Concluye la instrucción de la causa contra el expresidente catalán y su familia a los acusa de utilizar su posición privilegiada para enriquecerse
Considera que los hechos que se les atribuyen son constitutivos de los delitos de organización criminal, blanqueo, fiscales y falsedad
Jordi Pujol y Marta Ferrusola, el 18 de febrero del 2020
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata da por concluida la causa abierta a la familia Pujol y propone juzgar a todos sus miembros por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con actividades corruptas. Parte de ellas, precisa el juez, coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat por Jordi Pujol Soley (1980 y 2003).
En el auto, equivalente al de procesamiento en los sumarios, De la Mata repasa todos las declaraciones y comisiones rogatorias cursadas durante estos ocho años de pesquisas hasta el último informe de Hacienda que atribuyó la semana pasada al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, un fraude de 16,6 millones de euros, que el juez limita a 7,3 al centrarlo en cinco ejercicios. Con esos mimbres concluye que el expresidente de la Generalitat, su mujer, Marta Ferrusola, y sus siete hijos, con la ayuda de otras 18 personas, como Mercé Gironés, exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, con el que se inició la investigación de la causa, o los empresarios Luis Delso, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol, cometieron los delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
Pagos de terceros y no herencias
Pese a la confesión del 'expresident', "no existen indicios sólidos que acrediten" que el patrimonio acumulado por la familia provenga "de una herencia familiar procedente del abuelo Florensi Pujol Brugat", dice el juez, que destaca que toda la familia "niega tener conocimiento del lugar donde estuvo el legado; la entidad o entidades bancarias; el momento y forma en que llegó a Andorra, y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido (más allá de meras generalidades)".
Para De la Mata, el origen de los fondos está en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas a distintas empresas, que realizaban pagos millonarios a la familia, disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Y ello a cambio de "de concretas influencias por parte de la familia Pujol Ferrusola en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, adjudicación de concesiones, etc., a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán" o "simplemente para congraciarse" con ella y "hacerse acreedores de futuras adjudicaciones y favores políticos y contractuales".
Para encubrirlos se simulaban operaciones contractuales de asesoramiento en los campos más variados por negocios que no han podido acreditarse o que "se engranaban en operaciones económicas reales, a las que se agregaba el pago irregular a los Pujol".
De la madre superiora al capellán
De la Mata atribuye el liderazgo de la organización criminal al matrimonio y justifica el reparto de tareas propio de una organización criminal en que Marta Ferrusola se autodenominaba la "madre superiora de la congregación" en los movimientos que ordenaba en Andorra, mientras su primogénito era "el capellán de la parroquia" y quien asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas entre sus padres y sus hermanos.
El juez considera que él mismo ha admitido que todas las operaciones que se llevaron a cabo en las cuentas de Andorra estuvieron directamente relacionados con el patrimonio económico que gestionaba para sí y su familia, por lo que tenía capacidad para dar instrucciones a los gestores bancarios sobre las cuentas particulares de cada uno de los miembros de la familia, apunta el juez.
El resto de los hermanos (Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia), sin perjuicio de su participación individual en determinados "negocios" u operaciones, seguían las instrucciones de su hermano Jordi abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran "distribuidos" por aquel y tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito. En alguna ocasión también hicieron transferencias a sus hermanos Josep, Oleguer o Pere.
Del 92 al 2014
La organización también cumple el requisito de permanencia en el tiempo porque las primeras cuentas corrientes se abrieron en Andorra en 1992 y la familia cerró sus últimas fundaciones en 2014. El objetivo para el juez estaba claro: "obtener multimillonarias beneficios ilícitos mediante actividades falsarias y corruptas".
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