El informe de Christopher Steele
Durante la campaña previa a la elección presidencial en Estados Unidos, el equipo de Hillary Clinton encargó al ex agente de los servicios secretos británicos Christopher Steele una investigación sobre el candidato Donald Trump.
Ex jefe del «Buró Rusia» del MI6, Christopher Steele es conocido sobre todo por sus alegaciones escandalosas y siempre inverificables.
Después de acusar –sin pruebas– a Vladimir Putin de haber ordenado el envenenamiento de Alexander Litvinenko con polonio 210, también lo acusó de haber hecho caer a Donald Trump en una trampa sexual para poder chantajearlo.
El Informe Steele fue entregado discretamente a ciertos periodistas, políticos y espías, antes de ser publicado.
De ahí procede la tesis actual de que, tratando de que su títere ganara las elecciones y de impedir la elección de Hillary Clinton, el amo del Kremlin ordenó a «sus» medios la compra de publicidad en Facebook y la divulgación por esa vía de calumnias contra la ex secretaria de Estado, hipótesis que ahora vendría a confirmarse por una conversación del embajador de Australia en Londres con un consejero de Donald Trump.
Aunque se ha comprobado que Russia Today y Sputnik no gastaron más que unos pocos miles de dólares en publicidad, que además tenía poco que ver con la señora Clinton, la clase dirigente estadounidense dice estar convencida de que eso bastó para invertir el apoyo del que había gozado la candidata demócrata, que gastó en su campaña 1 200 millones de dólares.
En Washington se sigue creyendo que los inventos tecnológicos permiten tal grado de manipulación de los seres humanos.
Ya no se trata de observar que si Donald Trump y sus partidarios hicieron campaña a través de Facebook fue porque toda la prensa escrita y audiovisual les era hostil, sino de afirmar que Rusia manipuló Facebook para impedir la elección de la favorita de Washington.
El privilegio jurídico de Google, Facebook y Twitter
En sus esfuerzos por demostrar la injerencia de Moscú, la prensa estadounidense ha resaltado el enorme privilegio que gozan Google, Facebook y Twitter. Esas 3 empresas no son consideradas responsables de los contenidos que difunden.
Desde el punto de vista del derecho estadounidense son sólo “transportadores” (common carrier) de información.
Los experimentos realizados por Facebook han demostrado, por un lado, que es posible crear emociones colectivas.
Pero esa empresa no es considerada jurídicamente responsable de los contenidos que vehicula, contradicción que pone de relieve la existencia de una anomalía en el sistema.
Sobre todo teniendo en cuenta que el privilegio de Google, Facebook y Twitter es claramente indebido.
En efecto, esas 3 empresas actúan al menos de dos maneras para modificar los contenidos que “transportan”.
En primer lugar, censuran unilateralmente ciertos mensajes, ya sea por intervención directa de su personal o mediante el uso disimulado de algoritmos.
Pero además promueven su propia versión de la verdad en detrimento de los demás puntos de vista (fact-checking).
Por ejemplo, en 2012, Qatar encargó a Google Ideas, ya bajo el mando de Jared Cohen, la creación de un programa informático capaz de seguir las deserciones en el Ejército Árabe Sirio.
¿Objetivo? Mostrar que Siria era una dictadura y que el pueblo había iniciado una “revolución”. Pero rápidamente resultó que esa visión de las cosas era falsa. La cantidad de deserciones nunca pasó de 25 000, en un ejército que cuenta 450 000 hombres. Es por eso que, luego de haber promocionado ese software, Google acabó retirándolo discretamente.
Por otro lado, Google promociona, desde hace 7 años, los artículos que se hacen eco de los comunicados del Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH).
Esos comunicados dan, día tras día, la cantidad exacta de víctimas de ambos bandos. Pero son cifras imaginarias porque es materialmente imposible determinar esa cifra diariamente.
Nunca se ha visto, en tiempo de guerra, un Estado capaz de determinar diariamente la cantidad exacta de soldados muertos en combate y de víctimas civiles.
Pero el OSDH sabe, desde el Reino Unido, algo que nadie es capaz de determinar con precisión en la propia Siria.
Gerard Collomb
Lejos de ser “transportadores” de información, Google, Facebook y Twitter son en realidad sus creadores y por tanto deberían ser jurídicamente responsables de sus contenidos.
Las reglas de la libertad de expresión
Aún considerando que los esfuerzos de la OTAN y del presidente Macron contra Rusia en el plano audiovisual y de internet están condenados al fracaso, no es menos cierto que lo más conveniente es que los nuevos medios estén incluidos en el derecho general.
Los principios que rigen la libertad de expresión son legítimos sólo si son los mismos para todos los ciudadanos y para todos los medios.
Esto último no es así en este momento.
Si bien existe una aplicación del derecho general, no existen, en cambio, reglas precisas, como el derecho de respuesta o en materia de desmentido, para los mensajes que se difunden a través de internet y de las redes sociales.
Como siempre en la historia de la información, los medios ya establecidos tratan de sabotear a los nuevos.
Recuerdo, por ejemplo, el virulento editorial que el diario francés Le Monde, dedicó en 2002 a mi trabajo, publicado en internet, sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Lo que le desagrada a Le Monde, tanto como mis conclusiones sobre esos acontecimientos, es que la Red Voltaire no esté sometida a una serie de obligaciones financieras de las que ese cotidiano se sentía prisionero.
Quince años más tarde, Le Monde muestra la misma actitud de defensor de un clan con la creación de lo que llama Le Décodex.
Más que criticar los artículos y videos de los nuevos medios de información, Le Monde pretende medir el grado de confiabilidad de los sitios web que rivalizan con el suyo.
Por supuesto, sólo le parecen confiables los sitios web de los diarios que se publican en papel, como el propio Le Monde, mientras que a todos los demás los clasifica como poco confiables.
Para justificar la campaña contra las redes sociales, la Fundación Jean-Jaures –fundación del Partido Socialista francés vinculada a la NED (National Endowment for Democracy) estadounidense– acaba de publicar un sondeo imaginario.
Ese sondeo trata de demostrar, exponiendo una serie de cifras, que las personas frustradas, las clases trabajadoras y los partidarios del Frente Nacional son gente crédula.
Según ese sondeo, el 79% de los franceses creen en alguna teoría de la conspiración.
Como prueba de su ingenuidad, el sondeo precisa que 9% de los franceses están convencidos de que la Tierra es plana.
Realmente, ni yo ni ninguno de mis amigos franceses consultados a través de internet nos hemos encontrado nunca con un compatriota que creyera que la Tierra es plana.
Se trata simplemente de una cifra inventada, suficiente para que cualquiera pueda dudar de todo el estudio.
Lo que sí es cierto es que, a pesar de estar vinculada al Partido Socialista de Francia, la Fundación Jean-Jaures ha tenido desde siempre como secretario general a Gerard Collomb, ahora convertido en ministro del Interior por el actual presidente francés Emmanuel Macron.
Esta misma fundación ya había publicado, hace 2 años, un estudio tendiente a desacreditar a los opositores políticos del sistema, tildándolos de «conspiracionistas».
El informe de Christopher Steele
Durante la campaña previa a la elección presidencial en Estados Unidos, el equipo de Hillary Clinton encargó al ex agente de los servicios secretos británicos Christopher Steele una investigación sobre el candidato Donald Trump.
Ex jefe del «Buró Rusia» del MI6, Christopher Steele es conocido sobre todo por sus alegaciones escandalosas y siempre inverificables.
Después de acusar –sin pruebas– a Vladimir Putin de haber ordenado el envenenamiento de Alexander Litvinenko con polonio 210, también lo acusó de haber hecho caer a Donald Trump en una trampa sexual para poder chantajearlo.
El Informe Steele fue entregado discretamente a ciertos periodistas, políticos y espías, antes de ser publicado.
De ahí procede la tesis actual de que, tratando de que su títere ganara las elecciones y de impedir la elección de Hillary Clinton, el amo del Kremlin ordenó a «sus» medios la compra de publicidad en Facebook y la divulgación por esa vía de calumnias contra la ex secretaria de Estado, hipótesis que ahora vendría a confirmarse por una conversación del embajador de Australia en Londres con un consejero de Donald Trump.
Aunque se ha comprobado que Russia Today y Sputnik no gastaron más que unos pocos miles de dólares en publicidad, que además tenía poco que ver con la señora Clinton, la clase dirigente estadounidense dice estar convencida de que eso bastó para invertir el apoyo del que había gozado la candidata demócrata, que gastó en su campaña 1 200 millones de dólares.
En Washington se sigue creyendo que los inventos tecnológicos permiten tal grado de manipulación de los seres humanos.
Ya no se trata de observar que si Donald Trump y sus partidarios hicieron campaña a través de Facebook fue porque toda la prensa escrita y audiovisual les era hostil, sino de afirmar que Rusia manipuló Facebook para impedir la elección de la favorita de Washington.
El privilegio jurídico de Google, Facebook y Twitter
En sus esfuerzos por demostrar la injerencia de Moscú, la prensa estadounidense ha resaltado el enorme privilegio que gozan Google, Facebook y Twitter. Esas 3 empresas no son consideradas responsables de los contenidos que difunden.
Desde el punto de vista del derecho estadounidense son sólo “transportadores” (common carrier) de información.
Los experimentos realizados por Facebook han demostrado, por un lado, que es posible crear emociones colectivas.
Pero esa empresa no es considerada jurídicamente responsable de los contenidos que vehicula, contradicción que pone de relieve la existencia de una anomalía en el sistema.
Sobre todo teniendo en cuenta que el privilegio de Google, Facebook y Twitter es claramente indebido.
En efecto, esas 3 empresas actúan al menos de dos maneras para modificar los contenidos que “transportan”.
En primer lugar, censuran unilateralmente ciertos mensajes, ya sea por intervención directa de su personal o mediante el uso disimulado de algoritmos.
Pero además promueven su propia versión de la verdad en detrimento de los demás puntos de vista (fact-checking).
Por ejemplo, en 2012, Qatar encargó a Google Ideas, ya bajo el mando de Jared Cohen, la creación de un programa informático capaz de seguir las deserciones en el Ejército Árabe Sirio.
¿Objetivo? Mostrar que Siria era una dictadura y que el pueblo había iniciado una “revolución”. Pero rápidamente resultó que esa visión de las cosas era falsa. La cantidad de deserciones nunca pasó de 25 000, en un ejército que cuenta 450 000 hombres. Es por eso que, luego de haber promocionado ese software, Google acabó retirándolo discretamente.
Por otro lado, Google promociona, desde hace 7 años, los artículos que se hacen eco de los comunicados del Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH).
Esos comunicados dan, día tras día, la cantidad exacta de víctimas de ambos bandos. Pero son cifras imaginarias porque es materialmente imposible determinar esa cifra diariamente.
Nunca se ha visto, en tiempo de guerra, un Estado capaz de determinar diariamente la cantidad exacta de soldados muertos en combate y de víctimas civiles.
Pero el OSDH sabe, desde el Reino Unido, algo que nadie es capaz de determinar con precisión en la propia Siria.
Gerard Collomb
Las reglas de la libertad de expresión
Aún considerando que los esfuerzos de la OTAN y del presidente Macron contra Rusia en el plano audiovisual y de internet están condenados al fracaso, no es menos cierto que lo más conveniente es que los nuevos medios estén incluidos en el derecho general.
Los principios que rigen la libertad de expresión son legítimos sólo si son los mismos para todos los ciudadanos y para todos los medios.
Esto último no es así en este momento.
Si bien existe una aplicación del derecho general, no existen, en cambio, reglas precisas, como el derecho de respuesta o en materia de desmentido, para los mensajes que se difunden a través de internet y de las redes sociales.
Como siempre en la historia de la información, los medios ya establecidos tratan de sabotear a los nuevos.
Recuerdo, por ejemplo, el virulento editorial que el diario francés Le Monde, dedicó en 2002 a mi trabajo, publicado en internet, sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Lo que le desagrada a Le Monde, tanto como mis conclusiones sobre esos acontecimientos, es que la Red Voltaire no esté sometida a una serie de obligaciones financieras de las que ese cotidiano se sentía prisionero.
Quince años más tarde, Le Monde muestra la misma actitud de defensor de un clan con la creación de lo que llama Le Décodex.
Más que criticar los artículos y videos de los nuevos medios de información, Le Monde pretende medir el grado de confiabilidad de los sitios web que rivalizan con el suyo.
Por supuesto, sólo le parecen confiables los sitios web de los diarios que se publican en papel, como el propio Le Monde, mientras que a todos los demás los clasifica como poco confiables.
Para justificar la campaña contra las redes sociales, la Fundación Jean-Jaures –fundación del Partido Socialista francés vinculada a la NED (National Endowment for Democracy) estadounidense– acaba de publicar un sondeo imaginario.
Ese sondeo trata de demostrar, exponiendo una serie de cifras, que las personas frustradas, las clases trabajadoras y los partidarios del Frente Nacional son gente crédula.
Según ese sondeo, el 79% de los franceses creen en alguna teoría de la conspiración.
Como prueba de su ingenuidad, el sondeo precisa que 9% de los franceses están convencidos de que la Tierra es plana.
Realmente, ni yo ni ninguno de mis amigos franceses consultados a través de internet nos hemos encontrado nunca con un compatriota que creyera que la Tierra es plana.
Se trata simplemente de una cifra inventada, suficiente para que cualquiera pueda dudar de todo el estudio.
Lo que sí es cierto es que, a pesar de estar vinculada al Partido Socialista de Francia, la Fundación Jean-Jaures ha tenido desde siempre como secretario general a Gerard Collomb, ahora convertido en ministro del Interior por el actual presidente francés Emmanuel Macron.
Esta misma fundación ya había publicado, hace 2 años, un estudio tendiente a desacreditar a los opositores políticos del sistema, tildándolos de «conspiracionistas».
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