Confinar a los no vacunados violaría los derechos fundamentales en España, según un ex magistrado del Tribunal Supremo

Debería regularse mediante Ley orgánica y seguramente plantease problemas de inconstitucionalidad

por Beatriz Talegón

17/11/2021

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- Las dudas que genera la decisión tomada por el gobierno austriaco, que ha anunciado el confinamiento selectivo de la población no vacunada, que no haya pasado el COVID-19, llegan a España.

¿Sería posible implantar aquí esta medida? La respuesta parece clara: no, pues se vulnerarían derechos fundamentales amparados por nuestra Constitución.

Así lo explica el que fuera magistrado del Tribunal Supremo, Jorge Rodríguez-Zapata. Según ha explicado este juez para el Periódico de España, en España no hay paraguas legal para confinar a personas que no se hayan vacunado contra la COVID-19. Concretamente estaríamos hablando de unos cuatro millones de personas residentes en España.

Nuestro marco legal no lo permite

Actualmente el marco legal en España no establece la obligatoriedad de la vacunación, y por lo tanto tampoco se pueden imponer medidas para aquellas personas que libremente decidan no someterse a estos tratamientos. «Violaría los derechos fundamentales», subraya Rodríguez-Zapata.

Medidas austriacas

En Austria sin embargo, han decidido establecer confinamiento selectivo para aquellas personas que no estén inmunizadas ante el virus: bien porque no hayan pasado la enfermedad, o bien porque hayan decidido no vacunarse. Desde esta semana, estas personas deberán permanecer confinadas, pudiendo acudir al trabajo con una prueba PCR negativa, y saliendo a realizar compras necesarias con controles exhaustivos por parte de las autoridades.

Únicamente los menores de 12 años, las mujeres embarazadas, y quienes puedan demostrar que tienen inmunidad natural por haber pasado la enfermedad aunque no se hayan vacunado pueden circular con libertad. De lo contrario, se exponen a sanciones que pueden llegar a ser de 500 euros. Para las empresas que no soliciten los test negativos de estos trabajadores la sanción puede llegar a ser de 3.600 euros.

Debate en España

En España, algunos dirigentes políticos miran con buenos ojos estas medidas, a pesar de haberse demostrado que las personas vacunadas pueden infectarse igual que las no vacunadas y transmitir la enfermedad. Por esta razón se ha abierto el debate sobre si sería posible establecer medidas como las austriacas. La respuesta es clara: «esta imposición solamente se podría establecer mediante ley orgánica que podría acarrear problemas de constitucionalidad», apunta el juez.