Misteri1963

La brutal escalada de la deuda pública, que prácticamente se ha triplicado desde el inicio de la crisis económica y ha subido en 310.000 millones a lo largo de la legislatura, ha dejado facturas en cuatro años por valor de 121.642 millones de euros sólo por el pago de los intereses de esa deuda. Esa cifra equivale casi al 12% de nuestro PIB, y podría haber sido incluso superior si Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), no hubiera pronunciado en 2012 aquellas históricas palabras: "Haré lo que sea necesario -para salvar el euro-. Y créanme, será suficiente".

En aquel momento, nuestro país acababa de recibir el rescate financiero europeo tras intervenir Bankia y prácticamente tenía la puerta cerrada de los mercados. La prima de riesgo, diferencial del bono a 10 años español respecto al bono a 10 años alemán y que mide a la perfección el grado de confianza de los mercados financieros en la economía nacional, superaba con creces los 500 puntos básicos, e incluso llegaba a tocar los 648. El tipo de interés que se aplicaba a ese bono superaba el 7%, e incluso en los tramos más cortos, los de letras a tres y a seis meses, se debían abonar tipos insoportables de casi el 4% (este año, en ocasiones, los tipos han llegado a ser negativos).
Desde entonces, el interés a pagar por colocar emisiones de deuda ha ido descendiendo gradualmente, lo que ha permitido al Ejecutivo ahorrar cada año importantes cantidades sobre la previsión presupuestada en cada proyecto de Cuentas Públicas. Así, en 2012, el Ministerio de Economía de Luis de Guindos estimó que se requerirían casi 29.000 millones para abonar esos intereses. Finalmente, y según los datos de ejecución presupuestaria que da a conocer el Ministerio de Hacienda, se gastaron 26.696 millones, 2.300 menos de los previstos.
Cambio drástico
Pero fue en el año 2013 cuando el verdadero ahorro pudo apreciarse. El Ejecutivo elaboró las cuentas para aquel ejercicio en el peor momento para la deuda española, durante el verano de 2012. Así, presupuestó para el pago de intereses algo más de 38.615 millones, la segunda partida más cuantiosa de los Presupuestos por detrás de Pensiones y por delante del dedicado a prestaciones por desempleo. Sin embargo, aquellas palabras de Draghi comenzaron a suavizar la situación, y desde el otoño de 2012 España pudo volver a los mercados aunque aún a coste muy elevado. En los últimos compases del año la prima de riesgo perdió la cota de los 400 puntos básicos, y a lo largo de 2013 siguió reduciéndose hasta acabar en torno a los 200.
Esa reducción en el tipo de interés de las emisiones permitió al Ejecutivo gastar 28.574 millones, 10.100 menos de lo estimado inicialmente, pudiendo dedicar parte de ese ahorro cantidad a las primeras -y tímidas- medidas de estímulo económico tras años de dolorosos ajustes.
En 2014, año en el que se logró un ahorro de algo más de 3.000 millones; y 2015, con el ministro Guindos augurando un gasto 2.500 millones inferior al presupuestado, ha proseguido la mejora. En total, el Ejecutivo ha logrado aliviar la carga financiera del Estado en 17.855 millones. Si no hubiera sido así, el gasto en intereses de la legislatura hubiera sobrepasado los 139.000 millones, más de lo que reciben en todo un año los 10 millones de pensionistas de nuestro país .
Círculo vicioso de la deuda
Las palabras de Draghi, las reformas, la mejora del mercado laboral y el crecimiento del PIB, del 3,4% interanual al término del tercer trimestre, han devuelto la confianza en España, que se nutre de fondos en los mercados con solvencia y verá rebajada en 2016 la partida de intereses de la deuda por cuarto año consecutivo.
Sin embargo, el margen de mejora es menor. El tipo de interés del bono a 10 años, inferior al 1,8%, apenas cuenta con margen a la baja desde hace meses. Y lo mismo sucede con los intereses para el resto de plazos. Además, el enorme volumen del pasivo, que alcanzaba 1,053 billones al término del segundo trimestre, impide que la factura se reduzca más intensamente. Así, el gasto previsto en la partida de intereses del próximo ejercicio será de 33.490 millones, muy similar al esperado para el conjunto del año 2015.
Cuantías tan elevadas para el pago de intereses no hacen sino deducir gastos de otras partidas y provocar que España deba endeudarse aún más para sufragar los servicios públicos. Si a ello se le suma las dificultades de las comunidades autónomas, con una deuda que supera los 240.000 millones de euros y a las que debe socorrer cada año el Ministerio de Hacienda (a través del FLA, del Fondo de Facilidad Financiera y del mecanismo de pago a proveedores), la perspectiva para el pasivo español no es muy halagüeña. Hace unos días, de hecho, la agencia de calificación Fitch auguraba que nuestra deuda se situará en 2024 en el 90,5% del PIB, lo que equivaldrá, teniendo en cuenta el crecimiento económico, a un pasivo superior al billón de euros por al menos una década más.
La única buena notica que ofrece el endeudamiento de las AAPP se refiere a la contención que refleja desde el pasado año. Superados los efectos del rescate bancario, los fondos de rescate de Hacienda se confirman como el factor más estresante para el pasivo. Pero la reducción del déficit, que ha pasado del 9,6% al entorno del 4,5% actual ha motivado que el porcentaje de deuda sobre PIB escale solo un punto en un año, del 98,4% al 99,5%. 2016 será, si se confirman previsiones, el primer año en diez de rebaja de la cifra global.
Ha crecido en casi 18.000 millones anuales
Antes de que estallase la crisis económica, eran pocos los medios de comunicación que fijaban su lupa en la partida presupuestaria dedicada al pago de intereses. En años de bonanza, y con un pasivo que permaneció estable entre los 370.000 y los 390.000 millones desde el año 2000 y hasta 2007, esa partida rondaba los 16.000 millones de euros, 23.000 millones menos que los más de 35.000 millones que debieron ser presupuestados para sufragar los intereses de los años 2013, 2014 y 2015.
El 2014, de hecho, se lleva la palma hasta ahora. Con un nivel de deuda superior al 98% del PIB, el Tesoro debió abonar unos intereses de 33.372 millones, más dinero del empleado para pagar las prestaciones de desempleo de todo un año.