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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido enviar a juicio a Iberdrola Generación y a cuatro de sus directivos por "provocar una subida del precio de la energía" a través de sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo a finales de 2013. En un escrito remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, sostiene que incurrieron en un delito relativo al mercado, por lo que pide una "pena de dos años de prisión" para cada directivo y una multa de 84,9 millones de euros para la filial de la eléctrica. También solicita que los acusados indemnicen a las comercializadoras y consumidores afectados con un "máximo" de 107,3 millones de euros
"Iberdrola, con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda", sostiene Anticorrupción.
Como avanzó El Confidencial en septiembre, la instrucción arrancó en 2017 y concluyó en julio de 2021, cuando los abogados de Iberdrola y de los directivos solicitaron el sobreseimiento del caso al descartar su implicación en la escalada del precio a finales de 2013. Anticorrupción, sin embargo, echa por tierra esta tesis en su escrito.
"Para conseguir ese mayor precio en el mercado eléctrico, a partir del 30 de noviembre de 2013 y hasta el 23 de diciembre de 2013 aumentó, sin causa legítima que lo justificara, el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad", advierte la Fiscalía. "Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía".
Apoyándose en este razonamiento, la Fiscalía pide enviar a juicio a Iberdrola Generación, que se integra dentro del 'subholding' Iberdrola España, y a cuatro de sus directivos: Ángel Chiarri Toscano, director de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño Cobián, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún Jiménez, responsable de Gestión de Activos, y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global.
Un perjuicio de más de 100 millones
"Iberdrola, quebrantando el orden de mérito de las centrales en el despacho de producción, provocó la reducción de generación eléctrica de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, y, como consecuencia, que las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las centrales de ciclo combinado, de coste superior y en un rango de precios también más elevado situado entre los 80/90 €/MWh frente a la media de precios de la energía proveniente de las centrales hidráulicas situado en 45/55 €/MWh", concluye Anticorrupción tras comparar la oferta realizada entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre con la que se produjo el mes anterior.
A partir del 24 de diciembre, "el cambio de las condiciones meteorológicas por fuertes borrascas y viento provocó la reducción del precio de la energía por la importante aportación de fuentes renovables", pero "la consecuencia del artificio urdido y llevado a cabo por los acusados fue la subida del precio de la energía eléctrica en, al menos, 7,156 €/MWh, que ocasionó un perjuicio a la demanda de, al menos, 107.340.000 de euros, teniendo en cuenta que la misma en el período objeto de acusación fue de 15.000 GWh". De esta manera, Iberdrola "despachó en el período que nos ocupa 2.965.779 megavatios (...), lo que le supuso un beneficio de 21.222.818 euros".
Según advierte Anticorrupción, esta manipulación del sistema provocó un perjuicio de al menos 10,6 millones de euros a las compañías comercializadoras. "El resto del perjuicio causado, hasta los 107.340.000 de euros, fue soportado por los consumidores con contratos a precio variable, y en los contratos a precio fijo por las compañías de seguro que dieron cobertura a los mismos", añade en su escrito.
Con estas cifras sobre la mesa, pide multar con 84.891.272 euros a Iberdrola Generación, el "cuádruplo del beneficio obtenido", así como obligar a los acusados a indemnizar de forma conjunta y solidaria a los afectados "hasta un máximo de 107.340.000 de euros".
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