¿Qué tienen en común el patrón oro y el euro?

La investigadora de la UB Alba Roldán explica las similitudes

Anna Solé Sans

La Vanguardia

El patrón oro fue un sistema monetario que fijaba el valor de la unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro. Históricamente, la vigencia del patrón oro imperó durante el siglo XIX como base del sistema financiero internacional y terminó a raíz de laPrimera Guerra Mundial, puesto que los gobiernos beligerantes necesitaron imprimir mucho dinero fiduciario para financiar el esfuerzo bélico sin tener la capacidad de respaldar ese dinero en metal precioso. Pero, ¿tiene alguna similitud este sistema monetario con el euro en términos de política económica?
“Ni en el patrón oro ni en euro se pueden aplicar políticas monetarias ni fiscales ni de tipo de cambio”, explica la investigadora predoctoral de la UB Alba Roldán. “El euro tampoco es una moneda nacional, la compartimos con muchos países así que tampoco se le puede aplicar la política económica que queramos”.
La experta, que participará en el V Ciclo de Conferencias de Economía organizadas por el Grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación del Tecnocampus de Mataró, detalla que “la única manera de salir de la crisis en la época del patrón oro era mediante la devaluación interna y sólo se podía hacer bajando los precios y los salarios, precisamente lo que ha pasado ahora”. “Para superar esta crisis solamente hemos podido provocar una deflación interna y esta vía es mucho más costosa que la otra. Y en este contexto, la crisis ha sido mucho más profunda y probablemente más larga”.
Roldán expone algunas soluciones que podrían compensar este efecto. “Además de la Unión Económica debería crearse una Unión Política para así poder compartir una deuda común en la UE”. “Otra alternativa sería deshacer la Unión Económica Europea”. “La crisis de los años 30 fue tan fuerte que los países tuvieron que abandonar el sistema monetario para poder devaluar el tipo de cambio, imprimir billetes y aumentar el gasto del estado”, declara y añade que “los primeros en salir del patrón oro fueron los que se recuperaron primero de la crisis”.
“En el momento en el que estaban nadie veía viable una salida del patrón oro pero la situación era tan dolorosa que los países terminaron saliendo”, comenta. “Ahora vemos difícil la salida del euro y en términos legales es mucho más complicado porque estamos ligados por el Tratado de Maastricht, por lo tanto, sería mucho más lento y consensuado”.
La experta considera que es complicado predecir qué pasará pero todo “depende de cómo evolucione la economía de los países periféricos y ver si consiguen recuperarse”. “Salir de la crisis no es sólo que el PIB crezca, implica que la tasa de paro de reduzca y que los salarios no sean precarios como ahora”, explica. “Si esto mejora quizá sea viable seguir a largo plazo en la Unión Económica Europea pero si la situación no mejora, los países tendrán que buscar soluciones”, concluye.

Fuente: http://www.lavanguardia.com/economia/innovacion/20170301/42356788359/que-tienen-en-comun-patron-oro-y-euro.html

Opus Dei: ¿Obra del diablo?

Opus Dei: ¿Obra del diablo?

Jaime Galarza Zavala
El Telégrafo



Dentro de la Iglesia Católica hay una secta denominada Opus Dei, nombre que se traduce por ‘Obra de Dios’, a la cual sus adictos la llaman simplemente ‘La Obra’. Pues bien, esta secta fue fundada en 1928 por el sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer, con el celestial objetivo de producir santos en masa, los mismos que los reclutaba entre jóvenes de las clases ricas, aristocráticas, dominantes, con el propósito de encumbrarlos al poder político.
Desde su fundación las características de esta organización fueron el fanatismo, el secretismo y el sectarismo, orientados hacia el servicio a la ultraderecha para sojuzgar material y espiritualmente a los pueblos. Varios ejemplos lo demuestran, siendo el más notable el maridaje del Opus Dei con el régimen fascista de Francisco Franco, tenebrosa dictadura que tiranizó a España por cuarenta años, asesinó, encarceló y lanzó al exilio a millones de  hombres y mujeres. El gran poeta Federico García Lorca fue fusilado por una milicia fascista, mientras al sabio Miguel de Unamuno le gritó el general Millan Astray “¡Abajo la inteligencia, viva la muerte!”.
En nuestra América figuras del Opus Dei estuvieron siempre de lado de las más sanguinarias y corruptas dictaduras, lo mismo con Pinochet en Chile que con Videla en Argentina.
¿Y en el Ecuador? El personaje del Opus Dei más conocido es el exarzobispo de Guayaquil, Antonio Arregui, sostén apasionado de León Febres-Cordero, para cuyo monumento presidió el comité montado en Guayaquil por la oligarquía y fungió de tesorero del mismo. Los crímenes de lesa humanidad y el latrocinio cometidos en montón por el febrescorderato fueron bendecidos por este altísimo dignatario del Opus Dei.
¿Y ahora, cuál es la estrella más brillante del momento? Pues nada menos que Guillermo Lasso Mendoza, quien años atrás se vanagloriaba públicamente de ser parte de esta secta, aunque ahora, de candidato presidencial, ha optado por silenciar esta oscura faceta de su historia, para evitar que los electores -particularmente la juventud- le interroguen acerca de esta turbia y oscura militancia, que se une a su faz de banquero causante, entre otros, del feriado bancario que decretó Jamil Mahuad y que lanzó al hambre y al exilio a incontables millones de ecuatorianos.
¿Obra de Dios u obra del diablo? Júzguelo usted, indulgente lector. Y no olvide, de paso, que este banquero, aparte de ser superministro de Economía con Mahuad, fue embajador viajero (itinerante) de Lucio Gutiérrez, y antes se desempeñó como Presidente de la Comisión de Tránsito del Guayas, durante el gobierno de Fabián Alarcón, símbolo de la más desvergonzada corrupción que se instauró en 1997 bajo el golpe de Estado capitaneado por Paco Moncayo y los socialcristianos, con la desembozada anuencia del embajador norteamericano Leslie Alexander.
Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/opus-dei-0bra-del-diablo

preocupación por las pensiones

La preocupación por las pensiones

Javier Echeverría Zabalza
Rebelión




Tras dos reformas que han reducido la capacidad adquisitiva de los y las pensionistas y han retrasado la edad de jubilación, nos quieren volver a meter el miedo en el cuerpo con la insostenibilidad de las pensiones. De nuevo estamos sometidos a una fuerte ofensiva que nos dice que cada vez vamos a ser más las personas mayores y menos las jóvenes. El famoso problema demográfico. Más para cobrar y menos para trabajar. Por lo tanto, el sistema es insostenible. ¿Solución? Planes de pensiones privadas para complementar las públicas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?
La situación no es nueva. En los años 90 del siglo pasado también tuvimos una fuerte ofensiva en el mismo sentido. Y con el mismo argumento: el problema demográfico. Se iban a hundir las pensiones públicas y teníamos que hacernos planes privados. A nosotros nos prometían supuestas ganancias, mientras que ellos se aseguraban suculentos beneficios con las comisiones de gestión: 1.830 millones al año, según Edmundo Fayanas. ¿Y en qué han quedado nuestras ganancias? De acuerdo a los datos de Fayanas, los planes de pensiones invertidos en renta variable se revalorizaron una media de 1,36%, y los de renta fija un 1,25%. Pero, como a esa rentabilidad hay que restar un 0,8% de la comisión de gestión y el efecto de la inflación, tenemos que, según la OCDE, la rentabilidad media ha sido de un -0,9% para el período 2008-2012. El único aliciente de los planes de pensiones, según Adicae, es la desgravación fiscal. Pero en realidad, esa desgravación es más bien un aplazamiento del pago de impuestos, ya que cuando rescatas el dinero de tu plan, tendrás que pagarlos. Hasta la Unión Europea exige que se eliminen estas desgravaciones fiscales debido a su nula rentabilidad social. La consecuencia de todo esto es que, en cuanto surge la crisis del 2008, se va dejando de hacer planes privados. No han logrado que estos fondos despegaran aquí. Sin embargo, de nuevo vuelven a la carga.
Pero antes de la crisis hubo una burbuja financiero-inmobiliaria, a consecuencia de la cual el paro bajó, se creó empleo, el consumo creció… y el endeudamiento creció mucho más. Sobre todo el de los bancos y empresas; pero también el de las familias. ¿Y el cacareado problema de las pensiones? Se difuminó. El Fondo de Reserva llegó hasta los 67.000 millones de euros en 2011. Y, según Albino Prada, de ATTAC, ese Fondo de Reserva sería ahora de 519.000 millones de euros, si en el pasado los sucesivos gobiernos no hubieran realizado transferencias al Estado desde los superávits del sistema de Seguridad Social para sostener la sanidad y otras políticas públicas. ¿Y qué fue del gravísimo problema demográfico? Pues, que vinieron 6 millones de inmigrantes y adiós problema demográfico. Aunque es cierto que cada vez somos más las personas mayores y que la tasa de natalidad es demasiado baja –también habría que cambiar las políticas actuales para solucionar este problema-, todavía tenemos un amplio margen de crecimiento del porcentaje del PIB destinado a pensiones si comparamos con la situación y perspectivas de otros países europeos. La amenaza para la sostenibilidad de las pensiones no es demográfica sino política: las políticas que impiden tener un empleo suficiente y de calidad.
Decía que vuelven de nuevo a la carga induciendo el miedo con la insostenibilidad de las pensiones públicas y tratando de convencernos de que hay que bajar el poder adquisitivo de los y las pensionistas, atrasar la edad de jubilación, fomentar los planes privados… Pero analicemos brevemente estas dos últimas políticas. Atrasar la edad de jubilación es un enorme contrasentido. Tenemos 4,3 millones de personas en paro y se retrasa la edad de jubilación, se aumenta la jornada y las horas extras, y se precariza el empleo. ¿Resultado? Gran parte de la juventud no tiene trabajo, cada vez tenemos peores condiciones de jubilación y también es cada vez peor el empleo para quien tiene la suerte de tenerlo. Todas y todos, mal. Si importaran las personas, las políticas serían justo al revés: fomento de empleo de calidad, salarios más altos, topes a los chantajes con la deslocalización de empresas, reparto del trabajo con criterios de solidaridad, apoyo a autónomos y pequeñas empresas, políticas de redistribución vía fiscalidad y servicios públicos… Contra toda lógica social y económica, se concentra el empleo en lugar de repartirlo, se bajan salarios y se precariza el empleo cuando se necesita más demanda, se implementan políticas que reducen cotizaciones y recaudación cuando se necesitan más ingresos.
¿Y qué pasa con el fomento de las pensiones privadas? Pues lo mismo: las únicas que ganan son las entidades financieras. Ya hemos visto el resultado que están dando en el Estado español. Chile lleva sufriéndolas unas cuantas décadas. Es la base de su sistema de pensiones, ya que apenas tienen pensiones públicas desde Pinochet (menos del 10%). Pues bien, según Edmundo Fayanas, el 91% de las pensiones privadas chilenas cobran solamente 330 dólares, la mitad de su salario mínimo. Esto, traducido a España, sería unos 350 euros mensuales, subida reciente del salario mínimo incluida.
Las pensiones públicas deberíamos defenderlas con uñas y dientes. Todas las personas: mayores, jóvenes y maduras. Porque si no lo hacemos, cada vez estarán peor. Son viables y, si fuera necesario en algún momento, están los presupuestos del Estado para aportar la financiación complementaria necesaria. Pero hay que hacer que el sistema actual de solidaridad intergeneracional funcione. Y para eso es necesario aplicar políticas de empleo, salarios, cotizaciones, impuestos… que sean adecuadas para tener empleo suficiente y de calidad, y también para tener unas pensiones dignas y una renta garantizada digna para quienes la necesite. Insisto, el problema no es demográfico. Si las personas nativas en edad de trabajar no son suficientes, vendrán personas de fuera. Como ya sucedió en los 90 y en los primeros 2000.
¿Preocupación por las pensiones? Depende. Si seguimos apoyando a fuerzas políticas que aplican políticas de austeridad, que realizan reformas que nos llevan al paro y a la precariedad, que ponen las políticas de promoción de empleo en último lugar, que implementan políticas regresivas de fiscalidad, que fomentan ayudas a las empresas vía reducción de cotizaciones y que impulsan los planes de pensiones privados, entonces sí que nos debemos preocupar seriamente por las pensiones públicas. Pero, si nos implicamos social y políticamente y obligamos a cambiar las actuales políticas, no tendría por qué haber motivos de preocupación.
 Javier Echeverría Zabalza, miembro de Podemos-Ahal Dugu
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes

El Partido Popular destruye los derechos de los trabajadores portuarios para beneficiar a las grandes empresas

02-03-2017 


Huelga de los estibadores
El Partido Popular destruye los derechos de los trabajadores portuarios para beneficiar a las grandes empresas

Jesús Díaz de Durana
Marxism



El día 6 de Marzo, los estibadores inician una huelga contra un decreto del Gobierno del PP que destruye hasta los cimientos los derechos sociales conseguidos con la organización y la lucha, y recogidos en convenios y leyes, como el Convenio 137 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por España en 1973, para garantía y regularidad del empleo y las retribuciones mínimas de este colectivo de trabajadores.
La excusa es una sentencia que dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 11/12/14 que obliga a modificar la legislación y a liberalizar los puertos. Esta norma, según los estibadores, va mucho más allá de lo que marca la Unión Europea, que no obliga explícitamente a degradar sus condiciones laborales. Esencialmente consiste en poner los puertos a disposición de las grandes empresas del sector, la mayoría multinacionales, libres de trabas sociales, convenios colectivos, control de la profesionalidad y capacitación de los trabajadores, etc...
Los representantes sindicales de los estibadores afirman que la eliminación del registro de trabajadores portuarios, elemento esencial de esta batalla, donde están censados los trabajadores formados y experimentados en el trabajo en el sector, y que el gobierno del PP quiere eliminar, persiste en 12 de los 27 países de la Unión Europea y por lo tanto debe mantenerse. El gobierno afirma, por el contrario, que la única forma de ejecutar la sentencia y regular el régimen jurídico del servicio portuario de manipulación de mercancías se logra derogando la relación laboral especial de los estibadores portuarios y la extinción de la totalidad de los contratos de los trabajadores que actualmente prestan sus servicios.
El decreto tendrá los siguientes efectos:
1. Los contratos indefinidos se convierten en empleos precarios pendientes de contratación por las empresas estibadoras. Éstas dispondrán de un periodo de tres años en el que estarán obligadas a contratar al 75%, 50% y 25% durante el primero, segundo y tercer año. Por lo tanto podrán sustituir al 25%, 50%, y al 75% el primero, segundo y tercer año. En conclusión, es un Expediente de Regulación de Empleo que afecta a los 6.150 trabajadores de la estiba en todo el país, un despido colectivo.
2. Aquellos trabajadores que no sean contratados deberán ser indemnizados por la autoridad portuaria, o sea con fondos públicos. Se estima que la liquidación de las sociedades portuarias -SAGEP- tendrá un coste total para el erario público de 350 millones de euros.
La negociación de los estibadores con la patronal ANESCO, con la que habían llegado a un acuerdo sobre la nueva regulación de la estiba después de la sentencia, ha quedado rota ante este regalo ministerial que les ofrece la posibilidad de obtener mano de obra más barata y con menos derechos laborales.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao declaraba que “la estiba es un sector históricamente cerrado lo que supone una inflación salarial”. Este es el meollo de la cuestión, abaratar el trabajo en los puertos a través de la precarización del empleo y la destrucción de los convenios colectivos.
¿Quiénes son los estibadores?
Es un colectivo de 6.150 trabajadores de una media de edad de 38 años. Operan en un sector básico, el de la carga y descarga de mercancías que entran y salen de España por barco. Carga valorada anualmente en unos 200.000 millones de euros, esas cifras suponen el 86% de lo que el país exporta y el 65% de lo que importa.
Por las características de su trabajo están muy organizados. La representación sindical la ostenta la Coordinadora con un 74%, UGT con un 16% y CCOO con un 8%, teniendo posiciones también CGT, LAB, ELA, CIGA.
Los estibadores han sufrido profundas transformaciones desde los años 80 en los que el trabajo era manual y se necesitaba mucha mano de obra. La tecnificación y mecanización de los puertos desde los 80, la incorporación de grandes grúas y el transporte de contenedores supuso pasar de 12.000 a 5.000 trabajadores. Con este excedente, a principios de los 80 se creó la oficina especial de registro de estibadores para recoger a aquellos trabajadores capacitados para los que no había empleo, que de una forma u otra se ha venido manteniendo hasta la última reforma de 2012, año en el que PSOE y PP conjuntamente hacen una ley de régimen jurídico de la estiba, creando las Sagep, sociedades que emplean a los estibadores, que ahora quieren destruir.
¿Qué condiciones de trabajo tienen?
El gobierno del PP y sus voceros mediáticos desprestigian a los estibadores describiéndolos como un sector privilegiado, totalmente ajeno a la realidad de los trabajadores normales. Esto es falso, es intoxicación y propaganda preparándose para la guerra que el gobierno ha declarado a los estibadores. Tratan de aislarlos del resto de la sociedad, evitar que los trabajadores de otros sectores se vean reflejados en su lucha y que se despierte la solidaridad necesaria para combatir al gobierno.
Las condiciones de trabajo se estipulan en un acuerdo marco estatal que regula diversas materias como clasificación profesional, rotación, exclusividad, registro, etc. Luego en cada puerto se acuerdan los salarios, rendimientos, horarios, productividad. Hay un salario garantizado de alrededor de 1.000 €/mes. Las diferencias salariales se producen por el interés de las grandes empresas porta-contenedores en descargar aceleradamente, por lo que pagan primas de productividad a los trabajadores. Esto puede dar altos salarios, aunque muy trabajados, en los grandes puertos y salarios decentes en los puertos medianos y pequeños. Es un buen ejemplo el puerto de Tarragona: los profesionales que operan ahí tienen cuatro categorías laborales con sueldos brutos base que van desde los 850 euros hasta los 1.650 euros mensuales brutos. A esta suma hay que añadirles primas, si doblan turno, y los pluses de nocturnidad y festivos, además de las que perciben por rendimiento. Con todo ello, el sueldo medio bruto de un profesional en el que se den estas circunstancias, oscila entre los 60.000 y 70.000 euros/anuales.
Las palabras de los estibadores del puerto de Tarragona reflejan claramente cuáles son sus privilegios: “Cada día a las 7 de la mañana las empresas de estiba entregan a Estarraco (sociedad de estiba de Tarragona) las operativas y el personal previsto para el día, la misma operación se repite a mediodía. A partir de ahí se procede a hacer el sorteo con los trabajadores disponibles. No sabemos nunca si vamos a trabajar o no ese día. Los turnos son de 6 u 8 horas y es habitual que dupliquen la jornada, hasta un máximo de 12 horas de trabajo. Lo que la gente normal puede programarse el día, nosotros no lo tenemos. Nuestra vida es el trabajo”.
De hecho bromean con que los divorcios son habituales en este colectivo. El trabajo ha cambiado mucho en los últimos 20 años. “En los inicios nos pasábamos el día cargando y descargando sacos. Los contenedores transformaron el sector, y de la actividad manual se pasó a la grúa”. Con la mecanización se pasó de operativos de 20 trabajadores a 10, mientras que las grúas simplificaron las descargas de tres personas a una. El representante de los estibadores de Tarragona afirma que la formación de estos profesionales es constante. “Manejar una grúa no es fácil y aquí todos tenemos el carné profesional. Antes éramos mano de obra pura y dura, mientras que ahora manejamos las grúas, las máquinas, los camiones, los sistemas informáticos y gestionamos el trabajo, una misma persona tiene una gran polivalencia, lo que ayuda a la empresa a reducir los costes ya que un mismo trabajador puede hacer muchas actividades”.
Esta mejora también se ha dado en la seguridad. La estiba siempre ha sido una profesión en que la siniestralidad ha sido elevada. Aseguran los representantes del comité que uno de cada cuatro trabajadores tiene a lo largo de su vida un accidente grave y, de los cuatro que participan en la entrevista, todos han sufrido uno u otro percance. “Podríamos estar los cuatro muertos” afirma Jordi Morro. Este es el “maravilloso mundo de privilegiados” que quiere borrar del mapa el ministerio, un colectivo que –como a los mineros– la Seguridad Social reconoce penosidad y peligrosidad y les permite por esas condiciones de trabajo anticipar la edad de jubilación.
 La solidaridad en la lucha imprescindible para ganar
La política de privatización de servicios públicos de la Unión Europea, de la que el gobierno del PP es firme partidario, ha puesto su diana en los puertos españoles donde, de un total de 150 empresas, un puñado de 12 multinacionales que agrupan a unos 4.000 estibadores, controlan la mayor parte del tráfico portuario descargando millones de toneladas de mercancías procedentes de China, Extremo Oriente u otros países. Pero se han encontrado con unos trabajadores muy organizados, incluso internacionalmente, que se resisten a la precarización y semi-esclavitud que este sistema y el gobierno que lo representa han impuesto a la clase obrera con las reformas laborales desde el inicio de la crisis. Pero esta lucha por un trabajo digno de los estibadores no puede ser sólo suya. Es del conjunto de la clase obrera de este país que se verá reflejada en ella y cuya solidaridad y comprensión de los motivos de la lucha es imprescindible para ganar.
La guerra declarada por el PP a los estibadores es una guerra total, incluso el presidente de la confederación empresarial valenciana, primer puerto en tráfico de contenedores del país, pide la intervención del ejército, como en la huelga de los controladores aéreos. La lucha de los estibadores debe hacer sentir la fuerza potencial de la clase obrera. Lo que está en juego son empleos, condiciones de trabajo y salarios dignos, frente a la precariedad masiva y la miseria generalizada que se nos ofrece en la actualidad como trabajo asalariado. La decisión de luchar por su futuro es clara, la organización y la confianza en la victoria es total. Desde Lucha de Clases queremos explicar, difundir la lucha de los estibadores y neutralizar la intoxicación y falsedad que se transmite de sus condiciones de vida y trabajo.
Los sindicatos de clase y la coordinadora deberían hacer un llamamiento a los partidos de la izquierda y juntos convocar una gran movilización, que partiendo de cada zona portuaria, confluya en Madrid, como vimos en la marcha de los mineros, y muestre el potencial de la clase obrera y obligue a dar marcha atrás al gobierno y al parlamento, porque esta huelga es la referencia de la lucha de clases en nuestro país.

Fuente: http://www.marxist.com/huelga-de-los-estibadores-el-partido-popular-destruye-los-derechos-de-los-trabajadores-portuarios-para-beneficiar-a-las-grandes-empresas.htm

25 años de Unión Monetaria, nada que celebrar... salvo su defunción

Jorge Amar Benet
Público.es



Este pasado día 7 de febrero se conmemoraban los 25 años de la firma del tratado de Maastricht que inició la andadura hacia la Unión Monetaria Europea (UME). Resulta llamativa la falta de entusiasmo y publicidad que se da a ese evento, comprensible cuando este año podría ser el del fin abrupto de este experimento socioeconómico, único en la historia, de separar a tantas naciones de sus monedas y al que las encuestan constatan su creciente falta de apoyo popular (GALLUP 2016).
 Ni la historia de las fallidas previas uniones monetarias que no fueron de la mano de uniones políticas (Eurozone Dystopia chapter 2 page 23). Ni las recomendaciones de los informes que la misma CEE hizo en los 70 (Eurozone Dystopia chapter 3). Ni las precauciones y avisos que diversos economistas hicieron en los 90 (WYNNE GODLEY). Ni la acrítica falta de debate en nuestro país sobre la UME, aquí era un suicidio profesional/político el cuestionar el tratado, recordemos sino cómo era ridiculizado Julio Anguita e IU a quienes nuestra historia reciente terminó dándoles la razón. Ni la patente evidencia de las desastrosas políticas procíclicas que se derivan de las reglas de Maastricht, como las tasas de paro juvenil superiores al 50%. Ni las lágrimas de cocodrilo que desde el FMI se vierten cuando implícitamente reconocen que le hubiera ido mejor a Grecia saliendo del euro (Financial Times). Ni la reluctancia a entrar en ese club de la anorexia económica de aquellos que se comprometieron a ello (Suecia, Polonia). Nada de ello hace mella en el pensamiento grupal de los eurócratas y sus valedores nacionales para que reflexionen y cambien de opinión.
¡Faltaría más! El euro ha sido un éxito total en lo que se refiere al desmantelamiento del estado de bienestar y el debilitamiento del factor trabajo, han contribuido a ello tanto el proceso eufemísticamente llamado de “consolidación fiscal” como la llamada “convergencia en los criterios” (siempre criterios financieros) dejando de lado el desempleo que pasó de ser un objetivo a batir, a ser un instrumento de política económica para mantener baja la inflación (NAIRU). Estas condiciones, obligadas por el tratado, alejaron a nuestro país de la senda de reducción de la brecha de gasto social (que desde finales de los 70 llegó hasta principios de los 90) que de haber continuado a ese ritmo se habría cerrado al iniciar el siglo XXI (Estado de Bienestar).
Uno de los elementos de la construcción de nuestro estado de bienestar fue el papel decisivo que tuvo la financiación monetaria de los déficits públicos (anticipos del banco de España), algo que la firma del tratado prohíbe de manera tajante. Otro elemento fue el mantenimiento de déficits públicos (incluso en las fases de expansión del ciclo) que superaban los límites que el tratado refuerza con el llamado “procedimiento de déficit excesivo”. De haber tenido que cumplir con las reglas de la UME nos hubiéramos visto impedidos de financiar la creación del estado de bienestar, pues el límite del déficit público del 3% lo hemos superado desde 1983 de manera constante hasta 1996. A esa reducción del déficit público le acompañó el progresivo incremento del déficit privado que tomó la forma de burbuja inmobiliaria, hinchándose ominosamente, hasta que la crisis financiera global le puso punto final. Ya conocemos todos lo que pasó después, basta con mirar nuestras desaparecidas cajas de ahorros, los desahucios record y el parque de viviendas sin ocupar.
El presente año se presentan toda una serie de hitos que pueden llevar a la desintegración de la eurozona, el caso de Italia con su banca en situación lamentable y que bajo las nuevas reglas del “bail in” supondrá, de realizarse en esas condiciones, una pérdida sustancial de los ahorros de pensionistas que han confiado en los títulos de esas entidades, las elecciones en Francia con un Frente Nacional que se coloca en cabeza en las encuestas, elecciones en Alemania con numerosas voces que cuestionan la política del BCE y quieren que se acabe el programa de compras y que incluso demandan que Grecia sea expulsada de la UME. Cualquiera de ellos demostrará que la supuesta irreversibilidad del euro, no era más que una declaración de intenciones al mismo nivel que las declaraciones de fidelidad y apoyo mutuo que acompañan el inicio de un matrimonio.
Que ese matrimonio entre las monedas de los países ha resultado en que unos maltratan a los otros, que las reglas no son iguales para todos, que la coacción y el insulto se convierten en lo cotidiano, solo pueden reeditar lo que Europa vivió en los años 30 sometida también al corsé del patrón oro y la depresión económica tras una crisis financiera, frente a la que la ortodoxia económica recomendaba (¡también lo hacían entonces!)... más austeridad. Veremos lo que sucede finalmente en Francia o lo que está sucediendo ya en Hungría, o el ominoso progreso de Alternativa por Alemania, mientras los eurócratas vuelven a recomendar el “waterboarding” a una Grecia exhausta, o a Portugal, o a España, y demonizan el déficit público reproduciendo la primera de las “15 falacias funestas del fundamentalismo financiero” que denunciaba el Nobel William Vickrey (WILLIAM VICKREY). Lo que está claro es que la resistencia a ese proyecto absolutamente ordoliberal que es el euro no cesa de crecer, lo que debemos plantearnos es quien se beneficiará de la caída, ¿Una ultraderecha xenófoba?, ¿Es todavía posible que la izquierda responda a este desafío y emprenda la demolición de toda esa estructura?
Jorge Amar Benet. Economista, Research Scholar en el Binzagr Institute, presidente de APEEP-Soberanía Económica.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes

Jorge Amar Benet
Público.es



Este pasado día 7 de febrero se conmemoraban los 25 años de la firma del tratado de Maastricht que inició la andadura hacia la Unión Monetaria Europea (UME). Resulta llamativa la falta de entusiasmo y publicidad que se da a ese evento, comprensible cuando este año podría ser el del fin abrupto de este experimento socioeconómico, único en la historia, de separar a tantas naciones de sus monedas y al que las encuestan constatan su creciente falta de apoyo popular (GALLUP 2016).
 Ni la historia de las fallidas previas uniones monetarias que no fueron de la mano de uniones políticas (Eurozone Dystopia chapter 2 page 23). Ni las recomendaciones de los informes que la misma CEE hizo en los 70 (Eurozone Dystopia chapter 3). Ni las precauciones y avisos que diversos economistas hicieron en los 90 (WYNNE GODLEY). Ni la acrítica falta de debate en nuestro país sobre la UME, aquí era un suicidio profesional/político el cuestionar el tratado, recordemos sino cómo era ridiculizado Julio Anguita e IU a quienes nuestra historia reciente terminó dándoles la razón. Ni la patente evidencia de las desastrosas políticas procíclicas que se derivan de las reglas de Maastricht, como las tasas de paro juvenil superiores al 50%. Ni las lágrimas de cocodrilo que desde el FMI se vierten cuando implícitamente reconocen que le hubiera ido mejor a Grecia saliendo del euro (Financial Times). Ni la reluctancia a entrar en ese club de la anorexia económica de aquellos que se comprometieron a ello (Suecia, Polonia). Nada de ello hace mella en el pensamiento grupal de los eurócratas y sus valedores nacionales para que reflexionen y cambien de opinión.
¡Faltaría más! El euro ha sido un éxito total en lo que se refiere al desmantelamiento del estado de bienestar y el debilitamiento del factor trabajo, han contribuido a ello tanto el proceso eufemísticamente llamado de “consolidación fiscal” como la llamada “convergencia en los criterios” (siempre criterios financieros) dejando de lado el desempleo que pasó de ser un objetivo a batir, a ser un instrumento de política económica para mantener baja la inflación (NAIRU). Estas condiciones, obligadas por el tratado, alejaron a nuestro país de la senda de reducción de la brecha de gasto social (que desde finales de los 70 llegó hasta principios de los 90) que de haber continuado a ese ritmo se habría cerrado al iniciar el siglo XXI (Estado de Bienestar).
Uno de los elementos de la construcción de nuestro estado de bienestar fue el papel decisivo que tuvo la financiación monetaria de los déficits públicos (anticipos del banco de España), algo que la firma del tratado prohíbe de manera tajante. Otro elemento fue el mantenimiento de déficits públicos (incluso en las fases de expansión del ciclo) que superaban los límites que el tratado refuerza con el llamado “procedimiento de déficit excesivo”. De haber tenido que cumplir con las reglas de la UME nos hubiéramos visto impedidos de financiar la creación del estado de bienestar, pues el límite del déficit público del 3% lo hemos superado desde 1983 de manera constante hasta 1996. A esa reducción del déficit público le acompañó el progresivo incremento del déficit privado que tomó la forma de burbuja inmobiliaria, hinchándose ominosamente, hasta que la crisis financiera global le puso punto final. Ya conocemos todos lo que pasó después, basta con mirar nuestras desaparecidas cajas de ahorros, los desahucios record y el parque de viviendas sin ocupar.
El presente año se presentan toda una serie de hitos que pueden llevar a la desintegración de la eurozona, el caso de Italia con su banca en situación lamentable y que bajo las nuevas reglas del “bail in” supondrá, de realizarse en esas condiciones, una pérdida sustancial de los ahorros de pensionistas que han confiado en los títulos de esas entidades, las elecciones en Francia con un Frente Nacional que se coloca en cabeza en las encuestas, elecciones en Alemania con numerosas voces que cuestionan la política del BCE y quieren que se acabe el programa de compras y que incluso demandan que Grecia sea expulsada de la UME. Cualquiera de ellos demostrará que la supuesta irreversibilidad del euro, no era más que una declaración de intenciones al mismo nivel que las declaraciones de fidelidad y apoyo mutuo que acompañan el inicio de un matrimonio.
Que ese matrimonio entre las monedas de los países ha resultado en que unos maltratan a los otros, que las reglas no son iguales para todos, que la coacción y el insulto se convierten en lo cotidiano, solo pueden reeditar lo que Europa vivió en los años 30 sometida también al corsé del patrón oro y la depresión económica tras una crisis financiera, frente a la que la ortodoxia económica recomendaba (¡también lo hacían entonces!)... más austeridad. Veremos lo que sucede finalmente en Francia o lo que está sucediendo ya en Hungría, o el ominoso progreso de Alternativa por Alemania, mientras los eurócratas vuelven a recomendar el “waterboarding” a una Grecia exhausta, o a Portugal, o a España, y demonizan el déficit público reproduciendo la primera de las “15 falacias funestas del fundamentalismo financiero” que denunciaba el Nobel William Vickrey (WILLIAM VICKREY). Lo que está claro es que la resistencia a ese proyecto absolutamente ordoliberal que es el euro no cesa de crecer, lo que debemos plantearnos es quien se beneficiará de la caída, ¿Una ultraderecha xenófoba?, ¿Es todavía posible que la izquierda responda a este desafío y emprenda la demolición de toda esa estructura?
Jorge Amar Benet. Economista, Research Scholar en el Binzagr Institute, presidente de APEEP-Soberanía Económica.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes