Comienza en Cádiz la mayor exhumación de bebés supuestamente robados durante el franquismo y los años 80
Por Vanessa Perondi Seguir a @vanessaperondi1
El Ayuntamiento sufraga estos trabajos que se prolongarán durante un año y buscan los restos de 46 pequeños que sus padres nunca pudieron ver muertos.
En el Cementerio de Cádiz hoy se habla en presente.
El presente más inmediato después de un pasado de soledad, dolor y de lucha. El de las madres, padres, hermanas, hermanos de los bebés robados, que grabarán en su mente este viernes 20 de octubre de 2017 como el primer día en el que la verdad sobre sus niños puede salir a la luz. Un presente histórico porque histórico es lo que ha ocurrido en el camposanto de San José.
Azada en mano, el arqueólogo Jorge Cepillo y otros técnicos, han empezado a escarbar la tierra bajo la que un día dijeron que estaban enterrados estos pequeños que no pudieron sobrevivir pero cuyos padres nunca pudieron ver muertos.
Allí buscan los restos de 46 bebés en 44 féretros en la que es la mayor exhumación apoyada por una administración pública.
El concejal de Memoria Democrática y presidente de Cemabasa, Martín Vila, quiso acompañar a las familias en este primer día de exhumaciones y explicar cómo el Ayuntamiento de Cádiz ha cumplido con su propósito de “dar una respuesta a las familias” y “recuperar la verdad, la justicia y la reparación”.
Una intervención que se prolongará durante doce meses, con una subvención de 50.000 euros y que “supone una novedad en Andalucía y probablemente en el país”, teniendo en cuenta que se va a realizar en un cementerio que está cerrado, tal como apuntó Chary Herrera, la presidenta de SOS Bebés Robados, que reconocía el “nerviosismo” y casi “la incredulidad”.
“Hasta que no veamos el hoyo abierto casi que no nos lo vamos a creer”.
La mayoría de los casos están prescritos y los familiares esperan que las exhumaciones permitan demostrar que no hay restos óseos de recién nacidos
Su lucha por demostrar que sus pequeños fueron arrancados a sus familias, se cuenta por años. Por eso, “estamos muy orgullosos de que podamos abrir camino”.
Para la cabeza visible de este movimiento, las exhumaciones pueden ser la prueba definitiva para que se reabran los casos, en su mayoría archivados, por falta de indicios o por prescripción penal.
Sólo hay dos, de los años 1983 y 1984, que ahora mismo están abiertos y que están a punto de correr la misma suerte. “Por eso es tan importante empezar ya”.
“Los casos están prescritos porque aquí creen que no se han robado niños. Estamos deseando ver las cajas vacías porque sería una forma de demostrar que sí”.
Como en la que supuestamente descansa Isidro o Luisa, un bebé que Toñi Alcina, su hermana, busca. Él o ella tendría hoy 34 años y su familia tiene claro que está vivo o viva con otra familia. Toñi tenía nueve años cuando esperaba en su casa a que su madre llegara con una hermanita.
“Luisa la íbamos a llamar porque el ginecólogo durante el embarazo le dijo que era niña”. Pero cuando nació, “le dijeron que era niño”. Poco más supieron de Isidro, el nombre que tenían elegido por si resultaba ser un varón.
“Les prohibieron ver al niño y le dijeron primero que había fallecido a las tres horas y media de nacer, cuando otro documento aseguraba que el niño estaba macerado (muerto en el vientre materno)”. A ella, con la ayuda de las vecinas, le tocó desmontar la cuna, el baño y guardar la ropa del bebé. “Lo recuerdo perfectamente y desde entonces tengo un trauma”.
Así que no es de extrañar que “hoy esté feliz, esté triste y no sé lo que quiero”, confesaba.
Ella y su hermano acudieron al Cementerio en representación de la familia porque “mis padres están destrozados. No hacía falta llegar hasta a esto pero bueno… ya estamos aquí ”.
Chari Castro busca a su hija, Ana Mari, que hoy tendría 41 años y Toñi Alcina a su hermano, Isidro, de 34 años
La intervención es harto complicada porque los restos que se buscan ni están en nichos ni en fosas comunes sino en sepulturas de 60 centímetros de ancho y tres o cuatro metros de profundidad.
En esas arquetas iban inhumando los cadáveres unos encima de otros: catorce en el caso de los adultos o hasta treinta o cuarenta para los bebés, tal como explica el arqueólogo municipal José María Gener.
El libro de enterramientos del Cementerio tiene registradas estas inhumaciones pero, además de excavar, el equipo técnico tiene que localizar a una persona entre los restos óseos de casi cuarenta.
Por eso, aplican un estudio probabilístico para reducir el registro a cinco o tres restos sobre los que practicar las pruebas de ADN.
Las familias también contarán con Ana Arazo, psicóloga.
Durante el año que se prolonguen los trabajos de exhumación, les acompañará. Allí, en el Cementerio para que aprendan a gestionar sus emociones y fuera, con grupos de ayuda mutua en el que irán compartiendo experiencias, y con entrevistas personales que permitirán a los familiares esa “ventilación emocional y esa descarga de tensión que necesitan”.
Como Chari que aún no se cree lo que está pasando. “Siempre tuve dudas pero pensé que estaba sola, que era la única a la que le había pasado esto hasta que conocí a Chary” y descubrió que como el suyo, había casos de bebés supuestamente robados repartidos por toda la provincia. Ayudada por Ana, después de haber sufrido un ataque de ansiedad al pisar el Cementerio, Chari recupera el aliento y emocionada aún recuerda.
Pero recuerda en presente. Ana Mari, su hija, ha cumplido el pasado 16 de octubre, 41 años.
“Estoy segura que está viva”.
La tuvo en el año 1976, cuando contaba con 22 años.
“Yo era primeriza y el embarazo fue bien. Cuando llegué me durmieron y al despertar vi a mi hija sobre una mesita, estaba bien, con buen color”.
Ya luego, ocurrió como en muchas otras ocasiones.
“Le dijeron a mi marido que la niña estaba muy mal y no le dejaron ni a él ni a mi madre entrar a verla.
Sólo que volviera al día siguiente a las diez de la mañana. Cuando fue, ya no estaba”. Y nunca más. Su ingreso en el hospital, su parto, los informes de su hija…nada quedó.
“Yo siempre tuve dudas y pedí mi historial.
Salieron papeles de cuando tuve una diarrea a los 14 años, de un aborto, del parto de mis hijos pero de ella, como si no hubiera ocurrido”. Pero fue a pocos metros de ese cementerio, en el Hospital Puerta del Mar, que para ellas sigue siendo la Residencia de Zamacola, donde perdieron a sus bebés.
La Ley de Patrimonio permitirá, si acaso, que esa información sea pública pasados 50 años de los hechos, o sea, dentro de 10, pero de momento, Eva García Sempere ha podido hacer un resumen de cómo se “tapó” el asunto para evitar cualquier responsabilidad no ya penal, sino siquiera política.
De hecho, en los informes preliminares con los que trabajó esa comisión de investigación (integrada por 17 diputados de UCD, 10 del PSOE, dos del PC, otros tantos de Alianza Popular, y uno por Minoría Catalana, 1 PNV, PSC y Grupo Mixto, respectivamente) se “habla de responsables”.
Tres conclusiones “indignantes”
La diputada ha podido transcribir -dado que no tiene permiso para fotocopiar o fotografiar la documentación- párrafos de los informes policial y del Ministerio de Gobernación donde se habla de esos 32 policías con medidas disciplinarias, “lo que deja claro que fue del todo injustificada la actuación en Málaga”.
Pero pese a que la comisión de investigación tenía esos informes, su principal conclusión es que no hubo responsabilidades políticas.
Las otras dos conclusiones, igualmente “indignantes” para la familia, fueron que Málaga vivía una situación socioeconómica muy complicada que crispó a la gente y desviar la culpa de los disturbios a los organizadores de la movilización por instar a llevar la bandera de Andalucía propiciando el enfrentamiento con la de España, porque eso soliviantó a la extrema derecha obligando a la policía a cargar hasta en tres ocasiones, una de las cuales fue fatal para Manuel García Caparrós, que entonces trabajaba en Cervecería Victoria y era afiliado a CCOO pero sobre todo, un entusiasta en la reclamación de derechos para su tierra, y por eso “salió cargado de ilusión” a la manifestación.
“¿Por qué si los informes hablan de policías con medidas disciplinarias no hay ningún responsable político? ¿dispararon al aire todos los a la vez sin que nadie diera la orden?”, se pregunta Eva García Sempere, quien continúa:
“Hablamos del asesinato de un joven y la primera conclusión es que hay problemas socioeconómicos y que hace falta un plan de inversión. Estamos comprando el silencio del pueblo de Málaga”.
Lo que esperan del alcalde de Málaga
Por otro lado, pese a que ha podido leer los nombres de todos los integrantes de esa comisión de investigación, sólo ha reconocido el nombre de los dos del PC -Fernando Soto y Jaime Ballesteros- y del popular Francisco de la Torre, alcalde de Málaga.
Por eso, tanto IU como Podemos, cuyo parlamentario Jesús de Manuel ha estado también en la rueda de prensa, han apuntado a su responsabilidad política, que no quiere decir que estén pidiendo su dimisión, sino las “oportunas explicaciones de por qué se calló lo que se sabía o por qué se llegaron a esas conclusiones”.
En este sentido, tras recordar que a la hora del dictamen de la comisión de investigación tanto el PSOE como el PC emitieron un voto particular rechazando que no hubiera responsabilidades políticas, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, también presente en la rueda de prensa, ha expresado que Francisco de la Torre “tiene una oportunidad histórica de explicar por qué”, incluso si la conclusión a la que llegaron fue que, “con una democracia incipiente, era mejor taparlo por el bien de la paz social”.
El líder de IU en Andalucía interpreta que ese “pacto de silencio”obedece a que “no se quieren tocar estos casos porque rompen el mito de la transición”.
Con ello se persigue “no romper ese relato”, pero él cree que tras el acceso a estas actas ha comenzado a escribirse otro.
“Es el principio de un relato, que llega tarde, para vergüenza de nuestro país. Y ese relato empieza con un número, los 32 policías. […]
El silencio que ha habido durante 40 años se ha socavado por un hilo de dignidad para hacer justicia”, ha expuesto, para recordar que la Ley de Memoria Democrática de Andalucía obliga a ello.
Por ello, más allá de pedir acceso a documentación adicional que puede no estar incluida en las actas, IU y Podemos pedirán la comparecencia de Eva García Sempere, cuando termine este trabajo, en la comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.
Será el primer paso para solicitar luego otras comparecencias si es necesario e incluso explorar la vía jurídica “para determinar si el Gobierno de España es responsable subsidiario”, de lo que están convencidos y por eso le instan, como primer paso, “a sacar esas actas a la luz pública”.
Jesús de Manuel ha subrayado que Podemos “no renuncia a la vía penal”.
De momento, ha instado a cumplir la Ley de Memoria Democrática de Andalucía y poner en marcha “la comisión de la verdad en la que éste debe ser uno de los primeros casos en intentar esclarecer”.
Por eso lamenta que lleven “meses esperando a que se ponga en marcha el Consejo Andaluz de la Memoria Democrática”.
“Nadie nos ha explicado nunca nada”
Éste es el relato político de la cuestión.
El personal es todavía, 40 años después, escalofriante, y lo hacen las hermanas del malogrado sindicalista. Tomaron el testigo de sus padres, ella muerta con 45 y él cinco años después con 55, en esta lucha por buscar a los culpables del crimen.
Lo primero que lamentan es que ese “pacto de silencio” haya continuado. Su hermano no fue reconocido con el título de Hijo Predilecto de Andalucía hasta 2013, porque IU estaba en el Gobierno de Andalucía, y “Diego Valderas consiguió lo que llevaban años demandando y siempre se guardaba en un cajón”. Fue la noche antes de este reconocimiento, en la cena a los homenajeados que brinda la Junta de Andalucía, cuando el entonces presidente, José Antonio Griñán, coincidió con ellas.
“Porque nunca nos ha recibido ningún presidente. La primera ha sido la de Navarra, Uxue Barcos.
Vamos a intentar que Susana Díaz nos reciba también”, dice Loli, si bien desde presidencia recuerdan que se ha reunido en varias ocasiones con ellas.
Tras haber conocido esta nueva información sobre el caso, Loli cuenta: “Te indigna más cuando te enteras de que sabían perfectamente quiénes eran, pero no interesaba que saliera a la luz. Es más, los primeros años no podíamos ni decir que a mi hermano lo había matado un policía.
Nunca nos dieron versión oficial de lo que había pasado”. Es más, la visita de las autoridades a Málaga después de los hechos “fue para ver los destrozos en los escaparates, porque lo importante era que Málaga estuviera bonita, a costa de su sangre”.
Paqui intenta también hacer memoria, porque ella era una cría:
“Ese día nos dijeron que mi hermano había tenido un accidente de tráfico. Mi padre fue al hospital y quiso reconocer el cadáver y hasta le dijeron que no podía entrar.
Cuando lo dejaron y lo destaparon, no había signo de accidente de tráfico y ya le dijeron qué había pasado.
Desde el momento cero están intentando tapar lo que pasó.
La ropa de mi hermano, que era la prueba del delito, se la entregaron a mi padre. Ni siquiera hicieron por guardarla porque no tenían intención de averiguar qué había pasado.
40 años después estamos esperando a que alguien se ponga en contacto con nosotros y nos lo explique”.
Rememora las últimas horas de su hermano: “El día antes era sábado. Se puso a pintar su dormitorio y por tanto esa noche durmió con nosotras porque olía mucho a pintura.
El domingo por la mañana no terminó el trabajo porque quería ir a la manifestación. Salió lleno de alegría. Fue él solo de la familia. Ya nunca más regresó”.
La hermana más mayor, Puri, trabajaba entonces en Las Salinas y no estaba en Málaga cuando ocurrió. “Me enteré por la televisión, donde dijeron el nombre de mi hermano. Entonces no tenía posibilidad de llamar por teléfono ni mis padres me habían avisado. Imagínense cómo fue mi regreso a casa”.
