La Directiva del Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) entra en descomposición - Acta Sanitaria
La decisión se produce al día siguiente de haberse conocido la dimisión de cuatro vocales de la Junta de Gobierno (son ya cinco los dimitidos) y cuando había transcendido, entre otras supuestas irregularidades, que el tesorero, José A. Valero, había intimidado a un trabajador para que se abstuviera de dar cuenta a nadie de que había contraído la Covid-19 en la oficina de vacunación del Colegio, así como que, desde la Presidencia, se había prohibido facilitar información alguna al secretario en relación con el despido del jefe financiero del Icomem, José Miguel del Río Alcedo, a pesar de ser el secretario el jefe de personal de la institución.
Vinculaciones personales
A nadie ha sorprendido la estrategia montada en contra del secretario, pues, según nos han comentado, el trío formado por el presidente, Manuel Martínez-Sellés; la vicepresidenta, Luisa María González, y el tesorero, José A. Valero, ha constituido un frente de actuación bajo unos principios ultrarreligiosos, al considerar que han sido puestos en el cargo por providencia divina.
A estas tres personas, en la Comisión Permanente de la mañana, se les ha sumado María Cordón, vocal de Ejercicio Libre, en cuya empresa, Blue Healthcare, trabaja el tesorero como director médico, así como la esposa de éste, María Gloria Bravo, como directora de la Asesoría Jurídica. Y algunos no descartan que pueda hacerlo otro de los vocales firmantes del acuerdo de este viernes, Santiago Sevilla, vocal de Médicos No Asistenciales y, en la actualidad, en la Subdirección General de Autorización y Acreditación del Centros Sanitarios en la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En cuanto al cuarto vocal firmante, el de Médicos de Atención Primaria, Rafael Carlos Ortega, su hermano Antonio ha dirigido la Unidad de Dermatología de Blue Healthcare.
Ninguneo del secretario
Últimamente, el secretario del ICOMEM había visto cómo se le ha venido negando información en relación con el personal, a pesar de que estatutariamente es el jefe de dicho cometido, por lo que se ha visto obligado a solicitarla a través de sendos comunicados interiores, tanto al tesorero, en relación con la infección por la Covid-19 de F. Javier Martín como por el despido de José Miguel del Río como jefe financiero.
Si en relación con el primero llama la atención la pretensión del ocultar el hecho a pesar de ser una organización sanitaria en donde se ha registrado, en el segundo sorprende cómo se manipuló el hecho, pues, de entrada, se ignoró al secretario que es el jefe de personal, y al afectado se le comunicó el despido por la mañana a pesar de no haber habido acuerdo alguno al respecto, pero para solucionarlo se montó una Permanente por la tarde/noche de ese mismo día, en la que se tomó la decisión, en una auténtica manipulación.
A modo de justificación
Al informar sobre la decisión de interponer la querella criminal contra el secretario de la Junta y su asesor jurídico, se dice que el presidente había afirmado que se habían “tomado decisiones muy duras en defensa de los colegiados porque es nuestra obligación defender nuestro patrimonio y la esencia de los colegios médicos profesionales. Se han falsificado actas con graves consecuencias para los intereses de los médicos y las personas que han provocado esta situación no deben estar en nuestra institución. Nada de lo que hemos descubierto es tolerable y vamos a llegar hasta el final”. Y se añade que el presidente y la Junta Directiva lamentan la situación de inestabilidad temporal en la que se ha sumido el Colegio, aunque están convencidos de que la institución colegial saldrá reforzada tras las acciones judiciales emprendidas.
A la vista de los hechos, no faltan quienes consideran que se trata de un modo de autojustificación, al tiempo que se busca que no haya más dimisiones de vocales, pues faltan tan solo dos fallos para que haya que convocarse elecciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
No se admiten comentarios con datos personales como teléfonos, direcciones o publicidad encubierta