corrupción en España

Palinuro

sábado, 21 de octubre de 2017

Desperta ferro

El duumvirato Rajoy-Sánchez, con Rivera en elsidecar anuncia a bombo y platillo las medidas que tomará cuando tenga aprobada la aplicación del 155, cosa fácil, pues depende del Senado. Para dar un carácter más terrible a la par que hueco, tenebroso y amenazador, ha vuelto a sacar al Rey, advirtiendo que no habrá secesión de territorio alguno y legitimando las medidas que se tomen. Es un verdadero "Desperta ferro" como el de los almogávares; es el estruendo que hace el ejército antes de la batalla para enardecerse y desmoralizar al enemigo. En este caso, la réproba Generalitat, empeñada en plantar cara al gobierno, al Estado, al Rey y a la UE..., de momento.

Habrá que ver si el adversario se arredra. Más parece que no. Los preparativos de Puigdemont, atrincherándose en el Palau y la reiterada advertencia de la Generalitat de que no reconocerá otra autoridad que ella misma y que, por tanto, no acatará las decisiones que esa otra adopte, apuntan a un escenario en el que probablemente sea preciso emplear la violencia.

La controversia sobre cuestiones teóricas, de principios, de conceptos, ha quedado cerrada en detrimento de la posición del nacionalismo español. Ninguno de sus argumentos ha resistido. La idea de que en el referéndum han de decidir todos los españoles tiene dos respuestas, una general y otra específica. La general: establece la dictadura de la mayoría sobre una minoría nacional, estructural; la específica: en el referéndum de 1980 en Andalucía (que también afectaba a todos los españoles) solo votaron los andaluces.

El argumento de que ninguna Constitución reconoce el derecho de autodeterminación ha volado por los aires con los referéndums de Quebec y Escocia. Que las Constituciones no los reconozcan no quiere decir que no puedan (incluso deban) celebrarse, sobre todo si,como es el caso, estas tienen mecanismos habilitadores.

El argumento de la legalidad también tiene dos respuestas, una específica y otra genérica. La específica: la legalidad que pretende imponer el gobierno del PP es tan arbitraria, medida por doble rasero, viciada por todo tipo de maniobras e ilegalidades que aquel carece de autoridad para invocarla. El genérico: la legalidad es una cuestión de voluntad política. Las leyes las hace el Parlamento, en donde se forma la voluntad que así como hace la ley, puede deshacerla y este gobierno es ducho en la práctica.

Los negros vaticinios sobre un futuro de ruina y desgracia para una Cataluña independiente no son argumentos sino agorerías que no valen nada y, además, se estrellan con el innegable derecho de los pueblos a gobernarse mal. Un ejemplo, precisamente, lo tenemos en España desde hace siglos.

Zanjadas las cuestiones de teoría y principios y no teniendo el gobierno otro recurso que la huera repetición de consignas falsas sobre la democracia y la ley, lo siguiente es imponerse por la fuerza. Feliz momento en el que nos encontramos sin que, por supuesto, nadie indague en las causas, nadie pida responsabilidades, nadie reflexione en que es un disparate que quien ha llevado al país a esta situación de excepcionalidad y es obviamente responsable de ella por sus desatinos desda hace años, sea quien vaya a restaurar lo que él mismo considera "normalidad".  Momento "Desperta ferro".

Cuando se recurre a la fuerza hay que esperar una reacción y tener más o menos previstos los momentos posteriores. Al aplicar el 155 y emplear al Monarca de heraldo negro, tras haber encarcelado a los dos Jordis, se reconoce que el asunto no es de mero orden público, sino que va más allá. No está combatiendo una organización terrorista y minoritaria sino algo muy distinto que se niega a reconocer. Por eso articula, dice (con la aquiescencia del PSOE, lo que es una vergüenza) una intervención "mínima" en tres puntos neurálgicos: el govern y (parcialmente) el Parlamento, los mossos y los medios públicos de comunicación, singularmente la odiada TV3, la mejor televisión del Estado. Reiterará que es una intervención mínima con los aplausos socialistas y cierto disgusto de C's, a quien gustaría también ver prohibidos los partidos independentistas. En realidad, es una intervención máxima. Un verdadero golpe de Estado civil. Se ocupa el gobierno/parlamento, la seguridad y los medios de comunicación y, pacificada esta tierra rebelde, se convocan elecciones el 28 de enero, festividad de Santo Tomás de Aquino. La dictadura del duumvirato habrá llegado a feliz fin. El orden volverá a reinar en Barcelona.

Pero eso es una fantasía. En primer lugar, no está nada claro que ese nuevo reparto de cargos y responsabilidades dictado por el poder central se dé sin resistencia. Esta puede llevar a situaciones más represivas, que moverán mayor resistencia en la calle. Suponiendo que consiga reemplazar a los indepes de las instituciones de gobierno, se enfrenta a una movilización social generalizada de desobediencia pacífica pero mantenida. Aquí es donde volverán a sonar las voces pidiendo la prohibición de los partidos y, claro, también de las organizaciones sociales indepes (al fin y al cabo, los dos jefes principales están entre rejas) y, en último término, por qué no, la prohibición del independentismo tout court.

Cualquier elección que quiera hacerse teniendo ilegalizada a más de la mitad de la población, sus organizaciones políticas, sociales, culturales, etc., será irrisoria, como las elecciones y referéndums que hacía su referente Franco. Algo que nadie, ni los organizadores, podrá tomarse en serio.

No creo que el duumvirato lleve su vesania a prohibir los partidos o las organizaciones sociales indepes en un país en el que son legales la Falange y la Fundación Francisco Franco que, además, recibe subvenciones públicas. No lo creo, pero no es de descartar. Viéndose perdido, el nacionalismo español quizá prefiera morir matando.

Porque, de no prohibirse el independentismo, ¿de dónde saca el duumvirato que, con una sociedad intervenida, el resultado electoral no va a ser una mayoría absoluta aumentada del independentismo?  Y, si esto es así, ¿qué piensa hacer? ¿Suprimir la Generalitat con un decreto de Novísima Planta?

No habrá tales elecciones. Para llegar a ellas, el duumvirato tendrá que salvar tres meses de resistencia social intensa. Para vencerla se verá obligado a intensificar la represión. El siguiente campo en el que querrá entrar, porra en alto, será en las redes. Ya dicen que quieren regular la libertad de expresión en internet que, como todo el mundo sabe, quiere decir censura. Al respecto, han reaparecido los de Anonymous, prometiendo un ciberataque a favor de la independencia de Cataluña. En pro de esta causa lleva militando unos meses Julian Assange.

Hoy no se controla la sociedad si no se controlan las redes. Pero el control de las redes ha pasado a ser el punto que distingue una democracia de una dictadura.

Ramón Cotarelo