El Foro Económico Mundial de Davos (WEF) ha aceptado modificar el contenido de su próxima cumbre para asegurar la presencia del presidente estadounidense Donald Trump en enero de 2026.
Según fuentes próximas a las negociaciones citadas por algunos medios estadounidenses, los organizadores ofrecieron garantías expresas a Washington de que los temas considerados woke —diversidad, empoderamiento femenino, cambio climático, justicia social o financiación para el desarrollo— no ocuparán un lugar central en la agenda.
Este giro marca un cambio significativo en la línea programática de las conferencias, impulsora de debates vinculados al clima, la igualdad y la sostenibilidad.
Trump no asistía en persona a Davos desde 2018, cuando pronunció un discurso centrado en la defensa de la industria estadounidense y en la necesidad de fabricar en su país. Desde entonces, sus intervenciones se habían limitado a apariciones virtuales o posicionamientos indirectos. Ahora, a su vuelta…
Conclusión: La Alianza, tomó el mando de esa organización.
Un nuevo informe elaborado por el escritor Peter McLoughlin ha desvelado una panorámica polémica y muy discutida sobre las llamadas bandas de acoso sexual en el Reino Unido, un fenómeno que durante años ha sacudido a la opinión pública británica y ha evidenciado fallos graves en el sistema de protección de menores. El documento vuelve a poner sobre la mesa la magnitud del abuso, que afectó a miles de niñas, así como la incapacidad de múltiples instituciones para frenar una dinámica delictiva de pedofilia sostenida durante décadas.
Este tipo de redes delictivas, conocidas de forma imprecisa como grooming gangs, han sido estudiadas en repetidas ocasiones. En 2014, el Informe Jay sobre Rotherham ya apuntó que muchos de los condenados en aquella ciudad eran de origen pakistaní, aunque representaban solo una pequeña parte de la población local. Otros casos destacados, como los de Oxfordshire o Telford, mostraron patrones similares. Sin embargo, McLoughlin subraya que la etiqueta «pakistaní» no es exacta ni suficiente: por un lado, porque no todos los pakistaníes comparten las mismas creencias o prácticas; por otro, porque varias de estas bandas estaban compuestas por hombres de procedencias diversas.
El informe cita ejemplos de grupos delictivos integrados por personas de origen somalí en Bristol, africano en Banbury, iraní en Chelmsford, sirio y kuwaití en Newcastle o incluso miembros de ascendencia albanesa, kurda, india, turca, bangladesí, iraní o iraquí. En la mayoría de estos casos, señala el autor, los implicados compartían nombres tradicionalmente asociados al islam, aunque también reconoce la existencia de algunas redes pequeñas formadas por individuos no musulmanes. Según sus cálculos —cifrados sobre listas de condenas entre 1997 y 2018— un 87% de los sentenciados tenía nombres de origen musulmán. Estas afirmaciones han sido objeto de fuerte controversia y son interpretadas por analistas y autoridades con cautela y espíritu crítico.
McLoughlin argumenta que las definiciones habituales, como «bandas asiáticas» o «bandas pakistaníes», generan confusión: no reflejan que dentro de cada una de esas categorías hay comunidades que no participan en este fenómeno, ni representan adecuadamente la diversidad interna de cada colectivo. Por ello, sostiene que cualquier análisis debería evitar simplificaciones étnicas y centrarse en las dinámicas sociales, culturales y delictivas que confluyen en estos casos.
El autor también cita opiniones de figuras públicas como Trevor Phillips, quien en un artículo de 2017 señalaba que algunos de los agresores afirmaban actuar desde convicciones religiosas. McLoughlin insiste en que esto no significa que dichas creencias definan a la población musulmana en su conjunto, pero sí reclama un debate más claro sobre el papel que determinadas interpretaciones culturales o doctrinales podrían desempeñar.
El informe critica además que funcionarios y responsables públicos hayan evitado abordar ciertos ángulos del problema por temor a ser acusados de islamofobia, lo que —según el autor— habría impedido investigaciones más completas. Otros analistas sostienen que la dificultad real reside en la complejidad sociológica del fenómeno y en la falta de recursos suficientes para detectar patrones de explotación en contextos vulnerables.
En su texto, McLoughlin enumera ocho factores que, desde su perspectiva, podrían estar influyendo en la conducta de ciertos grupos delictivos: jerarquías de superioridad religiosa, dinámicas de control dentro de comunidades cerradas, visiones restrictivas del papel de la mujer, aislamiento femenino, prácticas matrimoniales no homologadas legalmente, percepciones sobre la sexualidad, interpretaciones sobre la esclavitud en textos históricos y el trato hacia minorías sometidas en contextos antiguos. Estas tesis son controvertidas y han sido contestadas por expertos en religión y en criminología, que piden evitar interpretaciones homogéneas sobre doctrinas complejas.
El informe concluye con once propuestas centradas en mejorar la transparencia en investigaciones, registrar identidades de víctimas y acusados con mayor precisión, formar a la policía para comprender mejor la influencia de creencias personales en testimonios o comportamientos, revisar prácticas matrimoniales no reconocidas legalmente y reforzar la prevención en barrios vulnerables. También pide que líderes religiosos condenen de forma explícita cualquier interpretación doctrinal utilizada para justificar abusos, y que los políticos actúen con prudencia a la hora de referirse a las creencias de comunidades minoritarias
¡ÚLTIMA HORA! Trump envía fuerzas federales para desmantelar el imperio criminal de Chicago. Las élites están aterrorizadas mientras su última ciudad segura enfrenta redadas, arrestos y la exposición total de décadas de corrupción.
Las élites están aterrorizadas por lo que el presidente Trump está a punto de hacer en Chicago. No porque piensen que fracasará, sino porque en el fondo saben que no lo hará. Lo han visto limpiar Washington, desmantelar las rutas de los cárteles a través de Baltimore y desmantelar el tráfico en Filadelfia. Ahora tiene la mirada puesta en Chicago, y para la élite global, esto es DEFCON 1.
Chicago no es solo otra ciudad rota. Es la joya de la corona de la corrupción, un centro de lavado de activos, un centro neurálgico de la decadencia de la élite. Trump acaba de decir lo impensable: "Vamos a entrar. No dije cuándo. Vamos a entrar". Esa simple frase provocó pánico en globalistas, manipuladores del estado profundo y títeres de Soros.
Esta es la verdad: Chicago fue diseñada para fracasar. El crimen, el derramamiento de sangre, el caos no son accidentes. Son colapsos planificados, orquestados para proteger las rutas del narcotráfico, las redes de drogas, la vigilancia biométrica, el lavado de dinero y la guerra psicológica. Obama armó la Máquina de Chicago. Ahora Pritzker y Johnson la protegen para el estado profundo. Esta es su última gran fortaleza.
El exsuperintendente de policía Jody Weis expuso el miedo: "Temen que la gente vea lo que se puede hacer si los políticos se comprometen a actuar". Traducción: Temen el éxito de Trump. Porque el éxito significa exposición. Una vez que cesen los tiroteos, se agote el fentanilo y los niños caminen seguros a la escuela, la gente se preguntará: ¿Por qué no se hizo esto antes? ¿Quién se benefició? ¿Qué ocultaban?
Chicago es su embudo financiero, corredor de los cárteles, laboratorio de vigilancia, lugar de eliminación de pruebas. Los servidores están siendo destruidos, los informantes huyen, los denunciantes son silenciados. Pero es demasiado tarde. La gente de Trump ya tiene los datos. Los mensajeros son arrestados. Los servidores son confiscados. Los sombreros blancos, incrustados en diversas agencias, han mapeado cuentas en paraísos fiscales, fondos ilícitos y casas de seguridad.
Cuando Trump dé la vuelta a Chicago, las redes se desmoronan. Las pistas conducen al Congreso, gigantes tecnológicos, multimillonarios, agencias de inteligencia e incluso a la realeza vinculada a Epstein. No se trata de una sola ciudad. Se trata del colapso de la red global. Una vez que Chicago caiga, el mismo plan se desatará en todo el mundo.
Las élites creían que Chicago era intocable. Se equivocaron. El presidente Trump no está aquí para jugar. Está aquí para acabar con ellas. Cuando Chicago esté limpia, la gente verá la verdad: fueron esclavizados por élites que se alimentaban del asesinato, la adicción, el tráfico y la guerra psicológica. Y una vez expuesta, la gente se levantará ciudad por ciudad, nación por nación. No les quedará ningún lugar donde esconderse.
La UCO entra en Ferraz, Adif, Ministerio de Transportes y Dirección General de Carreteras
José María Olmo, Alejandro Requeijo
9 - 11 minutes
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han lanzado un operativo en la mañana de este viernes por orden del Tribunal Supremo y se han personado en la sede del PSOE en Ferraz,
donde se encontraba el despacho del exsecretario de Organización,
Santos Cerdán, para llevarse una copia de sus dispositivos informáticos.
Los investigadores también han acudido a las oficinas de ADIF, la Dirección General de Carreteras y el Ministerio de Transportes en
busca de documentación y pruebas sobre la trama presunta de corrupción
de Cerdán, Koldo García y el exministro José Luis Ábalos, según ha
podido confirmar El Confidencial.
La operación
se produce como consecuencia de un auto del instructor del caso, el juez
Leopoldo Puente, por el que autoriza a la UCO a "investigar cuentas,
inmuebles y la cuenta de correo electrónico corporativa de Santos Cerdán en el PSOE"
y la de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ante las
evidencias de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos a
cambio de comisiones ilegales. Por su parte, en Adif y la Dirección
General de Carreteras, la Guardia Civil busca los expedientes de las
obras presuntamente manipuladas que aparecen en el último informe
remitido al Alto Tribunal por los investigadores.
El
magistrado del llamado caso Koldo también ha citado como investigados a
cinco empresarios de la construcción para indagar en la adjudicación de
obras públicas a cambio de supuestos sobornos y autoriza igualmente a
la UCO a investigar cuentas suyas y de sus empresas. Además,
ante el cambio de abogado de Santos Cerdán, ha accedido a posponer al
30 de junio su declaración, aunque el juez advierte que esta será “preceptiva y en calidad de investigado” y no voluntaria tras perder el aforamiento.
El magistrado instructor de la Sala Penal Leopoldo Puente ha dictado un
auto de 46 folios en el que autoriza a la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil a investigar cuentas y productos bancarios en
los que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán
figura como titular, autorizado o representante, con exclusión de las
vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias, así como bienes
inmuebles o vehículos. También se requiere información tributaria del investigado para conocer su situación financiera y la evolución de la misma.
La investigación de cuentas bancarias, tal como solicitó la UCO en su
informe de 5 de junio, se extiende a cuentas y productos bancarios de
cinco empresarios, que además son citados como investigados, y de sus
empresas. En total, el número de cuentas bancarias que se van a investigar son cerca de 500.
En el Ministerio de Transportes, el juez instructor insta a la cartera de Óscar Puente a que facilite a los agentes de la UCOel acceso y clonado de
los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico
corporativa de uso personal exclusivo del exministro Ábalos.
El juez cree que Cerdán "pudiera haber participado en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares"
Y en Ferraz, el juez requiere al PSOE la entrada de la UCO en sus instalaciones para proceder al acceso y grabado (clonado) "de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa de la que Cerdán
disponía en dicho partido político". A esa dirección de correo, según
el informe de la UCO, Koldo García Izaguirre enviaba "ciertas
comunicaciones relevantes". Igualmente, el auto señala que "deberá
facilitarse por el PSOE a la UCO el acceso y grabado (clonado) de
cualquier otra cuenta corporativa de correo empleada exclusivamente por
Santos Cerdán".
El juez considera que Santos
Cerdán, según los "consistentes indicios recogidos en el informe de la
UCO", “pudiera haber participado, actuando de consuno con el aforado, en
la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas,
al punto que pudiera ser este, don Santos Cerdán quien se encargara de
distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas”.
Cinco empresarios
Asimismo, el instructor acuerda citar entre el 4 y el 7 de julio, con
la condición de investigados, a cinco empresarios (Antonio y Daniel
Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, José Ruz Martínez y
Joseba Antxon Alonso Egurrola), como personas que, “en su condición, al
menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de estas de concretas obras públicas a cambio de precio”.
Añade el juez que “tratándose de personas que, siempre en los términos
indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos
encontramos, pudieran haber participado en la realización de pagos
que, en parte, habría podido recibir la persona aforada en esta causa
especial, la conducta de aquellos aparecería también indisociablemente
unida a la de este, debiendo quedar incorporados, en la referida
condición de investigados, a la presente causa especial”.
Respecto a ellos, el juez también accede a la petición de la UCO, recogida en su informe del 5 de junio, de
requerir la información bancaria con relación a las cuentas o productos
que aparezcan a nombre de cualquiera de los mencionados investigados
o al de las empresas, ACCIONA CONSTRUCCIONES, S.A., L.I.C, O.P.R, y
SERVINABAR 2000, en cuyo beneficio podrían haber actuado, así como a
nombre de FIADELSO, fundación estrechamente vinculada a la persona del
aforado en esta causa.
Indicios consistentes contra Pardo de Vera y Herrero
El instructor señala que el informe policial identifica también las obras que, durante el periodo en el que Ábalos fue
ministro de Transportes, pudieron haber sido adjudicadas
irregularmente, y por ello, el juez requiere a ADIF y a la Dirección
General de Carreteras para que le remita, en un plazo máximo de quince
días, los expedientes de adjudicación de diversas obras. En concreto, solicita toda la documentación relativa a la licitación de cinco obras a ADIF
(San Feliú de Llobregat, El Mayor, Murcia, Monforte y Asturias) y de
seis a la Dirección General de Carreteras (Logroño, Sevilla, Asturias,
Úbeda, Teruel, Camino de Santiago).
El magistrado explica que, a su juicio, del informe de la UCO de 5 de junio resultan “indicios consistentes” respecto
a que la entonces presidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y el
exdirector general de Carreteras Javier Herrero “hubieran podido
prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones”,
asistencia a Ábalos, a través de Koldo, “para que las adjudicaciones
proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término”, facilitando de
manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes
expedientes, o la salida a licitación de otros, siguiendo las
directrices que el Ministro, a través de su asesor, les impartía.
Sin embargo, considera que las conductas de estas dos personas, por ser
instrumentales o accesorias a la finalidad esencial perseguida
indiciariamente por el aforado, no deben investigarse en el Supremo, de modo que acuerda deducir testimonio del informe de la UCO de 5 de junio al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para que resuelva, si lo considera justificado, investigar los hechos incluidos en el citado informe relativos a ambos.
Señala también el juez que en el informe de la UCO se refieren determinadas conductas, eventualmente delictivas, que pudieran haber protagonizado Francisco Javier Lorente y Miguel Moreno Purroy.
El magistrado considera que en este momento no se halla vínculo alguno
entre dichas conductas y los comportamientos que cabe atribuir, en
términos indiciarios, a José Luis Ábalos, único aforado en la causa, por
lo que también deduce testimonio para el esclarecimiento de dichas
conductas por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia
Nacional.
Compra de Servinabar
El instructor rechaza la petición de la defensa de Cerdán de requerir a la fuerza actuante para que inmediatamente aporte el original del documento privado incautado en el registro del empresario Joseba Antxón Alonso de compraventa de participaciones sociales de la empresa Servinabar.
El juez recuerda que dicho hallazgo se refleja en el atestado de 12 de
junio de 2025, donde se señala que dicha escritura privada está firmada
entre Alonso Segurola (en condición de administrador único de Servinabar
2000) y Santos Cerdán, y que el primero transfiere al segundo 1350
participaciones sociales de las 3000 que constituyen la sociedad.
Documento fechado el día 1 de junio de 2016.
El
juez explica que la defensa de Cerdán hacía su requerimiento para poder
“acudir a la notaría pertinente a cotejarlo y de poder declarar sobre el
mismo”. Y el instructor contesta al respecto: “Es claro que el
investigado dispone, y dispondrá siempre a lo largo del procedimiento,
del derecho a no declarar, pero no lo es menos que mal
podría cotejarse notarialmente un documento privado. En cualquier caso,
ofíciese a la unidad actuante para que aporte con urgencia, siempre con
carácter previo a la fecha señalada para la declaración del investigado,
a las actuaciones una copia de dicho documento”.
A criminal investigation into the UKs Conservative government is set to announce its results ahead of a general election in June, spelling disaster for the Tories.
The Crown Prosecution Service (CPS) say they will announce the findings of a criminal investigation into leading Conservative MPs “before Thursday’s deadline for candidates to declare whether they will stand in the upcoming election.”
The investigation centres around allegations that senior Conservative MPs committed electoral fraud to win the 2015 general election – a crime that carries a hefty prison sentence.
Thecanary.co reports: Now, the UK electorate will know if a number of Tory MPs are to be criminally charged before 8 June. Although Theresa May hasn’t ruled out the possibility that Tory MPs who’ve faced allegations may contest the upcoming election regardless.
The oldest sitting MP, Dennis Skinner, says this reduces the current Tory campaign to the “most squalid election campaign that has happened in my lifetime”.
The public deserve to know if they are electing criminals before they vote. And the announcement could prove disastrous for Theresa May, as 30 people are presently under investigation for election fraud.
The scandal
There are two strict spending limits in UK parliamentary elections: national and local. The allegations centre on the Conservatives recording local expenditure under the national limit, or not recording spending at all. One part of the ongoing investigation is the failure to declare costs associated with the Conservative campaign ‘battle buses’. Other allegations include hotel expenditure, leaflets, letters signed by Cameron himself, along with food and transport for activists.
More allegations
A separate investigation by The Canary has revealed that the Conservatives may have also committed electoral fraud through telephone polling. Whistleblowers informed The Canary that, as well as general polling, they were paid to call Conservative-leaning voters in marginal seats. The evidence suggests that the Tories may have failed to declare such spending.
Democracy
It’s a small victory for democracy that the public will know before the election if Conservative officials are to be criminally prosecuted. But it could be terrible news for May and her party.
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