¿Quién dice que es anticonstitucional el referéndum catalán?
Viento Sur
En pocos días han aparecido dos manifiestos de signo opuesto sobre la constitucionalidad del referéndum, los dos firmados por centenares de juristas. Lo cual pone otra vez de manifiesto que no hay una única interpretación posible, sino que es una cuestión eminentemente política.
Esta es una cuestión en la que VIENTO SUR ha insistido en otros artículos. Por ejemplo, en esta entrevista a Javier Pérez Royo: “El gobierno [de Rajoy] se ha obstinado en que esto es un problema jurídico, pero no, esto es un problema político y aquí se está haciendo política. Ellos hacen política a través del Tribunal Constitucional y de la fiscalía. Han decidido que esto es un asunto cerrado: la Constitución es la que es, y a quien dé un paso más allá le envían el Tribunal Constitucional o la fiscalía, y se acabó lo que se daba. Punto. Esta es su estrategia y llevamos así desde la sentencia del 2010 [contra el Estatuto].”
Intentar convertir los problemas políticos en jurídicos no es nada nuevo, como recordaba el profesor Jorge Cagiao en una entrevista: “los diferentes actores, políticos, jueces, profesores de derecho, han manipulado, en el sentido de que han trabajado, la materia jurídica para llevarla a su terreno...Esto no es nuevo. Lo que yo digo lo decía Hans Kelsen hace casi 100 años, cuando decía que hay muchos académicos que no hacen una descripción objetiva del derecho sino política jurídica. Es decir, tratar de influir no en los políticos, porque no lo necesitan, sino en la opinión pública”.
Los dos manifiestos aparecidos esta semana avalan la tesis de que estamos ante una cuestión política.
Un manifiesto, firmado por más de 500 juristas, no sólo afirma que el referéndum es constitucional, sino que “una negativa continuada del Estado legitimaría otras vías para que la ciudadanía de Catalunya expresara cómo quiere decidir su futuro”.
Otro manifiesto, firmado por 200 juristas, no cita explícitamente la palabra referéndum, pero considera que no hay otra vía que la establecida por el Tribunal Constitucional que, como se comentaba antes, es una de los principales obstáculos para permitir un referéndum: “Cuestionar los fundamentos del Estado de Derecho, despreciando los órganos encargados de aplicar las leyes, mediante sus resoluciones de carácter jurisdiccional así como aquellas del máximo intérprete de la Constitución, no es en ningún caso una opción lícita ni legítima”.
Pero si se acepta que el referéndum es una cuestión política, la única alternativa democrática es resolverlo políticamente. Insistir en la vía judicial, como hacen el gobierno del PP y la mayoría del Parlamento, llevará inevitablemente a la represión contra la mayoría del pueblo de Catalunya. La vía pactada necesitaría de un gobierno y un Parlamento con voluntad política de negociarlo. En ausencia de ello las alternativas para las fuerzas soberanistas son sumisión o hacer el referéndum desde la legalidad catalana y aceptar el choque con la legalidad española.
Esta semana se ha dado un paso más en esta dirección.
Por un lado se ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo condenando a Francesc Homs a un año y un mes de inhabilitación por organizar la consulta del 9N, que se añade a las que condenaron a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el mismo motivo. La consecuencia ha sido aumentar la indignación en la opinión soberanista. Para muestra lo que escribe Antoni Bassas en el diario Ara: “sentencias como la de ayer contra un cargo electo que puso unas urnas sin valor vinculante son humillantes. Porque el 9N fue un día honorable y porque nosotros no participamos en ningún delito. Nosotros no somos delincuentes. Somos un país”.
Por otro lado el Parlament aprobó una partida de los presupuestos destinada a la organización del referéndum, sabiendo que esto implica ignorar las advertencias del Tribunal Constitucional, que se presentará un nuevo recurso ante el mismo y que las consecuencias serán, con toda probabilidad, nuevas condenas.
Ante este incremento de las tensiones sigue habiendo voces que, en público y en privado, pronostican que en el último momento el gobierno de Junts pel Sí se echará para atrás y en lugar del referéndum convocará nuevas elecciones. A estos pronósticos se refería Vicent Partal en un editorial de VilaWeb: “… si la insinuación pretende que, en realidad, la mayoría independentista no quiere convocar el referéndum y que, sin necesidad de presión exterior, no se votará, entonces creo que quien dice esto tiene un desconocimiento profundo de la realidad política del país y, todavía más, de la realidad social. Puede ocurrir que hagamos el referéndum. Puedo admitir la probabilidad de que el estado español encuentre una manera violenta de impedirlo. Pero lo que creo absolutamente imposible es que esta mayoría parlamentaria y este gobierno, voluntariamente, no hagan el referéndum. No por las amenazas de la CUP. Simplemente porque la ola de indignación popular que se levantaría si esto ocurriera acabaría de un plumazo con toda la generación de políticos independentistas que ahora están en el parlamento y el gobierno. Y todos ellos lo saben.”
Hay razones para pensar que, años atrás, Artur Mas decidió cabalgar el tigre del independentismo para obtener réditos electorales y acabar domándolo; pero si ahora Puigdemont y el PDECat decidieran descabalgar, lo más probable es que acabaran devorados; y tienen inteligencia política para no hacerlo. En el otro lado, Rajoy pudo pensar que el látigo del Tribunal Constitucional domaría el tigre independentista, pero el resultado es que lo esta enardeciendo; y no tiene la inteligencia política de admitirlo; por eso piensa en armas represivas cada vez más potentes. Quizá consiga matar el tigre o debilitarlo muy seriamente. O quizá no. Quizá el desenlace sea su caída y el principio del fin del régimen del 78. En uno y otro caso las consecuencias serán muy importantes, para Catalunya y para el conjunto del estado español.
Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article12388#sthash.N3OOJoBL.dpuf
En octubre de 2016 el consejero delegado del BBVA, Carlos Torres Vila, quien percibió ese año una suma de 4,4 millones de euros (un 16% más que en 2015) marcó la senda. Recordó que el banco había clausurado 436 oficinas en Cataluña, a lo que se agregaría otro centenar en el estado español. Además, con jerga alambicada anunció recortes de plantilla: la “salida” de unas 2.000 personas de la “Actividad Bancaria España” del BBVA (entidad en la que trabajan más de 27.000 empleados), de las que 1.556 corresponden a un “plan de eficiencia” tras la compra de Catalunya Caixa en abril de 2015. Es lo que Torres Vila denominó “prioridad estratégica en el control de costes”. El BBVA logró en 2016 unos beneficios netos de 3.475 millones de euros, un 31,5% superiores a los de 2015. Los ingresos del presidente de la entidad, Francisco González, ascendieron a 4,9 millones de euros, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
