Un crimen a cámara lenta o cómo acabar de una vez por todas con las pensiones públicas
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- enero 14º, 2018
Bancos y aseguradoras trabajan para transferir los ingentes ahorros de la población española al sector privado.
// Arte El Salto
Todo crimen tiene un móvil.
Para descubrirlo y, de paso, desenmascarar a sus responsables solo hay que seguir el rastro del dinero. En este caso, es difícil encontrar un botín más atractivo.
En España, los actuales planes de pensiones privados llevan ahorrados 109.244 millones de euros, una décima parte del PIB.
Un monto que representa, sin embargo, una minúscula muestra de lo que podría ser el negocio de las pensiones para los grandes bancos y aseguradoras si desaparece su principal competidor: las pensiones públicas.
Ya lo han hecho en muchos países de América Latina. Ahora quieren terminar el trabajo iniciado en España.
La estrategia utilizada por los lobbies de los planes de pensiones no puede ser más vieja: convencer de que el sistema público no tiene futuro, y garantizar que no lo tenga, dejándolo sin recursos, de forma que la primera previsión se cumpla.
El cuento del lobby
O cómo te convencen de que las pensiones públicas no son una buena idea
Los lobbies y think tanks de la banca y las aseguradoras, titulares de la mayoría de los planes de pensiones, han conseguido convertirse en la referencia a la hora de describir el futuro de las pensiones públicas. Y también a la hora de influir en las leyes que definen su futuro.
Una figura que sirve de ejemplo del vínculo entre los fondos de pensiones privados y el futuro del sistema público es Rafael Doménech, subdirector de la Oficina Económica del presidente del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero y actual responsable de análisis macroeconómico del BBVA, entidad que lidera el mercado de las pensiones privadas en España y buena parte de América Latina.
En 2013, Doménech fue seleccionado por el Gobierno de Mariano Rajoy como uno de los 12 ‘sabios’ que definieron el llamado ‘factor de sostenibilidad’, es decir, cuánto se recortarán las pensiones a partir de 2019 para compensar que viviremos más años.
De entre la docena de expertos, la mayoría estaba vinculada con bancos o aseguradoras y solo tres tenían una visión distinta a la del Gobierno.
Es también el caso del presidente de esta comisión, Víctor Pérez-Díaz, vinculado con FAES, la Fundación Caixa Galicia o Unespa, la patronal de las aseguradoras. Actualmente, en el Congreso se dice que Doménech pasa más tiempo allí que algunos ministros.
La estrategia de los lobbies consiste en convencer de que el sistema público no tiene futuro y hacer todo lo posible para que no lo tenga
A través de think tanks como Civismo, Fedea o IEE —el grupo de estudios de la CEOE—, mediante páginas web ‘blancas’, contenido patrocinado, gabinetes de estudio, encuestas, seminarios y tertulianos en medios de comunicación, el lobby de las pensiones privadas defiende su principal tesis: ante la persistencia de la crisis y el envejecimiento de la población, se debe aumentar la edad de jubilación, recortar las prestaciones y apostar por vías alternativas de ahorro, es decir, por planes de pensiones privados.
Estos grupos de presión también han hecho lo imposible, con buenos resultados hasta ahora, por mantener fuera de la agenda política la propuesta de financiar las pensiones por otras vías, a través de los presupuestos generales del Estado, como ocurre con otros gastos sociales y en otros países europeos.
La otra opción defendida por diversos sectores sociales para asegurar el futuro de las pensiones públicas —aumentar los salarios o las cotizaciones por parte de las empresas— permanece todavía más relegada por el lobby que quiere dejarte sin pensión —y que tengas que contratar otra con un fondo privado, si puedes permitírtelo—.
La profecía autocumplida
O cómo convierten en realidad el fin del sistema público
No basta con asustar, aunque ayuda. La noticia de que 2016 había terminado con el déficit más abultado de la historia de la Seguridad Social —unos 19.000 millones— dio buenos titulares al lobby de las pensiones privadas.
El “saqueo”, como lo llama la Marea Pensionista, viene de lejos.
En el año 2000, momento de excedente presupuestario, el Gobierno de José María Aznar creó la llamada ‘hucha de la pensiones’, un fondo de seguridad en previsión de tiempos peores.
Para prevenir malos usos en el futuro, el Gobierno fijó en un 3% el límite del que se podría disponer en caso de necesidad.
En 2012, el fondo de reserva llegó a su máximo, con 65.000 millones de euros. Ese año, el mismo en el que Luis de Guindos anunciaba el rescate bancario por una suma equivalente, el presidente Mariano Rajoy suspendía ese límite y decretaba que el Gobierno podría disponer en adelante de este fondo, sin más trámite que una notificación previa al Congreso.
A partir de entonces, el Gobierno del PP ha retirado una media de 13.500 millones de euros cada año.
En diciembre de 2017 apenas quedaban 8.000 millones, lo justo para pagar una mensualidad más. La principal causa de este déficit en las arcas de la Seguridad Social es el aumento del gasto en pensiones por el envejecimiento de la población.
Un factor casi tan determinante como la caída de los ingresos de las cotizaciones sociales, con las que se financia todo el sistema público, un fenómeno fácilmente explicable por la crisis, el paro y las más de dos millones de personas que tuvieron que dejar el país por razones económicas.
Tampoco ha ayudado que la “recuperación” de la que habla el Gobierno se haya cimentado en los bajos salarios, con una caída media del 12,8%, y en el empleo precario, con el doble de contratos temporales que en 1995.
Las plataformas de defensa del sistema público defienden que lo que está en crisis es el Pacto de Toledo, firmado en 1995, no las pensiones públicas.
“Es mentira que haya alguna razón para pagar las pensiones con las cotizaciones”, afirma Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco.
La economista Elena Idoate critica desde el seminario de economía Taifa la excepcionalidad de las pensiones públicas: “No hay ninguna otra partida presupuestaria que esté vinculada a una determinada fuente de financiación.
¿Por qué preocupa el equilibrio presupuestario de las pensiones, y no el de la Monarquía, el Ejército o la Policía?”.
// Arte El Salto
Dejar morir
O cómo consiguen que pasarte al sistema privado no parezca tan mala idea
Desde inicios de la crisis, el lobby de los planes de pensiones incrustado en el Gobierno ha encontrado en la Comisión Europea un aliado ideal. Frente al desfase entre los gastos e ingresos de la Seguridad Social, la receta de los sucesivos gobiernos ha sido recortar prestaciones y alargar el tiempo de trabajo necesario para acceder a una pensión en vez de abordar la caída de los ingresos del sistema público con políticas redistributivas.
En 2010, el ultimátum de las instituciones europeas al Gobierno de Zapatero llevó a la congelación de las pensiones contributivas y, un año después, a la ley de reforma de la Seguridad Social, que retrasaba la edad de jubilación de 65 a 67 años, entre una batería de medidas que hacían mucho más complicado acceder a una pensión o a cobrar la pensión máxima.
En 2013, Rajoy ponía las cosas todavía más difíciles con el Real Decreto 5/2013, que endurecía las condiciones de acceso a la jubilación anticipada. Y para quienes ya cobraban una pensión, el PP garantizó ese mismo año, mediante la Ley 23/2013, una merma constante de su poder adquisitivo al desvincular la actualización de las pensiones de la inflación.
Gracias a las reformas de las pensiones realizadas por Zapatero y Rajoy en 2011 y 2013, los pensionistas han perdido 1.200 millones de euros solo en 2017, una media de 200 euros por cada uno de ellos.
La introducción del factor de sostenibilidad a partir de 2019 supondrá que “se cobrará menos al mes pero durante más años”, afirma una de las web de pensiones del BBVA.
Después de comparar los sistemas de todos los países europeos en su informe Las pensiones en España, el catedrático Zubiri concluye que el PP “ha introducido unos de los ajustes por envejecimiento más severos de la UE”. El think tank de la patronal, el IEE, recomendaba hace un año aumentar la edad de jubilación a 70 años para “salvar” las pensiones.
Si los planes de pensiones fueran lo que cuenta el aparato de comunicación de la banca y las aseguradoras, pasarse a uno de esos fondos quizá no sea tan mala idea. Ese es el problema.
El truco final
O cómo consiguen que no se hable de la crisis de los planes de pensiones
El caso argentino es revelador. En 1994, con la recomendación del FMI y el Banco Mundial, el Gobierno de Carlos Menem impulsó la privatización del sistema de pensiones, siguiendo el modelo chileno, el mismo que sirve hoy de ejemplo en España.
Una de las tres entidades más beneficiadas por esta operación fue la filial del BBVA, Consolidar, que se quedó con el 14,1% del mercado.
Un negocio con grandes ventajas para el banco español: una vez dentro, la ley te impedía volver al sistema público.
En 2008, el Gobierno argentino nacionalizó los fondos de pensiones ante el riesgo de quiebra de un sistema que había invertido 1.059 millones de euros en mercados a futuro, a las puertas de la mayor crisis financiera desde 1929. Unas “apuestas de casino” –según el sociólogo Sergio Fiscella– donde los ahorradores tenían la obligación de seguir apostando.
El lobby de las pensiones en España ha conseguido centrar los debates en la “insostenibilidad” del sistema público, pasando por alto la falta de garantías y la grave crisis que atraviesan los planes privados de pensiones, según la prensa económica.
Lejos de lo que puede parecer, las pensiones privadas no son precisamente un negocio boyante. El diario Cinco Días situaba la “edad dorada” de los planes de pensiones entre 1997 y el comienzo de la crisis. Con una pérdida de 580 millones de euros, 2017 se ha convertido en el primer año en el que se producen más retiradas que aportaciones en el sistema privado. Jesús González, uno de los máximos expertos en previsión social de UGT, calificaba en este periódico el formato de los planes de pensiones de “moribundo” y “catatónico”.
Al rescate acude el Gobierno de Rajoy, que prepara actualmente una reforma del reglamento de los planes y fondos de pensiones que reducirá las comisiones que tienen que pagar los ahorradores y da facilidades para retirar el dinero a los diez años, algo que ahora solo pueden hacer en casos excepcionales.
Una operación interpretada por los analistas financieros como un intento por incrementar el atractivo de los planes privados de pensiones, especialmente para el público más joven.
Dicho de otra manera, mientras el herido se desangra, en vez tapar la herida el médico le extrae más sangre.
Para el sindicato CGT, la “quiebra premeditada y metódica” de la Seguridad Social y el sistema público de pensiones por parte de todos los partidos gobernantes desde 1980 y “por casi todo el arco parlamentario desde 1995” tiene un objetivo “para nada escondido”: entregar a los mercados privados el 45% de la partida del gasto social que actualmente se dedica a las pensiones públicas. Un crimen a cámara lenta, en vivo y en directo, sin spoilers, cuyo descenlace está todavía abierto.
