as mentiras de un gobierno que ya no sorprende a nadie

 Soraya Sáenz de Santamaría: "Voy a hacerme imprescindible en Cataluña"
© EFE El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a su llegada ayer a la sede de la Delegación en Barcelona. / EFE

Soraya Sáenz de Santamaría se ha zambullido en el intento de encauzar la relación entre Cataluña y el Estado. Su plan de acercamiento, como ella misma explica, es «a medio y largo plazo» y pasa por «estar continuamente presente, hacerse imprescindible, confundirse con el ambiente». Ésa es su estrategia. Desde que asumió la cartera de Administraciones Territoriales, ha viajado en tres ocasiones a Barcelona. Ayer fue la última, para reunirse con los líderes de Ciudadanos y PSC, Inés Arrimadas y Miquel Iceta.

En Moncloa aseguran percibir ahora, tras la formación del nuevo Ejecutivo, señales que propician un marco más favorable para el entendimiento. Son indicios que trascienden, explican, los reproches en público por la acción judicial contra los miembros del Gobierno de Artur Mas que organizaron la consulta del 9-N y contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que dio vía libre a las resoluciones independentistas en contra de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

Santamaría incluso apunta haber constatado diferencias positivas entre su primer cara a cara con Francesc Homs en el pleno del Congreso, el pasado 29 de noviembre, cuando el portavoz catalán la interpeló a cuenta de las 46 peticiones que Carles Puigdemont entregó a Mariano Rajoy el pasado mes de abril, y el cruce que ambos mantuvieron durante la comparecencia de la vicepresidenta en la Comisión Constitucional, el 1 de diciembre, para explicar los objetivos y planes de la nueva legislatura en el marco de sus competencias.

En esta ocasión, Homs prescindió de los eslóganes soberanistas y prefirió centrarse exclusivamente en el reparto del déficit, en su opinión injusto, que el Gobierno dispone para las comunidades autónomas. «Ni Estado descentralizado ni puñetas; ustedes reparten y se quedan con la mayor parte», fue el principal reproche del portavoz del PDCat (antigua Convergència) y punta de lanza de la Generalitat en el Congreso.

Más aún, lo que pidió Homs fue: «Un diálogo constructivo, sereno y de verdad» y que «se cumpla la Ley de Estabilidad Presupuestaria» lo que permitiría a las administraciones autonómicas disponer del doble de déficit.

En definitiva, un discurso perfectamente enmarcable en el sistema y homologable al que se suscribirían muchas otras comunidades, incluidas las del PP. En Moncloa quedaron gratamente sorprendidos ante esta actitud.

El Gobierno se muestra, en consecuencia, razonablemente satisfecho. En Moncloa ya no se ve «sentimiento revolucionario en Cataluña». Creen que la efervescencia independentista ha bajado perceptiblemente. Y las razones que encuentran para este descenso de la fiebre secesionista son tres: la cuenta atrás para la fecha mito de septiembre de 2017 corre y al mismo tiempo crece el convencimiento de que «hagan lo que hagan no tendrá efectos prácticos»; intentaban un reconocimiento internacional que finalmente no se ha producido y, además, pretendían «desbordar institucionalmente» al Gobierno, hastiarlo para que diera su brazo a torcer, y «no han tenido éxito».

«Ahora están un tanto colapsados», reflexiona un miembro del Ejecutivo, «porque, en buena medida, tras la formación del nuevo Gobierno, han perdido al enemigo».

Mariano Rajoy, ahora en minoría y con una actitud de diálogo y consenso, «tiende la mano» y en la Generalitat «están obligados a cogerla», explican desde el Gobierno.

Los catalanes «no entenderían una negativa de su Ejecutivo a sentarse con Santamaría, Montoro o De la Serna para negociar y dar respuesta a los problemas que les afectan a diario».

De ahí, el mensaje que ahora se lanza desde Madrid respecto a las 46 demandas que Puigdemont remitió a Rajoy: 45 pueden discutirse y, en su caso, solucionarse, y sólo una -la celebración de un referéndum de autodeterminación- se tacha como imposible.

Santamaría tiene pendiente un encuentro con el vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras que hasta el momento no ha podido celebrarse porque ella estaba centrada, junto con Montoro, en las negociaciones que han desembocado en el acuerdo sobre los objetivos de déficit y el techo de gasto y él en la elaboración del Presupuesto catalán. No hay fecha cerrada para la reunión pero será inminente.

Ayer, la vicepresidenta mantuvo un primer contacto con el líder del PSC, Miquel Iceta y con la presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. El primero aseguró haber apreciado un «cambio de actitud» del Ejecutivo central hacia Cataluña que ve positivo. Iceta espera ahora que se traduzca en propuestas concretas.

La número dos del Gobierno teje ya los hilos de la Conferencia de Presidentes que se celebrará en enero y que debería abrir la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica. Santamaría espera que el presidente Carles Puigdemont reconsidere su postura inicial de no acudir a la convocatoria.