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6 de abril de 2019

Aguirre y González dieron más de 172 millones de euros a tramas corruptas durante sus mandatos - Diario16


Las empresas beneficiadas están implicadas en la Púnica y la Gürtel
Un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid cuantifica en más de 172 millones los contratos efectuados por la Administración regional y sus entidades autónomos, durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, con empresas implicadas en las tramas Púnica y Gürtel.
Los gobiernos populares, entre 2008 y 2015, destinaron 133,7 millones a sociedades relacionadas con el caso Gürtel y 37,3 a mercantiles de la Púnica.
La Cámara de Cuentas detalla en su auditoría que en ese periodo las empresas que han sido relacionadas judicialmente con la causa Gürtel fueron 23 y el organismo fiscalizador solicitó a la Comunidad de Madrid una relación certificada de todos los contratos, tanto mayores como menores.Así, la Cámara de Cuentas solicita a la Comunidad de Madrid una relación de todos los contratos durante ese periodo y de este se desprende que hay 50 expedientes de contratos mayores con empresas de la Gürtel.
Se trata sobre todo de contratos de obras, con un 90 por ciento de las adjudicaciones y un 97 por ciento del importe concedido por la administración (130 millones). Para la prestación de servicios se fraguaron cinco expedientes de contratación valorados en 3,5 millones.
Respecto al procedimiento para la concesión, 31 contratos se hicieron por modalidad abierta por un valor de 11,5 millones mientras que en 12 fue por procedimiento ‘negociado’ (9,1 millones) y siete por proceso ‘restringido’ (12,9 millones).
Además, existen entre 2008 y 2015 un total de 149 contratos menores por un importe de 1,5 millones. La mayor parte de esos expedientes se adjudicaron en 2008, en concreto 102. La Consejería de Educación Juventud y Deporte fue el órgano que más contratos menores adjudicó, según el informe, publicado este jueves.
La entidad del sector público madrileño que más contratos firmó con las empresas de esta trama de corrupción fue Metro de Madrid: 24 expedientes por un valor de 20.407.878 euros. Sin embargo, Mintra ( Madrid Infraestructuras del Transporte), que solo tuvo un contrato, su importe ascendió a 57.882.135 euros.
En el caso de la trama Púnica, la Cámara de Cuentas cifra en 34.736.303 euros el importe total que el Gobierno madrileño pagó a las 162 empresas relacionadas judicialmente con el caso de corrupción. Durante el 2008 se adjudicaron tres expedientes por casi 30 millones de euros contratados por la Consejería de Políticas Sociales y Familia.
Publicado por EVERTH THENANSHED,  1er Oficial de la Federación Galáctica de planetas libres.


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13 de noviembre de 2018

El juez halla papeles secretos con toda la financiación ilegal del PP de Madrid



Velasco cita de nuevo en la Audiencia al exgerente del partido Beltrán Gutiérrez tras intervenirle una explosiva documentación confidencial en el marco de Púnica

Beltrán Gutiérrez, a su salida de la Audiencia Nacional. Álvaro García VÍDEO: ATLAS
La pieza que aún mantiene secreta el juez Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica contiene profusas pruebas que presuntamente acreditan la financiación ilegal del PP de Madriddesde 2004 y que salpica a gran parte de la anterior cúpula del partido, según fuentes jurídicas. Se trata de documentación confidencial requisada por el juez en casa del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez y que destapa la caja B con la que los populares madrileños han sufragado en los últimos lustros campañas electorales y actos del partido. Y, según se desprende de las pesquisas, lo han hecho, entre otros canales delictivos, a través de Fundescam, la fundación que creó el PP en época de la expresidenta Esperanza Aguirre y que se ha nutrido de fuertes sumas de dinero pagadas por empresarios afines a cambio supuestamente de contratas públicas.
El juez Velasco ha reactivado en los últimos días la investigación sobre la caja b del PP madrileño, la única de las 14 piezas separadas del caso Púnica que permanece bajo secreto sumarial. Durante la mañana de este miércoles, el juez ha citado a declarar como investigados -imputados- a Beltrán Gutiérrez, a José Ignacio Echeverría, exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y extesorero del PP madrileño y a Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña CEIM. Los tres han salido de la Audiencia sin hacer declaraciones. Fuentes jurídicas han aclarado que el exgerente del PP regional no ha llegado a declarar porque su abogado llegó tarde a la citación y volverá a ser convocado el lunes próximo.
Fuentes de la investigación han señalado que los tres "han respondido a todas las preguntas" y que lo han hecho de forma "profusa y contundente". Las mismas fuentes han señalado de las pruebas documentales recabadas y de las declaraciones de este miércoles "se derivarán más citaciones".
Fuentes jurídicas han informado este miércoles que el juez Velasco ordenó ayer registros en diversos domicilios particulares y de empresas. También envió a agentes de la Guardia Civil a diferentes sedes, entre ellas las de la Consejerías de Sanidad y Transportes de la Comunidad de Madrid y de la sociedad autonómica de suelo Arpegio, para requerir información.
El juez Velasco ha dictado un contundente auto en el que describe la financiación ilegal del PP madrileño y en el que vuelve a citar en su despacho al exgerente Beltrán Gutiérrez para interrogarle sobre algunos flecos que le faltan para terminar de encajar algunas piezas sueltas. Las pesquisas implican presuntamente al exconsejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aguirre, Francisco Granados,encarcelado desde finales de octubre de 2014 por su condición de cabecilla de la trama Púnica. Y también salpican al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, entre otros altos cargos del PP de los últimos 16 años. Otros implicados en esta financiación ilegal ocupan ahora puestos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid, que preside Cristina Cifuentes.
Las donaciones de empresarios a Fundescam han acabado con los años conectando los dos casos más graves de corrupción política que han sacudido España desde la transición: Gürtel y Púnica. El juez instructor de Gürtel, Antonio Pedreira, investigó en 2010 Fundescam y, según un informe policial de entonces elaborado por la UDEF, esta fundación recaudó de empresarios afines, solo en 2003, unos 900.000 euros. Entre los donantes, con hasta 300.000 euros, estaba el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, posteriormente encarcelado por delitos de alzamiento de bienes en su extinto grupo industrial Marsans.
Con parte de ese dinero el PP regional financió actos y campañas electorales en los años 2003 y 2004. Pero Pedreira acabó archivando esta parte del sumario al entender que los delitos habían prescrito. Púnica ha vuelto a destapar Fundescam y en esta ocasión el juez Velasco ha detectado que la financiación a través de esta fundación se ha mantenido hasta casi 2011, con lo que los supuestos delitos serían continuados y, por tanto, no prescritos.
El juez envió a la Guardia Civil al registro de asociaciones, a la sede del PP regional, al despacho del gerente y a varios departamentos de la Comunidad en busca de pruebas con las que hilvanar, y en gran parte lo ha conseguido, que las sumas de dinero que aparecen en los papeles secretos del gerente tienen relación con Fundescam y con otras aportaciones ilegales recibidas por el PP madrileño. El juez sospecha que las entregas de dinero fueron onerosas y a cambio de contratas y adjudicaciones públicas.
El expresidente de la CEIM, la patronal de Madrid, Arturo Fernández, es uno de los empresarios, ahora en pleno declive, investigados en la pieza número 14 de Púnica. Su grupo de hostelería Cantoblanco recibió lucrativas adjudicaciones de la Asamblea de Madrid y de otras administraciones gobernadas por los populares. El juez también ha pedido información sobre contratas al Ayuntamiento de Madrid de las épocas en fue gobernado por los exalcaldes Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, según las citadas fuentes.
El expresidente Ignacio González mantuvo en nómina en el partido a Beltrán Gutiérrez incluso después de que este tuviera que dimitir como gerente por su implicación en el caso de las tarjetas black, de las que se gastó 58.000 euros. El PP de Cifuentes le pagó 120.000 euros y Gutiérrez finalmente abandonó el despacho que le había asignado González en Génova tras el escándalo de las tarjetas.
No es la primera vez que Gutiérrez es citado por el juez. Ya compareció el 3 de marzo de 2016. El detonante entonces fue una agenda intervenida a Granados en la que figuran, junto a entregas de casi dos millones de euros, las iniciales de “BG”, presumiblemente referidas a Beltrán Gutiérrez, y las de “JLM”, en alusión a Javier López Madrid, yerno del dueño de la constructora OHL. David Marjaliza, exsocio arrepentido de Granados, ayudó al juez a identificar las citadas iniciales.
El nombre de Beltrán Gutiérrez, a quien Velasco atribuye en Púnica delitos de cohecho y falsedad, también salió a relucir en Gürtel al estar detrás de facturaciones del PP a la empresa de Francisco Correa Special Event que a la postre fueron abonadas por Fundescam. En Gürtel, fue también documentación secreta intervenida al contable de la red en su casa la que puso al descubierto los amaños y comisiones pagadas a altos cargos del PP nacional. El contable de Gürtel volcó la caja B de las empresas en un pendrive. Lo ocultaba en la mano, cerrada, cuando la policía se lo intervino. "El puto pendrive", como lo definió airado Francisco Correa al enterarse, una vez detenido, de su existencia y de su contenido.
investigacion@elpais.es

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5 de marzo de 2016

La cuenta del PP en la Banca Suiza... viene con sorpresa


La millonaria cuenta de Bárcenas, escondida en un banco suizo, está a nombre de“Mariano Rajoy, Presidente del Partido Popular” ¿Qué pasa con esta documentación proporcionada por el Dresdnen Bank de Suiza? El PSOE calla ¿Por qué? Los grandes medios de comunicación se han olvidado ¿Por qué? La fiscalía no actúa ¿Por qué?
Ante tanto olvido es necesario traer a colación éste asunto que en cualquier lugar de Europa y del mundo civilizado alcaradeplasma señor Rajoy ya lo hubieran sentado en una catapulta y lazado de la Moncloa.
Ha llegado el momento de poner las cosas en claro, una vez que se ha iniciado el hundimiento del sistema político que desde la transición ha estado hermanado con la oligarquía del franquismo, entre unos y otros han llevado el país hacer puñetas: cada mañana nos desayunamos con un nuevo caso de corrupción de los que ya se pierde la cuenta.
Un caso execrable de corrupción queda sumergido por otro esperpento más corrupto todavía en un desenfreno sinfín. ¿Qué queda en la memoria del caso Bárcenas? Se trataba del enésimo tesorero del Partido Popular que lo pillan con el carrito de los helados: una lujosa cuenta en el Dresdnen Bank de Suiza.
No se puede entender que semejante hallazgo no provoque inmediatos ceses de cargos políticos cuando menos para guardar las apariencias. Aquí las cosas se hacen de otra manera: unos se cubren a otros y el populacho que se joda. ¿Hay alguien, en su sano juicio, que se pueda creer que el importe de una cuenta tan abultada sean las sisas del ex tesorero? ¿Si estos 50 millones de euros es la sisa a cuanto asciende el capital sisado?
Esto no cuadra ni tampoco cuadraron las declaraciones de Mariano Rajoy para Bloomberg TV donde el presidente metió la pata: “Hay cosas que no se pueden demostrar”, que liga con otra todavía más memorable: “Todo lo que se ha publicado es falso salvo alguna cosa”. 
Entre las meteduras de pata también constan equivocaciones respecto a Bárcenas: “Cometí el error de creer a un falso inocente pero no de encubrir a un presunto culpable”. Todavía podríamos seguir con manifestaciones para salirse por la tangente como la antológica “fin de la cita”. Todo con tal de reproducir el guión, desarrollado en la cúpula del PP, cuando se vieron con la soga al cuello: los “papeles de Bárcenas” son de Bárcenas y de nadie más.
La estrategia es de pura supervivencia y más vale perder el dinero en la cuenta de Suiza que desaparezca el partido y todos sus chollos. El dinero se perderá irremediablemente al notificar al banco suizo la procedencia ilícita. Ni lo podrá disponer Bárcenas ni tampoco el PP.
La respuesta del Dresdnen Bank sobre la cuenta de Luis Bárcenas es exhaustiva. Se puede decir que es integral mientras otras son limitadas a cumplir la normativa bancaria que se limita a informar sobre el titular de la cuenta y el saldo disponible, poca cosa más.
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En cambio el banco suizo aportó la ficha bancaria y varios datos complementarios, además de un informe de la persona responsable de la cuenta: Agata Stimoni. Ha pasado el tiempo suficiente y los documentos han circulado de un sitio a otro en la red y el PP no ha dicho nada de nada, muerto el perro muerta la rabia. 
No obstante es una constatación que lo que pretenden es que se olvide el asunto entre otros de menor nivel y la tan cacareada cháchara de que le hemos dado esquinazo a la crisis.
Hay otro argumento que certifica la documentación aportada por el Dresdnen Bank en el que apunta el nombre de Mariano Rajoy con el siguiente texto: “President des Partido Popular, Oppositionsführer im spanischen Kongres”, Parece que no hay duda alguna. 
Como no las hay una vez que se han empezado a levantar las tapas de las alcantarillas en los manejos del PP en un ramillete de sobornos que se acababan por repartir en sobres la cúpula del partido. Vamos al grano y a los papeles que implican al presidente del gobierno.
El documento que he marcado como A tiene un común denominador con los demás que se exponen, los taladros de archivo, lo que da a entender que proceden del mismo origen: el Dresdnen Bank. 
La primera en la frente, para disponer de un bunquerizado secreto bancario aparece en esta especie de ficha el nombre de Luís Bárcenas Gutiérrez y trasBeziehungen que significa algo así como “cobertura de” y como Natúrliche personen(persona física) y como primero de la lista Mariano Rajoy, definido en aquel momento como “presidente del PP y jefe de la oposición del Congreso español” y destaca su candidatura en 2004 a la presidencia del Gobierno. La ficha hace referencia a Jurisliche personen (personas jurídicas) y facilita una relación de empresas vinculadas con las personas físicas en referencia con la cuenta. 
Además hace referencia a las empresas vinculadas con Luís Bárcenas. 
Lo nunca visto, ¿Cómo puede constar en la ficha bancaria el nombre del “presidente del PP”? Vaya porquería de tramitación de una cuenta secreta por parte de tesorero de un partido político que deja con el culo al aire a la organización. Debe de ser una estrategia del propio Bárcenas para poner en marcha el ventilador en el caso que lo pillen.
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Documento B, tiene fecha de 2005, se aprecia que es un documento interior entre la responsable de la cuenta Agathe Stimoli y un superior que le pide datos sobre la cuenta de la Fundación Sinequanon, al parecer, ya en esa fecha, el banco no se fiaba de la legalidad de los fondos depositados y Bárcenas había sido requerido a informar del origen del dinero depositado. Las sociedades que aparecen en la ficha como La Moraleja,Acesa, AUDASA ….., son empresas que el ex tesorero manifestó su participación. 
Sobre Acesa se hace necesario comentar una vez se muestren los papeles. Junto con AUDASA son empresas concesionarias del Estado español ¿Quién da las concesiones a estas empresas? El gobierno. Pues, estamos al cabo de la calle o si lo prefieren: blanco y en botella. El pago del soborno puede ser en acciones y nos quedamos tan panchos.
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Documento C, fechado en febrero de 2009, un documento interno que deja constancia de la petición del cliente de que en su nombre se personará un “mandado” para dar instrucciones sobre la cuenta, su cartera de valores y con autorización para hacer disposiciones o transferencias. 
En otra nota interna del banco hace referencia a una reunión anterior con Bárcenas  “y su amigo Luis F.” (se trata de Luís Yánez) en un hotel de Madrid celebrada el 27 de junio de 2006. En ese momento la cuenta suiza acumula 15,5 millones de euros. 
Otro documento interno fechado el 16 de octubre de 2006 incluido en la comisión rogatoria la entidad da cuenta de una reunión de uno de sus empleados con Bárcenas en Madrid, el 5 de octubre de ese mismo año, para tratar asuntos relacionados con su cartera de inversiones. 
Por aquellas fechas, la cuenta disponía de 18,1 millones de euros. La evaluación final del banco es concluyente: “El cliente está muy satisfecho con nuestros servicios”.
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Documento D, tiene fecha del 10 de marzo de 2009. El “mandado” que el banco espera anunciado en el documento C es Luís Yánez que dirige un escrito de puño y letra al  Dresdnen Bank donde menciona “En relación con la instrucción del Sr. Bárcenas ..” 
Pues resulta que es un Broker que trabaja para la familia Botín. 
Una cuenta bancaria escondida bajo el secreto suizo en la que figura el presidente del gobierno puede tener acceso y disposición persona que no sea el tesorero del Partido. 
Los secretos a veces dejan de serlo si andan los Botín por medio.
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Documento E, tiene fecha del 26 de marzo de 2009. La Fundación Sinequanon domiciliada en Panamá solicita al Dresdnen Bank una transferencia a una cuenta en el banco HSBC de New York a nombre de la sociedad Brixco S.A. que explota la producción de limones en una finca en Argentina de una dimensión extraordinaria propiedad de La Moraleja S.A., una de las empresas que Bárcenas informa al banco que tiene participación. 
Casualidades de la vida en esta empresa consta como socio Ángel Sanchis el anterior ex tesorero del PP al que sustituyó Bárcenas. 
La finca, un latifundio, produce tal cantidad de cítricos que tiene un contrato con Coca-Cola para suministrarle este componente en la bebida refrescante. ¿Qué casualidad que los tesoreros del PP a la vez sean socios de este latifundio? La finca de las naranjas al por mayor es del Partido Popular y lo demás son ganas de hacernos comulgar con ruedas de molino.
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Detalle del Documento A. Por mucho que se desgañite Mariano Rajoy jurando en arameo que iba a solicitar, no una si no dos auditorias de las cuentas del Partido Popular no deja de ser un brindis al Sol. 
En las cuentas del partido no hay nada de estas anotaciones, es la caja B y la contabilidad B de la que todo el mundo sabe de que se trata.El Tribunal de Cuentas, que es el organismo que tiene que controlar las cuentas de los partidos políticos lleva, intencionadamente, un retraso de entre seis y siete años que para entonces ya nadie se acuerda de nada.
El Tribunal de cuentos se limita a disertar que las operaciones contabilizadas son poco rigurosas y nada más. Lo que nos tiene que sorprender, son las manifestaciones del presidente del gobierno al verse acosado por unas noticias que no esperaba, dijo que va a solicitar “a los socialistas un pacto contra la corrupción”. 
Vamos a ver, si se jura por todos los dioses que no hay corrupción ¿Para qué se necesita un pacto? De todo esto estamos hablando de principios de 2013 y del dichoso pacto no se sabe nada de nada. 
Desde entonces han llovido chuzos de punta y hay corrupción para dar y vender. 
¿No parece también extraño que apareciendo en los papeles de la comisión rogatoria el nombre de Mariano Rajoy y del Partido Popular no sea portada en los medios de comunicación?
Todavía tienen que salir a escena los corruptores, las grandes empresas que se han beneficiado de los miles de millones que mientras una buena parte ha ido a incrementar la deuda pública otra ha vaciado los bolsillos del populacho.
La otra cara de la moneda
Los políticos han fallado pero seamos sinceros la ciudadanía no le ha ido a la zaga: por ignorancia, por un crónico desinterés y un pasotismo sobre los asuntos económicos la bola ha ido rodando y ha sido la causa que nos ha traído hasta aquí. 
Hemos de rectificar y ocuparnos de los asuntos que nos competen. 
La democracia representativa ha pasado a la historia y ahora no hay otra solución que aplicar una democracia participativa para salir de esta cloaca y no permitir que esto vuelva a ocurrir. 
La oligarquía tiene su mejor instrumento en el control de los medios de comunicación que nos cuentan lo que les han dejado que cuenten a lo que hay que añadir que algunos jueces han ido tirando de la manta. 
¿A ninguno de estos medios de comunicación le salta a la vista que en la “ficha” de la cuenta del PP en el Dresdnen Bank figuren las sociedades AUDASA o Acesa? 
Ambas son concesionarias del Estado, AUDASA se refiere a Autopistas del Atlántico Concesionaria Española S.A. hoy en manos de Sacyr Vallehermoso (que la analizaremos en otra ocasión), y Acesa Autopistas Concesionaria Española S.A. hoy Abertis.  
Los administradores de la concesionaria Abertis, que actualmente ostenta la explotación de estas autopistas al consolidar entre su grupo de empresas ACESA sociedad que La Caixa agrupó con la participación que ostentaba la Caja de Barcelona en el momento de la fusión de ambas cajas. Que hoy constituyen CaixaBank. 
Desde el mismo instante que La Caixa se hizo con el control accionarial de ACESA dejo de respetar las condiciones que estaban fijadas por el decreto 165/67 inherentes a la explotación de la autopista y a la aplicación de los beneficios que estaban limitados a un 15% sobre el capital invertido.
La Caixa, a su libre albedrío, le pareció poco el rendimiento especificado por ley y publicado en el Boletín Oficial del Estado y se lo saltó a la torera. 
No sólo dejó de cumplir las condiciones especificadas sobre la limitación de los beneficios sino la obligación de construir nuevos tramos de autopista con el excedente de los beneficios obtenidos. Además, como los beneficios eran cuantiosos, debía provisionar (retraer de los beneficios) una cantidad para que una vez acabada la concesión recuperara la inversión aplicada como obra construida. 
Las condiciones descritas en el decreto de adjudicación de la concesión son claras; funciona como si se tratara de un “préstamo” que recibía el Estado y se aplicaba en la construcción de la autopista. 
Así, el concesionario cobraba un interés del 15% que obtenía de los ingresos por peaje y retenía una cantidad anual, también de los beneficios, que servía para constituir un fondo con que liquidar el “préstamo” al final de la concesión. 
ACESA, controlada por La Caixa lo incumplió todo y se hizo con los cuantiosos beneficios que eran tanto como el 77% de los ingresos por peaje. Con los beneficios de cuatro años recupero el total de la inversión, hay tramos que se han pagado, a través de peajes, 20, 30, y 40 veces el coste de la autopista, concesiones a 25 años todavía están vigentes 44 años después. 
El despelote es extraordinario y pone de manifiesto que la oligarquía goza del amparo y protección de la clase política que permite esta clase de abusos que claman al cielo.
La Caixa, para hacer imposible el rescate de las concesiones que disfrutaba ACESA maquinó un esperpéntico plan que consistía en retraer de los cuantiosos beneficios cantidades astronómicas para, sin necesidad alguna, ampliar capital y así blindar la concesión, dicho de otra manera, en lugar de retraer de los beneficios el coste de la obra, tal como quedaba estipulado en las condiciones de la concesión, se aplicaban en aumentar capital y hacer inalcanzable la cuantía a rescatar. 
No contentos con esta maniobra sacaron a bolsa acciones de la compañía con lo que la capitalización bursátil (el valor de las acciones por el número de las que circulan) alcanzó más de cinco veces su valor nominal. 
Todas estas astracanadas y muchas más le han sido consentidas a ACESA por la Generalitat de Catalunya y la Administración del Estado, la constelación de favores y cosas raras llevan rodando durante años. 
El robo a la ciudadanía, se podrá decir de muchas maneras, asciende a miles de millones. Te preguntarás que pasó cuando la concesionaria Acesa incumplió las condiciones de explotación.
Lo lógico sería que se le retirara la concesión de inmediatopero en un país con tantos amigos estas cosas no pasan y no pasó nada de nada, la justicia entró en escena. 
Esta vulneración de las cláusulas del contrato que limitaba los beneficios fue denunciada y puesta de manifiesto por el Ministerio de Obras Públicas (MOPU), que en 1995 consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimara un recurso que Acesa interpuso sobre la interpretación que daba a la aplicación del Fondo de Reinversión. 
Esta libre interpretación de un decreto en vigor fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no obstante frente a esta resolución judicial, Acesa recurrió al Tribunal Supremo que le dio con la puerta en las narices. 
La concesionaria de la autopista argumentaba que el artículo 7 del Decreto 165/1967, que explicitaba las condiciones, estaba obsoleto. Como si las cosas se pudieran cambiar y acomodar al gusto e interés alegando que está obsoleto.
Este enlace contiene la sentencia: Tribunal Supremo, Sentencia de 23 Jun 2003 rec 2353-1996 en el apartado décimo dice: 
“En cualquier caso, que estamos ante una obligación cuyo incumplimiento activará los mecanismos previstos para tal hipótesis nos lo confirma nuevamente la propia ACESA. 
En efecto, en el convenio suscrito por ella misma con la Administración General del Estado y con la Generalidad de Cataluña, ese convenio aprobado por el Real Decreto 2346/1998, que ACESA ha invocado en apoyo de sus pretensiones, en su cláusula quinta, apartado segundo, afirma que el artículo 7 del Decreto 165/1967 contiene una obligación. 
Lo que nos resulta suficiente para desestimar este motivo” 
La sentencia es irrecurrible pero por obra y gracia del señor Don Dinero ni la Generalitat de Catalunya, ni el Consejo de Estado, ni el Ministerio de Obras Públicas (MOPU), ni el Gobierno mueven un dedo para que la Ley, tan revindicada hoy día, se cumpla. 
El soborno salta a la vista. No obstante, nunca es tarde, vemos en la cuenta del PP en Suiza que hacen referencia a que disfrutan de acciones de Acesa. 
Estos truhanes se han quedado con las autopistas del Estado a base de lujosos sobornos.
¿Cómo este país puede seguir adelante con esta corrupción generalizada?

1 de diciembre de 2015

La Audiencia Nacional envía a juicio a Correa y un cargo de Aena por 'Gürtel'

El magistrado transforma las actuaciones en procedimiento abreviado
Propone que también se sienten en el banquillo el ex 'número dos' de de Comunicación de Aena, Javier Gavari, y el contable de las empresas de la red, José Luis Izquierdo. 
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar al presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, a su contable, José Luis Izquierdo, al ex jefe de prensa de la empresa pública Aeropuertos y Navegación Aérea (Aena)Ángel López de la Mota, y a su mano derecha, José María Gavari, por la adjudicación amañada de contratos por un importe total de 2.359.548 euros.
En el auto que transforma las actuaciones en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, el magistrado propone que los cuatro se sienten en el banquillo de los acusados por los delitos continuados de prevaricación, cohecho y fraude a las administraciones públicas. A Correa e Izquierdo les imputa también el de falsedad en documento mercantil.
Según el magistrado, tanto Ángel López de la Mota como Javier Gavari "convinieron con Correa, aprovechando las competencias que en materia de contratación y ordenación de pagos" tenía el primero por su cargo, "que se produjera la adjudicación irregular" a sus sociedades de distintos contratos de AENA "para realizar eventos o participar en ferias, a cambio de "distintas dádivas" entre los años 2000 y 2002.
El auto cifra en 67.215 euros las dádivas, en forma de viajes a Eurodisney, Menorca o Navarra, obras en su casa y dinero en efectivo que recibió López de la Mota. Gavari recibió 75.690 euros en viajes a Eurodisney, Menorca yTenerife, así como en efectivo.
"El pago de esos servicios turísticos, obras de reformas en domicilios particulares y entregas de dinero en efectivo, cesaron en su entrega a partir de finales de 2002, cuando cesa la contratación de las empresas del grupo Correa por parte de AENA", destaca el juez, que recuerda cómo el considerado número dos del entramado, Pablo Crespo, envió varias cartas a López de la Mota para expresarle su malestar por esa situación.
La resolución insiste en que fue durante el tiempo en que López de la Mota fue director de comunicación del ente público AENA (septiembre de 2000 a mayo de 2004) cuando las empresas de Correa, Special Events, Travel GroupPasadena Viajes y TCM, resultaron adjudicatarias de 22 contratos públicos: cinco por 1.375.235 euros correspondieron a FCS Pasadena Viajes y Special Events, mientras que los otros 17 suponen un total de 984.313 euros.
En este sentido, el magistrado desgrana la participación de AENA en Fitur 2001 y 2002, así como en distintas ferias, como la Barcelona Meeting Point o la World Travel Market, en Londres, así como Expo Ocio o simposios en varias ciudades de España.
De la Mata explica que la normas de contratación de AENA establecen que el procedimiento de contratación general será el concurso, aunque podrá utilizarse el procedimiento negociado sin publicidad con concurrencia "por razones de extremada urgencia" que sean "imprevisibles" para el ente público. Pero AENA participaba en Fitur desde 1996 y la presencia en el resto de ferias entraba dentro de la planificación de la Dirección de Comunicación.
Por ello, no "resulta suficientemente justificada" las razones de extremada urgencia esgrimidas para realizar las contrataciones sospechosas detectadas, salvo que se deban a "un retraso o falta de planificación de las actividades asignadas".
En el caso de las ferias, las normas de AENA permitían la posibilidad de que las contrataciones de consultoría, asistencia o servicios por razón de su cuantía se pudieran tramitar como una contratación específica, pero el juez destaca que existía una continuidad en la celebración de algunas que hubiera permitido agruparlas para lograr una mayor uniformidad en el diseño del stand y una mejora económica al reutilizar los elementos.
demás, AENA no podía subcontratar servicios con las compañías de Correa, sin adjudicar ella directamente o autorizarlo expresamente. Sin embargo, en la memoria de Pasadena Viajes figura una partida global para un catering del ente por 9.075 euros. "Si se tiene en cuenta el importe facturado el número de personas no previstas (al evento) representaría un incremento del 63,7%", señala el magistrado.




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