La cocinera y el traductor, detenidos junto a 26 personas más en España por cobrar hasta 8.000 euros a cien familias para introducir a niños marroquíes en el país
Ella estaba en la cocina. Él, se encargaba de hacer labores de intérprete. Un tercero, era auxiliar. Todos de origen marroquí, adultos y con experiencia en centros de acogida a menores en Asturias. De hecho, hasta hace mes y medio trabajaban en la Unidad de Primera Acogida (UPA) para Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) que el Gobierno regional adjudicó tras un concurso público a la Unión Temporal de Empresas formada por la Fundación Cruz de los Ángeles, la fundación Hogar de San José y la Asociación Centro Trama.
De dicho centro, ubicado en la parroquia ovetense de Loriana, los tres fueron apartados hace mes y medio. Cuando la Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol, les detuvo. Están acusados de integrar una red de tráfico de menores marroquíes. Cobraban, según fuentes oficiales, hasta 8.000 euros a las familias por introducir a los menores en España. Los jóvenes cruzaban la frontera clandestinamente llegando a pagar unos 2.000 euros si era en patera; 5.000, en moto de agua y 2.500 si se utilizaban coches o camiones, aumentando los precios considerablemente si las condiciones meteorológicas eran adversas incluso hasta los 8.000.
Una operación que cuenta con cien menores afectados y que se que se cerró con otras cuatro detenciones en Asturias y hasta un total de veintiocho en todo el país. Según informó ayer la Dirección General de la Policía, en una primera fase fueron detenidas 22 personas: En Madrid (1), Oviedo (5), Gijón (2), Castellón (4), Algeciras (1), Zamora (3), Barcelona (3), Lleida (1), Bilbao (1) y Murcia (1), y en la segunda las otras seis: En Jerez de la Frontera (3), Bilbao (2) y Barcelona (1).
Sicarios y malos tratos
Las investigaciones posibilitaron, en una segunda fase, la desarticulación de otra organización interconectada con la primera y dedicada al secuestro de los menores al llegar a las costas españolas, donde eran ocultados en bosques de la provincia de Cádiz o en pisos de la organización sin dejarles continuar su periplo hasta que sus familias de origen en Marruecos pagaran 500 euros. En dos días desde su llegada a las costas un menor podía pasar de Cádiz al norte de España. Entre los detenidos en la primera fase se encuentran los que organizaban las pateras, gestionaban los traslados en España, alojaban a los niños previamente al ingreso en los centros de menores y se encargaban de su documentación.
La organización contaba en Marruecos con los contactos oportunos para llevar a cabo los cruces clandestinos de fronteras con gran profesionalidad, utilizando distintos métodos en función de los cuales variaba el precio.
Los miembros de la segunda red actuaban totalmente coordinados con los traficantes de Marruecos. De hecho, no dudaban en mandar sicarios para amenazar o agredir a los miembros de otras organizacionesque les quitaban a los niños
Durante la captación de los niños, los detenidos solicitaban a los familiares una cantidad económica en función del método utilizado para el tráfico. En un primer momento, los llevaban hasta Tánger, donde una persona de hacía cargo de ellos.
De 14 a 70 casos en un año
Tras cruzar la frontera eran trasladados a Asturias, Castellón, Barcelona y Bilbao, donde se les ofrecía alojamiento y las indicaciones oportunas para que comunicasen en dependencias policiales su minoría de edad y una vez en los centros de menores les controlaban y les gestionaban la documentación.
Las investigaciones tuvieron al centro de acogida de Loriana como kilómetro cero. Las ONG que lo gestionan alertaron al Gobierno regional el verano pasado. En julio, al centro llegaron 11 menores marroquíes sin adulto que les acompañara. En agosto, lo hicieron 19. Nada que ver con las tasas de los meses anteriores: en enero y abril recibieron un caso y en febrero tres. El resto de los meses, nada. «No era normal», aseguraron a EL COMERCIO diversas fuentes. «De repente, llegaban un grupo de marroquíes que decían que eran menores, que no tenían familia y que buscaban ayuda. Cómo llegaban a Asturias desde Marruecos era una incógnita».
Además del incremento de casos, que se mantuvo durante el resto del año, hasta cerrar 2017 con 70 acogidas, frente a las 14 del año anterior, las entidades sociales detectaron un discurso casi clónico entre todos los llegados, así como la procedencia de una misma región marroquí. «Sabían muy bien lo que tenían que decir y cómo actuar. Algunos, incluso, parecían creer que habían pagado por un servicio que les debía dar».
Tras varias gestiones, los agentes identificaron y detuvieron a los tres trabajadores marroquíes del centro de menores de Loriana, acusados de dedicarse a traficar directamente con los menores desde Marruecos a España, así como al control, supervisión y realización de gestiones documentales de los mismos.
De hecho, fuentes policiales aseguran que en uno de los registros fue encontrado uno de los menores en el domicilio de una detenida, que conminaba a los niños a que acudieran a la vivienda para realizar labores domésticas cercanas al servilismo. Mientras que el auxiliar quedó libre sin cargos, tanto el traductor como la cocinera siguen imputados.
«Han estado protegidos»
«Y apartados del centro», precisó la consejera de Servicios y Derechos Sociales. La socialista Pilar Varela se mostró ayer «encantada con la operación de la Policía. Es un éxito. Si ya la inmigración es un drama, conocer que hay redes de personas que hacen de eso su negocio...», apuntó, mientras reiteraba que «desde hace mes y medio, cuando supimos que les habían llamado a declarar, los tres trabajadores fueron apartados de sus funciones».
No obstante, quiso dejar claro que «el sistema de protección ha funcionado. Los menores marroquíes que llegaron a Asturias en busca de acogida la han recibido. Todos están en el centro y a todos se les ha facilitado formación». En estos momentos, 70 siguen viviendo en Asturias
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