ANTONIO FERNÁNDEZ. BARCELONA15.02.2017 – 05:00 H.
Quien a hierro mata, a hierro muere. Esta es la máxima que aplicarán los independentistas catalanes a la reacción del Estado si este se empeña en prohibir el referéndum separatista previsto para los próximos meses. Así lo expresó la diputada de la CUP Anna Gabriel durante una charla el pasado fin de semana en la localidad tarraconense de Reus. La charla se celebró en el antiguo hospital de Reus y también participaron Natàlia Sánchez, integrante del secretariado de la CUP, y Xavier Angelergues, concejal de este partido en la localidad.Gabriel expuso en su alocución que “en el caso hipotético de que no se pudiese celebrar el referéndum, como en el caso hipotético de que ganase el sí, en ambos casos, la reacción que necesitará este país deberá ser proporcional a la reacción que haya tenido el Estado español, que puede ser cruenta, puede ser virulenta”. Advirtió de que el Estado “puede avanzar más en la negación de ejes democráticos: se pueden suspender competencias, se puede suspender incluso la autonomía. No sé cómo se hace esto, porque no se ha hecho nunca. Pero, en todo caso, hemos de abrir diferentes escenarios en los que la reacción del Estado español ha de ser contestada, como mínimo, con una fuerza de reacción equivalente”. En otras palabras, lo que está sobre la mesa es una escalada verbal de consecuencias impredecibles y que no hay que perder de vista.
La diputada aseguró que la CUP solo contempla la posibilidad de que se celebre un referéndum y no aceptaría que el Estado actuase militarmente, aunque añadió: “Estamos dispuestos no solo a ser inhabilitados, no solo a ser advertidos, sino a ser procesados por la vía penal. Somos conscientes de eso. No nos hubiésemos metido donde estamos si por un advertimiento penal diésemos marcha atrás”. Se refería Gabriel a las advertencias hechas a través de un comunicado por el Tribunal Constitucional para suspender los preparativos del referéndum. “Nos apercibe de que podemos incurrir en responsabilidad, incluida la penal. O sea, no hay posibilidad de convocar el referéndum en el marco de la legalidad”.
Contra el fallo del TC
La advertencia de la diputada se produjo poco antes de que el Constitucional suspendiera las resoluciones rupturistas del Parlament, por las que también se ha pedido que se investigue a la presidenta, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa que las apoyaron: Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, medida que ha contribuido a calentar aún más el ambiente. El diputado ‘cupero’ Benet Salellas (también del núcleo duro de la CUP, como Gabriel) lanzó una dura diatriba ayer por la tarde como consecuencia de la decisión del TC. “No aceptaremos ninguna suspensión que venga del Tribunal Constitucional —afirmó—. En el primer acto que hubo en esta legislatura, que fue la declaración del 9 de noviembre [de 2015], ya decíamos en el punto 6 que el proceso de desconexión con el Estado español no se supeditará a las decisiones del Estado español, en particular del TC, al que consideramos falto de legitimidad y de competencia a raíz de la sentencia del Estatuto de junio de 2010. La dialéctica entre TC y democracia continúa más vigente que nunca y nosotros estaremos siempre del lado de la democracia. El TC puede suspender, si quiere, la ley de la gravedad, pero lo cierto es que las cosas seguirán cayendo al suelo”.
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell. (EFE)
De similar parecer es Roger Torrent, portavoz adjunto de Junts Pel Sí, la plataforma formada por la antigua Convergència y ERC. “Se vuelve a demostrar que hay una ‘operación Cataluña’ que es una conjura de las cloacas del Estado para intentar impedir el proceso de independencia de Cataluña, que es democrático, pacífico y hecho de abajo hacia arriba”. JxS pedirá la comparecencia de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en el Parlamento catalán. Y, por extensión, pedirá también la del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, la del jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, y la de los comisarios José Manuel Villarejo y Marcelino Martín Blas, aunque no tienen nada que ver con la resolución del TC. La intención de los independentistas es remover bien todos los ingredientes dispares para que parezca que todo es fruto de una gran conspiración anticatalana.
Consignas de los radicales
En las redes sociales también se han comenzado a lanzar consignas para los próximos meses, entra las que destacan la prohibición de intercambiar mensajes con información ‘caliente’ y no tener documentos comprometedores en ordenadores o móviles. “A partir de mañana, comienzan en Cataluña una serie de meses en que la presión política se volverá muy intensa. Será la lucha entre un Estado, que toda su fuerza (Policía, Servicio Secreto, Guardia Civil, Constitución, Tribunal Supremo y Hacienda) irá contra la decisión del Parlamento de Cataluña de hacer un referéndum legal y pactado, vinculante si se sobrepasa el 51% de los votos, según explican los derechos fundamentales de las Naciones Unidas”, explican.
Los independentistas consideran que “la única fuerza de los catalanes es el voto democrático”. Y advierten a los activistas de que anoten la desproporción de fuerzas y que piensen en “posibles situaciones: intervenciones telefónicas, registros particulares o de empresas, incautación de ordenadores, 'emails', 'tablets' y móviles, detenciones ilegales, etcétera. Que cada uno haga su plan preventivo y dad preferencia a la comunicación oral sobre las restantes. La tensión será larga y dura, pero al final ganará lo que decida el 51% de la población”.
Nuevas decisiones en dos semanas
Al margen de las consignas, y a pesar de las prohibiciones de continuar con la creación de ‘estructuras de Estado’ y de organismos que faciliten el referéndum, Salellas prometió que los independentistas irán “pensando y ‘redecidiendo’ algunas cuestiones". "Para tener garantías de que el referéndum tire adelante, en dos semanas tomaremos nuevas decisiones, y en relación al proyecto constituyente [también anulado por el TC], es evidente que es una cuestión esencial. Continuaremos reivindicándolo y esperamos que desde ahora hasta el inicio de ese proceso, una vez se haya producido el referéndum, hayamos conseguido implementar algunas de las principales herramientas necesarias”, añadió.
En realidad, la CUP tiene que renegociar ahora los términos del referéndum con Junts Pel Sí porque el Gobierno catalán hilará muy fino para no caer en cualquier ilegalidad que sabe que lo desacreditaría ante la comunidad internacional y que, además, podría conducir a procesos de inhabilitación e incluso a un recorte de sus competencias
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell. (EFE)De similar parecer es Roger Torrent, portavoz adjunto de Junts Pel Sí, la plataforma formada por la antigua Convergència y ERC. “Se vuelve a demostrar que hay una ‘operación Cataluña’ que es una conjura de las cloacas del Estado para intentar impedir el proceso de independencia de Cataluña, que es democrático, pacífico y hecho de abajo hacia arriba”. JxS pedirá la comparecencia de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en el Parlamento catalán. Y, por extensión, pedirá también la del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, la del jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, y la de los comisarios José Manuel Villarejo y Marcelino Martín Blas, aunque no tienen nada que ver con la resolución del TC. La intención de los independentistas es remover bien todos los ingredientes dispares para que parezca que todo es fruto de una gran conspiración anticatalana.
Consignas de los radicales
En las redes sociales también se han comenzado a lanzar consignas para los próximos meses, entra las que destacan la prohibición de intercambiar mensajes con información ‘caliente’ y no tener documentos comprometedores en ordenadores o móviles. “A partir de mañana, comienzan en Cataluña una serie de meses en que la presión política se volverá muy intensa. Será la lucha entre un Estado, que toda su fuerza (Policía, Servicio Secreto, Guardia Civil, Constitución, Tribunal Supremo y Hacienda) irá contra la decisión del Parlamento de Cataluña de hacer un referéndum legal y pactado, vinculante si se sobrepasa el 51% de los votos, según explican los derechos fundamentales de las Naciones Unidas”, explican.
Los independentistas consideran que “la única fuerza de los catalanes es el voto democrático”. Y advierten a los activistas de que anoten la desproporción de fuerzas y que piensen en “posibles situaciones: intervenciones telefónicas, registros particulares o de empresas, incautación de ordenadores, 'emails', 'tablets' y móviles, detenciones ilegales, etcétera. Que cada uno haga su plan preventivo y dad preferencia a la comunicación oral sobre las restantes. La tensión será larga y dura, pero al final ganará lo que decida el 51% de la población”.
Nuevas decisiones en dos semanas
Al margen de las consignas, y a pesar de las prohibiciones de continuar con la creación de ‘estructuras de Estado’ y de organismos que faciliten el referéndum, Salellas prometió que los independentistas irán “pensando y ‘redecidiendo’ algunas cuestiones". "Para tener garantías de que el referéndum tire adelante, en dos semanas tomaremos nuevas decisiones, y en relación al proyecto constituyente [también anulado por el TC], es evidente que es una cuestión esencial. Continuaremos reivindicándolo y esperamos que desde ahora hasta el inicio de ese proceso, una vez se haya producido el referéndum, hayamos conseguido implementar algunas de las principales herramientas necesarias”, añadió.
En realidad, la CUP tiene que renegociar ahora los términos del referéndum con Junts Pel Sí porque el Gobierno catalán hilará muy fino para no caer en cualquier ilegalidad que sabe que lo desacreditaría ante la comunidad internacional y que, además, podría conducir a procesos de inhabilitación e incluso a un recorte de sus competencias
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