Mientras se urde el plan para dar la puntilla al orden constitucional en Venezuela, se hacen públicas las conversaciones mantenidas entre el almirante Kurt Tidd, a la sazón comandante en jefe del U.S. Southern Command, con sede en Miami, y el actual secretario general de la OEA, en enero de 2016, Luis Almagro.
El objetivo es coordinar la acción de los organismos regionales con un fin: dinamitar el poder legítimo del gobierno encabezado por Nicolás Maduro.
Servicios de inteligencia, organizaciones no gubernamentales, corporaciones privadas de comunicación, prensa radio, televisión y redes sociales deben entrar en sincronía y asestar el golpe definitivo. ¿Cuál? Inaugurar un Estado paralelo, encabezado por el Parlamento, en manos de la oposición.
La labor inmediata: sentar las bases para hacerlo viable.
La estrategia: tensionar el Poder Judicial, desacreditar sus resoluciones, obligar al gobierno a tomar medidas de excepción y, de esa manera, justificar la intervención para salvaguardar, curiosamente, el orden constitucional.
El centro de maniobras es la embajada de Estados Unidos en Caracas. Allí se han reunido, infinidad de veces, los partidos de la MUD. Sus salones son un hervidero de reuniones.
El centro de maniobras es la embajada de Estados Unidos en Caracas. Allí se han reunido, infinidad de veces, los partidos de la MUD. Sus salones son un hervidero de reuniones.
Militantes, empresarios y banqueros acuden a recibir instrucciones. Agentes con destino en América Latina viajan expresamente a vigilar su desarrollo.
El contacto es Tenny Smith, militar de alto grado, perteneciente a la agencia de inteligencia para la Defensa, y Rita Buck Rico, adscrita a la sección de asuntos políticos de los servicios exteriores.
El tiempo corre, se busca dar un golpe de efecto a escala global. Durante 2016 y los meses transcurridos de 2017 se acelera la campaña internacional de las esposas y dirigentes del MUD pidiendo la libertad de Leopoldo López y otros, condenados por sedición y ser los responsables políticos del asesinato de 43 venezolanos durante las acciones conocidas como La salida.
Los viajes financiados por demócratacristianos, liberales y conservadores, entre otros, dan visibilidad a sus pretensiones.
El tiempo corre, se busca dar un golpe de efecto a escala global. Durante 2016 y los meses transcurridos de 2017 se acelera la campaña internacional de las esposas y dirigentes del MUD pidiendo la libertad de Leopoldo López y otros, condenados por sedición y ser los responsables políticos del asesinato de 43 venezolanos durante las acciones conocidas como La salida.
Los viajes financiados por demócratacristianos, liberales y conservadores, entre otros, dan visibilidad a sus pretensiones.
Las delegaciones han sido recibidas por alcaldes, parlamentarios e instituciones en Europa y América Latina. España se convierte en la sede exterior para las maniobras inaugurando una emisora de radio y televisión, financiada con donaciones generosas de PSOE, PP, Ciudadanos, PNV, Convergencia de Cataluña y otros.
Ex presidentes de gobierno se suman a la trama. José María Aznar, Felipe González, César Gaviria, Uribe, Ricardo Lagos. Es la excusa para que tomen la palabra gobernantes en activo, como el peruano Pedro Pablo Kuczynski. Iniciada la cruzada, le siguen Michel Temer, en Brasil; Mauricio Macri, en Argentina, y Enrique Peña Nieto, en México.
Así se crea una atmósfera putrefacta, reforzada después del triunfo de Donald Trump. El liderazgo de todas esas maniobras será cedido cortésmente al gobierno de Peña Nieto.
Mientras tanto se prepara una campaña interna, cuyo eje es el Parlamento, hoy en manos de la oposición, que solicita la intervención extranjera, negándose a cumplir su función legislativa, que es: promulgar y desarrollar leyes. La maniobra tiene como finalidad transformar la Asamblea Nacional en Poder Ejecutivo.
Luis Almagro, a la sazón secretario general de la OEA, es el elegido para dar credibilidad al plan y transformar dicha acción en objetivo democrático.
Mientras tanto se prepara una campaña interna, cuyo eje es el Parlamento, hoy en manos de la oposición, que solicita la intervención extranjera, negándose a cumplir su función legislativa, que es: promulgar y desarrollar leyes. La maniobra tiene como finalidad transformar la Asamblea Nacional en Poder Ejecutivo.
Luis Almagro, a la sazón secretario general de la OEA, es el elegido para dar credibilidad al plan y transformar dicha acción en objetivo democrático.
La fecha acordada: la celebración en marzo de 2017 de la reunión de la OEA.
En ella se pediría aplicar la Carta Democrática, suspendiendo a Venezuela como país miembro, recordando un acto similar al acontecido con Cuba en 1962. Almagro, fiel corre, ve y dile del gobierno de Estados Unidos, desplegó toda su fuerza, junto con el representante de México, Luis Alfonso de Alba Góngora, a quien se atribuye el liderazgo del llamado grupo de los 15 países injerencistas.
El objetivo: la firma de un documento que incluyera las tres demandas planteadas por la MUD, en complicidad con la OEA y el Comando Sur, para hacer caer el gobierno de Nicolás Maduro, fijar calendario electoral, liberar a los presos políticos y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional.
La solicitud de condena, desaprobación y aplicación de sanciones, entre ellos bloqueo, aplicación de la Carta Democrática y suspensión, bajo el pretexto de evitar una crisis humanitaria, fracasó estrepitosamente.
La solicitud de condena, desaprobación y aplicación de sanciones, entre ellos bloqueo, aplicación de la Carta Democrática y suspensión, bajo el pretexto de evitar una crisis humanitaria, fracasó estrepitosamente.
Las presiones de Estados Unidos y Almagro no dieron resultado.
La declaración final supuso en realidad un reconocimiento al diálogo emprendido por el gobierno legítimo de Nicolás Maduro.
Este traspié acelera el tiempo de la sedición. Ahora se pasa directamente a desconocer el orden constitucional, negándose, la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, a cumplir con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y, de paso, bloquear las decisiones que competen al Poder Ejecutivo.
Ese es el fondo de la controversia. No hay golpe de Estado, hay desacato de la Asamblea Nacional, en manos de la MUD. Autoinhabilitada para cumplir su función legislativa, el Poder Ejecutivo se ve obligado a tomar sus funciones, mecanismo democrático establecido en la Constitución Bolivariana. El resto es teatro mediático, escenificación y llamado a la desestabilización democrática por los diputados que han traicionado a su país pidiendo la intervención extranjera.
Marcos Roitman Rosenmann
Fuente: LA JORNADA
Mientras la “valiente” oposición huía del país, Maduro fuerza al Tribunal Supremo de Venezuela a modificar la sentencia con la que inhabilitó a la Asamblea Nacional
Sábado 01 de Abril de 2017 19:17
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha emitido este sábado dos nuevas sentencias en las que ha eliminado parte de las decisiones 155 y 156 del pasado 28 y 29 de marzo respectivamente.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha emitido este sábado dos nuevas sentencias en las que ha eliminado parte de las decisiones 155 y 156 del pasado 28 y 29 de marzo respectivamente.
El TSJ ha suprimido el contenido de la sentencia 155, “en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria”. Además, se ha anulado el punto de la sentencia 156, “referido a que la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta o por el órgano que ella disponga”.
La madrugada de este sábado el presidente venezolano Nicolás Maduroha declarado que el Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela ha señalado que el conflicto entre los poderes ha sido superado.
“Queda superada esta controversia, demostrando las capacidades de diálogo”, ha señalado Maduro, destacando que las partes han “avanzado en importantes acuerdos y soluciones”.
El pasado 30 de marzo una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desautorizó al Parlamento venezolano para ejercer sus funciones.
El máximo tribunal del país determinó que la situación de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional (AN) invalida las decisiones de esa instancia, por lo que será la Sala Constitucional la encargada de ejercer “las competencias parlamentarias” o designar el órgano que disponga “para velar por el Estado de derecho”.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió convocar al Consejo de Seguridad de la Nación para resolver el ‘impasse’ presentado entre la Fiscalía General y el TSJ.
El máximo tribunal del país determinó que la situación de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional (AN) invalida las decisiones de esa instancia, por lo que será la Sala Constitucional la encargada de ejercer “las competencias parlamentarias” o designar el órgano que disponga “para velar por el Estado de derecho”.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió convocar al Consejo de Seguridad de la Nación para resolver el ‘impasse’ presentado entre la Fiscalía General y el TSJ.
Superado conflicto entre poderes en Venezuela, resalta Maduro
El Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela declaró superada la diferencia entre los Poderes Públicos de la nación suramericana, destacó la madrugada de este sábado el presidente venezolano Nicolás Maduro.
“Queda superada esta controversia, demostrando las capacidades de diálogo”, indicó Maduro, quien presidió el Consejo de Defensa de la Nación desde el Palacio Presidencial de Miraflores, ubicado en Caracas.
Este viernes surgió un impasse entre los Poderes Públicos, ante la postura asumida por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), órgano que en consonancia con la Carta Magna, definió las condiciones del ejercicio de la función legislativa, mientras la Asamblea Nacional (AN) se encuentra en desacato.
Por medio de un comunicado, leído por el vicepresidente Ejecutivo, Tarek El Aissami, el Consejo exhortó al TSJ a revisar las decisiones 155 y 156 de manera que se mantenga la estabilidad constitucional.
En el dictamen se ratificó al TSJ, en su Sala Constitucional, como “la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional”, así como “la resolución de los conflictos entre poderes”.
Además, se insistió en la disposición de desarrollar un diálogo fecundo con la oposición, a la cual invitaron para “unirse sin demora” a las pláticas, que son respaldadas por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Vaticano y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana), y Martín Torrijos (Panamá).
Otra de las decisiones fue la de “repudiar cualquier intervención que atente contra la Independencia, soberanía, integridad territorial y autodeterminación” de la República Bolivariana.
En este sentido, el presidente Maduro exclamó: “Rechazo en todas sus partes el intervencionismo extranjero” por parte de algunos Gobiernos “que pretenden dictar pautas cuando sus países están en llamas”.
El dato: El artículo 323 de la Constitución venezolana establece: “El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico”.
¿De qué se trata la sentencia del TSJ?
La Sala Constitucional del TSJ anunció este jueves que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional (AN) mientras persista la situación de desacato del Poder Legislativo.
El TSJ, a través de dos sentencias emitidas esta semana, ratificó que su tarea central en el marco constitucional es preservar el Estado de Derecho, sobre todo ante factores que pretenden desconocer el ordenamiento jurídico y violar la soberanía nacional de la nación caribeña.
La AN se encuentra en condición de desacato por el TSJ desde el 5 de enero de 2016 y mantiene ese estado hasta la actualidad por juramentar a tres diputados de la autodenominada Mesa de la Unidad (MUD) electos por el estado Amazonas, cuya elección el 6 de diciembre de 2015 fue impugnada debido a hechos de fraude.
La medida del TSJ es temporal y se mantendrá hasta que la AN convoque a sesión, acate la medida del Poder Judicial sobre la desincorporación de los parlamentarios y llame a elección de la nueva junta directiva.
Dirigentes opositores huyen de Venezuela mientras llaman a una marcha
En medio de una tensa situación política, destacados dirigentes opositores abandonaron Venezuela pero piden a sus seguidores marchar el próximo sábado.
Al menos 20 reconocidos dirigentes opositores venezolanos salieron del país hacia diferentes destinos, sin que se conozca el objetivo de esos viajes, mientras acusan al Gobierno venezolano de tomar medidas inconstitucionales.
Varios medios venezolanos, como el sitio Aporrea y el diario ‘Ciudad Maturín’, difundieron una investigación del periodista Víctor Hugo Majano, quien detalló que los dirigentes políticos viajaron al exterior a pesar de que “se encuentran convocando a protestas callejeras”.
Majano se refiere a una serie de mensajes de Twitter publicados en la cuenta oficial de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en los que convocan para una marcha en Caracas, el próximo sábado 1 de abril, en rechazo a la sentencia 156 del Tribunal Supremo de Justicia.
Entre los viajeros se encuentran Henrique Capriles, dirigente del partido Primero Justicia, y el diputado Freddy Guevara, coordinador nacional del extremista Voluntad Popular.
Guevara tomó un vuelo a México el pasado lunes y Capriles otro a Colombia el día martes.
Los diputados
Del partido Primero Justicia, partieron rumbo a exterior los diputados Tomás Guanipa (Londres, 19 de marzo) y José Manuel Olivares (EE.UU., 20 de marzo).
Mientras que del partido Voluntad Popular viajó el diputado Luis Florido, quien abandonó Venezuela por vía terrestre hacia Colombia y de allí viajó a Estados Unidos.
Completan la lista de diputados en el exterior: Juan Guaido, que voló a República Dominicana; Carlos Modesto Prosperi Manuitt, a Estado Unidos; y Delsa Solórzano, José Gregorio Correa y Manuel Texeira con destino a París, Francia.
Otros activistas
Agrega Majano a un grupo de activistas de diferentes partidos y organizaciones opositoras, que entre los días 28 y 30 de marzo también dejaron el país: Oscar Adolfo Ronderos (Panamá, 30 de marzo); Carlos Ayala Corao (España, 29 de marzo); Enrique Silva Rodríguez (Panamá, 28 de marzo); José Rafael Chavero (EE.UU., 29 de marzo) y el empresario Parsifal D‘Sola Crespo, “mencionado como financista de un (posible) golpe de Estado, salió el 28 hacia Bogotá”.
Por último se cuentan los viajes (30 de marzo) de Rocio San Miguel (ONG Control Ciudadano); Lilian Tintori y Antonieta Mendoza (madre de Leopoldo López), rumbo a Estados Unidos.
Moscú insta a otros países no avivar la tensión política interna de Venezuela
“Estamos convencidos en la inviolabilidad del principio de no intromisión en los asuntos internos de otros”, señaló María Zajárova.
Las fuerzas externas no deben con sus declaraciones y sus acciones echar más leña al fuego en el conflicto interno de Venezuela, ha instado a través de un comunicado la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.
La diplomática ha precisado que Moscú se basa en la tesis de que cualquier decisión de los órganos de poder venezolanos tiene que basarse y regirse en la Constitución. Además, indicó que es necesario establecer un diálogo constructivo entre las fuerzas políticas del país latinoamericano para evitar una escalada de los enfrentamientos, porque “el respeto a los derechos de los demás es la paz”.
Zajárova también destacó que es necesario reiniciar la misión de mediadores internacionales, ya sea de figuras políticas o de representantes de la Unasur. “Estamos convencidos en la inviolabilidad del principio de no intromisión en los asuntos internos de otros”, agregó.
Este jueves el Tribunal Supremo de Justicia venezolano dictó una sentencia donde anunciaba asumir las competencias de la Asamblea Nacional, declarada en desacato. El fallo fue criticado por la Unión Europea, Estados Unidos y algunas naciones latinoamericanas.
Análisis: Mentiras sobre lo que pasa en Venezuela
Juan Carlos Monedero
El 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional venezolana desconoció al Presidente de la República, Nicolás Maduro. Votaron a favor de ese golpe de estado constitucional todos los diputados de la oposición salvo los tres diputados del partido de Henry Falcón, quienes entendieron la gravedad de esa decisión. Venezuela es un sistema político presidencialista desde 1811, influido por el constitucionalismo norteamericano. Al Presidente le vota directamente el pueblo -a diferencia de un sistema parlamentario como el español, donde al Presidente le vota el Parlamento- y le corresponde al Presidente, que es el Jefe del Estado, la dirección del país. Cuando la Asamblea decidió desconocer el poder legítimo del Presidente se estaba poniendo al margen de la Constitución. Se colocaron por voluntad propia en desacato. La prensa internacional no dijo nada.
La gran discusión entre el Presidente Maduro y la Asamblea tiene que ver con las actas de tres diputados de Amazonas. Se ha demostrado que compraron votos entre otras muchas irregularidades, lo que obligaría a repetir la elección en esos tres casos. La Asamblea se declaró en rebeldía y decidió echar un pulso a la Presidencia de la República. A imitación del constitucionalismo europeo, cuando hay un conflicto constitucional entre poderes el Tribunal Supremo puede asumir competencias del Parlamento en los casos en que fuera necesario. Hasta un fantoche como Donald Trump ha tenido que asumir las decisiones recientes del Tribunal Supremo norteamericano. Con su tradicional irresponsabilidad, la derecha española llama a desobedecer el estado de derecho en Venezuela y la decisión del Tribunal Supremo. No me extraña de Esperanza Aguirre o Pablo Casado: el PP, especialmente en Madrid, ha financiado sus campañas electorales con dinero negro. Es decir, el PP lleva varías legislaturas usando maneras propias de golpistas. E históricamente, al menos desde 1936, tienen oído músical para esa partitura. Quienes digan desde España que los venezolanos deben desoír las decisiones de su Tribunal Supremo son unos irresponsables que tiren piedras no solamente sobre el tejado venezolano, sino también sobre el nuestro. Luego tendrán la caradura de quejarse de los comportamientos al margen de la Constitución de la asamblea catalana.
Por si fuera poco, esa Asamblea dominada por la oposición proclamó que el Presidente había abandonado su cargo (algo absurdo y evidentemente falso) y propuso convocar elecciones presidenciales en el plazo de un mes. Ese intento de golpe de estado desde el Parlamento no recibió ni una sola crítica de los que ahora dicen que hay un golpe de estado en Venezuela. Entre ellos, el máximo responsable de la OEA que ayer mismo se reunía en la Ciudad de México con ex presidentes latinoamericanos procesados por lesionar los derechos humanos, y el Departamento de Estado de los EEUU. Qué curioso que justo después haya salido la petición de Almagro de enjuiciar a Venezuela desde la OEA. El papel de Almagro como Secretario General de la OEA está haciendo mucho daño a la tan necesaria institucionalidad internacional (Pepe Mujica ya se distanció de él de manera definitiva y dejó ver a quién se había vendido). Almagro lleva varios meses mintiendo. Por ejemplo, ha dicho en dos ocasiones recientes que a Venezuela se la ha aplicado la Carta Democrática de la organización (que, tras muchos trámites -ni siquiera iniciados-, podría llevar a su expulsión como ya ocurrió con Cuba pero nunca ha ocurrido con los Estados Unidos, pese a haber promovido golpes de Estado como el de Pinochet contra Allende). Pero era mentira, como demuestra que hoy mismo ha pedido a la OEA que aplique la Carta Democrática. Ergo miente. Todo el rato. Él sabrá por qué, pero en su Uruguay natal dicen que se ha vendido por un puñado de dólares a los que siempre han querido que América Latina sea el patrio trasero norteamericano. Washington siempre busca a un criollo para hacer la tarea del traidor. Almagro no vive en Montevideo.
El Tribunal Supremo de Venezuela ha usado un artículo de la Ley de Hidrocarburos -la principal riqueza del país- que establece que los convenios internacionales y las asociaciones con grupos extranjeros deben ser aprobados por la Asamblea. Como la Asamblea está en situación jurídica de desacato, de manera que no puede -ni quiere- firmar ningún acuerdo, lo que pone en riesgo financiero a Venezuela. Es por eso que el Tribunal Supremo ha asumido las competencias estrictas de la Asamblea para la aprobación de esos contratos, de manera que el país pueda asumir los compromisos necesarios en un momento económicamente complicado por el hundimiento de los precios del petróleo (preguntémonos en España qué pasaría si se hundiera un 80 % el turismo).
El Tribunal Supremo no ha disuelto la Asamblea ni se han convocado nuevas elecciones para elegir nuevos diputados. Lo contrario de lo que están diciendo los medios de comunicación. Lo único que está haciendo el tribunal supremo es asumir unas competencias concretas para evitar que Venezuela se paralice mientras dure el descato.
Si los diputados de la oposición quisieran, el desacato desaparecería de inmediato -bastaría con que cesaran en su desconocimiento del Presidente de la República y que reconocieran que los tres diputados elegidos en la Amazonía no pueden hacer uso de su acta debido a las muchas irregularidades probadas-, pero les resulta mucho más rentable seguir regalando falsas portadas a la prensa internacional. La derecha internacional, esa que se regala entre sí viviendas oficiales y que tiene una trama global de fondos buitres -donde están los Aznar, Botella, sus hijos, De Guindos, Rato, Aguirre y toda esa tropa de malos españoles donde también se ha colado algún “socialista” como Felipe González- quiere tumbar a Venezuela, igual que han hecho con Dilma Roussef en Brasil.
¿Quién que no esté vendido a esos intereses puede decir que asumir de manera temporal unas competencias esenciales para firmar unos contratos sin los cuales un país se quedaría entregado a los capitales internacionales es un golpe de Estado? ¿No son acaso los mismos que ven “normal” desconocer al Presidente del Gobierno y llamar a nuevas elecciones? Demasiados hipócritas.
Si los diputados de la oposición quisieran, el desacato desaparecería de inmediato -bastaría con que cesaran en su desconocimiento del Presidente de la República y que reconocieran que los tres diputados elegidos en la Amazonía no pueden hacer uso de su acta debido a las muchas irregularidades probadas-, pero les resulta mucho más rentable seguir regalando falsas portadas a la prensa internacional. La derecha internacional, esa que se regala entre sí viviendas oficiales y que tiene una trama global de fondos buitres -donde están los Aznar, Botella, sus hijos, De Guindos, Rato, Aguirre y toda esa tropa de malos españoles donde también se ha colado algún “socialista” como Felipe González- quiere tumbar a Venezuela, igual que han hecho con Dilma Roussef en Brasil.
¿Quién que no esté vendido a esos intereses puede decir que asumir de manera temporal unas competencias esenciales para firmar unos contratos sin los cuales un país se quedaría entregado a los capitales internacionales es un golpe de Estado? ¿No son acaso los mismos que ven “normal” desconocer al Presidente del Gobierno y llamar a nuevas elecciones? Demasiados hipócritas.
Venezuela necesita mucho diálogo.
El choque entre instituciones es malo para el país. Esa debiera ser la tarea de España: ayudar al diálogo. En todo el continente latinoamericano. En México -desde donde escribo- han asesinado este último mes a tres periodistas (¿Nos imaginamos lo que pasaría si hubieran asesinado a tres periodistas en Caracas?) y hay al menos 30.000 desaparecidos. El día a día de México es la aparición de fosas con cadáveres, la trata, el asesinato de mujeres, la desaparición de líderes sociales, la creciente pobreza y desigualdad junto a una impunidad del Estado estremecedora. Aún lloran en México a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el Presidente Peña Nieto se ríe de las víctimas no reconociendo las lagunas que apuntan al ejército, a la policía y a políticos vinculados al narco en la desaparición de las muchachas y muchachos.
Parece que el PP y sectores del PSOE quieren ver a Venezuela
convertida en México. Para seguir la trama de los negocios.
El choque entre instituciones es malo para el país. Esa debiera ser la tarea de España: ayudar al diálogo. En todo el continente latinoamericano. En México -desde donde escribo- han asesinado este último mes a tres periodistas (¿Nos imaginamos lo que pasaría si hubieran asesinado a tres periodistas en Caracas?) y hay al menos 30.000 desaparecidos. El día a día de México es la aparición de fosas con cadáveres, la trata, el asesinato de mujeres, la desaparición de líderes sociales, la creciente pobreza y desigualdad junto a una impunidad del Estado estremecedora. Aún lloran en México a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el Presidente Peña Nieto se ríe de las víctimas no reconociendo las lagunas que apuntan al ejército, a la policía y a políticos vinculados al narco en la desaparición de las muchachas y muchachos.
Parece que el PP y sectores del PSOE quieren ver a Venezuela
convertida en México. Para seguir la trama de los negocios.
Hay mercenarios que desearían abocar a Venezuela a una guerra civil. Creen que así podrían volver a recuperar el paraíso que tenían cuando controlaban el petróleo contra los venezolanos y venezolanas. Se equivocan, porque el pueblo venezolano no va a permitir que eso ocurra.
Apuntar en esa dirección es querer llevar a Venezuela a un escenario terrible como los que ha creado la OTAN y las potencias occidentales en Oriente Medio. Ojalá el Estado de derecho que forma parte de los logros civilizatorios de Europa pueda funcionar también en Venezuela. Esa es la principal tarea en la que podríamos colaborar los españoles en ese país: ayudar a reforzar el Estado de derecho. Aunque el PP de la Gürtel y la Púnica ¿qué va a enseñar?
Apuntar en esa dirección es querer llevar a Venezuela a un escenario terrible como los que ha creado la OTAN y las potencias occidentales en Oriente Medio. Ojalá el Estado de derecho que forma parte de los logros civilizatorios de Europa pueda funcionar también en Venezuela. Esa es la principal tarea en la que podríamos colaborar los españoles en ese país: ayudar a reforzar el Estado de derecho. Aunque el PP de la Gürtel y la Púnica ¿qué va a enseñar?
Fue el diario El país el que celebró el golpe de estado contra Chávez en 2002 y fue el Presidente Aznar el que ordenó a nuestro Embajador a reunirse con el Presidente golpista. Ayudemos a que no vuelva a ocurrir nada de esto. Para ello, es esencial que los que no tienen otros intereses que los del dinero, dejen a la justicia funcionar. Y que nadie sea tan hipócrita para pedir en otros países lo que no pedimos para el nuestro.
En una revuelta incontrolada,
los manifestantes incendian el Senado de Paraguay
los manifestantes incendian el Senado de Paraguay
Sábado 01 de Abril de 2017
MONTEVIDEO (Sputnik) — Un grupo de manifestantes prendió fuego a unas oficinas de la sede del Congreso de Paraguay, luego de ingresar por la fuerza al recinto parlamentario, donde provocaron importantes destrozos, informan medios locales.
MONTEVIDEO (Sputnik) — Un grupo de manifestantes prendió fuego a unas oficinas de la sede del Congreso de Paraguay, luego de ingresar por la fuerza al recinto parlamentario, donde provocaron importantes destrozos, informan medios locales.
“Se incendia el edificio de la Cámara de Senadores, mientras algunos parlamentarios siguen adentro”, informó la radio 970 AM en su cuenta de la red social Twitter.
Los incidentes se produjeron tras la aprobación de un proyecto de reelección presidencial en una sesión irregular que celebraron 25 de los 45 senadores.
Decenas de manifestantes ingresaron al recinto donde se habían refugiado periodistas, entre ellos el reportero de Sputnik, mientras en las calles continuaban los choques entre manifestantes y policías que arrojaban gases y balas de goma.
La situación llevó a que el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, suspendiera la sesión prevista para este sábado, en la que la cámara baja iba a votar el proyecto aprobado irregularmente por los senadores.
“Ante el desbordado escenario de hechos que se vive en el Congreso Nacional, se tomó la decisión de desconvocar la sesión extraordinaria que estaba agendada para mañana sábado”, dijo Velázquez, citado por el diario ABC Color.
En una sesión considerada irregular, 25 de los 45 senadores de Paraguay aprobaron el viernes un proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial, prohibida de forma taxativa por la Constitución paraguaya.
Disturbios en Paraguay por la decisión del Senado de aprobar la reelección presidencial
La reforma permitiría reelegir al presidente del país, cuyo cargo es improrrogable según el artículo 229 de la Constitución paraguaya.
Varias personas han resultado heridas durante las protestas que sacuden la capital de Paraguay, Asunción. Un grupo de manifestantes ha provocado un incendio en el Senado después de irrumpir en el edificio.
El edificio ha sido acordonado por la Policía; se reporta que se ha quemado toda la planta baja. Según los medios locales, algunos parlamentarios todavía están dentro del edificio.
Las manifestaciones han sido provocadas por la decisión de 25 senadores que aprobaron una enmienda a la Constitución que permitiría reelegir al presidente del país latinoamericano.
La propuesta debe ser aprobada por la Cámara de Diputados, donde 44 de los 80 miembros pertenecen al Partido Colorado. Sin embargo, el presidente de ese órgano legislativo, Hugo Velázquez, ha señalado que la sesión del sábado será suspendida y los diputados no tomarán ninguna decisión al respecto.
Los manifestantes han lanzado piedras, botellas y basura contra el edificio del Congreso.
Por su parte, la Policía ha respondido con balas de goma y ha usado camiones hidrantes contra la multitud.
El porqué de las manifestaciones
La polémica decisión la tomaron miembros del gobernante Partido Colorado y varios grupos de la oposición. Le enmienda permitirá al actual presidente, Horacio Cartes, y a cualquier exmandatario participar en las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2018.
De acuerdo con el artículo 229 de la Constitución paraguaya, el cargo del presidente es “improrrogable” y este no puede ser reelegido “en ningún caso”. El periodo del mandato presidencial en Paraguay es de cinco años.
En 2012 Paraguay sufrió una crisis política cuando el entonces presidente, Fernando Lugo, fue destituido a raíz de un juicio político organizado por el Parlamento.
Comunicado sobre la situación de Paraguay – Movimiento 138
Al pueblo Paraguayo, en tierra paraguaya y en el exilio.
La experiencia que como colectivo y como pueblo Paraguayo, hemos forjado en estos años nos indica una clara verdad: que la dirigencia política conservadora paraguaya diga defender la Constitución que violan día a día, es cuanto menos una burla a la situación de vida de nuestro pueblo que sufre el *hambre, la represión, la muerte y el exilio día a día, bajo los dueños actuales del Paraguay.
En este esquema, reelección o no reelección es una falsa contradicción en el seno de nuestro pueblo.
Tanto los grupos de poder a favor de la reelección, con Horacio Cartes a la cabeza, acompañados de golpistas como Blas Llano con la bancada del Frente Guasu, como los grupos anti reelección, con stronistas como Mario Abdo Benítez o vendepatrias golpistas como Efrain Alegre y las bancadas de Avanza País y el Partido Democrático Progresista, son dos caras de la misma moneda: de los grupos políticos que lejos están de representar al pueblo trabajador paraguayo y representan solamente a sus propios y mezquinos intereses de permanecer en la estructura del Estado.
Instamos a las clases populares paraguayas, tanto en nuestro país, como en el exilio, a no caer en esta falsa contradicción del debate sobre la enmienda y reelección que nada tiene que ver con las urgentes necesidades de trabajo, tierra, salud y educación que nos angustian día a día.
La Constitución Nacional no fue violada solamente por este circo politiquero. La Constitución Nacional está muerta desde su sanción, tanto por incumplimiento de sus mandatos como por su manoseo por parte de los factores de poder en el Paraguay.
Solo el pueblo y un gobierno que surja del mismo, de los campesinos, de los pueblos originarios, de las mujeres, de los estudiantes, de los trabajadores, podrá sentar las bases para un desarrollo pleno de nuestro país.
Por una Constitución para el pueblo, construyamos Poder Popular.
Disparan en la cara a un diputado paraguayo durante manifestaciones en Asunción
La Policía le ha propinado un tiro con una bala de goma a quemarropa a Édgar Acosta que, según otro legislador, “le destrozó toda la boca”.
El diputado liberal paraguayo Édgar Acosta ha sido herido en la cara durante las manifestaciones de este viernes en la capital, Asunción, informa el diario local ‘Última Hora’.
En las grabaciones de las movilizaciones se ve cómo la Policía le propina un disparo con una bala de goma a quemarropa a Acosta. Después del tiro, el legislador cae al suelo con la cara ensangrentada. Inmediatamente le socorren personas que lo acompañaban.
El diputado primero fue enviado al Hospital Militar en Asunción, donde lo ingresaron en la unidad terapia intensiva. Posteriormente lo trasladaron al Sanatorio La Costa.
Otro legislador, Jorge Ávalos, ha explicado que “fue un impacto muy de cerca que prácticamente le destrozó toda la boca”. Ha sostenido que Acosta “fue sometido a una cirugía reconstructiva y está fuera de peligro”.
¿Golpe parlamentario?
Todo sobre la nueva crisis política de Paraguay
Todo sobre la nueva crisis política de Paraguay
La aprobación de un proyecto de enmienda constitucional que permitiría la reelección presidencial en Paraguay ha desembocado en violentos disturbios. Estos son los detalles detrás de la polémica reforma.
El caos se ha apoderado este viernes de la capital paraguaya, Asunción, donde se han registrado violentos disturbios tras la aprobación de un proyecto de reforma constitucional que abriría las puertas a la reelección presidencial. La sanción contó con el apoyo de 25 de los 45 senadores de lo que ha sido denominado como un ‘Senado paralelo’, tras una serie de irregularidades.
“Se ha llevado a cabo un golpe [parlamentario], vamos a resistir e invitamos al pueblo a resistir con nosotros”, afirmó la senadora Desiree Masi del opositor Partido Democrático Progresista, informa Reuters.
Por su parte, el presidente Horacio Cartes, que se vería beneficiado por esta reforma a pesar de haber jurado no tener pretensiones reeleccionistas, ha hecho un llamamiento a “mantener la calma” e insta al pueblo paraguayo a que no se deje llevar por quienes pretenden “destruir la democracia y la estabilidad política y económica del país” anunciando hechos de violencia y derramamiento de sangre, según comunicó el mandatario por motivo de los disturbios.
¿En qué consiste el proyecto?
Se trata de un proyecto que pretende enmendar los artículos 161, 197, 229 y 235 de la Constitución Nacional. Con la modificación del artículo 229, los presidentes y vicepresidentes de la República del Paraguay permanecerán 5 años en su puesto y podrán ser reelectos dos veces en forma consecutiva o alternada.
Por otra parte, el texto detalla el procedimiento para optar por la reelección: quien ocupe esos cargos podrá ser reelegido para el periodo siguiente solo si presenta su renuncia seis meses antes de los comicios. Con la actual Constitución, la dimisión de un presidente debe ser aprobada por el Congreso. Pero con el texto actual, para ser candidato será suficiente comunicar la renuncia a los demás poderes del Estado.
¿Qué ha causado el descontento?
Independientemente del contenido del proyecto, el proceso en torno a su aprobación presenta varias irregularidades.
El proyecto fue sancionado durante una sesión a puerta cerrada (a pesar de que constitucionalmente las sesiones deben ser públicas).
La sanción fue realizada sin la presencia del titular de la Cámara Alta del Senado, Roberto Acevedo.
En su lugar se encontraba Julio César Velázquez, que se autoproclamó como presidente de ese cuerpo legislativo el pasado martes.
En su posición ilegítima, Velázquez permitió la introducción de las modificaciones al reglamento interno que posibilitaron el tratamiento de la enmienda.
La sanción fue realizada sin la presencia del titular de la Cámara Alta del Senado, Roberto Acevedo.
En su lugar se encontraba Julio César Velázquez, que se autoproclamó como presidente de ese cuerpo legislativo el pasado martes.
En su posición ilegítima, Velázquez permitió la introducción de las modificaciones al reglamento interno que posibilitaron el tratamiento de la enmienda.
¿Es esto legal?
“Acá todo se hizo en el marco constitucional, la sesión hicimos hoy con 25 senadores y se realizó como está establecido en el reglamento interno y en la Constitución Nacional”, expresó el senador Carlos Filizzola, según informa el diario local ‘Última Hora’. El senador aseguró que la sesión fue reglamentariamente llevada a cabo sin la participación de Acevedo, pues ni éste ni su vicepresidente respondieron a un pedido de sesión extra.
Sin embargo, los opositores de la medida afirman que el voto ha sido ilegal. El mismo Acevedo, previo a ser supuestamente depuesto ilegalmente de su autoridad, había retenido la solicitud de aprobación de esta reforma, ya que una enmienda similar había sido tratada en agosto de 2016, y según la Constitución solo puede volver a tratarse en un plazo de un año.
Según Roberto Sosa, director de la radio ABC Cardinal, la tramitación de esa medida se realizó de forma ilegal e inconstitucional. “Este proceso fue absolutamente ilegal: un grupo de parlamentarios, sin respetar procedimientos, se reunió y tomó decisiones sumamente importantes”, ha afirmado el periodista a RT.
¿Qué ha sucedido en el pasado?
La Constitución del país prohíbe la reelección desde que fue aprobada en 1992, tras un golpe de Estado conocido como la ‘Noche de la Candelaria’, que terminó con la dictadura brutal de Alfredo Stroessner en 1989. Sin embargo, el último y más relevante caso de caos político en Paraguay se dio en junio de 2012, cuando el Senado destituyó al presidente Fernando Lugo con solo cuatro votos en contra. En ese entonces también se registraron violentos disturbios con gases lacrimógenos y balas de goma, y entre los senadores que votaron a favor de la actual enmienda hay quienes respaldan al expresidente Lugo.
¿Qué sigue?
Se tenía previsto que lo aprobado en la sesión ‘paralela’ de este viernes pasara a ser discutido el sábado en una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, que cuenta con una mayoría del oficialismo. Sin embargo, la sesión fue aplazada hasta la próxima semana tras los significativos disturbios que ha suscitado esta medida, según informa ‘Última Hora’. De obtener aprobación en ese cuerpo legislativo, la medida tendrá que ser promulgada por el presidente Cartes para que tanto él como el expresidente Lugo puedan gozar de la posibilidad de la reelección.
