Gobierno y Casa Real rechazan pronunciarse sobre la ejecución en Arabia Saudí de Ali al-Nimr

MADRID// ■ El joven activista ha sido condenado por el régimen de Arabia Saudí a ser crucificado y decapitado Ali Mohammed al-Nimr va a ser decapitado por el gobierno autocrático de Arabia Saudí, que posteriormente crucificará su cadáver. Detenido en 2012, ha sido sentenciado a morir por participar con 17 años en protestas que pedían democracia en su país difundiéndolas con una Blackberry. El Gobierno español, que mantiene unas relaciones muy fluidas con el saudí, no ha realizado hasta el momento ningún tipo de gestión para intentar impedir que se le aplique la pena de muerte.
La Oficina de Atención Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores se ha negado a responder a La Marea específicamente sobre el caso de Mohammed Ali Nimr. Tampoco lo ha hecho sobre la situación de los Derechos Humanos en Arabia Saudí y se ha limitado a remitirnos a la pagina del Ministerio con una respuesta genérica sobre la pena de muerte:
“Como respuesta a su pregunta, este Ministerio ha expresado en numerosas ocasiones que ‘España se opone a la pena de muerte en todo lugar y circunstancia, por considerarla un castigo cruel, inhumano y degradante, sin efectos probados en la prevención del crimen, y sin posibilidad de reparación en caso de error judicial’. Así lo puede comprobar usted en nuestros comunicados oficiales, para lo que le rogamos consulte nuestra página Web”.
Desde prensa de la Casa Real, institución que mantiene estrechos vínculos con la monarquía saudí, también han  rechazado posicionarse sobre este caso concreto y se remiten a la postura del Ministerio de Asuntos Exteriores. En este sentido, reconocieron que no sabían cuál era ésta, pero no permitieron ningún tipo de pregunta sobre la situación del joven saudí.
Los partidos políticos que han hecho bandera de la defensa de los Derechos Humanos en países como Venezuela con el caso del opositor Leopoldo López permanecen en silencio ante la situación del joven manifestante saudí. La Marea ha intentado recabar las posiciones de todos estos grupos políticos e instituciones sobre la actitud del régimen del dictador el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud.
La respuesta del PSOE
El responsable de cultura y movimientos sociales del PSOE, Iván García del Blanco, considera el caso de Ali Mohammed al-Nimr una “sentencia arbitraria y sin seguridad jurídica”. En este sentido, asegura que el PSOE instará al Gobierno a tomar alguna medida y que trasladarán el caso al Parlamento Europeo y a su comisión de Derechos Humanos. Preguntado sobre la posibilidad de que su partido realice alguien tipo de moción en el Congreso u otro tipo de actuación de presión al régimen saudí, afirmó que creen “que la asunción de medidas es responsabilidad del Gobierno” pero que en “los próximos días [primero dijo semanas] valoraremos qué se hace al respecto de este asunto”.
Sobre la posible participación que la Casa Real podría tener en la resolución satisfactoria del caso de Ali al-Nimr, el representante del PSOE aseveró que “el papel de la Casa Real es de representación y hay que ser muy cuidadoso con las medidas que adopta la institución en estos casos”.
Al ser preguntado sobre la directa implicación política y mediática del PSOE en otros casos en los que se conculcan derechos de la oposición, como el de Leopoldo López en Venezuela, García del Blanco alude a las “raíces culturales” para justificar esa cercanía y a la agresiva campaña de la oposición venezolana, que han ocasionado que en el partido socialista se le preste “una especial atención”.
INSTITUCIONES QUE SE HAN NEGADO A CONTESTAR A LA MAREA
Para hacer este artículo, se ha intentado recabar la postura de los partidos que han tenido responsabilidad de gobierno. También la de las instituciones gubernamentales que mantienen relación de forma directa con el régimen saudí y otros actores implicados y concienciados con los DDHH en el exterior. Desde el viernes por la mañana, hemos contactado por correo y teléfono, en repetidas ocasiones, con la embajada de Arabia Saudí en España, con Íñigo Henríquez de Luna y Esperanza Aguirre, del PP de Madrid por su implicación directa con los DDHH en otros países. Con miembros de la comisión de Exteriores del grupo del PP en el Congreso, con representantes de exteriores del PP en la ejecutiva nacional. Con el Ministerio de Fomento, por la relación directa con el régimen saudí de la ministra Ana Pastor en las gestiones económicas y empresariales por la construcción del AVE a La Meca. Ninguno de ellos ha querido responder a nuestras preguntas.
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