Barcelona calcula que el 10% de los expendientes sancionadores a pisos ilegales se valen de este fraude
El ayuntamiento amenaza a Airbnb con otra sanción de 600.000 euros si no retira los anuncios sin licencia de su web
PATRICIA CASTÁN / BARCELONA
LUNES, 26 DE JUNIO DEL 2017 - 20:31 CEST
Es un negocio fácil, rápido, que puede generar suculentos ingresos antes de ser detectado y que permite salir impune aun siendo detectado. Se alquila un piso de larga duración por la vía convencional y luego se destina a uso turístico por días desde una plataforma como Airbnb, que acepta anuncios de viviendas sin licencia turística. Tan extendido está este doble fraude (sin permiso y sin autorización de realquiler) que el ayuntamiento ya ha detectado 316 casos en Barcelona, entre los aproximadamente 3.000 expedientes sancionadores abiertos desde el pasado julio, cuando se implantó el plan de choque contra la ilegalidad en el sector.
Esa cuota que el consistorio sitúa entre el 10% y el 15% del total porque fluctúa según zonas y momentos, representa solo a los casos de pisos ilegales detectados previamente. Es decir, cuando el ayuntamiento comprueba el uso turístico no autorizado y notifica una sanción u orden de cese al propietario. Es entonces cuando esos 316 titulares han replicado con alegaciones demostrando con un contrato que alquilaron su vivienda a un inquilino de forma estable, sin saber que este convertiría el hogar en un negocio. Otros muchos dueños de pisos no lo descubrirán hasta que un vecino les ponga en alerta o bien un buen día les llegue una sanción.
El ayuntamiento no sabe cuántos casos corresponden a Airbnb, aunque da por sentado que la mayoría, ya que esta plataforma es la única con la que no ha alcanzado un acuerdo para retirar los anuncios ilegales (sin número de registro de la Generalitat). Tanto la concejala de Urbanismo, Janet Sanz, como el de Turismo, Agustí Colom, han lamentado hoy lunes que la plataforma de reservas no dé marcha atrás en sus prácticas y reincida en el incumpliento.
INCREMENTAR MULTAS
En pleno desencuentro entre ambas partes, Sanz ha advertido que esta semana se formalizará la sanción de 600.000 euros que se ha tramitado en los últimos meses por reincidencia en la oferta de pisos sin licencia. Airbnb ha replicado que pondrá un recurso, pero si no rectifica su forma de actuar en Barcelona se le tramitará otra del mismo importe. "Ya basta de que alguien actúe con impunidad y piense que no ha de cumplir la ley", ha clamado. La alcaldesa, Ada Colau, también ha arremetido contra la plataforma: "Airbnb está traspasando todos los límites legales". El ayuntamiento también pretende trabajar con la Generalitat para incrementar las multas de reincidencia muy graves, por encima de dicho importe.
Desde la plataforma, han insistido en que es el ayuntamiento quien primero debe distinguir en su regulación entre los dos tercios de anfitriones que comparten su propio hogar y quienes lo hacen profesionalmente.
La práctica de alquilar un piso y en lugar de utilizarlo como residencia habitual darle uso turístico fraudulento se viene haciendo desde que se cerró el grifo de las licencias turísticas en el 2015, aunque cuando había menos recursos destinados a la inspección su detección era mucho más difícil. Los propietarios son quienes reciben un primer expediente sancionador, pero una vez comprobado que hicieron un contrato convencional de alquiler, el expediente se archiva y se mueve ficha para sancionar al explotador del piso turístico ilegal, han explicado.
No obstante, en los casos de extranjeros sin otra residencia conocida en Barcelona -como el singular caso de un exdirectivo de Airbnb explicado hoy lunes por el ayuntamiento-, es difícil notificar la sanción y más aún llegar a cobrarla. Colom ha agregado que esta práctica hace daño a la imagen de Barcelona, ya que tras desenmascararse los fraudes algunos turistas ven anuladas sus reservas en los pisos detectados, como ha sucedido en los casos de la Barceloneta.
REDES ORGANIZADAS
La concejala cree que Airbnb está "dando cobertura a redes" que realizan este fraude, al no imponer filtros a la hora de ofertar un piso turístico y al no tomar medidas una vez el propietario les comunica que la vivienda se realquila sin consentimiento. Asegura que la Guardia Urbana está investigando, además, si se realiza esta práctica de una forma organizada como parece, visto que los mismos operadores implicados en la Barceloneta están detrás de "tres o cuatro casos".
El balance actualizado de la actuación municipal es de 5.909 expedientes disciplinarios, de los que 3.211 son sancionadores, desde enero del 2016. También se han dictado 2.189 órdenes de cese a pisos sin licencia, acatada por 628 hasta ahora. Y se han precintado 127. Pero la mayoría de actuaciones se concentran desde el pasado julio.
