LA MESA DEL CONGRESO TRAMITA UNA PROPUESTA PARA QUE LA COMISIÓN DE DISCAPACIDAD TENGA CARÁCTER LEGISLATIVO

- La iniciativa de UPN recoge las demandas del Cermi. La Mesa del Congreso de los Diputados ha admitido a trámite una propuesta de Unión del Pueblo Navarro (UPN) para modificar el reglamento de la Cámara con el objetivo de que la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad tenga carácter legislativo.Los diputados de UPN no solo manifiestan el interés en que la referida Comisión continúe manteniendo el carácter de permanente que ha tenido durante las dos legislaturas inmediatamente anteriores y del que también se le ha dotado en la presente legislatura, sino que reclaman que tenga también carácter legislativo, "especialmente ante la necesidad del Derecho español de adaptación a la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad".Por ello, la proposición de reforma del reglamento que han presentado y que se debatirá próximamente en el Pleno del Congreso tiene por objeto dotar a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de "la competencia legislativa necesaria que facilitará la consecución de los retos que nuestra sociedad tiene en ese ámbito".Los proponentes explican en la exposición de motivos de la inciativa que "la nada desdeñable cifra del 10% de la población española padece algún tipo de discapacidad" y añaden que "la preocupación del legislador, por tanto, por conocer la realidad y las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias no puede ser residual e intermitente, sino prioritaria y constante, más en un Estado de bienestar que cuida a las persona más vulnerables". "Objetivos como una protección social suficiente, la promoción de la activación (empleo y formación) y el acceso normalizado y adaptado a los servicios educativos, sanitarios y sociales, requieren para su alcance de recursos no solo materiales, sino humanos, siendo la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad el foro idóneo en el que concentrar los esfuerzos para su consecución", añaden.DEMANDA DEL CERMIEl Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ya reclamó a los grupos políticos con presencia en el Congreso de los Diputados surgido tras las pasadas elecciones del 26-J que en la nueva legislatura refuercen la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad dotándola de carácter legislativo.El Cermi pedía que se dotara a la Comisión de carácter legislativo para que pueda tramitar y aprobar normas con rango de ley, ayudando así a que "la discapacidad entre a formar parte del núcleo de asuntos de importancia de la agenda política, tras décadas de desatención y preocupación escasa"."La vigencia y aplicación en España de la Convención de la ONU sobre Derechos de la Personas con Discapacidad, de diciembre de 2006, hace necesaria una amplia y profunda transformación del ordenamiento jurídico español, por lo que no hay dudas sobre que la comisión tenga una enorme tarea legislativa por delante", asegura el Cermi.

EL ‘no’ valón paraliza el CETA

LA MINISTRA DE COMERCIO DE CANADÁ DA POR "FRACASADA" LA NEGOCIACIÓN

EL ‘no’ valón paraliza el CETA

Beatriz Ríos *

El ministro presidente valón, Paul Magnette saluda tras participar en una comisión del Parlamento valón en Namur (Bélgica) / Julien Warnand (Efe)

BRUSELAS.– El pasado viernes, el Parlamento de Valonia anunció su decisión de no conceder plenos poderes al Gobierno federal belga para firmar el CETA, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, en el Consejo del 18 de octubre. Comenzó entonces una ronda de negociaciones en la que tomaron parte tanto la Comisión Europea como la representación de Canadá. Hoy, al tiempo que los jefes de Estado y de Gobierno se reunía precisamente para debatir sobre la política comercial de la UE, Valonia ha vuelto a decir ‘no’ al CETA. La ministra de Comercio canadiense ha salido al borde de las lágrimas del Parlamento regional, al que había acudido para negociar personalmente con el representante valón, Paul Magnette, y ha dado la negociación por fracasada.

Bruselas es una ciudad para la épica. La capital de Europa ha visto cumbres de 24 horas, negociaciones que se hacían imposibles pero se lograban en el último minuto y acuerdos bilaterales para llegar a donde 28 no eran capaces. Pero hoy el partido no se jugaba en Bruselas sino en Namur, donde se encuentra la sede del Parlamento de Valonia. Allí, en su despacho, Paul Magnette, al frente del Ejecutivo regional, se ha pasado los últimos días negociando, incluida la madrugada de ayer. Y allí, por quinta vez consecutiva desde que se formalizara el fin de las negociaciones entre la UE y Canadá para establecer un acuerdo de libre comercio, Valonia ha dicho ‘no’ al CETA.

Alrededor de las 10 de la mañana, los jefes de Estado y de Gobierno comenzaron la segunda jornada de la cumbre, exclusivamente dedicada a la política comercial de la UE. Todos los ojos estaban puestos en Namur, donde habían pasado la noche negociando representantes de la Comisión, Canadá y el Gobierno valón. A las 12.00 se anunció la comparecencia de Magnette, que reconoció los avances pero también que a lo que no se había prestado atención en unos pocos meses, no podría solucionarse en poco más de 48 horas. Magnette admitió que el CETA es un tratado “interesante”, pero que aún encontraba “dificultades”, especialmente en lo relativo al tribunal de arbitraje entre Estados y empresas. También relajó el tono y pidió dejar de llamar al CETA “el caballo de Troya del TTIP”, por respeto a los amigos canadienses. Durante la negociación hubo avances, sí, pero insuficientes. “El problema no son los lazos comerciales con Canadá”, insistía, “es el tipo de globalización que queremos”. Y el pleno acabó como empezó, manteniendo el bloqueo a la firma del tratado.

Chrystia Freelande, ministra de Comercio Exterior de Canadá, en una imagen de archivo. / Efe

Aún hablaba Magnette frente a sus compañeros diputados cuando concluyó, sin acuerdo, la cumbre de los (todavía) 28. En rueda de prensa, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, hizo autocrítica y reconoció que mientras la UE no fuera capaz de convencer a la ciudadanía de que los tratados de libre comercio se negocian en defensa del interés general, poco podría hacer la Unión en materia de política comercial. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ironizaba sobre las críticas al acuerdo con Canadá, “una dictadura consumada”, y la ausencia de oposición a otros acuerdos. En cualquier caso, el presidente confiaba en que la cuestión a resolver con los valones era una cuestión de horas, tal vez días. Su comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, coincidía en el análisis de Juncker y destacaba que una intensa negociación se estaba llevando a cabo entre representantes de la Comisión, Valonia y Canadá.

Pero alrededor de las cuatro de la tarde, esas negociaciones, se han roto. Chrystia Freeland, ministra de Comercio Internacional de Canadá ha abandonado precipitadamente y visiblemente afectada el Parlamento valón en Namur. Freeland ha dicho sentirse “decepcionada” y ha dado por concluidas las negociaciones: “Es evidente para mí y para Canadá que la Unión Europea es incapaz de llegar a un acuerdo”.

Poco después, el servicio de prensa del Consejo ha publicado la agenda de Donald Tusk para la próxima semana, una agenda en la que la cumbre UE-Canadá prevista para el 26 de octubre ya no aparece. Tanto el Consejo como la Comisión, en palabras de la propia Malmström, continúan con las negociaciones y esperan conseguir un acuerdo. La Comisaria ha reconocido estar “triste” pero al mismo tiempo considera que se han hecho grandes progresos en la negociación con Valonia y cree sinceramente “que este no es el final del proceso”.

La izquierda europea apoya la posición valona

Mientras continuaban las negociaciones entre la UE, Canadá y Valonia, un grupo de 88 eurodiputados, de los grupos socialista, verde e izquierda unitaria en el Parlamento Europeo, ha apoyado la posición de la región belga en las negociaciones sobre el CETA. También la presidenta del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, Gabi Zimmer, ha advertido a la Comisión y el Consejo que decidir “si quieren continuar con negociaciones a puerta cerrada” de los acuerdos de libre comercio o si “van a empezar a tomar en cuenta las graves preocupaciones y críticas de los ciudadanos en el futuro”.

(*) Beatriz Ríos es periodista.

Paraísos fiscales europeos, ¿al servicio de las corporaciones globales?

La Unión Europea se ha construido como espacio financiero sin fronteras y sin autoridad reguladora como tal, por lo tanto descontrolado, al BCE no se le otorgan atribuciones en este sentido. Dejando el sistema financiero europeo al arbitrio de los mercados…

Antonio Fuertes Esteban

Las políticas comunes neoliberales de los tratados de la UE han sido firmadas y ratificadas por los estados sin apenas debate. Estas han prescrito la absoluta libertad en los movimientos de capital en el interior y con el exterior de la UE. 

Al mismo tiempo dichas políticas permiten y avalan la actividad opaca de los paraísos fiscales del entorno europeo, conectados al servicio del poder global de las finanzas y las corporaciones globales.

Estos paraísos fiscales hacen vulnerable a la UE y a sus países miembros, reduciendo los ingresos públicos mediante la evasión fiscal; generando abusos especulativos y proveyendo la banca en la sombra fuera de cualquier tipo de supervisión, con lo que provocan inseguridad financiera y crisis e incentivan la corrupción política,  el terrorismo y la delincuencia organizada e incontrolada.

La UE permanece impasible y no controla en su territorio de soberanía política a los poderes económicos transnacionales, poniendo la opacidad de sus paraísos fiscales a su servicio. 

Permite a 3 paraísos fiscales en su seno y no regula su relación con los otros 7 territorios paraísos fiscales del espacio económico europeo, manteniendo con ellos acuerdos económicos y comerciales preferenciales mientras que estos compiten deslealmente con los demás países de la UE. 

Ello solo tiene un objeto: Poner a la UE al servicio de las corporaciones transnacionales y no de las personas. Las políticas favorables a los centros offshore suponen consecuencias nefastas para sus estados miembros y socaban sus capacidades para atender las demandas de su ciudadanía.

Los paraísos fiscales constituyen un obstáculo insalvable para una construcción política y económica europea de carácter autónomo, soberano y democrático, de aquí que la lucha social y política por su erradicación sea tan necesaria. 

Sin embargo y a pesar de ello, hoy todos los gobiernos de la UE y la propia UE reconocen la legalidad del ordenamiento jurídico de los territorios offshore, que albergan el secreto bancario, las sociedades instrumentales y filiales bancarias, los trust o fideicomisos y los vehículos especiales de in versión como figuras jurídicas propias al servicio de los capitales móviles y las corporaciones.

La ciudadanía europea organizada, que ve impotente como se están perdiendo los derechos económicos y sociales adquiridos con los efectos de la crisis como única excusa, ha de reaccionar y movilizarse en Europa para cuestionar lo que está en la base y es la causa de su pérdida de derechos, aquellos instrumentos de las finanzas que constituyen armas a su servicio para imponerse a la soberanía de los países.

Los paraísos fiscales son junto al desarrollo imparable de la especulación, la generación de la deuda pública ilegítima para el salvamento de los sistemas financieros, la privatización y concentración casi total del sistema bancario y el ataque a los sistemas fiscales, las principales armas de destrucción masiva que socaban la democracia en Europa e impiden que pueda construirse una economía al servicio de la sociedad. Lo que es descorazonador es que sean los gobiernos elegidos por el pueblo los que han legislado las políticas que hacen posible el desastre.

Las políticas que desde la cumbre del G-20 en Londres se han desarrollado internacionalmente, con el pretexto de implementar medidas para abolir los paraísos fiscales, han constituido una auténtica burla a la ciudadanía, una cortina de humo que ha hecho posible que dichos territorios offshore hayan adquirido visos de honorabilidad al desaparecer de la lista de paraísos fiscales de la OCDE, cuando en realidad no ha cambiado sustancialmente su funcionamiento.

La sociedad organizada ha de pedir a las fuerzas políticas de cambio en Europa que desplieguen la bandera contra los paraísos fiscales en la UE y al mismo tiempo organizarse para exigir medidas a los gobiernos para combatirlos a nivel local:

– Los partidos de la izquierda europea tienen la responsabilidad de abanderar el combate contra los paraísos fiscales en Europa y la UE y la sociedad europea ha de requerirles y organizarse para ello.

– Combatir el secreto bancario en Europa es un imperativo democrático. Para ejercerlo las instituciones políticas de la Unión Europea han de reconsiderar la relación de trato preferencial hacia estos países en el caso que no cambien su corrosivo sistema jurídico offshore.

– Es ineludible en el corto plazo introducir en la agenda política europea la necesidad de realizar acuerdos bilaterales efectivos de intercambio automático de información desde la UE con estos territorios. Las autoridades tributarias o judiciales han de poder reunir la información necesaria en el ejercicio de sus funciones democráticas.

– Desde la UE se habría de promover activamente a nivel internacional el debate hacia el cambio en las normativas contables de las sociedades, que haga posible que las sociedades transnacionales paguen a las haciendas locales por sus beneficios en cada uno de los países en que operan.

– Las autoridades gubernamentales y parlamentos europeos y estatales han de promover medidas legislativas para que desde las administraciones no se contrate con aquellas empresas que tengan sociedades instrumentales ubicadas en paraísos fiscales.

– El recurrido tópico sesgadamente interpretado de la unión fiscal, ha de comenzar por acuerdos fiscales hacia la armonización en la UE y espacio económico europeo, eso resulta imposible con los paraísos fiscales.

La lucha para la abolición de los paraísos fiscales, agujeros negros de las finanzas,  es un imperativo democrático, ecológico y social y este foro debería de realizar una declaración en este sentido.

Res Pública Global

Brexit: ¿se convertirá Reino Unido en un paraíso fiscal?

Van pasando los días desde que el referéndum celebrado en Reino Unido cambiara el mapa de la Unión Europea, con la victoria de los partidarios del Brexit. Desde entonces las cabezas de los analistas (y de buena parte de los ciudadanos de a pie) no ha dejado de echar humo, intentando averiguar cuáles van a ser las consecuencias…

Por José Buendía

Y una teoría que ha ido ganando fuerza estos últimos días: que el Reino Unido podría intentar convertirse en un paraíso fiscal. Y es que, fuera de la UE, el gobierno dirigido desde el 10 de Downing Street tendría plena potestad para dirigir las políticas fiscales del país, fuera ya del marco regulatorio impuesto por Europa. 

No obstante, la Agencia Reuters se hace eco de un memorando emitido por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). 

En el mismo, las principales voces sobre política fiscal del organismo consideran que es poco probable.

La principal razón de ello es que, sin duda, una política fiscal especialmente permisiva, y que pudiera atraer a inversores de todo el mundo a la isla, en detrimento de otras economías del mundo, y especialmente, de la Unión Europea, obtendría una rápida y nada agradable respuesta por parte del continente. Dicho en otras palabras: el coste político sería tan alto que, de facto, se podría calificar de inasumible. 

Y más aún con todo el mundo pendiente de que Reino Unido invoque el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, lo que dará el pistoletazo de salida a las negociaciones sobre los términos prácticos tanto del propio proceso de salida, como de las relaciones con la UE, una vez concluso el Brexit.

Es cierto que las condiciones fiscales del Reino Unido ya son algo mejores que las de la Unión Europea, y el acuerdo firmado entre ambas a principios de año (la principal baza con la que contaba Gordon Brown para apostar por la permanencia) lleva la fiscalidad de Reino Unido a niveles aún más bajos. 

Por ejemplo, el país se encuentra sumergido en el proceso legal necesario para disminuir su impuesto de sociedades al 17%, mientras que el promedio de los países integrantes de la OCDE es del 25%. 

Esta modificación ya fue aceptada por la UE cuando el país todavía formaba parte de la Unión, por lo que no cabe esperar una respuesta negativa al mismo. 

Sin embargo, nuevas medidas, y en especial aquellas destinadas a reducir significativamente el Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA), así como mecanismos encaminados a facilitar la ingeniería fiscal (algo de lo que pueden hablar bastante Irlanda y Luxemburgo) tendría un encaje mucho peor. 

Primero, claro, porque con el Brexit y una eventual “desconexión” del libre tránsito económico (y una aún más eventual imposición de tasas de entrada y salida), el país ya no sería una puerta de entrada tan atractiva a Europa desde Estados Unidos. Y segundo, claro, porque la Unión sería mucho menos permisiva de lo que lo ha sido con Irlanda y Luxemburgo.

No obstante, es más que predecible que Reino Unido sí que acometerá reformas fiscales, y no solo las necesarias para cuadrar sus cuentas tras el Brexit. 

La salida ya supone una cierta pérdida de competitividad, que tendrá que ser compensada con mejoras en la fiscalidad del país para inversores extranjeros. Sin embargo las propias finanzas públicas británicas impiden grandes movimientos en este sentido. 

El coste económico de la salida deberá ser asumido por las arcas públicas, además de por los servicios públicos del país, que en palabras de su Primer Ministro durante la campaña a favor del Bremain (permencia del Reino Unido en la Unión Europea) tendrán que experimentar recortes para cuadrar las cuentas.

Así, lo más predecible es que, desde la activación del proceso de salida hasta la llegada a término de dicha operación (con un plazo máximo de dos años, so pena de dejar el marco regulatorio a medias, lo que tendría funestas consecuencias para Reino Unido), el país defina unas condiciones fiscales “amables” para los inversores, pero que a la vez no resulten demasiado agresivas para la Unión Europea, puesto que esto puede ir en su contra en las negociaciones. 

Y es que, aunque la tradicional flema británica es dada a pensar que es el continente el que se queda aislado ante cualquier desconexión, la realidad apunta a que, aunque las consecuencias negativas se dejarán sentir a ambos sentidos del Canal de La Mancha, serán los británicos los que tengan que asumir la peor parte de la carga generada por el Brexit.

https://laklave.wordpress.com/2016/07/07/brexit-se-convertira-reino-unido-en-un-paraiso-fiscal/

El ataque contra Kirkuk toma por sorpresa a la coalición internacional

Milicianos del grupo terrorista Estado Islámico han ocupado este sábado siete barrios de la ciudad iraquí de Kirkuk.

Miembros de las Fuerzas Kurdas patrullan por una calle en Kirkuk, Irak, el 22 de octubre de 2016.Marwan IbrahimAFP

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El ataque lanzado por los terroristas del Estado Islámico contra Kirkuk "ha tomado por sorpresa" a la coalición internacional, afirmó una fuente del Ministerio ruso de Defensa, informa RIA Novosti. "Al parecer, los milicianos han lanzado el ataque contra Kirkuk como una maniobra de distracción. Las acciones ofensivas de los milicianos han tomado por sorpresa a las fuerzas de la coalición, que parecen confundidas", declaró la fuente.

Este viernes los yihadistas han lanzado ataques blancos gubernamentales en Kirkuk, que se encuentra a 140 kilómetros de Mosul, bastión del EI, y, además, se han hecho con el control de siete barrios de la ciudad. "Han tomado el control de una cárcel, sus presos están inscritos en las filas terroristas", señaló la fuente.

Según los últimos datos, las fuerzas iraquíes han matado a 48 yihadistas del EI en la ciudad mientras que otras 46 personas, en su mayoría militares iraquíes, perdieron la vida durante los combates, informa AFP. 

El asalto extremista contra Kirkuk se produce días después de que el Ejército iraquí y la milicia progubernamental emprendiera una ofensiva para liberar Mosul, bastión del Estado Islámico, con el apoyo de la Fuerza Aérea de la coalición antiterrorista liderada por Estados Unidos. Se informa que en la ofensiva participan unos 80.000 uniformados.

Mosul es la segunda mayor ciudad de Irak con su población de más de 1,3 millones de personas. Fue abandonada por el Ejército iraquí en junio de 2014 después de que las milicias del EI atacaran la región.