Suiza, Dinamarca, Alemania, Escocia, Austria… todos estos y alguno más son los países que tanto el President Carles Puigdemont como los consellers y diputados exiliados han visitado para explicar la situación política de Catalunya en España. También periodistas, intelectuales, artistas y deportistas han elevado el Procés al ámbito internacional y denunciado la vulneración de derechos y libertades en España.
En Madrid no está gustando que el mensaje republicano catalán esté calando en universidades, debates, conferencias y organismos de toda Europa. Tampoco la libertad de movimiento de Puigdemont y sus consellers y, es por este motivo, que la fiscalía ha pedido al juez Pablo Llarena que invalide los pasaportes del President Puigdemont y de los cuatro consellers que se encuentran en Bélgica. A la lista se ha sumado la exdiputada de la CUP Anna Gabriel que marchó a Suiza un tiempo después. El fiscal ha indicado a Llarena que es “absolutamente imprescindible” que el juez limite la validez del documento para impedir que los investigados sigan viajando al extranjero. Ha añadido que debe limitarse su libertad de movimiento por “la proyección y justificación internacional de los delitos de rebelión y sedición” por los que están investigados en España. No olvidemos que la Audiencia Nacional emitió una orden de arresto contra Puigdemont y consellers Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí, pero el juez Llarena la retiró tras asumir la causa por rebelión. Según informan fuentes jurídicas, la intención es reactivarla una vez dicte el auto de procesamiento para los exdirigentes independentistas imputados en España.
Y no ha sido casualidad que esta petición de Fiscalía se presente justo el día después que el President Puigdemont y Anna Gabriel coincidieran en la celebración del debate de la ONU ‘Regresión de los derechos humanos en España’ en Ginebra. Tampoco es casualidad que, ahora el fiscal general ordene libertad con fianza para el exconseller Forn, añadiendo una nueva razón de carácter “humanitario” al caso en motivo del test de Tuberculina en el que dio positivo.
Otro codazo a España, en pleno debate sobre los límites de la libertad de expresión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) negó a los tribunales españoles que quemar fotos del rey no es delito sino una forma de libertad de expresión política. Estrasburgo fue muy claro en su sentencia, contundente sentencia: Se trata de garantizar el “pluralismo, tolerancia y amplitud de miras sin las cuales no hay una sociedad democrática”.
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