Los acontecimientos del 1 de octubre en Cataluña son muy serios en una democracia. Por lo tanto, condenamos indignadamente las acciones emprendidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil, que generalmente han atacado los derechos fundamentales de las personas como el derecho a la salud y la integridad física, el derecho a participar político, de reunión y de manifestación y el derecho a votar ya expresar libremente ideas.
Las fuerzas de policía español han actuado de manera totalmente desproporcionada e injustificada, en un contexto de protesta pasiva y pacífica, sin que se haya cometido ningún acto de provocación o violencia.
El primer objetivo de la acción policial era asustar a la población para disuadirlos de ir a votar (sin discutir aquí si el voto tenía o no fuerza legal). Además, las acciones concretas sobre el terreno de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han superado el orden de la autoridad judicial. En realidad, estas fuerzas policiales necesitaban una justificación para actuar violentamente, con odio, contra independencia, justificación que esta decisión judicial les proporcionaba. Esto explica las agresiones gratuitas y crueles contra los ciudadanos que se encontraban en las mesas de votación y la destrucción sistemática de locales y mobiliario público en las escuelas.
La acción policial ha violado la ley por el uso de la violencia indiscriminada generalizada contra la población y materiales anti-disturbios como balas de goma o gas lacrimógeno, que están estrictamente prohibidos en situaciones donde no hay ningún peligro serio, como era el caso, sino millones de personas que ejercían derechos fundamentales en una actitud pacífica. Además de los daños físicos -hasta ahora más de 870 heridos- y psíquicos sus acciones han impedido que miles de personas voten, a través de una acción represiva sin precedentes a nivel europeo. Sus acciones ni siquiera han respetado a las personas en situaciones de vulnerabilidad como las personas mayores,
La acción policial ha violado la ley por el uso de la violencia indiscriminada generalizada contra la población y materiales anti-disturbios como balas de goma o gas lacrimógeno, que están estrictamente prohibidos en situaciones donde no hay ningún peligro serio, como era el caso, sino millones de personas que ejercían derechos fundamentales en una actitud pacífica. Además de los daños físicos -hasta ahora más de 870 heridos- y psíquicos sus acciones han impedido que miles de personas voten, a través de una acción represiva sin precedentes a nivel europeo. Sus acciones ni siquiera han respetado a las personas en situaciones de vulnerabilidad como las personas mayores,
Esta acción represiva generalizada y desproporcionada contra todos los ciudadanos de un territorio sin distinción es contraria a las normas de cualquier Estado democrático.
La EDA considera que el problema radica en la debilidad política del gobierno español para abordar democráticamente una demanda política y denuncia la instrumentalización de la policía, los fiscales y los jueces que no deben ser agentes o árbitros en un conflicto política de esta naturaleza. Por último, la AED hace hincapié en el impresionante silencio de las instituciones de la UE sobre este conflicto.
* La SAF es miembro de la EDA (European Democrat Lawyers)
Comunicado del 2 de octubre de 2017
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