Las asociaciones de guardias civiles han levantado la voz en contradel Gobierno justo después de anunciarse que agentes de este cuerpo podrían asumir las tareas de control de seguridad en El Prat debido al caos provocado por las huelgas de los trabajadores de Eulen.
Nada más conocerse la noticia, las asociaciones de guardias civiles han recordado que, si no se hubiera privatizado la seguridad, antes en manos de este cuerpo, ahora no deberían adoptarse medidas de urgencia como la decidida hoy .
Y se remiten a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, respecto a las competencias exclusivas de la Guardia Civil, dice sobre su incumbencia: "La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran. "
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) insiste, en un comunicado, que ya avisó de las consecuencias negativas que tendría privatizar la seguridad tanto en aeropuertos como en centros penitenciarios. "Ahora que se evidencia el conflicto se acude a la Guardia Civil para solucionarlo haciendo uso de unos funcionarios públicos que no tienen derechos fundamentales como el de sindicación y negociación colectiva", añade.
Problema de gestión
Para la AUGC, la medida supone "un problema de gestión", ya que la plantilla de la Guardia Civil "se encuentra bajo mínimos y, además, las funciones de control en aeropuertos debe llevarse a cabo por agentes especializados y con autorización de Aena ". La asociación no está dispuesta a aceptar que "sean los agentes de base que acabe pagando las consecuencias del conflicto laboral" de los vigilantes, con los que se solidariza.
Desde la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), su presidente, Ramón Rodríguez Prendes, ha expresado su defensa de los servicios públicos y su "firme oposición a suprimir puestos de trabajo que venían ocupando" los agentes de este cuerpo policial. Por ello exige al Ejecutivo que "se ponga las pilas" y reponga e incremente los efectivos de la Guardia Civil en los aeropuertos y en las cárceles.
Mientras tanto, desde la Unión de Oficiales (UO), su portavoz, Jesús Martín Vázquez, pide al Gobierno que se acuerde de la Guardia Civil "no sólo para cumplir con su obligación", porque llevan "muchísimo tiempo demandante equiparación salarial y sigue sin llegar ". "No tenemos plantilla suficiente y, sin embargo, hay que reforzar lo que otros no hacen", añade Martín Vázquez.
Por su parte, el presidente de la Asociación pro Guardia Civil (Aprogc), Fernando Ramírez Trejo, reconoció que, si hay un problema de orden público, el Gobierno debe actuar y recordó que este cuerpo siempre ha estado en los filtros de los aeropuertos y, de hecho, sigue supervisando la labor de Eulen. Ramírez Trejo hizo hincapié en la necesidad de garantizar el orden y en la conveniencia de separar este conflicto laboral de la situación política de Cataluña.
Ayer y antes de la decisión, ya se pronunció la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que criticó que el Ministerio del Interior recurra a sus servicios "de nuevo" para "dar una solución" a los paros, que considera "un conflicto laboral de dos empresas privadas". También reprochó que, a pesar de ser el cuerpo de seguridad del Estado "peor pagado" y "peor tratado", Interior les pida intervenir en un conflicto entre dos sociedades privadas, lo que previsiblemente les hará "sufrir las iras" de unos trabajadores que ven los guardias civiles como "enemigos".
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