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La carambola del 155 tropieza con Catalá

La carambola del 155 tropieza con Catalá

Fernando López Agudín
Cuando Rajoy, taco en mano, se disponía a introducir la bola del 155 en el billar de la Moncloa, empujando las dos bolas vasco catalanas contra la banda alemana, la irrupción de las asociaciones de jueces y fiscales han impedido, ciertamente por el momento, la carambola política que le permitiría seguir con el taco presidencial hasta junio de 2020. La reacción crítica del ministro Rafael Catalá a la sentencia de La Manada, que niega el evidente delito de violación cometido por el brutal quinteto de violadores, ha resucitado el peor corporativismo más puñetero de los profesionales de la Justicia contra el Gobierno del Partido Popular, justo cuando apenas restan una veintena de días para conocer si, finalmente, consiguen aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Tras esta interrupción, todas las bolas se plantean que hará la bola judicial.
Por una ironía de la Historia, la supervivencia de Rajoy, sentenciado por los poderes fácticos, depende hoy tanto de Puigdemont como de Urkullu. Si el primero no facilita ya un gobierno nacional catalán, el segundo no votará los números de Montoro y, sin ese nihil obstat de Ajuria Enea, el gobierno del PP pasará a los manuales de los textos históricos. Quien más ha combatido la plurinacionalidad del Estado, eso sí arrastrado por Albert Rivera, no podrá culminar la legislatura sin el apoyo, explícito e implícito, de los nacionalistas a los que ha llegado incluso a encarcelar. Máxime, cuando tanto el PP como Ciudadanos compiten ahora por ampliar la tensión territorial a las comunidades navarra, valenciana y balear.
¿Cómo repercutirá el enfrentamiento de Carlos Lesmes, mandamás de lo judicial, con el ministro Catalá en esta carambola de Rajoy? Pese a que la Moncloa no ignoraba cuál iba a ser la postura de las siete asociaciones profesionales del Poder Judicial, que tanto han contribuído a revestir jurídicamente a Mariano Rajoy, tampoco podía arriesgarse a no atender la indignación de más de la mitad del voto sociológico del país, las mujeres, contra una sentencia judicial demencial y bochornosa. Ni siquiera sabiendo que el nuevo choque vendría a sumarse al que mantiene el juez Llarena con el ministro Montoro, sobre el delito de malversación que el primero atribuye a Puigdemont. De nada le serviría satisfacer a los togados cesando a Rafael Catalá, a cambio de perder el electorado femenino.
Ni un segundo han tardado los burukides del PNV en sacar a Egibar del rincón guipuzcoano para advertir hoy que su voto presupuestario sigue en el aire político, si continúa el 155. Casi al mismo tiempo que Andoni Ortúzar, máximo dirigente, enviaba un mensaje público a la izquierda española, pidiéndole “que espabile”, para que la alternativa al PP no sea Ciudadanos, una sigla basada en el frontal choque de trenes nacionalistas. Por mucha  presión que ejerza Josu Jon Imaz, más atento a los intereses del Ibex-35 que a los de Euskadi, el potente nacionalismo vasco no tiene otra opción que la de condicionar su voto al fin del 155. Nadie mejor que ellos saben lo que puede significar la voladura controlada de Rajoy, pero ni aún a costa de ese serio riesgo pueden permitirse jugar a Poncio Pilatos.
Solo faltaba negar el delito de violación en Pamplona, mientras se pide la extradición de Puigdemont por el delito de rebelión, para acentuar el desprestigio de la Justicia española ante la Unión Europea. Esa negación de un delito comprobado y esa afirmación de un delito inexistente en Alemania dificulta hoy la posibilidad de pactar con el líder soberanista, vía Merkel, si este desbloquea el gobierno catalán a cambio de que los jueces germanos no lo extraditen. Tras la sentencia de La Manada y la reacción corporativista del Poder Judicial, parece muy difícil que el gobierno alemán se avenga a jugar ese papel de intermediación.  Y es que “aún hay jueces en Berlín”, como bien los había en el siglo XVII, y reconocía esta famosa frase pronunciada por el  emperador Federico Guillermo.
El caso es que Rajoy todavía no ha abandonado el tapete verde del billar de la Moncloa. Con el taco en alto, acariciado por la tiza, calcula como rematar la jugada. No conviene olvidar que es un fino estilista, aunque las bolas están bastante peor situadas que ayer, pero seguramente mejor que mañana. Ni la catalana parece tan firme ni  la vasca tan predispuesta. No digamos de la alemana, irritada por la subida de las pensiones que desborda la lucha contra el déficit, y que contempla como su jugador preferido se encamina, sin prisa y sin pausa, hacia un callejón sin salida. Falta solo la bola negra, la de las togas, por situarse. Que hoy denuncie la intervención del Ejecutivo sobre el Poder Judicial no es un buen augurio para Rajoy.

La Manada, una sentencia bélica

Este es un conflicto de una enorme carga simbólica. Para las feministas supone una pérdida de fe en la institución judicial. Una ruptura del marco. El #YoSíTeCreo tiene su contracara desestabilizadora: la desconfianza en la justicia

Ctxt

A la una de la tarde la expectación era máxima, hacía días que se podía sentir una especie de cuenta atrás, preludio de aquellos eventos que rompen con la inercia y cambian el rumbo de las cosas. Flotaba desde hacía semanas la sospecha de que aquello no iba a dejar a nadie indiferente. Alerta era la palabra, alerta feminista en las redes sociales. No era una falsa alarma. Todo apuntaba a que algún tipo de reajuste se estaba armando, una sentencia que fuera como una impugnación. Ese runrún no ha evitado la sorpresa, y mucho menos la indignación. Pocos minutos después de que el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, José Francisco Cobo, leyera el fallo, grupos de mujeres mostraban sus manos enfundadas de guantes rojos, manifestaban dolor e incomprensión. En las redes sociales zumbaba sin parar una palabra, ABUSO. Un vocablo escaso, limitado, que no alcanza a definir lo que le pasó a la chica que aquella madrugada del 7 de julio de 2016 se cruzó con cinco hombres con un plan definido: follársela independientemente de la voluntad de ella. Según el Código Penal, el abuso descarta que hubiera agresión o intimidación.

Así, la sentencia llama a lo que pasó poco después de este fatídico encuentro “abuso sexual”. Es más, uno de los jueces, Ricardo González, pidió, una vez más, y directamente, la absolución. Hay que leer los hechos probados de la sentencia con una miopía patriarcal muy incrustada, unas auténticas cataratas de patriarcado para no ver violencia ni intimidación en el hecho de que cinco hombres adultos metan por sorpresa a una chica sola en un portal y hagan con su cuerpo lo que deseen. No la han creído: tras tanta expectación, la sentencia se ha revelado como una sentencia bélica. Eslaguerra, constataban periodistas y activistas, mujeres anónimas, entre tristes y furiosas, eslaguerra. Y mientras, se multiplicaban las convocatorias para no ceder en la calle lo que se ha sentido perdido en los tribunales: el derecho a la justicia.

No la creyeron. Ricardo González, el famoso juez absolutorio, es un buen exponente de este escepticismo con ínfulas de neutralidad. Hace meses, mientras visionaba los vídeos que los acusados grabaron con sus móviles, centró su mirada avezada en las expresiones de ella mientras era sometida. Buscaba el gesto que la delatara, el gemido equívoco, un escrutinio fino que le reafirmara en la sospecha de que esa mujer mentía. Mentía y manipulaba. Si no hubo agresión ni fue forzada, ¿por qué no comunicó su disconformidad? Las cosas no le cuadraban. Nunca ha debido sentir indefensión ni es capaz de imaginar su propia reacción en una situación como aquella por la que pasó la chica. Y aún así sospechaba que ella no sufrió a la altura. Algo hizo mal en ese contexto, no cumplió con algunos de los requisitos para ser considerada violada. Las reflexiones de este juez muestran hacia los perpetradores una solidaridad de género frente a una víctima de la que se desconfía por sistema.

No la han creído, ni él, ni los otros dos jueces. Son la punta del iceberg de miles de hombres y algunas mujeres que tampoco la creen. Y con la víctima se sienten descreídas millones de mujeres. La indignación moviliza los cuerpos, las acciones de quienes suponen un actor político cada vez más fuerte, con capacidad de respuesta, cada vez más veloz en cambiar los teclados por las calles si la rabia aprieta y la sororidad convoca. El patriarcado no es ajeno a la dimensión que va tomando el movimiento feminista. Quizás esta sentencia no sea fruto de la ceguera patriarcal, sino una forma de respuesta de quienes sienten su poder en disputa. Una alarma naranja que tilila, un recordatorio de que la justicia no es feminista ni lo será pronto.

Antes de los jueces, los abogados defensores hicieron su propio show: tantas pruebas había, tan obvio era el abuso de poder, la intimidación y la violencia, que la única defensa posible era cuestionar a la víctima, atacar su credibilidad, poner en duda cada uno de sus actos. Fueron poco escrupulosos a la hora de revictimizar a la víctima, aparentemente cómodos en su rol de escupir juicios sobre ella. Una estrategia que consideran válida para empujar los límites del relato hacia la zona de confort de quienes no tienen urgencia en atacar al patriarcado porque es lo que respiran. Ella tenía que haber interpretado lo que estaba por pasar y haber huido. Ella tenía que avisar de que no quería que aquello continuara pasando incluso a riesgo –quizás– de su propia vida. Si no es asesinada o golpeada, la palabra de una víctima de violación siempre estará en entredicho. El kit de desresponsabilización del machista, que los disculpa de sus acciones y les responsabiliza hasta de sus propios cuerpos: cómo iban a imaginar ellos que su número y volumen le intimidaban, ella tenía que haber mostrado esa intimidación y luchado contra ella para ser creída.

Este es un conflicto de una enorme carga simbólica. Para las feministas supone una pérdida de fe en la institución judicial. Una ruptura del marco, el #YoSíTeCreo, tiene su contracara desestabilizadora: la desconfianza en la justicia. Esto tiene consecuencias individuales y colectivas. Erosiona la seguridad y contención de las víctimas ante casos de violencia. Empuja a pensar en formas de autodefensa que trasciendan lo institucional.

El caso de La Manada tiene varios elementos que lo convierten en un revulsivo completo: un continuo de violencia sexual grupal; un proceso de revictimización de la violada. Una cobertura informativa a ratos espectacularizante, y a ratos, incluso violenta hacia la víctima; un proceso judicial en suspenso, que termina con una sentencia insuficiente. Del otro lado, una violación grupal, cometida por chicos, “majetes”, no marginales, ni extranjeros, chicos integrados socialmente y hasta guapos, que trivializan sus actos, banalizan el sometimiento de una mujer, la cosifican al extremo y disponen de su cuerpo a su placer. Que muchas personas se tomaran estas imágenes con normalidad habla de algo más grande y profundo, de un proceso en ciernes donde la cosificación es completa, y los vínculos con el otro, su bienestar, su consentimiento, o incluso su vida pasan a segundo plano hasta dejar de importar. En esa dominación del grupo, que no impide ninguno de ellos, hay una perversidad que da vértigo, la capacidad de hombres normales de ejercer acciones negativas.

A esta lógica de grupo que se construye desde la dominación, y tiene como interlocutores a otros hombres, lo último que le falta es la sensación de impunidad. No calificar estos actos de lo que son: violaciones, no penarlos en consecuencia es mandar un mensaje de que su libertad sexual no es un absoluto, que debe defenderla con uñas y dientes si la ve amenazada, porque, en caso contrario, podría inducir confusión respecto a su disconformidad con la situación. Entender el consentimiento como un a priori mientras no se demuestre lo contrario pone la responsabilidad de nuevo en las mujeres.

Esta sensación de impunidad es uno de los componentes del concepto feminicidio como lo explica Lagarde. No se trata de la cantidad de años, hay que cuidarse de caer en una matemática de la venganza, exigiendo penas tan grandes como nuestra rabia. Se trata del tipo de delito. Calificar algo así de abuso suena a aviso a navegantes en tiempos convulsos. A amonestación por exceso de presencia del feminismo. No siempre se avanza, los cambios no siempre son a mejor, conviene mirar afuera, interpretar la violencia en un marco más amplio. ¿Qué hace que un grupo de jóvenes considere como parte de su ocio, como una experiencia válida someter a una mujer contra su voluntad? ¿Qué hace que muchos otros emulen y les admiren por ese gesto? ¿Qué hace que un juez, a la vista de todas las pruebas, vea una relación sexual consentida? ¿Qué ha pasado estos últimos años? Nos ven como objeto, como territorio donde expresar su poderío, como diría Rita Segato. ¿O estamos empezando a ser antagonistas y esto en efecto eslaguerra? Hay que estar listas para no perder terreno. También ampliar nuestro espacio: la indignación moral esta vez alcanza a muchos varones. La indignación moral es un revulsivo contra la injusticia, es la energía que moviliza a las hartas, es la impugnación que se lleva lo que no sirve por delante y que no acepta medias tintas ni representaciones.

Sarah Babiker es periodista especializada en género y mundo árabe.

Fuente: http://ctxt.es/es/20180425/Firmas/19251/Sentencia-la-manada-abuso-jueces-machismo.htm

Una asociación envía a Cospedal los nombres de los cien militares enterrados en fosas comunes de San Fernando

Cospedal negó en el Congreso tener "constancia oficial" sobre la tumba con militares y el Gobierno de España que tuviera "competencia" en el asunto


eldiario.es


El Ministerio de Defensa ya tiene "constancia oficial" de los más de cien militares ejecutados por el franquismo en San Fernando (Cádiz) por permanecer leales a la República. La asociación de memoria local ha enviado un escrito a la titular, María Dolores de Cospedal, con los nombres de estos soldados y en la que certifican la localización –por ahora– de 48 víctimas en la fosa común del cementerio. El régimen asesinó en la localidad a más de 200.

Cospedal negó tener conocimiento de la tumba ilegal el pasado 17 de abril ante la Comisión de Defensa del Congreso. "Esta solicitud me ha causado cierta sorpresa porque en el Ministerio de Defensa no se tiene constancia oficial alguna sobre el asunto al que se refiere la petición", dijo. El Gobierno de España tampoco se dio por aludido al no tener "competencia ni responsabilidad", como respondió a una pregunta parlamentaria de Unidos Podemos en un caso que desveló eldiario.es.

Como réplica a las declaraciones de la ministra, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (AMEDE) entregó el 24 de abril una instancia –a la que ha tenido acceso este medio– en la Delegación del Ministerio de Defensa en Cádiz.

"La instancia presentada es un documento con el que se pretende dar constancia oficial a la localización de 48 sujetos en la fosa común del cementerio municipal de San Fernando". No todos serían militares, en principio, en una localidad con más de 200 asesinados por las tropas rebeldes. De este casi medio centenar de víctimas, 27 ya han sido exhumadas "y 21 están localizados". Todos los restos cadavéricos "muestran señales de violencia, sin que aún se haya agotado el examen ni el registro arqueológico", precisan.

La fosa del "caso Cospedal"
En lo que AMEDE califica como "caso Cospedal", la asociación emplaza a la ministra a que actúe una vez conocida la información facilitada. "Estamos convencidos de que no quedarán indiferentes ante este hecho, y sabrán dar un buen uso a la información entre las autoridades militares de la Armada e Infantería de Marina del Departamento de Cádiz, compañeros de los represaliados en esta fosa", apuntan en la instancia firmada por el presidente de la asociación, Félix Urra.

Los trabajos arqueológicos "de localización, excavación y exhumación" están realizados en colaboración con la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de San Fernando. El Gobierno acumula casi dos legislaturas reincidiendo en el presupuesto "cero" a la Memoria Histórica.

Hay tiempo para que Defensa colabore en la intervención en la fosa de los militares, señala la ARMH isleña. "Complementariamente a la excavación y a las exhumaciones también se desarrolla una investigación documental, archivística y bibliográfica para recuperar la identidad e historia de las personas represaliadas e inhumadas en estas fosas", explican.

"Consecuencia del trabajo que realiza Miguel Ángel López Moreno, ha sido adjuntado un documento con las identidades, categorías y circunstancias de 106 militares y asimilados" pertenecientes en el momento del golpe de Estado fascista contra el Gobierno legítimo de la Segunda República a la Armada, Infantería de Marina y personal de la Maestranza de la Marina. "Todos ellos fusilados y enterrados en San Fernando (Cádiz)", subraya AMEDE.

Familiares piden apoyo de Defensa

Familiares de estas víctimas del franquismo solicitaron apoyo de Defensa para buscar y exhumar la fosa con más de cien soldados españoles. "Le pido a Cospedal que dé valor a unos militares que obedecieron al Gobierno que les nombró y cumplieron con su labor" al no acatar la rebelión armada, declaró a eldiario.es Rosa María Sancha, nieta del Comandante en Jefe de las tropas de Infantería en julio de 1936, Manuel de Sancha Morales, asesinado y arrojado a la fosa isleña. "Ojalá lo hiciera y sería un orgullo", decía, "porque ese es el valor que tienen los militares, ¿no?, estar a la orden del Gobierno que salga, como ahora está el PP".

En esas centenas de historias enterradas hay "casos de militares que son emblemáticos", narra el investigador Miguel Ángel Lopez Moreno. Como el capitán de Corbeta Virgilio Pérez Pérez o el propio Comandante Manuel de Sancha Morales. "Ambos tuvieron la valentía de oponerse abiertamente a la sublevación militar y acabaron dando su vida en el acto de permanecer leales al juramento que ofrecieron a la República", explica.

Este medio preguntó a Defensa sobre la tumba colectiva pero el Ministerio no respondió si tenía algún plan para los militares ejecutados y arrojados a la tierra abierta en el camposanto isleño. De ahí, Unidos Podemos solicitó en el Congreso de los Diputados, en noviembre de 2017, "respuestas" sobre las "víctimas del franquismo" asesinadas "por defender la democracia".

El Gobierno negó tener "competencia ni responsabilidad" en el asunto. Luego, Cospedal "contestó, ante la pregunta del diputado Miguel Ángel Bustamante (Unidos Podemos), no tener constancia oficial de la existencia de una fosa común en San Fernando en la que podrían continuar enterrados alrededor de 108 militares –la cifra oscila por la investigación en curso–", recuerda AMEDE. La ministra refirió en el Congreso "la fosa referida en el Mapa de Fosas con registro 1.828/2019" que cifra un número de asesinados sin actualizar "que oscilarían entre 15 y 20 sujetos".

Albert Rivera y El Mundo actúan como Goebbels y el Völkischer Beobachter.

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Los 11 principios de la propaganda de Goebbels.

1 Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único Símbolo; Individualizar al adversario en un único enemigo.

2 Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo; Los adversarios han de constituirse en suma individualizada.

3 Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”.

4 Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave.

5 Principio de la vulgarización. “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar”.

6 Principio de orquestación. “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas”. De aquí viene también la famosa frase: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”.

7 Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones.

8 Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias.

9 Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines.

10 Principio de la transfusión. Por regla general la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales; se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas.

11 Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa “como todo el mundo”, creando impresión de unanimidad.





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