Más de una veintena de ciudades españolas se suman a las protestas contra el CETA
Todo el poder para los lobbies
Enric Llopis
Rebelión
El pasado 21 de enero se programó el Día Europeo de Acciones Descentralizadas contra el CETA. En más de una veintena de ciudades españolas se convocaron manifestaciones contra el Tratado Económico y Comercial entre la UE y Canadá, actualmente en la fase final del proceso de ratificación. Los activistas redoblan las acciones reivindicativas, ya que la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) votará el 24 de enero el CETA. La siguiente etapa antes de su aplicación provisional tendrá lugar a principios de febrero, cuando el acuerdo en su integridad (sin posibilidad de enmiendas) se someta a votación en el pleno del Parlamento comunitario. En las fechas previas a la movilización del 21 de enero, la activista e investigadora del Corporate Europe Observatory (CEO) Lora Verheecke ha participado en diferentes actividades de la Campaña contra el TTIP y el CETA en el País Valenciano. Verheecke es una de las autoras del informe “La democracia en venta”, publicado en septiembre de 2016 por más de veinte organizaciones sociales, ecologistas y sindicales europeas. El documento analiza cómo las normas para la protección de inversiones en el CETA pueden estimular las demandas de empresas e inversores contra los estados de Canadá y la UE.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) suscrito por Estados Unidos, México y Canadá marca claros antecedentes. En 2011 el Gobierno de Quebec aplicó una moratoria en torno al “fracking”. Respondía así a la presión popular y a la inquietud por la contaminación del agua en proyectos de fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos. En 2012 la compañía Lone Pine Resources, con sede en Calgary (Alberta, Canadá) presentó –al amparo del TLCAN- una demanda “Inversor-Estado” contra la moratoria, y lo hizo por medio de una de sus filiales, radicada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware. La empresa Lone Pine reclamaba al ejecutivo de Quebec 109,8 millones de euros por daños y perjuicios. Pero el recurso a los tribunales de arbitraje para resolver litigios no es privativo de las empresas canadienses. En 2009 la transnacional sueca Wattenfall presentó una demanda contra el Gobierno alemán por valor 1.400 millones de dólares, al considerarse perjudicada por las restricciones establecidas en una de sus centrales eléctricas de carbón. “Alemania cedió, y aceptó la flexibilización de las normas ambientales”, apunta Lora Verheecke.
En 2012 la empresa sueca volvió a la carga con una nueva demanda, en esta ocasión por valor de 5.140 millones de dólares. Fundamentó la petición en los supuestos beneficios que dejó de obtener en dos de sus plantas nucleares, después que –avisado por el cataclismo de Fukushima- el ejecutivo alemán decidiera el abandono progresivo de la energía atómica. El informe “Democracia en venta” subraya el dinero que ha tenido que desembolsar el Gobierno germano para afrontar la defensa en estos casos: 3,54 millones de dólares, pero con una previsión de casi diez millones en costes legales. “La demanda de Lone Pine y la primera de las planteadas por Wattenfall aún podrían prosperar con los mecanismos que establece el CETA”, concluye Lora Verheecke.
Tal vez el TTIP y el CETA sean los tratados comerciales más conocidos. Pero la Unión Europea también trataba, según informaciones de la Agencia Efe del 11 de noviembre, que India aceptara “con urgencia” prorrogar los acuerdos bilaterales de protección de inversiones, firmados con los países miembros de la UE. El motivo es que los acuerdos se acercaban a la caducidad, “lo que se está convirtiendo en un problema serio para los inversores europeos”, señaló el vicepresidente de la Comisión Europea, Jirki Katainen. El objetivo comunitario es no esperar a un acuerdo de libre comercio –global- con India, cuyas negociaciones empezaron en 2007 pero se encuentran empantanadas desde 2013. Katainen destacó la “protección de las inversiones” como uno de los principales asuntos que han de resolverse para reanudar las negociaciones.
En octubre de 2016 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y cinco países de la Comunidad de Desarrollo del África Austral: Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Suazilandia y Lesoto. Mozambique se sumaría una vez concluyera el proceso de ratificación, informaba Europa Press. El volumen de los intercambios comerciales entre los dos bloques se eleva a 50.000 millones de euros (63.000 millones de euros si se incorporara Angola en un futuro). El investigador Robert Joumard, autor de “Tratados de Libre Comercio: ciudadanos sometidos, multinacionales soberanas” (ATTAC, 2015) cifra en 3.200 los acuerdos bilaterales de inversión y tratados de libre comercio en el mundo a finales de 2012, de los que cerca de 1.400 fueron rubricados por países integrantes de la UE. Joumard pone en cuestión los beneficios del CETA. Algunos de los impactos socio-económicos anunciados por Bruselas con este acuerdo apuntan ganancias “miserables”: incrementar el PIB de la UE del 0,01% al 0,08% en siete años.
Lora Verheecke ha impartido una conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas de Valencia sobre el poder de los lobbies. En julio de 2016 entró en vigor en Francia la prohibición de las bolsas de plástico (ligeras y de uso único) en las tiendas, con la idea de ampliar la medida –en enero de 2017- a las utilizadas para quesos, frutas y verduras. En septiembre de 2016, explica la investigadora y activista, la prohibición decretada por el ejecutivo galo se extendió a los plásticos, vasos y cubiertos de plástico. Una de las organizaciones que representa a los productores de envases, Pack2Go Europe, manifestó su preocupación por la posible extensión de la medida a otros países. “Estamos exhortando a la Comisión Europea a que haga lo correcto y adopte acciones legales contra Francia por violar la ley comunitaria”, afirmó el secretario general de Pack2Go Europe, Eamonn Bates, a la Agencia AP. Otro de los argumentos esgrimidos contra la regulación es un supuesto perjuicio a los consumidores y la violación de la normativa comunitaria sobre circulación de bienes.
“En diciembre de 1953 se celebró una importante reunión entre la compañía de relaciones públicas y mercadotecnia, Hill & Knowlton, y las grandes empresas del tabaco; decidieron que la mejor estrategia consistía en financiar estudios ‘científicos’ que defendieran sus intereses; por ejemplo, si se editaba una investigación con la tesis de que el tabaco perjudica la salud, contrarrestarla con otra publicación; la idea era sembrar dudas científicas, ruido, y que nadie supiera a quién atribuir la razón en las polémicas; aprovechaban además que los políticos no poseen conocimientos en la materia”, explica Verheecke. Los resultados se ajustaron a lo previsto en la estrategia empresarial, conocida “porque la empresa Philip Morris perdió un juicio y tuvo que sacar todos los ‘papeles’ a la luz”, agrega la investigadora. “En los años 90 empezaron las negociaciones en la Comisión Europea para implantar una legislación anti-tabaco, pero ésta no entró en todo el continente hasta varias décadas después”. Fue el resultado de múltiples presiones y maniobras dilatorias.
La actividad de los lobby se extiende por todos los sectores. Verheecke señala la actuación de la industria química para bloquear medidas contra los “disruptores endocrinos” (sustancias que se hallan en productos de consumo diario –plásticos, cosméticos o plaguicidas- que por su capacidad de interactuar con el sistema hormonal, pueden producir graves perjuicios en la salud y el medio ambiente). Según la normativa comunitaria, explica la analista del Corporate Europe Observatory, “si una sustancia se identifica como ‘disruptor endocrino’ debe prohibirse”. Pero los grupos de presión operan para que esto no suceda. El estudio “Un asunto tóxico”, elaborado por Stéphane Horel, el CEO y Ecologistas en Acción, da cuenta de cómo la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea tenía el encargo de establecer los criterios para definir los “disruptores endocrinos”, pero “el lobby de la industria química se puso en pie de guerra”. Principalmente los grupos CEPIC (industria química) y ECPA (pesticidas), con las corporaciones Basf y Bayer en primera línea.
Además “encontraron aliados en la Comisión, el Parlamento europeo y varios estados miembros”, explica la activista e investigadora. Como en el caso del tabaco, la estrategia básica consistió en desacreditar los estudios científicos independientes; los lobbies también ejercieron presión sobre otras direcciones generales de la Comisión Europea, para enfrentarlas con la de Medio Ambiente; clamaron por los perjuicios económicos para el sector e incluso se llegó a considerar la regulación de los “disruptores endocrinos” como una “barrera” comercial dentro de las negociaciones sobre el TTIP. Dado que la Dirección General de Medio Ambiente no retrocedía, el siguiente paso, ya en 2013, consistió en la exigencia de un estudio de impacto. Según Lora Verheecke, “fue una táctica dilatoria, con la que culminó una presión feroz”.
En julio de 2013, la entonces secretaria general de la Comisión Europea, Catherine Day, ordenó la realización del informe de impacto. Se impusieron los grupos de presión y los plazos para una posible regulación se alargaron varios años. La bibliografía con ejemplos resulta casi inabarcable. En julio de 2015 The Guardian informó de un llamativo correo electrónico; el autor, Lenny Bernstein, un exempleado especialista en clima de Exxon Mobil, multinacional del sector de los hidrocarburos. Del correo se desprende que la compañía conocía los efectos de la quema de combustibles fósiles sobre el cambio climático en 1981. Pese a ello, según Greenpeace, Exxon Mobil ha gastado más de 30 millones de dólares en financiar investigaciones que niegan los impactos.
Los lobbies actúan también en las áreas de tecnología punta. Las nuevas técnicas respecto a la energía genética se aplican en cultivos, árboles, ganado e insectos. Los grupos de presión redoblan los esfuerzos para que organismos y alimentos obtenidos mediante, entre otras técnicas, “la mutagénesis dirigida por oligonucleótidos (ODM), agroinfiltración y tecnologías de nucleasas de dedos de zinc (ZFN)” puedan entrar en el medio y la cadena alimentaria, sin análisis ni etiquetas. Según un informe del CEO, “La presión del lobby biotecnológico para que los nuevos Organismos Modificados Genéticamente escapen a la regulación” (febrero de 2016), gigantes de la agroquímica como Bayer, Basf, Dow Agrosciences y Monsanto han registrado ya docenas de patentes. Todo apunta a un interés por desregular, suprimir controles y socavar el principio de precaución, también en el CETA y el TTIP. El Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) señaló en 2015 hasta 82 pesticidas prohibidos en la Unión Europea, pero permitidos en Estados Unidos.
En cuanto a los mecanismos de arbitraje “Inversor-Estado”, Lora Verheecke sostiene que se ha generado toda una “industria jurídica”. Avala esta afirmación con un estudio publicado en 2012 por la OCDE, que evaluó en una media de ocho millones de dólares los costes para las partes en los litigios. Además, “muchas de las quejas y peticiones compensatorias están financiadas por fondos de inversión; es un trabajo muy oscuro, y que se desconoce los beneficios que mueve”. Un documento del Corporate Europe Observatory (“Cuando la injusticia es negocio”, 2012) arroja luz sobre despachos de abogados que se han especializado en arbitrajes de inversiones. Por ejemplo Freshfields Bruckhaus Deringer, del Reino Unido, que trabajó en 2011 –sobre todo para inversores pero también para estados- en 71 casos; los ingresos brutos generados en 2011 ascendieron a 1.820 millones de dólares. El bufete estadounidense White & Case operó en 32 casos en 2011, para inversores y estados, con unos ingresos brutos en el año citado de 1.330 millones de dólares. White & Case representó a los acreedores italianos que demandaron al Estado de Argentina, después que éste reestructurara su deuda soberana tras la crisis financiera de 2001.
El informe “Cuando la injusticia es negocio” menciona fondos de inversión que han financiado demandas en los tribunales de arbitraje. Burford Capital, de Estados Unidos, aparece como uno de los más potentes en la especialidad; otro de los fondos, el británico Juridica Investment LTD, se dio a conocer por la disputa con uno de sus clientes, S&T Oil. La razón es que Juridica Investment LTD financió con tres millones de dólares una demanda de S&T Oil contra el Estado de Rumanía, pero tras el abandono del caso los patrocinadores reclamaron el dinero. La empresa S&T Oil terminó vertiendo palabras como “fraude” y calificó el negocio de “poco ético”. En cuanto a Omni Bridgeway, de Países Bajos, ofrecía asesoramiento entre otros clientes a los que esperaban el dinero de un laudo arbitral contra Argentina. El modo de operar de estos fondos de inversión se aprecia netamente en el británico Calunius Capital, que financió una demanda de la empresa Rusoro (Canadá) contra Venezuela y otra de Oxus Gold (Gran Bretaña) contra Uzbekistán. Dos casos conocidos en la historia de la “industria” del arbitraje.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
