Golpe al pucherazo electoral: Sánchez no cumple las recomendaciones de la OSCE e INDRA podría estar fuera de la ley
- El mensaje es directo: España no puede continuar con un modelo electoral opaco, sin auditorías externas y con un sistema tecnológico cerrado y sin control ciudadano efectivo
Jesús Ángel Rojo
España ha dado un paso decisivo en la defensa de la integridad electoral. Se ha presentado una reclamación formal y registrada por vía administrativa ante el Ministerio del Interior, concretamente ante la Subdirección de Política Interior y Procesos Electorales, exigiendo que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla plenamente las recomendaciones de la OSCE en materia electoral, asumidas por España en la Cumbre de Estambul de 1999 y de obligado cumplimiento.
La reclamación exige que el Ejecutivo aplique todas las garantías democráticas internacionales, habilite auditorías externas e independientes del sistema electoral y abra los sistemas tecnológicos, actualmente en manos de Indra, a una verificación completa y pública.
El mensaje es directo: España no puede continuar con un modelo electoral opaco, sin auditorías externas y con un sistema tecnológico cerrado y sin control ciudadano efectivo. No se trata de opiniones ni de ruido político. Se trata del cumplimiento de compromisos internacionales vinculantes y de la defensa básica del principio democrático: la transparencia del voto.
Un aviso al Estado: la OSCE no es opcional
España firmó en 1999 los compromisos de la OSCE para garantizar sistemas electorales transparentes, accesibles a auditoría y con supervisión internacional real. Sin embargo, veinticinco años después, estas recomendaciones siguen sin aplicarse íntegramente en nuestro país.
La reclamación exige:
- Auditoría externa completa de todo el proceso electoral.
- Acceso a los sistemas informáticos y algoritmos utilizados.
- Transparencia total en las fases de escrutinio y transmisión de datos.
- Supervisión internacional efectiva y constante.
- Garantía plena de trazabilidad y verificación del voto.
- Acceso de partidos y sociedad civil al control tecnológico y procedimental.
España está obligada internacionalmente a cumplir estos estándares. La negativa o demora del Gobierno en implementarlos convierte este asunto en un conflicto institucional de primer orden y en una cuestión de salud democrática.
El modelo Indra: tecnología sin transparencia y confianza sin pruebas
España ha delegado durante años parte crítica de su infraestructura electoral en la empresa Indra. No hay acusaciones judiciales de manipulación técnica del voto. Pero en democracia avanzada eso no basta: la confianza no se presume, se acredita y se audita.
El problema no es la existencia de una empresa tecnológica en el proceso. El problema es que los ciudadanos, los partidos y las instituciones independientes no pueden auditar con total transparencia sus sistemas ni las operaciones que afectan a la transmisión y recuento provisional de votos.
Una democracia madura no se sostiene sobre la frase “confíe usted en el sistema”. Una democracia real exige pruebas, controles cruzados y acceso público a la verificación.
Quien no teme a la verdad abre sus sistemas a auditoría. Quien se resiste, inevitablemente, genera sospecha.
El Gobierno, ante su prueba de fuego democrático
La presentación de esta exigencia obliga al Ministerio del Interior a pronunciarse oficialmente. No puede esconderse detrás de portavoces mediáticos ni de consignas partidistas. La reclamación queda registrada y genera una responsabilidad administrativa.
Si Interior responde, deberá justificar con base legal por qué España no ha aplicado íntegramente unos compromisos internacionales firmados hace un cuarto de siglo.
Si Interior guarda silencio, se abrirá la vía judicial. Y si Interior bloquea o dilata, la cuestión podrá escalar a organismos internacionales.
El Gobierno queda colocado frente al espejo. Y la sociedad podrá comprobar si estamos ante instituciones que respetan la transparencia democrática o ante un poder que teme el control público.
Guillermo Rocafort: la voz que advirtió lo que ahora estalla
Este movimiento no surge de la nada. Durante años, el profesor y analista Guillermo Rocafort ha denunciado la existencia de un modelo electoral opaco, no auditado y blindado por el poder político y administrativo. Lo hizo cuando nadie quería escuchar. Lo hizo cuando muchos preferían callar por comodidad o por miedo.
Hoy, su batalla estratégica toma forma institucional. Rocafort ha sido objeto de presión, silenciamiento mediático e intento de aislamiento intelectual por el simple hecho de exigir lo que exige cualquier democracia avanzada: transparencia verificable del proceso electoral.
Lo que ayer se ridiculizaba, hoy se convierte en exigencia formal al Estado.
Democracia administrada o democracia real
España afronta un momento crítico para su credibilidad institucional. Con un Gobierno cercado por escándalos, acusado de deterioro institucional y cuestionado por organismos y analistas internacionales, la exigencia de transparencia electoral marca un punto de inflexión.
Quien teme las auditorías, teme la verdad. Y quien teme la verdad, no actúa como servidor público, sino como administrador de poder.
Para el Gobierno, esta reclamación no es una incomodidad política: es una prueba de legitimidad democrática. La transparencia no es negociable. La auditoría no es un privilegio. Es un derecho.
El principio que nace hoy
Desde hoy, queda claro que la transparencia electoral deja de ser una demanda social y pasa a ser una obligación administrativa exigida formalmente al Estado.
Si el Gobierno confía en el sistema, lo abrirá. Si no lo abre, quedará en evidencia.
España entra en una nueva fase. Y el voto —el instrumento sagrado de la soberanía popular— será defendido con instituciones, no con consignas.
Hoy ha comenzado un proceso que no tiene marcha atrás. España exige luz. Y la luz se impondrá, por la vía administrativa, judicial o histórica. Porque no hay democracia posible sin transparencia electoral. Y ya es hora de que el poder lo entienda.
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