Estos fondos han planteado dos recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), uno contra la JUR y otro dirigido específicamente contra la Comisión Europea.
Se trata de los únicos inversores que hasta la fecha han presentado dos recursos distintos entre los 52 que ha admitido a trámite el TJUE.
La alegación clave de los recursos de los fondos es que la Comisión Europea fracasó en la evaluación apropiada o en todo caso de los aspectos discrecionales de la resolución que adoptó la JUR, según trasladan fuentes jurídicas.
La alegación clave de los recursos de los fondos es que la Comisión Europea fracasó en la evaluación apropiada o en todo caso de los aspectos discrecionales de la resolución que adoptó la JUR, según trasladan fuentes jurídicas.
Se trata de un argumento que no han esgrimido otros inversores, y que se apoya en el Reglamento (UE) No 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, que establece las normas del procedimiento para la resolución de entidades de crédito en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución.
Así, el Reglamento estipula en su párrafo 24 que "la evaluación de los aspectos discrecionales de las decisiones de resolución tomadas por la Junta debe ser efectuada por la Comisión".
Y en el 26, concreta que "si la Junta considera que se cumplen todos los criterios para poner en marcha una resolución, debe adoptar el dispositivo de resolución. [En] el procedimiento relativo a la adopción del dispositivo de resolución [...] intervienen tanto la Comisión como el Consejo. [...].
Por consiguiente, el presente Reglamento establece que el dispositivo de resolución adoptado por la Junta sólo entre en vigor si, en el plazo de 24 horas tras su adopción por la Junta, ni la Comisión ni el Consejo presentan objeciones al mismo, o si el dispositivo de resolución es aprobado por la Comisión".
Los fondos argumentan que Bruselas debería haber esperado 24 horas después de que la JUR adoptara la resolución antes de darle la validación necesaria para su entrada en vigor.
En cambio, según los documentos no confidenciales y las declaraciones de la JUR y de la Comisión, el proceso sólo llevó minutos en la madrugada del 7 de junio (ver información adjunta).
Los fondos perdieron, junto con Pimco, que no firma las demandas, 850 millones en la resolución, y están asesorados por Quinn Emanuel. En los dos recursos que han presentado solicitan la anulación de la resolución. En los próximos meses, van a plantear otros recursos para reclamar compensación.
La Comisión Europea validó la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR) entre las 5.13 horas del 7 de junio, cuando la JUR le transmitió la resolución, y las 6.00, hora en la que se notificó a Santander que su oferta de compra de Popular era aceptada. A las 6.30 la resolución de la JUR entró en vigor.
A las 7 horas, la JUR decide publicar un resumen de su decisión, que explica en rueda de prensa su presidenta, Elke König, a las 11 horas.
Los fondos piden aplicar la 'doctrina Meroni' del Tribunal Europeo, que obliga a que cualquier poder que suponga adoptar decisiones discrecionales que requieran juicios políticos debe ser ejercido por una institución europea como la Comisión o el Consejo. Según el comisario Barnier, sólo la Comisión dispone de los recursos y es capaz de adoptar decisiones muy técnicas en un periodo de tiempo corto. Y falló con Popular, esgrimen los fondos, informa Expansión.
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