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- septiembre 21º, 2017
Bruselas evita pronunciarse sobre el referéndum más allá de las consignas ya conocidas: sobre Cataluña, lo que digan las Cortes y el Constitucional, y en todo caso si hay independencia Cataluña saldría de la UE de forma fulminante.
Pero ese ritornelo presenta una novedad por la aceleración de los acontecimientos durante las últimas horas: la Comisión Europea se ha negado hoy a mediar entre España y Cataluña, tal y como solicitaba el presidente catalán, Carles Puigdemont, en un artículo en The Guardian en el que acusa a Mariano Rajoy de incumplir la ley para impedir el referéndum y hace continuas referencias “al pasado oscuro” de España, “cuando la palabra democracia no formaba parte del diccionario español”.
El brazo ejecutivo de la UE, sin embargo, podría avenirse a actuar como mediador siempre que se vuelva al orden constitucional —lo que supondría, de facto, la retirada del referéndum— y siempre que Rajoy lo solicite, algo que la propia Comisión ve muy improbable, según las fuentes consultadas en Bruselas.
La internacionalización del procés coge al Gobierno con el pie cambiado. Tras la aprobación exprés, sin apenas garantías, de la ley del referéndum en el Parlament, los medios internacionales criticaron sin ambages la situación creada por el Gobierno catalán.
Las detenciones y registros practicados por la Guardia Civil por orden judicial, sin embargo, han reavivado las simpatías en la prensa europea por el procés.
Las preguntas de los corresponsales comunitarios a la Comisión en Bruselas han tenido hoy un claro sesgo a favor de las tesis de Puigdemont.
Las fuentes europeas consultadas apuntan que Rajoy “está perdiendo la batalla de la opinión pública internacional”.
Bruselas mantiene “continuos contactos con el Gobierno español”, según las mismas fuentes, pero prefiere hacerse a un lado por el momento: “La Comisión no va a postularse como mediador sin que el Gobierno español lo pida".
Bruselas ya jugó ese papel en los acuerdos del Viernes Santo entre Irlanda y Reino Unido, "pero se trataba de dos Estados miembros; no es el mismo caso”.
La Comisión ha mediado también entre España y Portugal por asuntos relacionados con el sector energético, pero de nuevo con esa formidable salvedad: se trata de dos Estados miembros, no de un Estado y una región de ese Estado.
La Comisión ha reiterado hoy el respeto a la Constitución y al orden jurídico español tras los últimos registros y detenciones, en una interminable rueda de prensa en la que ha habido 11 preguntas al respecto, muchas de ellas de medios franceses, belgas y británicos. “No hay nada más que añadir”, ha dicho un portavoz ante la insistencia de los periodistas.
Tanto el presidente Jean-Claude Juncker como los vicepresidentes Frans Timmermans y Valdis Dombrovskis han dejado claro la posición de Bruselas sobre ese asunto en la última semana. Pero el procés ha entrado con claridad en la agenda europea. “Difícilmente puede haber referéndum, pero la situación ha saltado a otro nivel: el riesgo es ahora un conflicto en las calles”, asegura el think tank Eurointelligence.
Con todo, casi nadie habla en público en las instituciones europeas sobre Cataluña. Y quienes están obligados a hacerlo se dedican a repetir mantras precocinados para evitar meterse en follones. Los pasillos de Bruselas, sin embargo, son otra cosa: el procés era un asunto muy tangencial en la capital europea hasta hace muy poco, pero los funcionarios europeos y los embajadores de los Veintiocho han pasado a observar muy de cerca “y con preocupación” todo ese asunto, según uno de ellos.
Más allá de esa preocupación solo hay, de momento, una letanía de tópicos. Encabezados por este: “Es un asunto interno de España”.
1. La detención del núcleo duro del Govern que estaba organizando el 1-O marca un antes y un después en este terrible septiembre catalán.
No solo es un golpe letal a esta votación por la vía de la logística: sin papeletas, sin centro de datos, sin presumiblemente urnas… es evidente que será imposible el 1-O que quería la Generalitat. También es un salto importante en el auténtico conflicto, el político, que se ha incendiado aún más.
2. ¿Quién ha ordenado la operación de la Guardia Civil contra varios altos cargos de la Generalitat por organizar el 1-O?
No ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juzgado que desde hace diez días instruye una investigación donde ya están imputados el president Carles Puigdemont y todos los consellers de la Generalitat.
No ha sido la Guardia Civil por su cuenta y riesgo –aunque escuchando a algunos líderes políticos pareciese que es así–.
No ha sido siquiera la Fiscalía, que fue informada pero no consultada, aunque tampoco se opuso.
Ha sido el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona quien ha ordenado de oficio esta operación.
3. El juez se llama Juan Antonio Ramírez Sunyer. Tiene 70 años y es de perfil conservador.
Entre otras decisiones polémicas, como órdenes de prisión preventiva contra manifestantes anarquistas que después fueron absueltos, es el juez que, en 2015, abrió diligencias contra el entonces jefe de los Mossos por no evitar los pitidos al himno nacional durante una final de la Copa del Rey.
4. ¿Por qué interviene este juez en el 1-O a pesar de que la investigación sobre esta votación estaba ya en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya?
Por lo que sabemos, el juez lleva investigando desde febrero, bajo secreto de sumario, a varios altos cargos de la Generalitat.
El proceso penal arrancó con la denuncia que a finales de enero presentaron el partido derechista VOX y el abogado Miguel Durán contra el exsenador de ERC Santiago Vidal, que alardeó de que el Govern ya tenía los datos fiscales de los catalanes, de cara a la secesión.
El mismo juzgado, en esa misma causa, ya había imputado hace meses al número dos de Oriol Junqueras, Lluís Salvadó, al que ha detenido hoy.
5. ¿Se ha extralimitado el juez? ¿Debería haberse inhibido y pasar el caso al TSJC? ¿Ha aprovechado la Guardia Civil esta ventanilla para pedir estas detenciones porque lo tenía más fácil que con la juez Mercedes Armas, que lleva el 1-O en el TSJC? Es difícil de saber porque el caso aún sigue bajo secreto de sumario, no se conocen los autos del juez Ramírez Sunyer ni tampoco los detalles de su argumentación legal.
6. La primera consecuencia de esta operación policial es que la Generalitat ha obtenido el apoyo político contra el Gobierno de algunos sectores que sin duda no respaldan la posición independentista.
Entre otros, el de los dos principales sindicatos –CCOO y UGT–, el de dirigentes políticos como Joan Coscubiela –que tan claro y tan duro fue en el debate donde se aprobó el referéndum– o incluso algunos líderes del PSOE y el PSC, entre los que destaca la presidenta autonómica de Baleares, Francina Armengol.
En el propio PSOE, solo Armengol ha dicho en público lo que pensaba. Pero muchos otros, en privado, están de acuerdo con su argumentación: se ha cruzado una línea roja.
En Ferraz ha habido un fuerte debate, que probablemente estos días continuará.
7. De fondo, el gran error sigue siendo el mismo: que se ha judicializado un problema político; que la maquinaria pesada del Código Penal es lenta pero implacable; que los puentes destruidos serán caros de reconstruir.
Todo esto ha pasado por culpa de la estrategia de ruptura de Carles Puigdemont –la desobediencia a las leyes, en una democracia, siempre acaba en los juzgados–. Y también por culpa de la falta de diálogo de Mariano Rajoy.
8. El presidente del Gobierno ha presumido después del éxito de esta operación, que implícitamente ha hecho suya.
“Les dije que el Estado de derecho no fallaría”, ha asegurado Rajoy en una declaración institucionalsin aceptar preguntas de la prensa.
Su discurso y lo ocurrido este 20 de septiembre sin duda refuerzan su imagen entre los suyos, que le tachaban de blando ante los independentistas.
Pero también deterioran aún más el crédito institucional de una democracia en la que un gran porcentaje de los catalanes ya ha dejado de creer.
9. No parece probable que el referéndum del 1-O se vaya a celebrar. El problema es el precio, el coste en la convivencia y quiénes lo vamos a pagar.
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