Van pasando los días desde que el referéndum celebrado en Reino Unido cambiara el mapa de la Unión Europea, con la victoria de los partidarios del Brexit. Desde entonces las cabezas de los analistas (y de buena parte de los ciudadanos de a pie) no ha dejado de echar humo, intentando averiguar cuáles van a ser las consecuencias…
Y una teoría que ha ido ganando fuerza estos últimos días: que el Reino Unido podría intentar convertirse en un paraíso fiscal. Y es que, fuera de la UE, el gobierno dirigido desde el 10 de Downing Street tendría plena potestad para dirigir las políticas fiscales del país, fuera ya del marco regulatorio impuesto por Europa.
No obstante, la Agencia Reuters se hace eco de un memorando emitido por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
En el mismo, las principales voces sobre política fiscal del organismo consideran que es poco probable.
La principal razón de ello es que, sin duda, una política fiscal especialmente permisiva, y que pudiera atraer a inversores de todo el mundo a la isla, en detrimento de otras economías del mundo, y especialmente, de la Unión Europea, obtendría una rápida y nada agradable respuesta por parte del continente. Dicho en otras palabras: el coste político sería tan alto que, de facto, se podría calificar de inasumible.
Y más aún con todo el mundo pendiente de que Reino Unido invoque el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, lo que dará el pistoletazo de salida a las negociaciones sobre los términos prácticos tanto del propio proceso de salida, como de las relaciones con la UE, una vez concluso el Brexit.
Es cierto que las condiciones fiscales del Reino Unido ya son algo mejores que las de la Unión Europea, y el acuerdo firmado entre ambas a principios de año (la principal baza con la que contaba Gordon Brown para apostar por la permanencia) lleva la fiscalidad de Reino Unido a niveles aún más bajos.
Por ejemplo, el país se encuentra sumergido en el proceso legal necesario para disminuir su impuesto de sociedades al 17%, mientras que el promedio de los países integrantes de la OCDE es del 25%.
Esta modificación ya fue aceptada por la UE cuando el país todavía formaba parte de la Unión, por lo que no cabe esperar una respuesta negativa al mismo.
Sin embargo, nuevas medidas, y en especial aquellas destinadas a reducir significativamente el Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA), así como mecanismos encaminados a facilitar la ingeniería fiscal (algo de lo que pueden hablar bastante Irlanda y Luxemburgo) tendría un encaje mucho peor.
Primero, claro, porque con el Brexit y una eventual “desconexión” del libre tránsito económico (y una aún más eventual imposición de tasas de entrada y salida), el país ya no sería una puerta de entrada tan atractiva a Europa desde Estados Unidos. Y segundo, claro, porque la Unión sería mucho menos permisiva de lo que lo ha sido con Irlanda y Luxemburgo.
No obstante, es más que predecible que Reino Unido sí que acometerá reformas fiscales, y no solo las necesarias para cuadrar sus cuentas tras el Brexit.
La salida ya supone una cierta pérdida de competitividad, que tendrá que ser compensada con mejoras en la fiscalidad del país para inversores extranjeros. Sin embargo las propias finanzas públicas británicas impiden grandes movimientos en este sentido.
El coste económico de la salida deberá ser asumido por las arcas públicas, además de por los servicios públicos del país, que en palabras de su Primer Ministro durante la campaña a favor del Bremain (permencia del Reino Unido en la Unión Europea) tendrán que experimentar recortes para cuadrar las cuentas.
Así, lo más predecible es que, desde la activación del proceso de salida hasta la llegada a término de dicha operación (con un plazo máximo de dos años, so pena de dejar el marco regulatorio a medias, lo que tendría funestas consecuencias para Reino Unido), el país defina unas condiciones fiscales “amables” para los inversores, pero que a la vez no resulten demasiado agresivas para la Unión Europea, puesto que esto puede ir en su contra en las negociaciones.
Y es que, aunque la tradicional flema británica es dada a pensar que es el continente el que se queda aislado ante cualquier desconexión, la realidad apunta a que, aunque las consecuencias negativas se dejarán sentir a ambos sentidos del Canal de La Mancha, serán los británicos los que tengan que asumir la peor parte de la carga generada por el Brexit.
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