Así lo recoge la última sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el Estado español, hecha pública el pasado martes. El mismo testigo que dejaron los diversos informes médicos que se les practicaron. Portu necesitó asistencia médica durante 27 días; en el caso de Sarasola, fueron 14 días. El Tribunal de Estrasburgo consideró "bastante demostradas" las lesiones, que calificó de "tratos inhumanos y degradantes". Tres de los siete magistrados emitieron un voto particular, diciendo que podía hablarse de "tortura".
En 2010, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa condenó cuatro agentes del cuerpo policial español a varias penas por "delitos de torturas graves". Pero, un año más tarde, el Tribunal Supremo absolverlos. Esto es lo que abrió el camino hacia Estrasburgo, donde sólo se puede acudir después de haber agotado todas las instancias estatales. Y el TEDH ha dado ahora la razón a los demandantes -una vez más- contra España.
En los últimos tres años, el Estado español ha sido condenado en 19 ocasiones por el Tribunal de Estrasburgo por vulnerar el Convenio Europeo de Derechos Humanos: dos en 2015, doce en 2016 y cinco en 2017. Las sentencias afectan todo tipo de ámbitos, desde no investigar denuncias por torturas hasta devoluciones en caliente de inmigrantes sin papeles, pasando por inhabilitaciones de autoridades políticas. El tribunal aún tiene 168 demandas pendientes contra el Estado español.
El abogado Sebastià Salellas valora la sentencia de Estrasburgo acompañado de los encausados
El largo dossier de torturas
Justamente el dossier de las torturas es uno de los que ha provocado más condenas en España por parte de Estrasburgo. Antes del caso de Sarasola y Portu, ha habido hasta nueve sentencias europeas contra las autoridades españolas por torturas y malos tratos o por no investigar las denuncias (también castigado por el artículo 3 del convenio). La primera fue en 2014, por el caso de 15 independentistas catalanes, que fueron detenidos en el marco de la operación Garzón, justo antes de los Juegos de Barcelona 92.Los detenidos en aquella operación comandada por Garzón -presuntamente contra Terra Lliure habían denunciado torturas ante el mismo juez, que iban desde golpes por todo el cuerpo hasta los métodos de la bolsa y la bañera. A pesar de que Garzón iba diciendo que "de las personas que comparecieron ante mí, ninguna, ninguna denunció torturas", la realidad es bien diferente. La periodista Sònia Bagudanch publicó el libro Te presento el juez Garzón (Ediciones Saldonar) las declaraciones que hicieron diez de los detenidos, firmadas por el mismo magistrado. Y Estrasburgo condenó por no haberlas investigado.
Los otros casos están relacionados con denuncias de ciudadanos vascos y navarros en la guerra contra el terrorismo, salvo el caso de una mujer nigeriana, detenida en Palma mientras ejercía la prostitución y sufrió malos tratos en la calle. Los otros fueron por denuncias de presuntas torturas y malos tratos en régimen de incomunicación a personas detenidas y acusadas de terrorismo: Mikel San Argimiro (2012), Aritz Beristain (2011), Martxelo Otamendi (2012), Beatriz Etxebarria (2014), Oihan Ataun (2014), Patxi Arratibel (2015) y Xabier Beortegui (2016). Europa condenó a España por no investigarlas. Ya son siete desde 2010 y diez desde que firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
También el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha condenado dos veces España, 1992 y 2005. Y organismos como Amnistía Internacional han hecho varias advertencias sobre el régimen de incomunicación. El Instituto Vasco de Criminología, en un estudio a petición del Gobierno vasco, ha podido documentar más de 4.000 casos de tortura sólo en el País Vasco. Iba mucho más allá de presuntos miembros de ETA.
Atutxa y los paralelismos
Ahora bien, uno de los reveses más importantes de España en Estrasburgo fue cuando el TEDH pronunciarse a favor del ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y los miembros de la Mesa Gorka Knörr y Kontxi Bilbao. Según el tribunal europeo, los tres políticos vascos, inhabilitados por no haber disuelto el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak tras la ilegalización de Batasuna, no tuvieron un juicio justo.Según el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, todo acusado tiene derecho a que "su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de los plazos razonables, por un tribunal independiente e imparcial". Atutxa y los otros dos miembros de la Mesa, según el TEDH, fueron privados del derecho a someter a contradicción las acusaciones formuladas contra ellos, ya que fueron condenados por el Tribunal Supremo español sin que los hechos pudieran ser examinados por una instancia inferior. El Estado fue condenado a una multa simbólica y a pagar los gastos judiciales.
El hecho de que la sentencia del caso Atutxa llegara el mes de junio pasado, ya en plena ofensiva judicial contra el proceso catalán, hizo que los independentistas establecieran ciertos paralelismos con su situación. El mismo Gobierno aseguró que la sentencia los cargaba de razones para llevar adelante el proceso hacia el referéndum del 1-O, a pesar de las querellas contra la Mesa del Parlamento y el Gobierno. En ese momento, sin embargo, aún no se había encarcelado medio ejecutivo ni los Jordis.
EFE
El revés de Parot
La sentencia contra la aplicación retroactiva de la doctrina Parot fue un buen revés por el Estado y provocó una fuerte polémica. Desde el año 2006, en España se permitía ejecutar la totalidad de las condenas penitenciarias, ya que se permitía aplicar los beneficios penitenciarios individualmente y no sobre el máximo legal de 30 años de prisión. Hasta ese momento, los beneficios por buen comportamiento se quedaban de la pena máxima de 30 años de prisión y no de los años reales a los que se había sido condenado.El año 2013, sin embargo, el TEDH dio la razón al etarra Inés del Río en su recurso contra esta doctrina que le había alargado su estancia en prisión. Del Río, encarcelada en 1987, tenía que salir de la cárcel el mes de julio de 2008, pero la aplicación de esta doctrina -aplicada tras su condena- la obligaba a estar hasta 2017, cuando se cumplirían los 30 años del encarcelamiento.
El etarra llevó la prolongación de su pena en Estrasburgo y, finalmente, en el año 2013 el TEDH le dio la razón cuando aseguró que se vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos. A Del Río se le aplicó la Doctrina Parot con carácter retroactivo, ya que cuando fue condenada -el año 1987- esta doctrina no existía. Por ello, Estrasburgo sentenció que España debía poner en libertad inmediatamente. Hacía cinco años que debería haber terminado la pena.
Del Río no fue la única toma afectada por esta sentencia de Estrasburgo. La derogación de la doctrina Parot abrió la puerta a la liberación de sesenta miembros de ETA.
Devoluciones en caliente, Paulina Rubio ...
Estas no son, sin embargo, las únicas palos en España por parte de Estrasburgo. El TEDH sentenció contra España en múltiples ocasiones, desde declarar ilegales las devoluciones en caliente de inmigrantes en Melilla hasta la picada al corteza del tribunal en España por no haber protegido el honor de Paulina Rubio. A todo ello, además, hay que sumar que la justicia europea obligó a la banca a devolver el dinero cobrado a través de las cláusulas suelo y condenó al Estado por los privilegios a la Iglesia para registrar inmuebles.
Torturas, el caso Atutxa, el polémico revés de doctrina Parot ... España ha quedado en evidencia en muchas ocasiones en manos de los tribunales europeos, que se han convertido en la última esperanza de muchos casos cuando las diversas instancias de la justicia española han sentenciado en contra. De hecho, este también es el camino que quieren emprender los presos políticos, encerrados desde hace un centenar de días a raíz del 1-O y la declaración de independencia, y que ven en la justicia europea la última esperanza para ser liberados y evitar pasarse un buen número de años encarcelados, acusados de rebelión y sedición.
