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domingo, 27 de diciembre de 2015
El club de los macabros: la necesidad de ruptura con la Unión Europea
Para el autor, después de lo acontecido en Grecia, el camino hacia unos Estados Unidos de Europa sociales y democráticos pasa por el Brexit (la salida británica) y el derrocamiento de la tiranía postdemocrática que representa la Unión Europea.
El ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, con el entonces ministro de finanzas griego, Yanis Varoufakis. Schäuble dijo a los griegos que “las elecciones no cambian nada”.
Hay votantes progresistas de mentalidad internacionalista que consideran que, a pesar de sus defectos, la Unión Europea es una fuerza para el bien. Sin embargo, después de la debacle griega, la idea de la salida británica de la Unión Europea –conocida también como Brexit– está en primera línea de la agenda y no habrá manera de convencer a estos votantes de que permanezcan en este club de macabros.
O así parecía. Algunos comentaristas destacados de la izquierda como George Monbiot y Owen Jones han dicho que el trato dado a Grecia y la imposición de un 'nuevo Tratado de Versalles' –que es como el célebre motorista y exministro de finanzas griego, Yanis Varoufakis, describe el tercer rescate– pueden ser la gota que colme el vaso. Pero otras personas como la parlamentaria del Partido Verde, Caroline Lucas, se han dado prisa para combatir este euroescepticismo de izquierdas, alegando que el problema reside en los Gobiernos nacionales que forman la Unión Europea y que si los votantes eligieran a partidos más progresistas, la situación sería distinta, o que hay diferencia entre la infame eurozona que ata las economías periféricas de Europa al potro de tortura y la encomiable Unión Europea que tiene fuertes reglamentaciones ambientales y protege los derechos humanos.
"Es fácil responsabilizar a la Unión Europea cuando la economía de libre mercado pisotea los Estados de bienestar de nuestro continente, pero son los Gobiernos como el nuestro los que han permitido que la Unión Europea sea sinónimo de más liberalización, desregulación y privatización", escribe Lucas en The Guardian. "La izquierda perdió las últimas elecciones en Gran Bretaña, entregando a los Tories un asiento en la mesa presidencial de Europa. Quizá deberíamos reflexionar sobre nuestras propias deficiencias con el fin de inspirar esperanza y unidad en vez de atacar a la Unión Europea".
Estructuras que ni se eligen ni son democráticas
Este parece ser el argumento de los partidos de centroizquierda antes del referéndum: la Unión Europea es el reflejo de las políticas nacionales; el problema es la eurozona. Pero las cosas son al revés. Los problemas de la eurozona son el resultado de una subyacente estructura no democrática. Una moneda única en una Europa auténticamente democrática que transfiere dinero de las regiones ricas a las pobres no causaría desequilibrios fiscales. Centrarse sólo en la eurozona confunde el síntoma con la causa.
Las estructuras postdemocráticas que gobiernan la eurozona son las mismas que prevalecen en toda la Unión Europea. La Comisión Europea no se elige. Los miembros del Consejo de Ministros y su encarnación al máximo nivel, el Consejo Europeo, sólo se eligen indirectamente y las leyes son elaboradas en secreto en el transcurso de sesiones en las que no se permite la entrada ni a la prensa ni al público. Los legisladores habituales del Consejo no son ni siquiera ministros nacionales, sino diplomáticos trileros del Comité de Representantes Permanentes (COREPER) y de las docenas de subcomités y grupos de trabajo que deliberan, también en secreto, fuera del escrutinio de los electores.
Los comités parlamentarios de otras tierras funcionan habitualmente a la luz pública, con la rara excepción de aquellos organismos que supervisan los diversos departamentos dedicados al espionaje, a la vigilancia y a la estrategia en caso de guerra. En otras palabras, el hecho de gobernar de manera encubierta que se ha reservado históricamente para la supervisión de espías, asesinos, adquisición de armas, bioseguridad y tratados con Estados enemigos es ahora la norma cotidiana cuando se elaboran las leyes que tienen que ver con las subvenciones agrícolas, la regulación de la industria y las finanzas y, sobre todo, los mercados laborales y los programas sociales.
El presidente del Consejo Europeo –llamado a menudo el presidente europeo– tampoco se elige; se le escoge más bien, cual papa secular, tras puertas cerradas después de horas de tira y afloja entre jefes de Estado y Gobierno. La única institución elegida directamente de la fábrica de salchichas legislativa que es la Unión Europea –el Parlamento Europeo– no tiene derecho de iniciativa legislativa; es decir, no puede proponer ni aprobar leyes. Sólo puede enmendar lo que la Comisión y el Consejo le envíen para su conformidad. Estos poderes son importantes y los grupos de presión corporativos y de las ONG sienten tanta atracción por los escaños mellizos de Bruselas y Estrasburgo como por el Congreso estadounidense en Washington, pero al estar castrado de esta manera, el Parlamento no se parece a ningún otro parlamento del mundo democrático. Los parlamentarios europeos no son representantes de un pueblo europeo soberano, sino los recogepedos de los altos funcionarios de la tecnocracia de la Unión Europea.
Si los votantes discrepan de las políticas de este ‘Gobierno’ europeo, no hay manera de revocarlo, ninguna elección general para ‘botar a los bastardos’. Pero si el Gobierno europeo no está de acuerdo con las preferencias de los votantes, acosan de forma sistemática a los líderes nacionales para que anulen los resultados de las elecciones, los referendos o los plebiscitos que no le plazcan. A los votantes irlandeses se les dijo que tenían que votar de nuevo después de rechazar los Tratados de Niza y Lisboa. El propio Tratado de Lisboa es la Constitución Europea con otro nombre, después de que los votantes franceses y holandeses la rechazaran en 2005.
"Las elecciones no cambian nada"
De la misma manera, la campaña para sacar la política fiscal –de hecho cualquier política– de la esfera de un auténtico debate parlamentario y colocarla en manos de los supuestos 'expertos' económicos, burócratas, diplomáticos y jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es común a todas las estructuras de la Unión Europea, no sólo a la eurozona. Los 28 Estados miembros –no sólo de la eurozona– están sujetos al pacto de estabilidad y crecimiento neoliberal. Y desde la crisis de la eurozona, toda la Unión Europea –no sólo los Estados acogidos a la moneda única– ha buscado y conseguido una mayor integración en la política fiscal.
Bajo el sistema del Semestre Europeo en el que la Unión Europea revisa las políticas fiscales nacionales, todos los Estados miembros deben someter sus planes económicos a Bruselas, no sólo los Estados de la eurozona. Hay reglas ligeramente distintas para los países que no utilizan el euro, pero éstas son más bien cosméticas. Asimismo, el endurecimiento de las reglas económicas que se impuso al amparo del pacto fiscal en 2012 –con una supervisión y multas más estrictas– se aplica a todos los Estados que no utilizan el euro, salvo a tres. La eurozona goza también de otras dos muestras de corrupción antidemocrática: los lores monetarios no elegidos del Banco Central Europeo y el Eurogrupo, un organismo que no tiene estatus jurídico, pero que se encuentra entre las entidades más poderosas del sistema europeo.
La verdad es que no deberíamos hablar de la Unión Europea y la eurozona como entidades distintas, sino solapadas; es decir, de una Unión Europea con una integración fiscal y monetaria extrademocrática. Hay cuatro categorías distintas del pacto fiscal europeo: los miembros de la eurozona, los que no son miembros de la eurozona, los que tampoco lo son pero están sujetos a las disposiciones fiscales pero no a las de coordinación económica y los que no son miembros de la eurozona ni están sujetos a las disposiciones fiscales y de coordinación económica. Los tres miembros que se encuentran fuera del pacto se unirán en algún momento futuro y se les presiona para que lo hagan cuanto antes.
No se trata sólo de malas políticas que se podrían cambiar en el futuro; son tratados e instrumentos con carácter de tratado que transforman las mismas estructuras del Estado europeo, de tal manera que el neoliberalismo sólo puede intensificarse. Esto se debe a que los contratos entre Estados están por encima de la democracia bajo el principio jurídico Pacta sunt servanda; es decir, hay que cumplir los acuerdos. “Cada nuevo Gobierno debe cumplir los acuerdos contractuales de sus predecesores”, como dijo el ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, después de la victoria electoral de Syriza en enero. "Las elecciones no cambian nada". El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo al mismo tiempo "no cabe elección democrática en contra de los tratados europeos".
En otros lugares se señala al Consejo de Ministros o al Consejo Europeo como supuesta prueba de mandato democrático porque al menos los ministros, primeros ministros o presidentes se eligen en sus propios países. De hecho, no faltan los apologistas que perdonan a personajes como Angela Merkel y Wolfgang Schäuble bajo el argumento de que la democracia griega no puede quedar por encima de la democracia alemana. Pero el problema es precisamente el Consejo. Funciona como una cámara legislativa, parecido a un senado, pero no hay elecciones a este organismo. Es como si pudieras votar a tu diputado local, pero no se celebraran nunca elecciones generales.
¿Pero por qué representa esto un problema tan grande y por qué tiene consecuencias tan poco democráticas? Las elecciones generales –no locales o parciales para cubrir una vacante– son el requisito imprescindible de una democracia, por dos razones. En primer lugar porque los votantes necesitan con regularidad la oportunidad de 'derrocar' a sus gobernantes, no sólo a su representante local. En unas elecciones generales, si el candidato local ganador no es miembro del partido o coalición de partidos que gana en todo el país, los votantes locales podrán quejarse, pero aceptan la voluntad mayoritaria y tendrán que convencer a sus conciudadanos en los siguientes cinco años de que no tenían razón. Esto no es posible en la Unión Europea. En cambio, a los elegidos no les queda más remedio que adaptarse al consenso preestablecido.
En segundo lugar, los partidos que pretenden gobernar necesitan albergar cierto interés por apelar a todo el país o en este caso, a toda la Unión. Esto contrasta con los candidatos en los Estados Unidos donde los dos partidos apelan a los votantes de todos los Estados. Es decir, los mandatarios alemanes del Consejo no apelan a los votantes griegos. No les importa a los políticos alemanes lo que ocurre en Grecia porque los griegos no les votan.
Legitimidad secundaria
Estos fenómenos son las dos caras de la misma moneda: la rendición de cuentas, que es la base de un Gobierno representativo. La rendición de cuentas no es un 'asunto burgués', ni el objeto de fascinación de constitucionalistas liberales y de escaso interés para progresistas o radicales. A medida que las estructuras de gobernanza se van liberando gradualmente de las restricciones democráticas, son más vulnerables a la captación por parte de las élites. Sin los controles populares sobre el poder, los ciudadanos empiezan a sentir que no hay forma de cambiar a quien los gobierna que no sea mediante la revolución. Y no les falta razón.
Incluso Pascal Lamy, exjefe de la Organización Mundial del Comercio y excomisario europeo de Comercio, reconoce este problema, no sólo en la Unión Europea, sino en todas las estructuras de gobernanza transnacionales que han surgido en las últimas décadas. Observa una diferencia entre la legitimidad democrática primaria de las elecciones legislativas y la ‘legitimidad secundaria’ de estos nuevos organismos. "La legitimidad de las organizaciones internacionales sigue siendo intrínsecamente westfaliana. Se basa en la democracia del Estado y sólo prevé lo que llamo 'legitimidad secundaria' en oposición a la 'legitimidad primaria' conferida a la participación directa de los ciudadanos. El reto específico de legitimidad en la gobernanza global trata de la toma de decisiones a nivel internacional, percibida como distante, sin rendición de cuentas e incuestionable directamente".
Junto con la concepción de Lamy de la legitimidad secundaria, podemos añadir la del sociólogo polaco Zygmunt Bauman de una 'crisis de voluntad' en las relaciones internacionales para describir el actual callejón sin salida: "El matrimonio entre el poder y la política que se firmó en Westfalia ha quedado sin efecto. Mientras la política (la capacidad de decidir qué cosas deberían hacerse) se limita al Estado nación, el poder (la capacidad de que se hagan las cosas) se ha trasladado al ámbito supranacional. La consecuencia es una crisis de voluntad: los Estados están enredados internacionalmente y pierden su soberanía, mientras los mercados globales no se dejan ni aconsejar ni supervisar. Reducir la brecha entre el ámbito de la interdependencia y el alcance de las instituciones llamadas a servirla es el mayor desafío de nuestros tiemposf".
Este tipo de estructuras internacionales de gobernanza postdemocráticas proliferan hoy como malas hierbas en casi todos los campos de la política: desde el FMI, el Consejo de Seguridad de la ONU y el G7 a la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la plataforma intergubernamental sobre la biodiversidad, los servicios del ecosistema e incluso la comisión ballenera internacional. Vivimos la construcción de una arquitectura de gobernanza global –sin duda necesaria teniendo en cuenta los problemas globales a los que nos enfrentamos– pero exenta de una democracia global.
Pero la Unión Europea es el organismo más desarrollado de todos los que padecen la legitimidad secundaria y por tanto merece mayor escrutinio. Y como hemos visto, la Unión Europea y no sólo la eurozona es una afrenta a las normas parlamentarias democráticas que la izquierda ha luchado por conseguir, defender y mejorar desde hace más de dos siglos. Sus estructuras no son reformables; de hecho, se vacunan contra las reformas progresistas.
Un enemigo común
La ruptura es por lo tanto necesaria. En el caso de Grecia, se llama Grexit y en el del Reino Unido, Brexit.
Sin embargo, las personas progresistas están algo confusas. En tiempos de crecimiento, los Gobiernos socialdemócratas distribuyen los despojos con más justicia que la derecha. En tiempos de crisis o estancamiento, es el dolor lo que distribuyen más justamente. Los partidos socialdemócratas nunca preguntan por qué hay crisis o estancamiento, ya que esto requeriría una crítica sistémica y extranacional, una crítica considerada inaceptable desde hace 25 años. Pero al mismo tiempo comprenden que no pueden cumplir su promesa histórica.
En una economía globalizada, la socialdemocracia de los años cuarenta a setenta ya no es posible, incluso en las grandes economías. La fuga de capitales y el sabotaje económico domarán rápidamente a un Gobierno de izquierdas. Sabemos esto desde principios de los años ochenta y la derrota del Programa Común de Mitterand, el último aliento del auténtico keynesianismo de la posguerra; es decir, una balsa de grandes obras públicas, un aumento importante de los gastos sociales, nacionalizaciones industriales y de la banca, reducción de la jornada laboral, ampliación de las vacaciones pagadas, jubilación a los 60 años y un impuesto solidario sobre el patrimonio. En las grandes economías como los Estados Unidos, China o Europa, un programa socialdemócrata tradicional podría todavía ser viable, capaz de resistir las hondas y flechas de los mercados globales, pero no lo sabemos con seguridad.
Grecia es la prueba de que en una economía globalizada, incluso los Gobiernos a la izquierda de la socialdemocracia como Syriza, deben capitular. Esta barrera infranqueable existe también para la izquierda extraparlamentaria; la acción comunitaria solidaria es necesaria, pero la práctica de la calle tiene claras limitaciones, por ejemplo, cuando no se puede comprar medicinas fabricadas en otro lugar. Para Grecia, imaginar que fuera de la eurozona los mercados podrían ser más amistosos que las estructuras de la Unión Europea es una quimera. La catástrofe está asegurada, sea dentro o fuera del euro o de la Unión Europea. El exministro de finanzas griego, Yanis Varoufakis, tenía toda la razón cuando avisaba de los peligros de Grexit, aun reconociendo que hasta cierto punto puede ser la única opción que queda.
¿Cómo, entonces, son reconciliables estos dos hechos: que la política nacional sea impotente y la necesaria ruptura con la irreformable Unión Europea? La respuesta es que la política nacional ya no es útil, incluso bajo la forma de un Syriza o sus homólogos en otras partes de Europa y que en el medio plazo los partidos europeos a la izquierda de la socialdemocracia tanto dentro como fuera de la Unión Europea deben fundirse en un único partido extranacional con un programa común: los Estados Unidos de Europa sociales y democráticos, reconstruidos de nuevo y desde abajo.
No existe foro parlamentario que pueda conseguir esto. El Parlamento Europeo, como hemos comentado, no tiene poderes de iniciativa legislativa. La falta de elecciones generales al Consejo descarta a este organismo como espacio de reforma. Sólo se conseguirá mediante una decisiva victoria paneuropea de las fuerzas sociales.
Y es aquí donde reside la esperanza en medio de la desesperación por la capitulación de Syriza: en las últimas semanas hemos visto la proliferación paneuropea de acciones de base comunitaria en solidaridad con la Grecia acosada y apaleada, incluso en Alemania. Han tenido lugar concentraciones, protestas y acciones directas populares de base en todo el continente, incluyendo la descarada proyección nocturna de la palabra 'No', Oxi, en el lateral del ministerio de finanzas alemán.
Éste es el germen de una nueva Europa. Somos testigos de la emergencia de una verdadera demos europea en el que millones de ciudadanos de la Unión Europea reconocen que tienen un enemigo común: las élites financieras y políticas de la Unión Europea. Si tales acciones pudieran avanzar desde las manifestaciones y protestas a acciones industriales transfronterizas en sectores clave y en nódulos críticos de la producción europea, puertos de energía y distribución, refinerías y aeropuertos, entonces quizás podamos empezar a imponer nuestra voluntad sobre las personas que actualmente nos obligan a someternos con tanta facilidad.
No hay otra alternativa que crear una izquierda internacional.
sábado, 26 de diciembre de 2015
Catalunya i el mon
Catalunya pot tombar la economia europea i americana si s'ho proposa, només se necessita el NO de la UE a ser membre de ple dret.
Estar fora de la UE portarà a la unió a la seva destrucció i acompanyada de la desaparició del euro.
La por de les multinacionals i, de les empreses bancaries i de crèdit estan molt preocupades, no en và, cargades de mòlta raó
Espanya es pot trencar a troços i no pagar el deute. Sense Catalunya, Espanya no podrà pagar ni pensions, ni inversions, i encara pitjor, entre regions autonòmiques hauràn lluites internes entre les que aporten i les que reben, quelcom passarà igual al interior de la UE. Aquesta situació comportarà una nova distribució de la riquesa entre estats i regions, recordem que 4 son les que aguanten launitat dels països i del tractat del mercat únic.
Aquestes regions si se separen dels seus països trencaran en les regles de joc que manen ara a Europa i mermarie el poder d' Alemania a Europa. Aguantaria Alemania ser relegada a una segona divisió? la resposta es NO. El països nous que se formin de la escissió formaran una UE paralela a la actual.
Hi ha una solució: Canviar les regles del tractar i desaparèixer i campi qui pugui o fer una nova UE per els pobles i no per les empresses.
Dels europeus depèn que el poder empresarial no pasi per sobre del poder del poble.
Estar fora de la UE portarà a la unió a la seva destrucció i acompanyada de la desaparició del euro.
La por de les multinacionals i, de les empreses bancaries i de crèdit estan molt preocupades, no en và, cargades de mòlta raó
Espanya es pot trencar a troços i no pagar el deute. Sense Catalunya, Espanya no podrà pagar ni pensions, ni inversions, i encara pitjor, entre regions autonòmiques hauràn lluites internes entre les que aporten i les que reben, quelcom passarà igual al interior de la UE. Aquesta situació comportarà una nova distribució de la riquesa entre estats i regions, recordem que 4 son les que aguanten launitat dels països i del tractat del mercat únic.
Aquestes regions si se separen dels seus països trencaran en les regles de joc que manen ara a Europa i mermarie el poder d' Alemania a Europa. Aguantaria Alemania ser relegada a una segona divisió? la resposta es NO. El països nous que se formin de la escissió formaran una UE paralela a la actual.
Hi ha una solució: Canviar les regles del tractar i desaparèixer i campi qui pugui o fer una nova UE per els pobles i no per les empresses.
Dels europeus depèn que el poder empresarial no pasi per sobre del poder del poble.
Peligra el shale en Estados Unidos con un petróleo en caída libre
La tendencia a la baja
del petróleo a nivel mundial es un escenario que ya cumple un año y medio. El
barril que en julio de 2014 costaba alrededor de 110 dólares, 16 meses después
el mismo barril cotiza a 36 dólares en las
bolsas de Nueva York y Londres. Es decir, casi un 70% menos. Estados Unidos, un
país que desde hace una década viene aumentando sistemáticamente su producción
por motivo del “boom del shale”, atraviesa hoy un cuello de botella cada vez más
angosto. Tiene capacidad para seguir aumentando su producción de hidrocarburos
pero el barril entre los 30 y 40 dólares no le es rentable.
El shale oil y el shale gas se extrae
mediante una técnica no convencional llamada “fracking” que se utiliza hace una década aproximadamente. Se trata de la
extracción de hidrocarburos con pozos que pueden ser horizontales y verticales,
pero el proceso es mediante una fuerte presión de agua y químicos que fracturan
la piedra que contiene burbujas de hidrocarburos. Esto en el mercado petrolero
es tan novedoso como caro resulta producirlo ya que requiere de equipos mucho
más sofisticados que los de extracción convencional.
Según la Administración
de Información de Energía de EE.UU. (EIA), el país norteamericano se convirtió
en 2015 en el principal productor mundial de hidrocarburos (desplazando a
Arabia Saudita) y esto es porque el fracking está muy avanzado en los campos petroleros
de Dakota del Norte, Pensilvania y Texas, entre otros estados. En poco tiempo
EE.UU. redujo más del 35% sus importaciones de energía, que según analistas
internacionales esto le permitió repuntar su economía tras la crisis de 2008/9.
A partir de este “boom
del shale”, a las empresas petroleras tradicionales de EE.UU. (Exxon, Chevron, etc.) se le sumaron
distintos capitales que se dedicaban a otra actividad para producir petróleo.
Pero como fue un proceso que demandó en su inicio muchos dólares, estos
capitales llegaron a la actividad
petrolera mediante un fuerte endeudamiento para sostener la cara, sofisticada y
muy tentadora extracción del shale.
En un principio estos
capitales se vieron favorecidos y fueron los protagonistas del “boom”. Con un
barril a 110 dólares a nivel internacional el shale es muy rentable. Esto es lo
que estuvo sucediendo hasta julio de 2014. Luego el barril comenzó una fuerte
caída que continúa hasta hoy.
Según estimaciones de entidades financieras del propio
país, como Morgan Stanley, el fracking en EE.UU. necesita un valor para ser
rentable de 60 a 70 dólares. Hoy el barril esta en 37 dólares y la tendencia es
que continua así en 2016.
Excluyendo
cuestiones geopolíticas, esta baja en el precio del petróleo se da, principalmente,
por la abundancia que produjo el mismo EE.UU. que inyectó millones de barriles
al mercado y generó un fuerte aumento en la oferta. A esto hay que sumarle una
desaceleración de la demanda de China, que frenó su economía pasando de un
crecimiento de dos dígitos a preveer un crecimiento en 2016 de 6,3% según el
FMI, su peor marca en 25 años. Al mismo tiempo, los países exportadores de
petróleo agrupados en la OPEP, que bombea un tercio del
petróleo mundial, vienen manteniendo la decisión de no reducir su producción
para no perder cuota en el mercado.
Estos tres factores
(superoferta de EE.UU., desaceleración de China y Europa y misma producción de
la OPEP) impulsaron el precio del barril a la baja hasta los 35 dólares en
estos últimos días, alcanzando mínimos de 2009 en el caso del crudo tipo WTI
(West Texas Intermediate) en Nueva York y mínimos desde 2004 en el caso
del crudo tipo Brent, que es referencia para el mercado europeo.
El efecto en Estado Unidos es que varias compañías
petroleras que se endeudaron para acceder a la producción del shale están
cerrando o en crisis porque no logran afrontar sus deudas con un barril tan
barato. Los casos más resonantes son los de las empresas Pro-Stim Services y
Samson Resources, pero hay muchos más.
Se calcula que hay más
de 50 empresas como estas que no pueden afrontar sus deudas del shale con un
barril a 35 dólares. En la
lista de estas petroleras están The Williams, SandRige Energy, Swift Energy,
Energy XXI, Energy Transfer, Goodrich Petroleum, Hercules Offshore, Seventy
Seven Energy y Halcon Resourcers, entre otras.
La calificadora
Standard & Poor's calcula que tres de cada cinco compañías de EE.UU. que no logran cumplir con sus
deudas vienen del sector energético: esta es la foto del cuello de
botella en el que entró el denominado 'boom del shale' de Estados Unidos. De
este modo, sobrevivirán las empresas que tengan mayor respaldo y liquidez para afrontar
las deudas; las que no, engrosarán el número de empresas que no superaron ese
auge.
El principal problema
que tienen estas empresas es que hoy el mundo (y principalmente EE.UU.) produce
más petróleo y gas del que se necesita. La demanda mundial no da señales de que
repunte y el cuello de botella amenaza cada vez más al shale de Estados Unidos.
La incógnita que queda es cuánto mas aguantará Estados Unidos un barril barato.
Etiquetes de comentaris:
multinacionals
Catalunya: esa línea roja
Tras los resultados electorales del pasado 20D, se ha
iniciado de modo febril el juego de las alianzas para formar un gobierno capaz
de conducir este país durante los próximos cuatro años.
Cuando en la legítima y necesaria confrontación política se levantan
banderas y suenan tambores e himnos, acaban tronando los cañones. O las
bofetadas.
El primero en iniciar, con inusual prontitud, este
proceso ha sido Mariano Rajoy, convocando a los líderes de los tres
partidos con mayor representación parlamentaria, iniciando el desfile hacia la
Moncloa Pedro Sánchez y anunciándose para el próximo lunes la
visita de Albert Rivera y Pablo Iglesias.
Tras un sosegado pero inconfundible no de Pedro
Sánchez a las propuestas o insinuaciones de Rajoy, el líder del PSOE ha
anunciado su disposición a iniciar un nuevo intento, dada su condición de
diputado que cuenta con mayor número de escaños, tras el PP.
Es triste percibir, fuera de las negociaciones
internas entre los representantes políticos, como los términos de los acuerdos
o desacuerdos (no les llamemos pactos) se centran en una mediocre contabilidad
de diputados, sin tener en cuenta los votos que los respaldan y legitiman, ni
las circunscripciones en las que han sido elegidos. Tema este de gran
importancia. Una pobre aritmética, mezclada con ofertas de puestos a cambio de
votos. Poco trasciende sobre los contenidos políticos que ofrecen los distintos
partidos en liza.
Sí destaca un tema, realmente importante, que
rápidamente se ha transformado en un elemento que separa drásticamente las
posiciones políticas de los partidos que pueden participar en el proceso de
formación de un nuevo gobierno. Catalunya como línea roja infranqueable para
unos y otros. Catalunya como trinchera o baluarte. En los dos campos que define
esta línea roja toman posiciones los partidos o, al menos, sus líderes
actuales. En un lado se alinean el PP, el PSOE y C’s, con camisetas azul, roja
y naranja. En el otro, Podemos, con camiseta morada, junto con otros
confluyentes en algunas periferias, apoyados por un digno, pero poco relevante
numéricamente, IU-UP.
Apacigüemos los impulsos identitarios sin despreciarlos. Sentémonos a
hablar en serio y con respeto
Dos campos que se diferencian de forma aparentemente
irreconciliable entre los que defienden la unidad indisoluble de España frente
a cualquier intento que suponga la separación de un territorio para
constituirse como una nación independiente y los que proponen un tránsito
inteligente y pacífico hacia un nuevo mapa territorial. Los primeros son los
“españoles, mucho españoles”. Los segundos, los que defendemos como un proceso plenamente democrático la posibilidad de que
una nación como Catalunya deje la difusa aunque oportuna denominación acuñada
en 1978 para constituirse como nación soberana, somos los “poco
españoles”. Una posibilidad que, aún no deseando que se haga realidad, pero que
no debemos ni podemos impedir ni, menos todavía, prohibir.
Cuando en la legítima y necesaria confrontación
política se levantan banderas y suenan tambores e himnos, acaban tronando los
cañones. O las bofetadas. Cuando las identidades patrioteras, más que patrióticas,
se imponen sobre la razón, la cordura y la empatía, acaban con el debate
político, cavando una fosa infranqueable. Perdemos la exigencia y la virtud que
Adela Cortina demandaba: una democracia deliberativa.
Una pugna entre partidos de ámbito estatal que se
desarrolla al margen del sentir y las preferencias de los propios catalanes, a
los que han convertido en una pelota de ping- pong golpeada por personas como
Rajoy y Mas. Es decir, se les ha
despreciado de forma antidemocrática, una vez más, con este juego peligroso
invocando una santa e inviolable unidad de la patria blindada, ciertamente, por
una Constitución que es necesario y urgente reformar y actualizar para permitir
un nuevo mapa territorial bajo formas que pueden ir desde el federalismo a la
independencia. Tema que no debe anular otros tanto o más
importantes, como son las otras cuatro propuestas que Podemos ha ofrecido para
esta reforma y tantas otras que la sociedad y sus representantes pueden
considerar igualmente inaplazables.
Sin tratar de sacar réditos políticos azuzando la
confrontación entre los ciudadanos del estado español, lanzando consignas
apocalípticas como “se rompe España”, “se fractura la sociedad”, “es una
agresión a los principios internacionales”, “España nos roba”, etcétera,
pongamos sensatez, sin dramatizar, y superemos esta continua confrontación,
dejando de momento aparte la historia, aunque sin olvidarla. Apacigüemos los
impulsos identitarios sin despreciarlos. Sentémonos a hablar en serio y con
respeto.
La primera condición para este necesario hablar se
apoya sobre dos principios. Por un lado, el derecho de los catalanes a expresar
su opinión a través de un referéndum en el que se contabilice con claridad el
número de catalanes partidarios de la independencia. Por otro lado, el derecho
del resto de los ciudadanos españoles a conocer dicha opinión. Yo quiero saber
a qué aspiran mis amigos que habitan en Catalunya. Creo tener el derecho a
saber.
Si una mayoría
de catalanes, tras votar con libertad y garantías, con solvencia intelectual y
política, tras un debate largo y profundo sobre las distintas
opciones expuestas por las diferentes fuerzas políticas y sociales, decidiera constituirse como un
nuevo estado libre, asociado, federado o independiente, sería un deber de todos
los españoles sentarnos y establecer en qué condiciones, con qué costos, en qué
tiempos puede darse un tránsito ordenado y amistoso, no precipitado y
hostil, con los mayores beneficios y los menores costes para las partes, sin
por ello rasgarse las vestiduras amenazando con la catástrofe o invocándola
para propiciarla. Al
principio puede resultar inquietante este nuevo escenario, pero la nueva
relación acabaría siendo tan normal e incluso más cordial que la mantenida en
una UE revitalizada con Francia y Portugal, nuestros vecinos más próximos.
Si para ello fuera
necesario la reforma de la Constitución, hágase.
Valoremos la gran conquista que la CE supuso en su momento y los bienes que ha
aportado para nuestra convivencia en estos casi cuarenta años. Lamentemos la
hibernación de los principios más vitales y esperanzadores que contenía,
causada por la falta de voluntad de los partidos que se han repartido el poder
en estos decenios. No
olvidemos que una Constitución que no se adecúa a la realidad y a las aspiraciones
de la sociedad a la que sirve acaba convirtiéndose no solo en papel mojado,
sino en un factor más de disgregación y falta de compromiso solidario por un
proyecto común.
China, superpotencia mundial?
La hipótesis de que
EE.UU. es más fuerte militarmente porque gasta en armas más que otros países es
errónea. Mientras EE.UU. dispersa sus esfuerzos por todo el mundo, China se
concentra en una región particular, cree el profesor y el columnista de National Interest, Peter Navarro.
Además, el cuerpo
militar del país asiático tiene sueldos inferiores al de sus homólogos
estadounidenes y, por si eso fuera poco, China es muy hábil a la hora
de reducir gastos en la producción de armas. Eso, de acuerdo con Navarro,
significa que cada dólar que Pekín gasta con fines militares es más efectivo
que un dólar gastado por EE.UU.
Opina también que Pekín no necesitará destinar un gran
presupuesto en la elaboración y proyección de su propia técnica
militar, porque los ingenieros chinos son capaces de examinar y
reproducir la tecnología de los modelos que el país compra de otras
naciones. Como muestra un botón: China logró producir réplicas del avión ruso
Sujói.
Además, en los próximos
diez años China empezará a gastar más en armas si la tasa de crecimiento del
PIB de esta nación continua superando las cifras correspondientes a EE.UU.
La cuestión principal
es si China es capaz de convertir su poder industrial en poder militar.
Navarro destaca al
inicio de la Segunda Guerra Mundial, la economía de EE.UU. superaba a la
economía de Alemania y Japón. Los estadounidenses tenían más de 300.000 aviones
contra los 200.000 de Berlín y Tokio y 75.000 tanques frente a los 40.000 de
los alemanes. Este logro se explicaba por el desarrollo de la industria
norteamericana, que producía armamento a un ritmo mayor del que los enemigos
conseguían destruirlo en los combates. Esto es lo que los expertos occidentales
llaman 'guerra de álgebra'.
Esta misma estrategia
podría beneficiar a China en un hipotético conflicto con Washington,
opina Navarro.
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