Tráfico de órganos: las culpas de Israel nunca purgadas

• By Red Voltaire, www.voltairenet.org
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Un negocio bajo el nombre falso de “extracciones”: desde Palestina hacia Italia, pasando por Brasil. La realidad es una construcción social. 

Sin embargo, es imposible ocultar la verdad. Italia es el país donde la demanda y la oferta de órganos humanos se mueven desde la sombra desde hace muchas décadas. 

Y esto, gracias a la impunidad que cubre las actividades ilegales y criminales sionistas, que han sido protegidas por integrantes de los servicios de inteligencia militares de Tel Aviv.

Las barbas y las pelucas finas que ocultan la Estrella de David son culpables de grandes atrocidades. Entre éstas, por cierto, el secuestro y la desaparición de Mordechai Vanunu en 1986, en Italia. Aquí el Mosad (el israelí HaMosad leModi’in ulTafkidim Meyuhadim, Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales) hace lo que le da la gana desde más de medio siglo, como queda demostrado con las masacres de Argo 16 y de Ustica.

El comercio de órganos humanos está protegido también por los altos mandos de la casta política italiana. Vaya la coincidencia –propio en Italia–, de acuerdo con los informes del Ministerio del Interior, desde el fin de la década de 1980 el número de niños (incluidos aquellos italianos) desaparecidos y nunca y jamás encontrados, resulta en crecimiento exponencial.

En Roma, en el aeropuerto de Fiumicino, el 6 de junio de 2013, la policía de migratoria detenía y encarcelaba a Tauber Gedalya, exalto mando de las Tsahal (Tzava Hahagana LeYisrael, las Fuerzas de Defensa de Israel), y buscado con un código rojo por la Interpol.

El verdugo no se encontraba en Italia por vacaciones, sino por negocios, o más bien para cazar carne fresca, ya que en Italia está activa una red de aprovisionamiento humano que se encuentra exclusivamente en los centros de recepción para minores migrantes que no están acompañados, verdaderos “campos de concentración 2.0” que están bajo la dirección del Palazzo de Viminale (sede el Ministerio del Interior del gobierno italiano).

Ninguna fuerza política en Italia, desde el expresidente del consejo Matteo Renzi a el exministro del interior Alfano, desde las fuerzas de la supuesta oposición, desde el M5S hasta Salvini, nunca y jamás han presentado en todos estos años ni siquiera un acto parlamentario respecto a esta materia. 

¿Por qué la fiscalía o el parlamento italiano no abren una investigación para abrir la caja de Pandora? 

Y, sobre todo, ¿por qué los italianos no llenan las calles para detener esta masacre de seres humanos?

Una de las últimas relaciones del ministerio de las políticas sociales habla por cierto de la desaparición en los primeros cinco meses de 2016 de 5 mil 241 minores de edad, definidos “imposibles de encontrar”, pero que ninguna autoridad italiana está buscando. 

En 2015, de acuerdo con datos oficiales e institucionales, en Italia resultaron desaparecidos más de 12 mil niños.

El aquí mencionado criminal israelí fue detenido por casualidad, a través de una tremenda corazonada de un policiaco italiano, Antonio Del Greco, el cual se dio cuento de algo sospechoso en el pasaporte. 

Una mirada nerviosa en el pasajero del vuelo Boston-Roma de la compañía italiana, en ese entonces Alitalia, un control por internet y ya tenía la respuesta. El hombre de 77 años, Tauber, en la clandestinidad desde 2010, era buscado por la policía de todo el mundo y luego de una orden de detención internacional emitida por el Estado brasileño de Pernambuco.

El “señor de los órganos” puso en pie a esta organización criminal hace más de 10 años desde las regiones norte orientales de Brasil, aprovechándose de la grave situación social, y organizando la aportación de órganos humanos explotados en por lo menos 19 ciudadanos de aquel país, ya que sólo de este número de personas se han encontrado hasta ahora las pruebas.

La metodología era muy sencilla. Una vez identificado el objetivo, el cerco se realizaba mediante de una propuesta en dinero, entre 6 mil y 12 mil dólares. Luego se ponía bajo atención médica (una serie de exámenes en clínicas). 

Y una vez firmado el contrato, se le llevaba por avión a Sudáfrica, donde con la complicidad de unas cuantas clínicas y médicos, se terminaba el trabajo de extrayendo los riñones.

También el rabino Levy-Izhak Rosenbaum, residente en Nueva York, fue detenido en 2009 con la acusación de tráfico de órganos humanos. En 2012 fue por fin condenado a sólo 2 años y medio de cárcel. Una investigación periodística destaca que los israelíes son los protagonistas principales a nivel mundial en el tráfico internacional de órganos.

El periódico estadunidense The New York Times publicó un reportaje –en agosto de 2014– en el que se documenta que los intermediarios en la venta de órganos en Israel han lucrado fuertes cantidades de dinero.

Según otra investigación del Times sobre los más importantes casos de venta de órganos desde el año 2000, los israelíes han tenido un papel protagónico en el tráfico de órganos.

Sobre la cuestión de las extracciones no autorizadas de órganos, por parte de Israel, el estadunidense Buró Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés) ha investigado también por casi 10 años. En este caso no sólo los palestinos eran víctimas.

Hay que volver atrás en el tiempo, hasta el 1992, cuando el ese entonces ministro de la sanidad israelí, Ehud Olmert, lanzaba una campaña donde se intentaba solucionar el problema de la insuficiencia de órganos, integrando a los donadores de órganos un registro. 

Desde ese momento, empezaron a desaparecer jóvenes palestinos desde varias aldeas y pueblos de la Cisjordania y de Gaza. Los militares israelíes los regresaban sin vida y con los cuerpos abiertos.

Por muchos años, desde 2001 hasta hoy, circulan no pocas acusaciones contra el patólogo de Estado israelí, Yehuda Hiss, sospechoso de hurto de órganos. Hiss fue director del Instituto forense Abu Kabir de Tel Aviv. 

El descubrimiento de la presencia de órganos humanos conservados en manera ilegal en dicho instituto llevó al miembro de la Knesset, Anat Mayor, presidente de la Comisión científica del parlamento, a pedir la suspensión inmediata del director, el profesor Yehuda Hiss. 

Las autoridades fueron puestas en alerta sobre esta conducta sospechosa de Hiss ya desde el 1998, pero hasta el 2001 no abrieron ninguna investigación contra éste.

En 2001 una investigación del Ministerio de la Sanidad israelí descubrió que Hiss hizo parte por muchos años del retiro de órganos en niños, como piernas, ovarios y testículos sin la aprobación de los padres. Y luego participó en la venta de estos órganos en escuelas de medicina, donde venían siendo utilizados para investigaciones y cursos universitarios.

Hiss fue nombrado jefe en Patología en el 1998. Hiss nunca fue inculpado por dichos crímenes, pero en el 2004 fue obligado a dejar la dirección de la morgue nacional luego de muchos años de protestas. 

Sin embargo siguió siendo el jefe de Patología y, en pocos años, volvió a asumir la dirección del Instituto Forense, a pesar de que en 2009 fue nuevamente inculpado de haber colaborado en la extracción de órganos de mártires palestinos –que habían participado en operaciones militares contra Israel–, con el fin de venderlos en hospitales israelíes.

Alessandro Pagani*

Se desploman las exportaciones en Madrid (-8%). En cambio, Catatalunya representa el 25% del total.

Qué daño está haciendo el 155 a la comunidad inventada de Madrid...

(febrero 2018)

En bienes de equipo y productos químicos, que representa más del 50% de la exportación madrileña, han sufrido la mayor caída (-20,7 y -13,6% respectivamente).
Madrid terminará no produciendo nada...

Por eso han diseñado la Operación Chamartín, para robar todas las empresas de España...

Madrid ya solo es 4º en exportación y muy pronto será 5º (País Vasco le pisa los talones).

En la suma de enero y febrero se mantienen los porcentajes y posiciones:

El crecimiento catalán está por encima del español:
Catalunya +4,9%
España +4,4%
España sin Catalunya +3,7%

Hay que destacar el mal inicio de la economía exportadora de Tarragona debido a que la falta de inversión estatal hace inviable su crecimiento... Hay que recordar que no hace tiempo, el port de Tarragona perdió una inversión de Daimler (para transportar 200.000 coches anuales) por la falta de corredor mediterráneo...

Tarragona, en lo que va de año, representa el 3% de toda la exportación española pero ha caído respecto a los mismos meses del 2017 en un -2,3%...
Lleida es la que más crece.

Judicial proceedings could void the Santander Administration

President, Ana Patricia Botin, Vice President Rodrigo Echenique, counselors Javier Botín, Ignacio Benjumea, Sol Daurella and Juan Miguel Villar Mir are related to various legal proceedings that reveal their unsuitability for managing a financial institution

Standards and guidelines for financial and listed companies (Articles 24 et seq Law 10/2014;. Articles 29 et seq RD 84/2015, guidelines for the assessment of the adequacy of the European Central Bank and the European Banking Authority. unified code of good governance of listed companies of the CNMV, etc.) require their managers  commercial and professional ; establish the responsibility of the supervised institutions to appoint members who meet the eligibility requirements and establish evaluation criteria among which is  the reputation, conflict of interest and collective fitness. In the event that the board members do not meet the requirements of respectability establish the obligation of society to communicate to the supervisory bodies and remove the administrator 'inidóneo "if he does not resign voluntarily.

The  guide ECB  maintains that  criminal, administrative judicial proceedings, both completed and pending, can have an impact on the reputation of the affected management and supervised entity and that the mere fact that a director is, or has been , incurso in such proceedings it is relevant to their honor . Guide ECB attaches great importance to the circumstances that gave rise to the proceedings to be relevant to determine whether they affect reputation management even when the decision is favorable, but it is based on procedural issues rather than facts showing not committed the alleged act.

The Board of Directors of Santander is littered with directors who are being or have been investigated for allegedly committing various crimes, which calls into question his honesty and therefore their suitability to hold office in the management of a financial institution . So much so that at the last meeting of the minority shareholder and Santander Investment Home lawyer, Eduardo Martín Duarte, calledthe removal ofentire board of directors, in some cases per share and other default of its members.

Let the charges that fall on the various members of the board of directors that would demonstrate a "unsuitability" collective evident as six of the fifteen being directly involved in legal proceedings to examine.

We start by its president  Ana Patricia Botin  who was  indicted by the Audiencia Nacional for tax fraud that came to light with the Falciani list . In that criminal proceedings it will be imputed to the president of Santander and other members of his family have hidden 2,000 million euros in the HSBC Switzerland to the Treasury for 70 years. The president acknowledged hiding the money and not pay the corresponding taxes , Botin family being forced to regularize the last five years not prescribed paying 200 million euros. The payment of this amount served to not be convicted of tax fraud by applying a mere absolving excuse. Ana Patricia Botin has also been punctuated by the scandal of the Ponzi scheme  Bernard Madoff  65,000 million, which was implicated her husband  Guillermo Morenés  and his brother Javier Botín through its boutique private banking  Morenés & Loot Capital Advisers . The scammer Bernard Madoff has had visits he made Ana Patricia Botin and her husband in his office in the Lipstick Building in New York and made him the invitation to witness with them America 's Cup in Valencia aboard his boat. Santander sold approximately 3,000 million euros, through its subsidiary  Optimal Investment Services  based in the Swiss city of Geneva and responsible Manuel Echevarría , CEO of Optimal, who escaped a criminal conviction in Switzerland for the case Madoff because the main witness,  Rajiv Jaitly , head of risk control of the Swiss manager of Santander Optimal July 2005 to December 2007, finally  he did not testify  at the trial  after having said earlier in July 2012 to the American authorities in 2006 had warned unsuccessfully to Santander in a report of 50 pages of gross deficiencies of the products and the impossibility of verifying the commercial operation of Madoff .

The recent case of  Banco Popular , which our colleague Esteban Cano takes several months to report on time is directly related to the president of Santander to occur during his tenure and speak to the gossip of the financial world of alleged insider trading and scheming.

Similarly, the case of alleged embezzlement of 50 million euros to shareholders of Santander in the case of the estate of Mijas ,which we reported in Diario16 and for which he was asked at the recent Board, also splashes Ms. Botin because it was a member of the executive committee authorized the sale of the estate of 480,000 m 2  by 450,000 euros when their value exceed, according to different valuations, the 50 million euros. Till the date,Ana Patricia Botin has not taken any action for the defrauded amount is returned to the bank and its shareholders. This process also could be involved Rodrigo Echenique, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca and Javier Botín who, in the year 2,007 he was told by a notary, in his capacity as advisor, without which has since been carried out any action for restitution to bank allegedly defrauded amount.

The same accusations could be attributable to his brother Javier Botín and he also participated in hiding the Spanish Treasury 2,000 million euros in the HSBC Switzerland . Javier Botín was related to the Madoff scandal through M & B Capital Advisors that toxic products marketed Madoff and caused an alleged loss carry its customers approximately 152 million euros.In addition, Javier Botín, director of Santander for being president of the Botín Foundation and on behalf of the syndication of shares formed with the shares of the Botin family, called the alleged fraud estate Mijas since the year 2,007 was told notary in his capacity as advisor without since then has carried out any action for restitution to the bank allegedly defrauded amount.

As vice president, Rodrigo Echenique Gordillo , he was on his imputed day by the High Court in the case of loan transfers , in which, with Emilio Botin and Ignacio Ucles, he was accused of tax fraud and forgery to have defrauded about 80 million euros to the Spanish Treasury and having provided false documentation. Echenique escaped condemnation, not substance, but by the controversial "Botin doctrine" that had five individual votes against the same judges of the Criminal Chamber of the Supreme Court. Echeniquealso it was punctuated by the Madoff scandal that apparently was visiting to withdraw funds from Santander invested in their toxic products. Echenique is executive vice president of Santander and could have direct knowledge of the intricacies of the operation of the Popular Bank, which is its current president and that during the operation that ended with the intervention of the sixth financial institution in the country, dispatched with Emilio Saracho in the passenger compartment of your car , as Esteban Cano has been confirmed through several sources familiar with this fact.

Similarly, Echenique was accused by the Anti - Corruption Prosecutor for tax fraud, along with the other members of the Executive Committee of Santander, in the case of delivery of 1% of the shares of Banesto to Alfredo Sáenz and other commissioned by the Bank of Spain following the intervention of the entity, which would subsequently appointed managers. In that case more than 6 million shares of Banesto to € 2.40 (400Ptas) surrendered when its market value was € 5.09, more than double.

Councilor Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, former secretary general of the bank, is being investigated today by the National Court for the alleged commission of an offense of money laundering related to the Botin family heritage at HSBC in Switzerland. Ignacio Benjumea, as general secretary of Santander and secretary of the board of directors, the executive committee and all committees of the bank and head of the legal department of the bank for nearly 20 years, was responsible for advising on the legality of the resolutions adopted by all those bodies so it could have responsibility for the unlawfulness thereof.

The Minister Sol Daurella Comadrán, president of Coca Cola European Partners and Cobega, bottler of Coca Cola (holding company with a higher annual income to 4,000 million euros) , it is accused in a case of crime of unfair administration and against the rights of workers, the opening of the trial has been recently agreed by the Provincial Court of Zaragoza. The complaint relates to the purchase of Cacaolat and promise to the bankruptcy administrators and workers in new investments, maintaining production and employment promises were not fulfilled and culminated in the closure of its Zaragoza factory and allegedly fraudulent dismissal from the workers.

Finally , we counselor Juan Miguel Villar Mir, former Minister of Finance and Deputy Prime Minister for Economic Affairs, to which it is related to the illegal funding of PP and alleged bribes in Mexico and Algeria . He isaccused by the High Court in the Punic plot by prevarication, embezzlement, fraud, bribery, criminal organization, money laundering, falsification of commercial documents and influence peddling, as in the case Lezo. In addition, your company OHL has been reported in Mexico for allegedly funding the PRI and public works commissions multimillion by its president José Andrés de Oteyza had to resign.In May 2017 complaint was filed with the National Electoral Institute of Mexico with multiple charges against Juan Miguel Villar Mir. In the complaint mention it is made innumerable recordings of directors of OHL in which there is talk of bribery of judges, how to avoid complying with court judgments and government favors to pressure judges to benefit OHL; false accounting, etc.

In conclusion, we have a board with six directors directly related to lawsuits whose suitability is questionable; while the remaining members of the board, but are not related to processes, they know and do not carry out any action for the return of money allegedly defrauded.

source: diario16

Els processos judicials podrien anul·lar l'Administració del Santander

La presidenta, Ana Patricia Botín, el vicepresident Rodrigo Echenique, els consellers Javier Botín, Ignacio Benjumea, Sol Daurella i Juan Miguel Villar Mir estan relacionats amb diferents processos judicials que posen de manifest la seva no idoneïtat per administrar una entitat financera

Les normes i guies aplicables a les entitats financeres i cotitzades (arts. 24 i ss Llei 10/2014; arts. 29 i ss RD 84/2015, guies per a l'avaluació de la idoneïtat del Banc Central Europeu i de l'Autoritat Bancària Europea, codi unificat de bon govern de les societats cotitzades de la CNMV, etc.) exigeixen als seus administradors  honorabilitat comercial i professional ; estableixen la responsabilitat de les entitats supervisades de nomenar membres que compleixin els requisits d'idoneïtat i estableixen uns criteris d'avaluació entre els quals es troba  la reputació, el conflicte d'interès i la idoneïtat col·lectiva. En el cas que els membres del consell d'administració no compleixin amb els requisits d'honorabilitat estableixen l'obligació de la societat de comunicar-ho als organismes supervisors i de remoure l'administrador «no idoni» si aquest no dimiteix voluntàriament.

La  guia del BCE  manté que  els procediments judicials penals, administratius, tant conclosos com a pendents de resolució, poden tenir un impacte en la reputació del directiu afectat i de l'entitat supervisada, i que el simple fet que un directiu estigui, o hagi estat , sotmés a aquests procediments és rellevant per a la seva honorabilitat . La guia del BCE concedeix gran importància a les circumstàncies que van donar lloc al procediment en ser rellevants per determinar si afecten la reputació del directiu fins i tot quan la sentència sigui favorable, però es fonamenti en aspectes procedimentals en lloc d'en fets que demostrin no haver comès el fet imputat.

El Consell d'Administració del Santander està ple de consellers que estan sent o han estat investigats per la presumpta comissió de diferents delictes, el que posa en dubte la seva honorabilitat i, per tant, la seva idoneïtat per a exercir un càrrec en l'administració d'una entitat financera . Tan és així que en la passada junta del Santander l'accionista minoritari i advocat d'Inversió Llar, Eduardo Martín Duarte, va sol·licitar la remoció de tot el consell d'administració, en uns casos per acció i en altres per omissió dels seus membres.

Anem a examinar les imputacions que cauen sobre els diferents membres del consell d'administració que demostrarien una "no idoneïtat» col·lectiva evident en estar sis dels quinze directament immersos en processos judicials.

Començarem per la seva presidenta  Ana Patricia Botín  que va estar  encausada per l'Audiència Nacional per frau fiscal que va sortir a la llum amb la llista Falciani . En aquest procés penal se li imputava a la presidenta del Santander i altres membres de la seva família haver amagat 2.000 milions d'euros a l'HSBC de Suïssa a la Hisenda Pública durant 70 anys. La presidenta va reconèixer l'ocultació dels diners i el no pagament dels impostos corresponents , veient-se obligada la família Botín a regularitzar els últims cinc anys no prescrits pagant 200 milions d'euros. El pagament d'aquest import li va servir per no ser condemnada per frau fiscal per l'aplicació d'una simple excusa absolutòria. Ana Patricia Botín s'ha vist també esquitxada per l'escàndol del frau piramidal de  Bernard Madoff  de 65.000 milions de dòlars, en què es va veure implicat el seu marit  Guillem Morenés  i el seu germà Javier Botín a través del seu boutique de banca privada  Morenés & Botín Capital Advisers . L'estafador Bernard Madoff ha comptat les visites que li van realitzar Ana Patricia Botín i el seu marit en les seves oficines al Lipstick Building de Nova York i la invitació que li van formular per presenciar amb ells la Copa Amèrica a València a bord del seu vaixell. El Santander va comercialitzar aproximadament 3.000 milions d'euros, a través de la seva filial  Optimal Investment Services  amb seu a la ciutat suïssa de Ginebra i el seu responsable Manuel Echevarría , conseller delegat d'Optimal, que es va lliurar d'una condemna penal a Suïssa pel cas Madoff perquè el testimoni principal,  Rajiv Jaitly , cap de control de riscos de la gestora suïssa del Santander Optimal de juliol de 2005 a desembre de 2007, finalment  no va declarar  en el judici  després d'haver manifestat anteriorment el juliol de 2012 a les autoritats americanes que el 2006 havia advertit sense èxit a Santander en un informe de 50 pàgines de les manifestes deficiències dels productes i la impossibilitat de verificar l'operativa comercial de Madoff .

El recent cas del  Banc Popular , del que el nostre company Esteve Cano porta informant puntualment diversos mesos, està directament relacionat amb la presidenta del Santander en produir durant el seu mandat i parlar-se en les tertúlies del món financer de presumpta informació privilegiada i maquinació.

De la mateixa manera, el cas de la presumpta estafa de 50 milions d'euros als accionistes del Santander pel cas de la finca de Mijas ,del qual ja vam informar en Diario16 i pel qual se li va preguntar a la recent Junta, també esquitxa la senyora Botín ja que la mateixa era membre del comitè executiu que va autoritzar la venda de la finca de 480.000 m 2  per 450.000 euros quan el seu valor superaria, segons diferents taxacions, els 50 milions d'euros. Fins a la data,Ana Patricia Botín no ha dut a terme cap actuació perquè l'import defraudat sigui restituït al banc i els seus accionistes. En aquest procés també podrien estar involucrats Rodrigo Echenique, Ignacio Benjumea Cap de Vaca i Javier Botín a qui, l'any 2.007 se li va comunicar notarialment, en la seva condició de conseller, sense que des de llavors hagi dut a terme cap acció per a la restitució a l' banc de la quantitat presumptament defraudada.

Les mateixes acusacions podrien ser atribuïbles al seu germà Javier Botín ja que ell també va participar en l'ocultació al Fisc espanyol dels 2.000 milions d'euros a l'HSBC de Suïssa . Javier Botín es va veure relacionat amb l'escàndol Madoff a través de M & B Capital Advisors que comercialitzava els productes tòxics de Madoff i va causar un presumpte menyscapte als seus clients aproximat de 152 milions d'euros.A més, Javier Botín, conseller del Santander per ser president de la Fundació Botín i en representació de la sindicació d'accions formada amb les participacions de la família Botín, coneix el presumpte frau de la finca de Mijas des que l'any 2.007 se li va comunicar notarialment en la seva condició de conseller sense que des de llavors hagi dut a terme cap acció per a la restitució al banc de la quantitat presumptament defraudada.

Pel que fa al vicepresident, Rodrigo Echenique Gordillo , va ser en el seu dia imputat per l'Audiència Nacional pel cas de les cessions de crèdit en el qual, al costat d'Emilio Botín i Ignacio Uclés, se l'acusava de frau fiscal i falsedat documental en haver-se defraudat prop de 80 milions d'euros a la Hisenda espanyola i haver-li facilitat documentació falsa. Echenique es va lliurar de la condemna, no per qüestions de fons, sinó per la controvertida "doctrina Botín" que va tenir cinc vots particulars contraris a la mateixa dels magistrats de la Sala Penal del Tribunal Suprem. Echeniquetambé es va veure esquitxat per l'escàndol Madoff al qual, pel que sembla, va anar a visitar per retirar els fons del Santander invertits en els seus productes tòxics. Echenique és vicepresident executiu del Santander i podria tenir coneixement directe dels secrets de l'operació del Banc Popular, del que és el seu actual president i que, durant l'operació que va acabar amb la intervenció de la sisena entitat financera del país, despatxava amb Emilio Saracho a l'habitacle del seu cotxe, segons ha pogut confirmar Esteve Cano a través de diverses fonts coneixedores d'aquest fet.

De la mateixa manera, Echenique va estar acusat per la Fiscalia Anticorrupció per delicte fiscal, juntament amb la resta dels membres del comitè executiu del Santander, en el cas del lliurament de l'1% de les accions de Banesto a Alfredo Sáenz i altres comissionats pel Banc d'Espanya després de la intervenció de l'entitat, de la qual posteriorment serien nomenats directius. En aquell cas es van lliurar més de 6 milions d'accions de Banesto a 2,40 € (400Ptas) quan el seu valor en borsa era de 5,09 €, més del doble.

El conseller Ignacio Benjumea Cap de Vaca, anterior secretari general del banc, està sent investigat en l'actualitat per l'Audiència Nacional per la presumpta comissió d'un delicte de blanqueig de capitals relacionat amb el patrimoni de la família Botín a l'HSBC de Suïssa. Ignacio Benjumea, com a secretari general del Santander i secretari del consell d'administració, del comitè executiu i de totes les comissions del banc i màxim responsable del departament jurídic del banc durant gairebé 20 anys, era el responsable d'assessorar de la legalitat dels acords adoptats per tots aquests òrgans pel que podria tenir responsabilitat en la il·licitud dels mateixos.

La consellera Sol Daurella Comadrán, presidenta de Coca Cola European Partners i de Cobega, embotelladora de Coca Cola, (societat holding amb uns ingressos anuals superiors als 4.000 milions d'euros) , es troba imputada en un cas de delicte d'administració deslleial i contra els drets dels treballadors, l'obertura del judici oral ha estat recentment acordada per l'Audiència Provincial de Saragossa. La imputació guarda relació amb la compra de Cacaolat i la promesa als administradors concursals i als treballadors de noves inversions, manteniment de la producció i l'ocupació, promeses que no es van complir i va culminar amb el tancament de la seva fàbrica saragossana i el presumptament fraudulent acomiadament dels treballadors.

Finalment , tenim al conseller Juan Miguel Villar Mir, exministre d'Hisenda i vicepresident del govern per a Assumptes Econòmics, a qui se'l relaciona amb el finançament il·legal del PP i presumptes suborns a Mèxic i Algèria . Està imputat per l'Audiència Nacional en la trama Púnica per prevaricació, malversació, frau, suborn, organització criminal, blanqueig, falsificació de documents mercantils i tràfic d'influències, igual que en el cas Lezo. A més, la seva empresa OHL ha estat denunciada a Mèxic per presumpte finançament del PRI i comissions en obres públiques multimilionàries per les que el seu president José Andrés d'Oteyza va haver de dimitir.Al maig de 2017 es va presentar denúncia davant l'Institut Nacional Electoral de Mèxic amb múltiples imputacions contra Juan Miguel Villar Mir. En aquesta denúncia es fa esment de innombrables enregistraments de directius d'OHL en què es parla de suborn de magistrats, la forma d'evitar complir sentències judicials i favors del govern per pressionar els magistrats en benefici d'OHL; falsedat comptable, etc.

En conclusió, ens trobem amb un consell d'administració amb sis consellers relacionats directament amb processos judicials la idoneïtat és més que discutible; mentre que els restants vocals del consell, tot i que no estan relacionats amb els processos, els coneixen i no porten a terme cap actuació per a la restitució dels diners presumptament defraudats.

font: diario 16

Los procesos judiciales podrían anular la Administración del Santander

La presidenta, Ana Patricia Botín, el vicepresidente Rodrigo Echenique, los consejeros Javier Botín, Ignacio Benjumea, Sol Daurella y Juan Miguel Villar Mir están relacionados con distintos procesos judiciales que ponen de manifiesto su no idoneidad para administrar una entidad financiera

Las normas y guías aplicables a las entidades financieras y cotizadas (arts. 24 y ss Ley 10/2014; arts. 29 y ss RD 84/2015, guías para la evaluación de la idoneidad del Banco Central Europeo y de la Autoridad Bancaria Europea, código unificado de buen gobierno de las sociedades cotizadas de la CNMV, etc.) exigen a sus administradores honorabilidad comercial y profesional; establecen la responsabilidad de las entidades supervisadas de nombrar miembros que cumplan los requisitos de idoneidad y establecen unos criterios de evaluación entre los que se encuentra la reputación, el conflicto de interés y la idoneidad colectiva. En el caso de que los miembros del consejo de administración no cumplan con los requisitos de honorabilidad establecen la obligación de la sociedad de comunicarlo a los organismos supervisores y de remover al administrador «inidóneo» si éste no dimite voluntariamente.

La guía del BCE mantiene que los procedimientos judiciales penales, administrativos, tanto concluidos como pendientes de resolución, pueden tener un impacto en la reputación del directivo afectado y de la entidad supervisada, y que el simple hecho de que un directivo esté, o haya estado, incurso en tales procedimientos es relevante para su honorabilidad. La guía del BCE concede gran importancia a las circunstancias que dieron lugar al procedimiento al ser relevantes para determinar si afectan a la reputación del directivo incluso cuando el fallo sea favorable, pero se fundamente en aspectos procedimentales en lugar de en hechos que demuestren no haber cometido el hecho imputado.

El Consejo de Administración del Santander está plagado de consejeros que están siendo o han sido investigados por la presunta comisión de diferentes delitos, lo que pone en duda su honorabilidad y, por tanto, su idoneidad para desempeñar un cargo en la administración de una entidad financiera. Tan es así que en la pasada junta del Santander el accionista minoritario y abogado de Inversión Hogar, Eduardo Martín Duarte, solicitó la remoción de todo el consejo de administración, en unos casos por acción y en otros por omisión de sus miembros.

Vamos a examinar las imputaciones que caen sobre los distintos miembros del consejo de administración que demostrarían una «no idoneidad» colectiva evidente al estar seis de los quince directamente inmersos en procesos judiciales.

Empezaremos por su presidenta Ana Patricia Botín que estuvo encausada por la Audiencia Nacional por fraude fiscal que salió a la luz con la lista Falciani. En dicho proceso penal se le imputaba a la presidenta del Santander y demás miembros de su familia haber ocultado 2.000 millones de euros en el HSBC de Suiza a la Hacienda Pública durante 70 años. La presidenta reconoció la ocultación del dinero y el no pago de los impuestos correspondientes, viéndose obligada la familia Botín a regularizar los últimos cinco años no prescritos pagando 200 millones de euros. El pago de ese importe le sirvió para no ser condenada por fraude fiscal por la aplicación de una mera excusa absolutoria. Ana Patricia Botín se ha visto también salpicada por el escándalo del fraude piramidal de Bernard Madoff de 65.000 millones de dólares, en el que se vio implicado su marido Guillermo Morenés y su hermano Javier Botín a través de su boutique de banca privada Morenés & Botín Capital Advisers. El estafador Bernard Madoff ha contado las visitas que le realizaron Ana Patricia Botín y su marido en sus oficinas en el Lipstick Building de Nueva York y la invitación que le formularon para presenciar con ellos la Copa América en Valencia a bordo de su barco. El Santander comercializó aproximadamente 3.000 millones de euros, a través de su filial Optimal Investment Services con sede en la ciudad suiza de Ginebra y su responsable Manuel Echevarría, consejero delegado de Optimal, que se libró de una condena penal en Suiza por el caso Madoff porque el testigo principal, Rajiv Jaitly, jefe de control de riesgos de la gestora suiza del Santander Optimal de julio de 2005 a diciembre de 2007, finalmente no declaró en el juicio tras haber manifestado anteriormente en julio de 2012 a las autoridades americanas que en 2006 había advertido sin éxito al Santander en un informe de 50 páginas de las manifiestas deficiencias de los productos y la imposibilidad de verificar la operativa comercial de Madoff.

El reciente caso del Banco Popular, del que nuestro compañero Esteban Cano lleva informando puntualmente varios meses, está directamente relacionado con la presidenta del Santander al producirse durante su mandato y hablarse en los mentideros del mundo financiero de presunta información privilegiada y maquinación.

Del mismo modo, el caso de la presunta estafa de 50 millones de euros a los accionistas del Santander por el caso de la finca de Mijas, del que ya informamos en Diario16 y por el que se le preguntó en la reciente Junta, también salpica a la señora Botín por cuanto la misma era miembro del comité ejecutivo que autorizó la venta de la finca de 480.000 m2 por 450.000 euros cuando su valor superaría, según distintas tasaciones, los 50 millones de euros. Hasta la fecha, Ana Patricia Botín no ha llevado a cabo ninguna actuación para que el importe defraudado sea restituido al banco y sus accionistas. En este proceso también podrían estar involucrados Rodrigo Echenique, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca y Javier Botín a quien, en el año 2.007 se le comunicó notarialmente, en su condición de consejero, sin que desde entonces haya llevado a cabo ninguna acción para la restitución al banco de la cantidad presuntamente defraudada.

Las mismas acusaciones podrían ser achacables a su hermano Javier Botín ya que él también participó en la ocultación al Fisco español de los 2.000 millones de euros en el HSBC de Suiza. Javier Botín se vio relacionado con el escándalo Madoff a través de M&B Capital Advisors que comercializaba los productos tóxicos de Madoff y causó un presunto quebranto a sus clientes aproximado de 152 millones de euros. Además, Javier Botín, consejero del Santander por ser presidente de la Fundación Botín y en representación de la sindicación de acciones formada con las participaciones de la familia Botín, conoce el presunto fraude de la finca de Mijas desde que en el año 2.007 se le comunicó notarialmente en su condición de consejero sin que desde entonces haya llevado a cabo ninguna acción para la restitución al banco de la cantidad presuntamente defraudada.

En cuanto al vicepresidente, Rodrigo Echenique Gordillo, fue en su día imputado por la Audiencia Nacional por el caso de las cesiones de crédito en el que, junto a Emilio Botín e Ignacio Úcles, se le acusaba de fraude fiscal y falsedad documental al haberse defraudado cerca de 80 millones de euros a la Hacienda española y haberle facilitado documentación falsa. Echenique se libró de la condena, no por cuestiones de fondo, sino por la controvertida “doctrina Botín” que tuvo cinco votos particulares contrarios a la misma de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Echenique también se vio salpicado por el escándalo Madoff al que, al parecer, fue a visitar para retirar los fondos del Santander invertidos en sus productos tóxicos. Echenique es vicepresidente ejecutivo del Santander y podría tener conocimiento directo de los entresijos de la operación del Banco Popular, del que es su actual presidente y que, durante la operación que terminó con la intervención de la sexta entidad financiera del país, despachaba con Emilio Saracho en el habitáculo de su coche, según ha podido confirmar Esteban Cano a través de diversas fuentes conocedoras de este hecho.

De igual forma, Echenique estuvo acusado por la Fiscalía Anticorrupción por delito fiscal, junto con el resto de los miembros del comité ejecutivo del Santander, en el caso de la entrega del 1% de las acciones de Banesto a Alfredo Sáenz y otros comisionados por el Banco de España tras la intervención de la entidad, de la que posteriormente serían nombrados directivos. En aquel caso se entregaron más de 6 millones de acciones de Banesto a 2,40€ (400Ptas) cuando su valor en bolsa era de 5,09€, más del doble.

El consejero Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, anterior secretario general del banco, está siendo investigado en la actualidad por la Audiencia Nacional por la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales relacionado con el patrimonio de la familia Botín en el HSBC de Suiza. Ignacio Benjumea, como secretario general del Santander y secretario del consejo de administración, del comité ejecutivo y de todas las comisiones del banco y máximo responsable del departamento jurídico del banco durante casi 20 años, era el responsable de asesorar de la legalidad de los acuerdos adoptados por todos esos órganos por lo que podría tener responsabilidad en la ilicitud de los mismos.

La consejera Sol Daurella Comadrán, presidenta de Coca Cola European Partners y de Cobega, embotelladora de Coca Cola, (sociedad holding con unos ingresos anuales superiores a los 4.000 millones de euros), se encuentra imputada en un caso de delito de administración desleal y contra los derechos de los trabajadores, cuya apertura del juicio oral ha sido recientemente acordada por la Audiencia Provincial de Zaragoza. La imputación guarda relación con la compra de Cacaolat y la promesa a los administradores concursales y a los trabajadores de nuevas inversiones, mantenimiento de la producción y el empleo, promesas que no se cumplieron y culminó con el cierre de su fábrica zaragozana y el presuntamente fraudulento despido de los trabajadores.

Por último, tenemos al consejero Juan Miguel Villar Mir, ex ministro de Hacienda y vicepresidente del gobierno para Asuntos Económicos, al que se le relaciona con la financiación ilegal del PP y presuntos sobornos en México y Argelia. Está imputado por la Audiencia Nacional en la trama Púnica por prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias, al igual que en el caso Lezo. Además, su empresa OHL ha sido denunciada en México por presunta financiación del PRI y comisiones en obras públicas multimillonarias por las que su presidente José Andrés de Oteyza tuvo que dimitir. En mayo de 2017 se presentó denuncia ante el Instituto Nacional Electoral de México con múltiples imputaciones contra Juan Miguel Villar Mir. En dicha denuncia se hace mención de innumerables grabaciones de directivos de OHL en las que se habla de soborno de magistrados, la forma de evitar cumplir sentencias judiciales y favores del gobierno para presionar a los magistrados en beneficio de OHL; falsedad contable, etc.

En conclusión, nos encontramos con un consejo de administración con seis consejeros relacionados directamente con procesos judiciales cuya idoneidad es más que discutible; mientras que los restantes vocales del consejo, aunque no están relacionados con los procesos, los conocen y no llevan a cabo actuación alguna para la restitución del dinero presuntamente defraudado.

fuente: diario 16

"Masacre"

Dislate tras dislate. Esto empieza a ser alarmante. El desprestigio de las instancias judiciales supremas españolas es galopante. Si anteayer parecían autoritarias y ayer incoherentes, hoy resultan ser pueriles. 

El último auto de la sala de lo penal del Supremo, con un motivo colateral, se permite enjuiciar la decisión del tribunal alemán de dejar en libertad a Puigdemont. Lo hace ex abundantia cordis, no porque deba o a ello tenga derecho. Su juicio, por supuesto, negativo, hosco y hasta paternalista: el tribunal alemán se ha precipitado, no ha reflexionado bien ni ha calibrado las pruebas. Así mismo. Cabe imaginar la respuesta: ¿qué pruebas? Si han tenido que ir los fiscales españoles hace unos días a llevárselas a los alemanes, fuera de tiempo, claro, y sin más garantía que los "informes" de la guardia civil. 

Pero no es esta arrogante mpertinencia lo peor. Lo peor está en el meollo del argumento de por qué los teutones yerran al negar que hubiera una violencia de la intensidad suficiente para doblegar la voluntad del Estado a la hora de aceptar el delito de rebelión. En este terreno, las razones jurídicas que aduce el alto tribunal no pueden ser tales porque padecen uno de los peores vicios de la lógica, esto es, el anacronismo. Y algo que no es lógico, no puede ser jurídico. Razonan los jueces la obviedad de aquella violencia de intensidad suficiente ante el aplastante dato de dos millones de votantes. Si no se llegó a ese extremo, si se evitó una masacre  (sic), fue precisamente porque no se dispusieron todos los medios necesarios para enfrentarse a dos millones de personas. 

Patente, ¿verdad? ¿Cuándo se toma la decisión de asignar efectivos a una jornada que se sabe problemática? ¿Antes o después de los hechos? Da algo de vergüenza seguir. El Estado no se esperaba los dos millones porque creyó que, desplegando 10.000 efectivos sin límites en las cargas, la población se amilanaría y no sería necesario llegar a masacre alguna; o, en todo caso se evitaría una masacre provocando otra por la misma razón por la que cabe apagar un fuego con una explosión. 

Pero la gente no se amilanó y fue necesario suspender el asalto por el efecto demoledor para el prestigio de España que las imágenes estaban teniendo en el extranjero. La primera orden a los efectivos de emplearse violentamente a fondo provocó una reacción de defensa pacífica masiva que mostraba cómo la única violencia que había en Catalunya era la del Estado. 

El razonamiento del Supremo es pueril por anacrónico. No se tomó la decisión de evitar la masacre a la vista de los dos millones de votantes (que lo fueron a lo largo de la jornada), sino que los dos millones de votantes surgieron para parar la masacre que se pretendía provocar con la desaforada violencia de aquella mañana de un 1º de octubre que dejó unos mil heridos en el curso de cuatro horas de intervención policial. 

El terreno para esta desgraciada decisión se preparó cuatro días antes, cuando pueblos enteros del sur despidieron a dotaciones de la guardia civil destinadas a Catalunya al grito de "¡Apor ellos!".

Repito. No hay rebelión, no hay sedición, no hay terrorismo. No hay causa judicial

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El camino recto es el más corto

Aquí mi artículo de ayer en elMón.cat, titulado Contraatac. Tiempo nuevo. Nuevas esperanzas.

Un orgullo escuchar y leer a los presos y presas políticas catalanas afirmar alto y claro ante el juez Llarena sus convicciones independentistas, su compromiso con la República Catalana, su propósito de seguir luchando por ella en el ejercicio de sus derechos. Un orgullo y un alivio.

Han sido meses tragando, disimulando, haciendo de tripas corazón a causa de una táctica procesal de defensa errónea. Meses diciendo que unas gentes injustamente encarceladas por sus convicciones políticas tienen sus derechos intactos, esos que los jueces injustos no les respetan, aunque no haya sentencia firme. Todos. Intactos. Incluso el derecho a desdecirse, a retraerse, a negarse. ¿Y qué? decíamos con cierta amargura de fondo. ¿No negó Pedro tres veces al Señor? Y aun así, fue cabeza de su iglesia.

Pero había un fondo de amargura que no se exteriorizaba por no intensificar los sufrimientos de las víctimas. Esta revolución es tan nueva y original que no quiere víctimas. Ni siquiera entre los revolucionarios. Pero había amargura porque se seguía una táctica de defensa procesal sin duda muy honesta y bienintencionada, pero errónea. Partía de la idea falsa de que todas las partes en el conflicto van de buena fe. Grave error. Con Catalunya, el Estado no ha jugado limpio nunca. Y con el independentismo, menos. A golpe de mala fe, juego sucio, chantaje, amenaza y represión. Quienes llegan a gloriarse de haber destrozado el sistema sanitario a otros (¡y un ministro!) no han ido de buena fe jamás en su vida en lo político, en lo judicial, en lo económico, en lo educativo y hasta en lo religioso. Pero esto último con su pan se lo coma la banda de fariseos y mangantes.

Cero buena fe cabía esperar en los tribunales de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Y desde el principio. Este proceso es una evidente causa general política contra el independentismo movida desde el gobierno e implementada por la judicatura. Se añade el ataque por vía lateral del Tribunal Constitucional que mejor se llamara "gabinete de alguaciles del gobierno" pieza esencial en este vergonzoso espectáculo de una persecución política disfrada de proceso judicial. Algo que tiene a los europeos -alemanes, suizos, escoceses, finlandeses, belgas- estupefactos. Sobre todo cuando estos jueces se envalentonan y leen la cartilla a los tribunales extranjeros.

La táctica de apaciguar al fascismo no dio resultado en los años treinta del siglo pasado. Y siguió sin darlo en todas las ocasiones en que algo así ha vuelto a plantearse. No dio resultado con el franquismo. No lo da nunca con la tiranía y la dictadura como la que ahora se perfila al amparo del 155, legitimada por una actuación judicial de manifiesta mala fe. Cuanto más se acepta el marco de referencia del tirano (esa ley que el gobierno de la Gürtel invoca de continuo) y más concesiones se le hacen, más concesiones exige y cuantas más renuncias, más renuncias pide. Y mayor es la arbitrariedad que se aplica al caso. 

Solo la denuncia de ser víctimas de un abuso de poder y de un atropello político disfrazado de procedimiento judicial y la reafirmación de las convicciones, los principios y los propósitos, claros, diáfanos, da la base para una deslegitimación política y jurídica de esta causa general.  El acertado cambio de táctica, sin duda también un alivio para los propios interesados, insufla nueva energía al movimiento indepe y le remoza la estructura trinitaria: los/as presas, las instituciones aquí o en el exilio y la gente. 

Y además, caramba, es la forma más rápida, por ser la más recta, de sacar a los presos/as de la cárcel. 

El caso de Mireia Boya lo había dejado muy claro.

Aquí, la versión castellana:

Contraataque

Hay un evidente cambio de táctica procesal de defensa en el caso del proceso político que el régimen neofranquista está siguiendo contra el independentismo catalán. Los presos y rehenes políticos han abandonado las habituales técnicas defensivas de perfil bajo, de no provocar las iras de los inquisidores, de ceder en unos puntos u otros, de guardar las formas para suavizar las consecuencias.

Ya era hora. Nada de lo anterior sirve ante el ánimo vindicativo de unos jueces movidos no por el deseo de justicia, sino por el odio y la venganza en un contexto represivo que aplica a Catalunya el castigo penitenciario añadido del injusto alejamiento de los presos. Es decir, la criminalización del independentismo catalán, el intento de presentarlo como terrorismo por analogía con el País Vasco es política de gobierno desde el comienzo y a él se han plegado gustosos los jueces que no son verdaderamente tales sino agentes del poder político y de su partido, el PP.

Y no solo se han plegado, sino que han endurecido las condiciones penitenciarias de los rehenes hasta un punto sádico (casos de los presos con hijos pequeños, como Junqueras o Forn) o las han llevado más allá, impulsados por sus convicciones franquistas. Así en la desgraciada ejecutoria de la instrucción de Llarena que algún día le pesará sobre la conciencia, si la tiene, resaltan en especial las inquisitoriales exigencias de arrepentimiento y abandono de las convicciones personales de los acusados a cambio de promesas de libertad que luego se cumplían o no, según le daba al juez.

Una vez más se ha demostrado que en situaciones de injusticia, iniquidad y arbitrariedad, la táctica de apaciguamiento de la víctima es un grave error. El victimario se crece y, cuanto más cede y concede aquella, más tiene que ceder y conceder, hasta negarse a sí misma. Afortunadamente, esta errónea estrategia de defensa procesal que, además, tiene un efecto demoledor sobre la moral de quienes apoyan y secundan el movimiento, parece haberse terminado y ha sido sustituida por lo que se debe: la firme defensa de los presos de sus convicciones independentistas y la negación de que el movimiento independentista pacífico sea un delito. El delito, a nuestro entender, están cometiéndolo quienes se enfrentan a él con la fuerza arbitraria del Estado y un torcido código penal en la mano.

Al fascismo no se le derrota nunca haciéndole concesiones. Ni una. Cediendo se han perdido seis meses.

Las últimas declaraciones de los presos políticos ante el citado juez son lo que debieron ser en un principio: reivindicación del derecho de autodeterminación del pueblo catalán, defensa de las convicciones independentistas de los presos, compromiso firme, pacífico y democrático con la república y la emancipación del pueblo catalán. Afirmación del derecho de los injustamente presos a las convicciones independentistas, guste o no guste a estos jueces franquistas y monárquicos.

Es obvio que unos jueces, cuya inclinación por la justicia está sometida a un ideario nacional-católico, jamás admitirán que el derecho de los catalanes a la independencia nacional es igual al de los españoles. No mayor. Pero tampoco menor. Jamás tampoco que no son nadie para juzgar en un pleito político en el que lo que está en juego no es la legalidad, sino la legitimidad. Confiar en que rebajando las aspiraciones de los rehenes y ocultando sus convicciones se ablandará el propósito de unos jueces era iluso y contraproducente. Los presos son rehenes de la arbitrariedad represiva; su destino es ejemplificador e intimidatorio; no tiene nada que ver con la justicia; trata de desmovilizar a la población castigando con crueldad a sus representantes democráticamente elegidos.

La única vía de acabar con la vergüenza de esta causa general contra el independentismo es la que, por fin, se ha tomado en los últimos días: una unidad firme del movimiento en todos sus aspectos: firme defensa del derecho de Catalunya a la independencia ante los jueces inquisitoriales del Estado español; firme y masivo apoyo de la sociedad catalana a sus representantes encarcelados y en el exilio; y firme voluntad de los dirigentes legítimos en el exilio de proseguir la construcción de una República Catalana en los foros internacionales.

La única forma de acabar con la represión de un Estado fallido es obligarla a mostrarse como es a los ojos del mundo entero

Ramón Cotarelo