabajado ese día. Así piensa su jefe, el director de sucursal. Otra cuestión son las horas extraordinarias no remuneradas, muy habituales en el sector. LMJ trabaja dos tardes a la semana sin que debiera hacerlo, “y soy de los que menos se queda”.
Cuatro sindicatos –Comisiones Obreras, CGT, UGT y ACB- consensuaron una intervención en la junta general de accionistas celebrada el pasado 17 de marzo. Destacaron la magnitud del tajo en las plantillas: entre enero y septiembre de 2016, cerca de 120 despidos. Uno de los hitos podría marcarse en junio, cuando –“para amedrentar y ejemplarizar”, critican los sindicatos- se procedió al despido de 14 empleados (dos de cada dirección territorial); a finales del pasado año la lista se amplió con otros 28 despedidos en los Servicios Centrales de Madrid. Y después ocho más entre Madrid, Barcelona, Andalucía y Navarra. Es lo que los sindicalistas denominan la estrategia del “goteo”. Como fórmula para presionar y extender el miedo, el banco utiliza un extranjerismo: el “engagement” o rankings de productividad, en los que según los sindicatos podrían figurar unos 600 trabajadores. El diseño de las listas corre a cargo del departamento de Talento & Cultura (nombre con el BBVA designa a la sección de Recursos Humanos), con la colaboración de los directores de zona y de CBC (directores de cabecera de oficina).
El banco afirma que el “engagement” tiene como fin motivar a los empleados y recuperar talentos, en síntesis, una herramienta de mejora y oportunidad para el cambio. Pero se trata, según las denuncias sindicales, de listados para controlar el trabajo por objetivos, de un “arma malévola” para atemorizar a los trabajadores con el despido. Aunque en realidad, los despedidos que figuraban en estas listas tampoco eran los últimos del ranking, sino que se situaban, en palabras de la empresa, “por debajo de la media” en los índices de productividad. En la junta de accionistas los sindicatos informaron de lo ocurrido en algunas sucursales catalanas, visitadas por gestores del departamento de Talento & Cultura para señalar a algunos empleados porque supuestamente “no encajaban” en la entidad; y para decirles que el banco no contaba con ellos, de manera que se les planteaba la siguiente disyuntiva: la excedencia o el despido. Pusieron otra nota crítica a la máxima reunión de accionistas los portavoces de la campaña “Banca Armada”, quienes airearon la relación del BBVA con empresas del entramado militar como el grupo Airbus y Finmeccanica; además de los 2.700 millones de euros invertidos por el banco durante 2016 en el sector.
En la movilización convocada en Valencia han participado un centenar de trabajadores y delegados sindicales. FSJ, de 45 años y con 14 de antigüedad en el BBVA, vende seguros, préstamos y fondos de inversión, entre otros productos. “Cuesta mucho, estamos algo demonizados por los efectos de la crisis, pero creo que tampoco habría que generalizar”. Como gestor comercial de una sucursal de Valencia, atiende clientes sin pausa y asume tareas administrativas entre las 8 y las 3, periodo en que debería realizar las ventas diarias. No llega a todo, reconoce, y además tiene que pechar con las presiones del director de sucursal y de CBC. Además, FSJ es otro de los empleados que se ve obligado a ampliar la jornada laboral. ¿Cómo se convive diariamente con el “engagement” en la oficina? “Supone trabajar con la ‘espada de damocles’ del despido, que puede llegar si el empleado no mejora la ficha de resultados y ventas”, explica. El trabajador pone un ejemplo del mecanismo coactivo: “En las listas han incluido a gente que cumplía con los objetivos de la empresa, y sólo porque rechazaban una ampliación de la jornada”. Julio Ros, delegado sindical de Comisiones Obreras en el BBVA, resalta que el estrés y las crisis de ansiedad se ceban especialmente con la red de comerciales. Destaca además el efecto negativo que la doble jornada forzosa tiene sobre las mujeres.
Algunos testimonios permiten echar la vista atrás y comprender la evolución de la entidad financiera. Pilar García, de 56 años, se prejubiló hace seis. Laboró durante 32 años en diferentes departamentos del banco. Como delegada sindical de CGT en el BBVA sufrió acoso por parte de la dirección, lo que se tradujo en un traslado de oficina y zona. Además la relegaron a las funciones de cajera, por debajo de su cualificación. “Hace quince años había más solidaridad, compañerismo y los trabajadores se afiliaban en mayor número a los sindicatos; a partir de los años 90 se precarizaron cada vez más las condiciones laborales: los convenios hoy no tienen la misma fuerza, una parte de las condiciones las pacta el banco con cada trabajador; y te tienen pillado”.
Ilustra el argumento con una experiencia que vivió en Madrid, en la agencia bancaria donde trabajaba en 1980. La empresa tenía en el punto de mira a un empleado, al que pensaba despedir; sin importar razones, los compañeros se plantaron en la sección de Recursos Humanos; la empresa les llamó después, uno por uno, y todos se ratificaron en su posición. “Finalmente no despidieron al compañero; hoy en cambio el individualismo y la precariedad hacen que la gente mire para otro lado”, explica la sindicalista. Después de concebir a su segunda hija, el banco ofreció a Pilar García un contrato de jornada a tiempo parcial. “Me negué y ahí empezaron las represalias”, señala cuando termina la concentración frente a la Territorial valenciana del BBVA. La experiencia le llevó a dar un paso al frente, como delegada sindical. Otro veterano, Vicent Soler, trabajó durante 28 años –hasta 2003- en la entidad financiera y fue el primer delegado de CGT en el BBVA de Valencia. “Entonces no veíamos tanto los suelos de los directivos y sus planes dorados de pensiones”. “Hoy son la otra cara de la precariedad”, remata.

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